Clausurar el encierro

Por cada año que un niño menor de 3 permanece institucionalizado, pierde cuatro meses de desarrollo. La violencia en las instituciones es seis veces mayor que en programas de desarrollo alternativo familiar. La violencia sexual, cuatro veces más frecuente. La Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar (Relaf ) y Unicef presentaron un modelo que aspira a erradicar la institucionalización en esa franja etaria.

El primer escollo que enfrentarán la Relaf y Unicef en ese sentido parece ser la resistencia por parte de algunas autoridades decisoras de políticas, pero también de los operadores que las implementan en el territorio. “Hay que cambiar la lógica de pabellón”, señaló Matilde Luna, directora de proyectos de Relaf, durante el taller que se brindó en Montevideo el martes 16 a representantes de distintos organismos involucrados en la materia.
Las intenciones del actual directorio del Inau de ir hacia la desinstitucionalización de niños, niñas y adolescentes, así como la existencia de programas como Uruguay Crece Contigo, Cercanías, el Plan Caif y el Sistema Nacional de Cuidados, ofrecerían una plataforma de políticas sociales que supone una oportunidad excepcional con respecto a la situación de otros países de la región.
Sin embargo, aunque los operadores que trabajan con las familias implicadas son cada vez más conscientes de que la internación debe ser la última opción, acaban decidiéndose por ella ante la falta de respuesta habitacional y de redes comunitarias que sostengan cuidados alternativos.
En América Latina hay más de 240 mil niños, niñas y adolescentes institucionalizados. Cuatro mil doscientos son uruguayos que permanecen en centros de tiempo completo del Inau; unos 300 tienen de 0 a 3 años. “Esto se tiene que prohibir”, sentenció Luna. “Nadie debería cuestionar la desinternación de niños en esta franja etaria”, enfatizó, ante algunos que en el marco del taller señalaron que la estrategia de erradicación total de los “hogares de amparo” sería un ideal difícil de concretar y propusieron, en cambio, fortalecer programas de acompañamiento a familias en condiciones vulnerables, para
prevenir el abandono o la negligencia en los cuidados, así como cuestionar el viejo sistema de cuidadoras y pasar a centros de acogimiento.
Pero para Luna hay que “cortar de raíz” la institucionalización de los niños de hasta 3 años de edad. El daño que esta produce en los primeros tres años de vida es irreparable e irreversible a nivel físico, mental y emocional: por cada año que un niño menor de 3 años pasa en una institución pierde cuatro meses de desarrollo. La violencia en las instituciones es seis veces mayor que en programas de desarrollo alternativo familiar. La violencia sexual es cuatro veces mayor.
El número de niños de 0 a 2 años encerrados aumentó de 173 en 2008 a 315 en 2012 y se mantuvo en el entorno de 300 a 400 hasta mediados de 2015, según datos aportados por el Inau. Luna observó que en Uruguay la cantidad de niños pequeños internados es importante, pero también asible, en comparación con otros países en los que “no se sabe cuántos niños hay encerrados”.
El abandono no es la causa principal del encierro. El 41,6 por ciento de los niños de 0 a 5 años fue separado de su familia de origen a causa de la amenaza o vulneración de derechos vinculados a situaciones de pobreza o indigencia. En ese mismo rango de edad,
un 30,6 por ciento fue institucionalizado porque sus padres fueron denunciados como “inhábiles” para cuidarlos, debido a “inmadurez extrema, adicciones o problemas de salud mental”, detalló Luna.
LA PROPUESTA. El nuevo enfoque propuesto en el taller incluye involucrar a los profesionales del sistema de salud en la detección temprana de situaciones de riesgo en contextos de vulnerabilidad, tales como embarazo adolescente, violencia sexual, privación de libertad, depresión posparto, discapacidad del cuidador o del niño pequeño que debe ser cuidado.
Luna subrayó que, a partir de instancias como los controles de embarazo y de un mejor acompañamiento del proceso de gestación, con la intervención de diversos actores institucionales y comunitarios pueden construirse y sostenerse modelos de crianza que no estén basados en la sobrecarga de las mujeres en su rol de madres y viren hacia la corresponsabilidad en la paternidad.
Pero queda trecho por recorrer para un cambio cultural profundo. “Dentro de lo posible, tenemos que pensar una estrategia integral, inteligente y provocadora, y no seguir implementando políticas y programas como parches”, indicó a Brecha la titular de la Relaf. En recientes recorridas y talleres que la red brindó en el interior del país, su equipo ha palpado resistencias al cambio de paradigma. “Vimos que hay mucho por trabajar porque los operadores siguen reproduciendo la separación familiar como práctica. A la constante culpabilización a las madres (con argumentos como ‘falta de amor’ o de apego) se le suma la falta de escucha a los niños”, lo que dificulta una de las aspiraciones centrales del nuevo modelo de intervención propuesto: involucrar a las familias en los planes de trabajo para prevenir una separación de sus integrantes, estimular su participación activa y una relación colaborativa en las decisiones que se tomen. Por otra parte algunos operadores toman decisiones en función de una evaluación moral de las situaciones, que termina dejando fuera de los programas a familias que necesitan la asistencia.
A esto cabe añadir que los sectores de salud, educación y vivienda no suelen entender “que esto también es un tema de ellos”. Si lo hicieran, las políticas sociales podrían adquirir el cariz holístico que la Relaf y Unicef pretenden.
Entre los presentes en el taller hubo acuerdo en que la sensibilización y la capacitación en este enfoque sistémico deben dirigirse también al Poder Judicial, cuyas decisiones suelen sellar separaciones familiares, cuestionar la patria potestad y encorsetar a las familias en un modelo vetusto.
Integrantes del Inau destacaron la necesidad de fomentar en la sociedad el acogimiento familiar, en caso de que no haya una “familia extensa” (familiares que no sean los padres biológicos, vecinos o amigos de la familia de origen) que recoja en su seno al niño que sufre una separación o abandono. Por ahora, el cambio de paradigma parece una formulación deseable pero poco factible.

Libres de cuidados
En Uruguay unos 5.500 niños tienen a sus progenitores privados de libertad. En el 85 por ciento de los casos es el padre quien está preso y la madre queda a cargo del cuidado de los pequeños. Cuando quien está recluida es la madre, la tenencia recae en el padre,
los abuelos, los tíos, los hermanos o en el Inau. De allí que la Relaf recomiende que aquellas mujeres procesadas que son madres de niños pequeños cumplan su pena en prisión domiciliaria. En todo caso la organización insta a que se analice en cada situación qué redes existen para que el cuidado quede a cargo de una familia extensa o de acogida y se evite el internamiento innecesario.
Luna reconoce que “no es fácil instalar esta recomendación de prisión domiciliaria cuando a nivel global existe una tensión ‘seguridad-inseguridad’ difícil de permear, (ya que) se entiende como una garantía inmerecida darles prisión domiciliaria a mujeres que cometieron delitos”. Sin embargo instó a comprender que “los chicos no pueden estar de cualquier manera en su casa con una madre presa allí”. “No podemos librar a su suerte el cuidado de los niños; deben contar con condiciones adecuadas y recursos garantizados para sostener la situación”, insistió.

Publicado en Brecha, 19 de febrero de 2016

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