Desamparadas por la ley

¿Cómo se transita un aborto con más de tres meses de embarazo? La muerte de una joven en Maldonado producto de un aborto clandestino reabrió el debate sobre las barreras que presenta la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Feministas denuncian demoras en la atención y malos tratos en los servicios. Desde el Ministerio de Salud anunciaron un nuevo protocolo de actuación.

MUJER

Mujeres presentan una performance reclamando la legalidad del aborto, frente al Palacio Legislativo – 25 de setiembre de 2012 – Montevideo – Uruguay. Foto: Manuela Aldabe

Doce semanas no parece ser el mejor plazo para interrumpir un embarazo no deseado. Desde la implementación de la ley 18.987 (Ive), aprobada en octubre de 2012 por el Parlamento uruguayo, se multiplicaron los relatos de mujeres que acuden a los servicios de salud y encuentran como respuesta que si la gestación supera los tres meses, la ley no las ampara, y de querer seguir adelante, la responsabilidad y los métodos utilizados para lograr un aborto correrán por su cuenta.
Camila(1) tiene 16 años y abortó con 24 pastillas de misoprostol, que debió completar con un proceso de salinización, y acabó teniendo un parto inducido en su mutualista de Montevideo. A comienzos de febrero supo que estaba embarazada. Apoyada por su familia y por su novio, decidió llevar adelante el aborto. Según sus estimaciones, llevaba un embarazo de 11 semanas. Había menstruado hasta pocos días antes de confirmarlo. Su madre averiguó el teléfono del servicio IVE de la mutualista y consiguió turno para ese mismo día a la noche. Allí ambas fueron recibidas por una ginecóloga y una partera, quienes les explicaron que la ley ampara a mujeres con hasta 12 semanas de gestación y que, “si estaba dentro de esos parámetros, le iban a dar la medicación para que hiciera el tratamiento en casa pero que, si quedaba fuera del amparo de la ley, le iban a explicar cómo y con qué medicamento hacerlo pero no podían suministrárselo ni recetarlo”, contó la madre de Camila a Brecha. “Nunca nombraron alternativas por si no quería abortar”, remató. Luego, la adolescente fue derivada a otro consultorio donde habló con una psicóloga y una asistente social, cumpliendo con la reglamentación que establece la atención simultánea de un equipo interdisciplinario en el procedimiento IVE.
Al día siguiente, en una sede de la mutualista tuvo la extracción de sangre para saber el factor (cuyos resultados tendrían un día después), y en otra sede le realizaron la ecografía transvaginal. En la pantalla figuraba que era una “paciente IVE”. Según relata la mamá de Camila, la ecógrafa se puso nerviosa y expresó: “Esto ya está grande” y pasó las medidas a una técnica que realizaba el informe. Le pidió a la adolescente que saliera y habló con la madre para indicarle que estaba “pasada” del plazo porque estaba “de más de 14 semanas”.
Cuatro días después tuvieron una nueva consulta con otro ginecólogo, quien vió la ecografía y el factor sanguíneo y les informó que “la ley no nos amparaba, pero que podíamos hacer el procedimiento por nuestra cuenta”. Les indicó cómo tomar la medicación, aunque les aclaró que no se la podía recetar. Camila debía tomar 12 comprimidos de misoprostol, en tres dosis, luego de las cuales debería comenzar a sangrar y expulsar el saco gestacional. “Me aclaró que, si no expulsaba el feto, le podía dar otra dosis, tomando 16 pastillas en total”.
En los cinco días que habían pasado entre la primera y la segunda consulta al equipo médico, Camila y su mamá habían rastreado vía web distintos lugares de venta de misoprostol, ya que ninguno de los profesionales les haría una receta, y en las farmacias no venden sin prescripción. “Me llegaron a pedir 3500 pesos por cada pastilla”, señaló la mujer. “Desesperada fui al médico de familia y él se jugó por nosotros. Así fue que conseguí misoprostol. Debía comprar dos cajas (cada una contiene ocho pastillas). Pagamos $6890 por cada una”.
Camila comenzó el tratamiento el 15 de febrero. En las siguientes 48 horas temblaba, tenía contracciones y fiebre -síntomas previstos bajo el uso de misoprostol-, pero no hubo sangrado. Su madre buscó ayuda y consiguió el contacto de una partera, quien le dijo que esperara otras 48 horas y tomara 8 pastillas más. La mujer decidió esperar ese plazo y acudir a la mutualista. Se comunicó telefónicamente y pidió una nueva consulta para su hija con el equipo IVE. “Pero ya tuvo las dos entrevistas. ¿Para qué necesita otra?”, cuestionaron. “Les informé que no había pasado nada con el tratamiento y me dio a entender que hasta ahí llegaban ellos, pero igual me dijeron que fuera ese día”, explicó a Brecha.
Las recibieron aunque no las tenían agendadas. Ellas explicaron el proceso por el que estaba pasando Camila y una ginecóloga le dijo: “Ahora hay que seguir. Hay que tomar 8 más porque esto deja secuelas. ¿Nos entendemos, no? Secuelas y muchos riesgos. De esto no se vuelve. Si no pasa nada hay que comenzar los controles y recibir lo que quedó”. Sin explicarle cuáles serían las “secuelas”, las mandaron a la Urgencia con una receta que decía “Amenaza de aborto” y mandaron a hacer la ficha obstétrica y otra ecografía para los controles. “Nosotros ya no somos referentes de ustedes”, enfatizaron. En Urgencias la vio otra doctora que “cuando supo que era un caso IVE no la trató muy bien”, señaló la madre de Camila. Le contaron que había tenido contracciones. Revisó a la adolescente y le recetó óvulos. Hizo la nueva toma de misoprostol.
Como el aborto no se producía, acabaron recurriendo a un ginecólogo que una partera les había recomendado. Las atendió ese mismo día en su consultorio particular, donde le hizo una nueva ecografía a la joven, le preguntó si quería interrumpir el embarazo y le pinchó la bolsa de líquido amniótico. Este método se conoce como “inyección salina”: se introduce una aguja a través del abdomen hasta la bolsa amniótica y se inyecta una solución salina concentrada que produce deshidratación del feto en menos de 12 horas. El ginecólogo les aclaró que en menos de 24 horas debía llevarla de nuevo a Emergencia porque podía comenzar una infección. “Deciles que te mojaste toda caminando. Ahora andá a bailar, saltá, corré”, le indicó el médico a Camila. Y les cobró mil dólares.
A la mañana siguiente llegaron a la emergencia diciendo que la adolescente había despertado con la cama mojada y con dolores de panza. El ginecólogo que la atendió le dijo que no era nada y que se fueran tranquilas. Al ver la cara de angustia de Camila, le comenzó a explicar el procedimiento de la ley IVE, pero la madre lo interrumpió y le dijo que su hija ya había tomado 24 pastillas de misoprostol. Al médico le llamó la atención la ausencia de sangrado. La mujer solicitó una nueva ecografía. Esperaron a la ecógrafa porque los sábados está de retén. Cuando ésta llegó tuvo un trato amable “hasta que se le dijo que Camila estaba por IVE”. “Ahí el trato fue muy prejuicioso. Puso en tela de juicio mi rol de madre, dijo que si sabía lo del misoprostol no venía, y prendió el volumen para hacerle escuchar a Cami los latidos del corazón del feto. Nos trató muy mal e intentó poner palos en la rueda en el resto del procedimiento”.
La ecografía determinó que Camila estaba de 19 semanas. “En eso también falló la mutualista. Desde el principio no supimos qué fecha exacta de gestación estábamos manejando. Sólo les importaba recalcar que estaba fuera del amparo de la ley”, se quejó la mujer. “Tenemos un sistema de salud al que sólo le preocupa que estábamos fuera de la ley. No podemos padecer todo esto por una cuestión de plazos. Si el fundamento de la ley es que no se muera ninguna mujer, el sistema no te puede expulsar a la clandestinidad”.
Camila terminó su embarazo no deseado con un parto inducido. “Mi hija no murió porque teníamos de donde sacar algo de dinero y creo que también tuvo mucha suerte. Es un caso gemelo con el de la muchacha que murió en Maldonado. No nos olvidamos de quienes hoy están llorando”, reflexionó respecto del caso de la joven de 21 años que murió luego de que un médico en la localidad de Nico Pérez, departamento de Florida, le practicara un aborto inseguro con una sonda.
La mujer, de iniciales A A N S, había solicitado interrumpir su embarazo, pero fue rechazada en el servicio de salud de Maldonado, bajo el argumento de que llevaba 13 semanas de embarazo. Tras el procedimiento clandestino, regresó con fiebre alta al hospital fernandino. Fue intervenida, permaneció internada en CTI durante 21 días, y falleció el 20 de febrero como consecuencia de una insuficiencia respiratoria.
Tanto el médico como la pareja de la mujer fueron procesados con prisión por la jueza penal de 1º Turno de Florida, María Fernanda Morales, en calidad de autor y coautor respectivamente, siguiendo el artículo 326 del Código Penal. Pueden recibir penas de entre tres y seis años de cárcel.
ABORTO ES SALUD. El caso de Maldonado es la segunda muerte por aborto clandestino que se produce desde la aprobación de la ley IVE. Para la organización Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) es “inconcebible” que estas muertes sigan ocurriendo “en un país que ha modificado su marco legal y cuenta con servicios legales para la interrupción voluntaria del embarazo”.
Para Lilián Abracinskas, directora de MYSU, esa “muerte evitable” se debe a que “Uruguay no ha dado respuesta adecuada a las interrupciones del embarazo durante el segundo trimestre de gestación. La ley prevé que hasta las 14 semanas se debería poder interrumpir en los servicios legales cuando el embarazo es producto de una violación, y no hay plazo cuando es por causal salud. Sin embargo, los servicios no están dando estas respuestas, ni está debidamente reglamentado el causal salud”. El artículo 6° literal A de la ley 18.987 establece entre las excepciones al plazo de 12 semanas para IVE: “Cuando la gravidez implique un grave riesgo para la salud de la mujer”.
La salud es un derecho humano. Es “el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social”2. Se considera la salud como causal de aborto legal si al continuar la gestación pone en riesgo la vida o la salud física, mental o social de la mujer.
PEREGRINAS. El monitoreo realizado durante 2015 por el Observatorio de MYSU señala que la distribución de los servicios de salud sexual y reproductiva y aborto en Maldonado es “dispersa” y dificulta el acceso de las usuarias al sistema de salud. El departamento se caracteriza por una peregrinación de las usuarias por distintas policlínicas de su prestador de salud, sea éste público o privado. “La muerte de esta mujer en Maldonado era la crónica de una muerte anunciada. Debido a la ‘peregrinación’ que las mujeres tienen que hacer en ese sistema de salud, es muy probable que no lleguen a realizarse el aborto dentro de los plazos establecidos por la ley”, indicó Abracinskas. Para la activista, las barreras para el correcto cumplimiento de la ley IVE han tenido como consecuencia la vuelta no sólo al sistema clandestino, sino también a los métodos más precarios e inseguros para la mujer.
A nivel departamental, las fernandinas cuentan con siete prestadores de salud: seis del subsistema privado y uno de ASSE. “Hay poca difusión de los servicios y de las rutas para acceder a los mismos. Llegás para solicitar asesoramiento en IVE y no hay ni cartelería que indique adónde acudir, ni el listado de profesionales que están a cargo del servicio, ni teléfonos de derivación”, describe la politóloga Maru Casanova, integrante del Observatorio.
El informe preliminar de MYSU al que accedió Brecha señala que se identificaron “dificultades en la conformación de los equipos médicos” para la atención de abortos: “En muchos casos no se conocen entre sí. No están al tanto de las opciones que tienen para hacer derivaciones y acaban recurriendo siempre al mismo profesional”. Desde la organización se sugiere “crear un listado que recoja los nombres del personal médico que realiza atención en aborto (…) evitando sobrecargas innecesarias”, algo ya establecido en la ley (art. 5°, lit. D).
También identificaron que se somete a las mujeres que solicitan IVE a “consultas innecesarias, demoras y derivaciones incorrectas” que redundan en “dilatar los tiempos y sirven como formas de desestimular la práctica”, además de “imposiciones de valores y creencias” en función de la edad o la condición socioeconómica de la usuaria.
Si ya es complejo cumplir con los plazos que establece la ley cuando se llega sobre el filo de las 12 semanas, esta carrera a contrarreloj se acentúa “si la ecografía me la tengo que hacer en un lugar, el médico me ve en otro, la asistente social atiende sólo una vez a la semana en otra sede del prestador de salud… quedando de lado tu vida cotidiana en pos de la atención en IVE”, describe Casanova. Además, aunque en Maldonado no se registran altos porcentajes de ginecólogos objetores de conciencia -como ocurre en varios departamentos del litoral del país-(3), hay pocos profesionales para equipos interdisciplinarios (escasean las asistentes sociales), lo que restringe la atención en tiempo y forma. Las peregrinaciones pueden acabar en Montevideo, como ocurrió la semana pasada con una mujer que fue derivada desde Pan de Azúcar a la capital nacional para completar su proceso de aborto.
PARCHE. El ministro de Salud Pública, Jorge Basso, tiene sobre su escritorio el borrador de un nuevo protocolo de actuación que reemplazaría los 7 artículos de la reglamentación de la ley IVE anulados en agosto de 2015 por el Tribunal de los Contencioso Administrativo (TCA) que falló a favor de 20 ginecólogos objetores de conciencia.
El texto “se apega más al fallo del TCA que a la ley IVE”, señaló Casanova, en vistas de que permitiría que los médicos objeten conciencia en cualquiera de los pasos para interrumpir un embarazo: en la primera consulta de asesoramiento, o cuando es atendida por el equipo interdisciplinario, o para prescribir el medicamento abortivo. No obstante, establece que sólo aquellos profesionales que tienen que actuar directamente en el aborto son quienes pueden objetar conciencia.
A la vez, estipula que el plazo para acceder a los equipos interdisciplinarios no puede exceder un día y medio, lo que podría llevar a que las instituciones de salud realicen convenios público-privados para garantizar que todos los días haya equipos funcionando. La responsable de Salud Sexual y Reproductiva del MSP, Ana Visconti, asumió, en diálogo con El Observador que existen “déficit” de recursos humanos en estos servicios. “A veces es dificultoso que se pueda completar que el equipo integrado por tres especialistas pueda lograr la consulta, más en el interior del país porque no hay tantos técnicos y especialistas”, reconoció Visconti. “Si todas (las instituciones) plantearan que no pueden cumplir se verá cómo hacer”, dijo.
El colectivo Mujeres en el Horno identificó “grandes dificultades en los distintos servicios de atención”: no se respeta lo establecido en las normas; algunos centros asistenciales no disponen de los servicios en todas sus policlínicas o directamente no los ofrecen, o carecen de protocolos para implementarlos(4). También se advirtieron maltratos a las usuarias por parte del personal de salud médico y no médico y “recriminaciones” de médicos objetores a la decisión tomada, llegando a negar la atención o la derivación correspondiente.
Y se suman obstáculos en esta carrera contrarreloj, siendo que el equipo “deberá entrevistarse con la usuaria en forma conjunta” y los cinco días de reflexión, que en la reglamentación actual corrían desde la primera consulta, con la modificación empezarían después de que la mujer sea recibida por dicho equipo.
Para sortear esta barrera, el diputado colorado Fernando Amado presentó esta semana unas modificaciones al proyecto de ley IVE. Plantea suprimir la conformación del equipo interdisciplinario, derogar el artículo 13 de la ley 18.987 que habilita el aborto para extranjeras que residan desde hace más de un año en Uruguay, y modifica el artículo 3 para que la mujer manifieste su decisión de abortar ante un médico y la ratifique tres días después.
Si bien la nueva reglamentación establece que la objeción de conciencia debe quedar declarada por escrito, desde MYSU enfatizan que el MSP debe “fiscalizar”, ya que se han encontrado ginecólogos que objetan conciencia en un prestador público pero no objetan en el sistema mutual.
A tres años de la ley que despenaliza el aborto con muchos corsé, el mercado clandestino sigue resolviendo en parte lo que el sistema de salud no asume. Una decisión que no debería ser cuestionada pasa por una carrera de postas. Entre búsquedas silenciosas se nos juega la vida.

Notas:
1. Nombre ficticio que utilizamos para proteger su identidad, ya que es menor de edad, y para conservar la confidencialidad del caso.
2. CIDH, Protocolo de San Salvador, Art. 10, 1988.
3. MYSU, Estado de situación de los Servicios de SSR y aborto en el departamento de Salto. Informe 2014; MYSU, Estado de Situación y Desafío en SSR y Aborto en Paysandú, Río Negro y Soriano, 2015. (www.mysu.org.uy)
4. Sistematización de las llamadas recibidas en el 08008843 Línea Aborto Información Segura en 2015, presentada este martes 15 de marzo.

Publicado en Brecha, 18 de marzo 2016

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