Premio nacional de Prensa Escrita “Marcelo Jelen”

El 14 de marzo de 2017, la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), Cotidiano Mujer, Unesco y ONU Mujeres, decidieron otorgar el I Premio Nacional de Prensa Escrita Marcelo Jelen a la periodista Azul Cordo por su artículo “Tan triste como ella, publicado en el semanario Brecha el 4 de marzo de 2016, donde se denuncia el caso de Soledad Olivera, quien se suicidó frente a las cámaras de seguridad de las Sala 16 del Hospital Vilardebó, sin que nadie lo impidiera. Se destaca la intensidad del relato, y el encadenamiento de fuentes y testimonios, para plantear un problema estructural en Uruguay.

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Acta del Jurado

Repercusiones en la prensa:

La Diaria

Radio Uruguay

Todo Pasa / Océano FM

Brecha

El Tunguelé

Radio Vilardevoz

Tintabrava

Nueva Mirada Radial

Lo que soy lo llevo conmigo

La jornada de paro de mujeres en Uruguay fue tan diversa como las condiciones de vida: con paro activo en los lugares de trabajo, con paro total o parcial, según el sector, con intervenciones artísticas, asambleas, canto, volanteada. La marcha ya es un hito: decenas de miles de personas se movilizaron de la plaza Libertad hasta la explanada de la Universidad. Queda planteado el desafío de hacia dónde va ahora la marea femenina.

Un pulso distinto y la piel erizada. Poder sentir eso, sin pensar en una situación que tuviera que ver con caminar por una calle oscura, volviendo a casa a la medianoche. Estar rodeada de gente desconocida y no sentirse sola. Preguntarnos por qué vinimos e intentar sortear consignas que se vacían de su contenido, entre palabras como igualdad, patriarcado, equidad, hombres y mujeres, o frases repetidas como: “Esto es una causa súper importante que nos toca a todas”.

Crónica del histórico Paro de Mujeres en Montevideo y de la movilización que reunió a unas 300 mil personas en la principal avenida de la capital.

Lea la crónica completa aquí: Azul Cordo – Lo que soy lo llevo conmigo

Una historia violenta

Cuatro décadas de relación acabaron apuñaladas. Se casaron cuando ella tenía 16 y él 19. Vecinos, familiares y activistas recordaron en el Cerrito a Susana Islas, a un mes de su femicidio. ¿En quién busca ayuda una mujer maltratada psicológica y físicamente durante años que, de golpe, debe cambiar su rutina, amenazada por el hombre con el que convivió tanto tiempo? ¿Cómo desandar la personalidad del ofensor? ¿Cómo cortar el círculo de la violencia?

Era muy coqueta. En esta foto no se nota tanto, pero cuando salía a trabajar no sabías si se iba al trabajo o de paseo. Pelo lacio, negro y largo hasta los hombros. Cerquillo peinado un poco hacia la izquierda. Acostumbraba llevar pantalones y caravanas de perlas.

Esa mañana salió, como todas las demás, a las 8 a trabajar. Jueves 15 de diciembre. Desde hacía dos semanas era acosada por su exmarido, aunque seguían casados. Él, que fue taximetrista, ya había probado en tirarle el auto por lo menos dos veces, a la vuelta del apartamento o en el cruce de General Flores. La esperaba a metros o en la puerta de sus lugares de trabajo. “No te hagás el vivo porque está Raquel atrás de la cortina. Te está viendo y si hacés algo, llama a la policía. Andate”, le dijo en la casa de la patrona donde cobraba por jornal.

“Me va a limpiar. Me va a limpiar”, le repetía a su sobrina Margot por teléfono, cuando hablaban a primera y a última hora del día.

Los lugares comunes se hacen carne: era una madre excelente, buena persona, alegre. Él era un cínico, manipulador, frío, calculador.

Los detalles suman: “hasta limpiaba con música”. Todos la conocían en el barrio, le gustaba mucho bailar. Lo último que puso en el Facebook fue un video de la Borinquen.

Antes de separarse –por decisión de él, que de un día para otro se llevó sus cosas a la casa de su nueva pareja– habían estado en su Flores natal, visitando parientes. Estaban tan bien. Parecía.

“En las últimas semanas ella andaba horrible”, dice grave Beatriz. “Venía corriendo y tocaba mi puerta”. Se resguardaba y juntas evaluaban si llamar a la policía.

Por esos días se había generado un sistema de alarma entre vecinos y vecinas. En el camino de vuelta hacia el apartamento, cerca de las 8 de la noche, algunos la mensajeaban y le avisaban por dónde estaba Silvio, para que ella pudiera tomar por otra calle. O la acompañaban hasta la parada. Y hasta la comisaría 12 a hacer la denuncia.

Además de increíble para quienes más la conocían, su muerte causa estupor en quienes van sabiendo lo ocurrido. Uno de sus patrones llegó hasta el apartamento de Susana para que le firme los papeles para la liquidación. Era el día del velorio. Allí le contaron. Y se descompuso.

Somos testigos de un disparate, dice una catequista que se anima a hacer uso de la palabra tras el minuto de silencio sugerido por la Coordinadora de Feminismos. Se acaba de enterar que hace un mes Susana, su compañera de fe, murió asesinada en el asfalto, a pocos pasos de su casa, y se estremece de arriba abajo. Pide a los presentes que no se olviden de los hijos de Susana, que los acompañemos, que recordemos lo que significa la solidaridad y pregunta: “¿Qué entendemos por ser personas de buena voluntad?”, para rematar diciendo que “la razón y la fe no se oponen” y que el marido de Susana seguro tenía algún problema psiquiátrico para haber hecho lo que hizo.

“Estaba tan aterrada que empezó a hablar”, dice Margot, dos años menor que Susana. Ella también es empleada doméstica.

El 14 de diciembre, un día antes de que Silvio le asestara un golpe al corazón y la degollara, Susana cambió su foto de perfil en Facebook. Está de entrecasa, pero impecable: viste jeans y una remera blanca que reza Beautiful en letras negras. Lleva lentes negros y el brazo derecho en asa sobre la cintura. A comienzos de mes había ido a ese cumpleaños de 15. A él le molestaba verla bien a pesar de que estaban separados. Eso lo enloqueció.

Después de acuchillarla, él también se lastimó. “Sólo se dio unos pinchacitos”, dice Alicia, una de las seis hermanas de Islas. “Se quiso autoeliminar”, opina otro sobrino.

***

El eco se hace fuerte en el Cerrito de la Victoria. La tarde cae crepuscular y el viento aumenta hacia el oeste. “Ni una muerta más. Ni una mujer menos”, gritan las presentes, en su mayoría jóvenes integrantes de la Coordinadora y varias vecinas de Susana que este miércoles 18 realizaron un acto en la explanada de la Iglesia, a un mes del crimen.

En el campito detrás de la Iglesia, los jóvenes han parado de jugar al fútbol. Tres, cuatro, cinco niños y niñas caminan sus primeros pasos torpes para escuchar qué son esas voces. “Una vez más: la noticia, la rabia, el dolor”, dice el coro femenino.

Alicia tiembla. Intenta seguir la lectura de la proclama escrita en volantes que repartieron a las autoconvocadas. Intenta leer. Su rostro es llanto. Intenta leer. Hace mímica.

***

“Era un amor enfermo. Yo le decía: ‘Susana, querete vos’”, rememora Beatriz, vecina confidente.

Estaba aterrada. El día antes de que pasara esto, de que él la matara, ella me dijo:

–Margot, tengo miedo.

–Pero cómo te va a matar…

–¿Cómo no me va a matar? Si él tuvo el coraje de tirarme por la ventana del apartamento y hacerles creer a todos que fui yo.

En ese momento no podían sospechar, dicen los familiares. Era normal que se quisiera matar, si había perdido a sus tres hijos en el incendio de su vivienda, allá por Camino Maldonado. Tenían 13, 11 y 9. El mayor cumpliría 38 años.

Él les decía que trancaba la puerta para que no me escapara, pero en verdad es que no me quería dejar salir.

Del no-sabíamos-que-pasaba-algo-entre-ellos, comienza a filtrarse el recuerdo de aquel golpe en un asado, frente a todos los comensales. Y generar peleas y entredichos para luego prohibirles que los viera. La memoria perdura, pero hay que entrenarla.

Algunas miradas perdidas en el horizonte recrean las escenas mudas. Cuando la ataba con esposas y la violaba. Cuando le pegaba a los niños. Cuando guardaba el arma reglamentaria bajo la almohada y el más chiquito jugó a que lo mataba, apuntándolo con el caño frío.

Los niños no se llevaban bien con su papá. Eso lo recuerdan todos.

Cenizas.

Mudarse a la cooperativa para comenzar de nuevo con 29 años.

***

El apartamento está en el segundo piso por escalera. 120 viviendas en todo el complejo, ubicado en la calle Bruno Méndez, a una cuadra del Santuario Nacional del Corazón de Jesús, conocido como la Iglesia del Cerrito de la Victoria en Montevideo.

La puerta del apartamento –como la mayoría de este edificio, al menos– tiene rejas. Dentro: una habitación, un living, una cocina. Dentro: Susana rearmó su hogar junto a Silvio y tres años después tuvieron un hijo; cuatro años después, otro.

El lunes 12 de diciembre, tres días antes de ser apuñalada por su marido, Susana fue a la seccional 12 a ampliar la denuncia por violencia doméstica. La radicó a las 20:25.

El jueves una vecina llegó a escuchar que gritaba que no la matara, que la dejara vivir por sus hijos. En el parte policial, los 54 años de vida de Susana se reducen a “fallecimiento paro respiratorio por herida de arma blanca”. De él no se dice ni el nombre. Apenas que tiene 57 y que presenta “herida de arma blanca, penetración leve de tórax”.

“Cuando una mujer denuncia, debería haber seguimiento”, opina Margot.

Vuela el pasto fresco recién cortado en la cooperativa. Alicia y Margot cuentan que el hijo más chico de Susana no pega un ojo en el apartamento. Que sólo puede dormir cuando las visita en Paso de la Arena. No habla. No llora. No duerme. Él también fue amenazado por su padre: “Voy a matar a tu madre. Y si te metés, a vos también”. El que avisa no traiciona.

Se despierta escuchando la voz de Susana. “No está mamá”, se da cuenta cuando la busca.

Por averiguaciones personales, saben que Silvio está preso. Pero desconocen dónde está el expediente de la causa, cómo seguir para pedir justicia. La feria judicial ha estado de por medio, no tienen abogado que los represente, tienen que averiguar si a los jóvenes les corresponde alguna pensión y demás etcéteras burocráticos vinculados a la economía de la parca.

“Que dios haga justicia. Esto fue con premeditación y alevosía”, dice una vecina al pasar.

***

Llego a mi casa tras la concentración en el Cerrito. Unos vecinos, la pareja que vive en el piso de enfrente, pelean en el balcón. Ella le sostiene la mirada hacia arriba y agita un poco sus manos. Él está de espaldas a mí; apoya sus manos sobre el balcón y habla bajo. Resoplan. Entran. Prenden el noticiero. Se dicen “amor”. En un rato tendrán sexo de reconciliación. Bufarán sabiéndose los malhumores y naturalizarán una vez más el empujoncito, el gritito, el destrato, el ninguneo.

¿Llegará el momento de pensar “cómo no lo vimos antes”? ¿O de resguardarnos en la justicia divina? ¿O de decir que en las cosas de pareja nadie se meta porque es privado?

Pregunto. Porque aquí se trata de rearmar una presencia.

Lea la versión publicada en Brecha el 20 de enero de 2017: Azul Cordo – Una historia violenta

En condicional

A dos meses de la puesta en funcionamiento de la nueva Unidad número 9 “El Molino” en un predio lindero a la cárcel femenina más grande del país (Unidad número 5), organizaciones de derechos de la niñez señalan que no hay mejoras sustantivas respecto del anterior establecimiento, y les preocupa el alto número de sancionadas, las condiciones higiénicas, la calidad de la alimentación y la falta de actividades educativas y laborales.

Hay algo extraño en pasar más de 15 minutos hablando en el baño de una cárcel con una mujer presa: naturalizar que un bebé llora en el piso. Recostado sobre su lado izquierdo, llora. A gritos. No sé si quien está cerca es su mamá. Estoy segura de que uno de sus hijos es otro niño, en el cochecito, que la mira mientras ella lava su ropa interior en el lavatorio. También sé que es su hija una niña de 4 años, que vuelve a las tres de la tarde de la guardería. ¿De quién es el niño que llora y nadie arrulla?

Lea la crónica completa aquí: Azul Cordo – En condicional

Salvar al hijo a pesar de todo

El Salvador tiene una de las leyes más restrictivas sobre el aborto: no lo permite siquiera cuando el embarazo es producto de una violación, o pone en riesgo de vida a la mujer, o supone malformaciones fetales. Los médicos no respetan la confidencialidad de la consulta y los fiscales acusan con suposiciones. Defender el derecho a decidir sobre el cuerpo parece un horizonte lejano.

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La Casa de Todas. Foto: Azul Cordo, San Salvador, mayo 2016

En las orillas de San Salvador, donde la maraña de calles con nombre y sin cartel se entreteje y las casas-trinchera se multiplican, ahí están los bomberos.

Revuelven la mierda para encontrar un feto.

Son las 8.30 de la mañana.

Hace algunas horas la policía acordonó ambos ingresos del pasaje donde vive María Teresa Rivera y se han encargado de que todas las vecinas se enteren. Ella es a quien buscaban con nombre, apellido y cargo.

¡¿Dónde vive la mujer que abortó?!”, vociferaron. Las palomas volaron desde el palo de mango.

Murmuraciones.

Ana las mira y se indigna. “Es feo que, como mujer, se critique a otra mujer”, dice.

Ana es vecina de María Teresa, esa mujer de estatura mediana, algo regordeta, de pechos grandes y mirada cansina, a quien llevaron esposada junto a un muchacho todo tatuado con quien subió a la perrera, el furgoncito enrejado que la trasladó hacia la cárcel de Ilopango.

Desde hace cuatro años, Teresa comparte el espacio con otras 3.600 presas que duermen una encima de la otra en 400 literas, en colchones bajo la cama, en hamacas o en el suelo. Allí, las aborteras –lo hayan decidido o no– son asesinas. Comeniños.

Tienen que decir que están por otros delitos”, cuenta Sara García, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico que, junto a Colectiva Feminista, lanzó en 2014 la campaña Las 17.

Mirian. Maritza. Marina. Salvadora. Ena. Carmen. Teodora. Guadalupe. Mariana. Mirna. Cinthia. Verónica. Alba. Johana. Evelyn. Teresa. María.

En 1998, El Salvador aprobó un nuevo código penal que incorporó el aborto como delito, con penas de dos a ocho años de prisión. Desde entonces, 150 mujeres –70 por ciento de las cuales tienen entre 18 y 25 años de edad– fueron procesadas. Actualmente, unas 25 están condenadas a penas que van de 30 a 40 años de prisión por homicidio agravado por el vínculo. Como María Teresa.

Desde su aborto no hubo otros en colonia Mejicanos. O quién sabe. Las mujeres del barrio quedaron con miedo a denunciar y a ser denunciadas. Las mujeres prefieren desangrarse antes que ir a la cárcel.

***

Ese instante no se olvida. El día de Teresa comenzaba a las cinco y terminaba, maquila mediante, a las diez de la noche. La energía apenas le alcanzaba para hacer alguna tarea del kinder con Osvaldo cuando llegaba a su casa y disfrutaba cómo había crecido en estos seis años.

Esa madrugada húmeda del 24 de noviembre de 2011, María Teresa se levantó y fue al baño. Se sentía mal. Supuso que era el dolor renal con el que convivía desde hacía ya varios de sus 32 años. Su suegra, con quien vivía, escuchó un golpe. La mujer estaba desmayada. Sangre. El feto en la letrina. No sabía que estaba embarazada.

Como la policía no encontraba el ‘producto’, llamó a los bomberos, y éstos venían gritando por la loma que dónde vivía la mujer que había abortado. Perdieron la ética”, dice Ana, que integra el área de género del Servicio Social Pasionista, en Mejicanos.

En 10 años ella sólo había cruzado algún saludo con María Teresa para ofrecerle apadrinar a Osvaldo. Ahora es casi su único contacto con el afuera, a través de llamadas telefónicas. María Teresa no puede recibir visitas: la nueva ley dice que los presos sólo pueden ver a personas con las que tienen un vínculo consanguíneo. Es huérfana. Su suegra está muy mayor y enferma como para trasladarse hasta la cárcel para llevarle al niño para que lo vea. Su ex pareja, el padre de Osvaldo, nunca vivió con ellos; prefirió una botella de alcohol.

Ana opina que la condena de Teresa “es como estar muerta en vida”.

***

Evangelina del Pilar del Sol escucha voces. Dice que son los bebés“ultimados”. La integrante de la fundación Sí a la Vida y autora de Confabulación comunista ha devenido en médium de los bebés que perdieron –y ella entiende que asesinaron– las 17 mujeres encarceladas por aborto. Ha hecho suyas las palabras de Pedrito y sus secuaces, a través de una carta publicada en El Diario de Hoy el 9 de mayo de 2015, en vísperas del Día de la Madre.

Hola queridas mamis, somos los 17 bebés que nos fuimos al cielo cuando se nos impidió el derecho a vivir en nuestro país El Salvador”, comienza la epístola.

Gentes malas las engañan –continúa– y las empujan a mentir diciendo que morimos por aborto espontáneo. Pero mamitas, no dejen que las usen así, porque harán que más mamás maten a sus bebés. (…) Y si arrepentidas se portan bien en la cárcel y rezan mucho a Jesús y su divina misericordia, por buena conducta podrían recuperar su libertad y llegar un día al cielo. Eso dijo Dios. ¡Felicidades mamitas. Las queremos!”

Quedan tres minutos del Día de la Madre 2016. Ya no se escuchan bombazos que inviten a misa. El televisor ofrece alabanzas a quien nos dio la vida. La publicidad del canal de la iglesia católica recuerda al televidente que hay que agradecer a cada madre su amor a través de gestos y palabras, pero que, ante todo, debemos agradecer a Dios el haber creado a nuestras madres.

Unos 35 mil abortos se producen cada año en El Salvador. “Nuestros interlocutores siguen con la moral sexual instaurada por Juan Pablo II, con ideas anacrónicas –dice García–. Para ellos la educación sexual queda sólo a cargo del padre y la madre, los cuidados en las relaciones sexuales son por ciclo natural. Se idealiza la maternidad como un hecho heroico: la mujer debe salvar a su hijo a pesar de todo”.

Dios no es un dios de autómatas. Dios es enemigo de la esclavitud. No quiere que sus hijos y sus hijas sean esclavos de nada”, dice el pastor desde el televisor.

***

11 de mayo. Ocho de la mañana. Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador. Comienza la época de lluvias. El forense brilla por su ausencia.

El juez Martín Rogel revisará la sentencia de María Teresa. El mismo magistrado liberó a Karina en 2009. Fue la primera vez que se indultó a una de las mujeres presas por abortar desde que cambió la ley en 1998.

Delgada, muy afectada de sus riñones, Teresa mira la sala. Escucha a los cuatro peritos que aportó su defensa y espera.

A las dos de la tarde Rogel suspende la audiencia. Continuará el 20 de mayo.
11 de mayo. Seis de la tarde. Centro Judicial de Sonsonate. Flor Sánchez agradece a Dios lo obvio: no ser culpable de que su cuerpo tuviera un aborto involuntario, algo que ocurre en el 20 por ciento de los embarazos. Como pasa en la mayoría de estos casos, el tiempo de gestación no está claro porque en pueblos y zonas rurales salvadoreños el acceso a los servicios de salud es dificultoso o inexistente.

Esperaba su sexta hija. Los demás tienen 20, 17, 15, 8 y 7 años de edad.

Decidió bañarse en el río, cerca de su casa, para que le bajara la fiebre. Unas horas después su hijo mayor la encontró inconsciente. Entre varias personas la cargaron en una hamaca y bajaron la cuesta hasta el pueblo. En el hospital de Sonsonate los doctores determinaron que había sufrido un aborto y llamaron a la policía. Permaneció esposada a la cama los tres días que estuvo en coma.

En la ribera los vecinos encontraron a una bebé con vida y con su cordón umbilical. “Relacionaron todo y entendieron que era de Flor”, dice Dennis Muñoz, su abogado, que pertenece a Agrupación Ciudadana. “La hija de Flor fue trasladada al hospital de Sonsonate y luego al Hospital de Niños Benjamín Bloom donde murió por ‘inmadurez fetal’, según consta en el expediente judicial.”

El 7 de julio de 2015 fue procesada por homicidio agravado. El 11 de mayo de este año, un juez la absolvió tras validar el argumento de la doctora Nancy Ramos: “En la inmadurez fetal no puede probarse una maniobra inductiva para abortar”, reprodujo Muñoz.

El 57 por ciento de las mujeres presas por aborto fueron denunciadas por médicos o enfermeras que las atendieron en hospitales públicos cuando llegaban con una emergencia obstétrica. “Las médicas denuncian porque entienden que todos los abortos están penalizados. Un hecho espontáneo no entra en la definición de delito, sin embargo en El Salvador hay un imaginario social de que el aborto espontáneo es un delito. Y los jueces fallan más desde lo que entienden es el “deber ser” de las mujeres. Les exigen que sean heroínas hasta en el momento de un parto prematuro, así sea desangrándose. Ante todo deben salvar a su hijo”, dice el abogado.

Ese instante, devuelto por las sombras, no se olvida.

Según Muñoz, Flor se reintegró a su comunidad sin mayores problemas. Con 35 años es abuela: su hijo de 17 ha tenido un bebé con su novia de 15 años.

Para Mirna ha sido más dificultoso restablecer el vínculo con su hija. La niña se crió con el relato social y mediático de que su madre la quiso matar.

***

A las 17 y más se les violó el debido proceso y la presunción de inocencia.“La criminalización y la persecución hacia las mujeres es parte del ensañamiento de nuestra cultura machista y patriarcal”, dice García. Ante una emergencia obstétrica, ante un aborto espontáneo, toda mujer que llega a los servicios públicos de salud ya es culpable.

Morena Herrera, activista de la Colectiva Feminista, afirma que el sistema de salud ha mejorado desde que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln) está en el gobierno: “Hay más salud preventiva, más equipos comunitarios de salud, mayor acercamiento a las comunidades rurales”, pero se deben “fortalecer los mecanismos de secreto profesional”.

Este año, Amnistía Internacional (AI) documentó en su informe “El Estado como ‘aparato reproductor’ de la violencia contra las mujeres” que la confusión del personal médico en torno a la legislación y el temor a ser denunciados como cómplices del delito de aborto fomentaron las denuncias de estos casos ante la policía. “Te dicen que si no denuncias este tipo de situaciones formas parte del delito, eres cómplice y estás expuesto a perder tu trabajo. Nos hacen dejar de ser médicos y convertirnos en policías. Varias veces mis jefes me han llamado la atención, pero yo les digo que no puedo violar el secreto profesional que les debo a mis pacientes. Cuando conoces tus derechos nadie te puede intimidar”, declaraba el doctor Lemus ante AI.

La visión criminalizadora hacia las mujeres es mayor desde que cambió la ley en 1998”, indica Herrera. Volver, por lo menos, a despenalizar el aborto por tres causales es una decisión legislativa. Si bien el Fmln no tiene mayoría parlamentaria para promover por sí solo el cambio, “la puede construir negociando con otros partidos”. Autoridades del Estado“nos dicen en privado que sí tienen intenciones de cambiar la ley, que es un problema que heredaron de la derecha, pero lo cierto es que todavía no le están dando prioridad”, agrega la activista.

Hay que subir peldaños hacia la autonomía, comenta García. El primero es lograr que las mujeres presas por aborto recuperen su libertad. Luego recuperar los tres causales para que no se castigue el aborto: cuando se decida interrumpir un embarazo por violación, cuando la gestación suponga malformaciones fetales, o cuando ponga en riesgo la salud y la vida de la mujer. Lograr que no esté penalizada la interrupción del embarazo por decisión de la mujer es el horizonte.

***

El 20 de mayo, el juez Martín Rogel reconoció que la condena de Teresa estuvo basada en errores judiciales y periciales demostrados en la audiencia extraordinaria, y anuló la sentencia a 40 años de prisión, de la que ya había cumplido cuatro tras las rejas.

Revertir esta condena draconiana, esta cadena perpetua a la que sometían a Teresa, es muy importante. Es mostrar que estas condenas se hacen sobre la base de prejuicios, de estereotipos”, comentó Herrera.

Aunque el juez de primera instancia no tenía pruebas que demostraran que ella metió al “producto” en la fosa séptica, o que no hizo nada para salvarlo, fue condenada a 40 años de cárcel. Se basó en las pruebas forenses del Instituto de Medicina Legal (Iml), para cuyas autopsias se continúan utilizando métodos de 1900, como la “docimasia hidrostática” (conocida también como “flotación pulmonar”).

En nueve de 18 autopsias a fetos, el Iml indicó que la causa de muerte es “indeterminada”. Eso bastó para cambiar la carátula de “intento de aborto” a “homicidio agravado”.

Teresa sostenía en sus manos la foto de Osvaldo e intentaba esbozar una sonrisa parecida a la ilusión. Escuchó el fallo. Se puso de pie. Se llevó la imagen de su hijo contra el pecho. Su pelo largo, suelto, negro y enrulado le cubría el rostro. Abrazó a su abogado, a Morena, a Ana. Lloró.

Cruzó el portón azul del Centro Judicial Isidro Menéndez. Ya no había murmullos, sino cánticos: ¡Aquí sí se hace lucha!

Ese instante no se olvida.

Qué libertad recupera Teresa.

Publicado en Brecha, viernes 27 de Mayo 2016

Loca como tu madre

Aquellas mujeres que decidieron abortar un embarazo no deseado también han terminado en algo parecido a una cárcel: en el hospital psiquiátrico o en una guardería. La primera opción fue determinada en 2015 por un juez, para evitar que la condenada tuviera un nuevo intento de suicidio en prisión. La segunda se ordenó a principios de 2016 por el juez Gilberto Ramírez Melara para “despertar el instinto maternal”: como parte de las medidas alternativas a la pena de un año de prisión por intento de aborto, la mujer debe dedicar ocho horas semanales a visitar una guardería.

Parirás con dolor

En 1999 la Asamblea Legislativa modificó el artículo 1 de la Constitución de 1983, dándole al embrión el estatus de persona desde el instante de la concepción.

Tres de cada diez embarazadas tienen entre 10 y 19 años de edad.

Cada 30 minutos una adolescente da a luz.

En 2015 la Policía Nacional Civil recibió 836 denuncias por violaciones sexuales en niñas y adolescentes; 593 casos de estupro (relaciones sexuales mediante engaño de una adolescente de 15 a 17 años con una persona adulta; datos que corresponden a 13 departamentos); 182 violaciones en mujeres de 18 a 30 años. Sólo en 2011, el Ministerio de Salud atendió 26.662 embarazos producto de abusos en niñas y adolescentes.

El suicidio es la primera causa de muerte entre adolescentes embarazadas y es la tercera causa de muerte materna en El Salvador.

Caballos de Troya

Policías realizaron arresto fingiendo ser trabajadores del MIDES

Vengo porque en el día de hoy personas extrañas se llevaron a mi hermano”, declaró Yanina1 en la Seccional 11 en Delta del Tigre, departamento de San José, el 11 de noviembre de 2015 a las 13:15 horas.

Dos horas y media antes había recibido en el patio de su casa la visita de un hombre alto, pelado, de buzo gris y pantalón marrón, que se bajó de un auto blanco con vidrios polarizados, con una carpeta de color celeste en sus manos, les preguntó sus nombres y si ambos eran mayores de edad.

Ella tenía 18 años y él 19. Estaban tomando mate, mientras el hijo de la joven daba sus primeros pasos en el fondo del terreno. El hombre dijo que lo habían mandado del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Yanina y su hermano supusieron que venía a “inspeccionar” la casa; el día anterior una dupla de trabajadoras del Equipo Territorial de Atención Familiar (ETAF) había mantenido una entrevista con ellos en el interior de la vivienda para evaluar su posible ingreso al programa Cercanías2.

El calvo les preguntó por su situación familiar y por los materiales de construcción de la casa.

-Voy a poner como que se llueve todo.

-No pongas “como que”. Poné que se llueve todo -dijo ella.

-¿Querés pasar a inspeccionar? -ofreció Daniel.

-¿Ninguno de los dos está trabajando, no? -continuó el hombre en diálogo con Yanina-. Ya que él no está trabajando, a vos te va a ayudar que te acompañe a pedir la ayuda del Mides -dijo, en referencia a, según entendieron los jóvenes, conseguir la Tarjeta Uruguay Social (TUS), conocida en los barrios como “la tarjeta del Mides”. Le pidió el número de teléfono de la casa para estar en comunicación con ellos y se fue en el auto.

Diez minutos después Yanina atendió un llamado telefónico. Era una señora que preguntaba por ella y le consultaba si había estado Luis en la casa. “Yo le dije que había estado el muchacho del Mides”.

-Tenés que presentarte en la policlínica y tu hermano tiene que ir sí o sí para que puedan recibir más ayuda, siendo dos los que no están en caja. Si está él, eso te puede ayudar. Tienen que llevar las cédulas.

Yanina recuerda que su hermano le advirtió: Acordáte, éstos son milicos. “Yo no le quise creer e insistí en ir a la policlínica a buscar la tarjeta”. Él agarró la bicicleta y junto al niño de ella, de un año y medio, caminaron en diagonal hacia la policlínica de paredes externas grises y descascaradas, y techo a dos aguas de chapa color mostaza, donde entonces funcionaba el Socat de 10 a 12 de la mañana. Cuando llegaron, vieron al auto blanco estacionado en la puerta del centro de salud de ASSE. Entraron y preguntaron por las muchachas del Mides. Los recibió Cecilia Nauar, trabajadora social del Socat. Yanina le dijo que los mandaban del Mides por la tarjeta. Ante el desconocimiento de esa citación para el trámite, Nauar les preguntó si recordaban el nombre de quien los había convocado y la joven nombró a Luis. Nauar dijo que no tenía referencias y les propuso que esperaran a que ella averiguara con la Oficina Territorial del Mides, cuyo titular es Luis Gustavo Perlas, conocido en la zona por su segundo nombre. Pero el joven aclaró que el auto en el que el supuesto funcionario había ido a su casa estaba estacionado en la puerta. Entonces salieron a preguntar.

Se bajaron del auto tres hombres y uno de ellos les pidió los nombres. Nauar, a su vez, les preguntó los suyos y sólo respondió quien decía llamarse Luis y que eran funcionarios del Mides. Ella se presentó también como trabajadora del Socat Mides e indagó acerca del área específica de trabajo de los tres hombres. Luis respondió: “Estamos tan descoordinados que no te avisamos, coordinamos con el Mides y con Salud Pública”.

La situación me resultó sumamente extraña e irregular -recordó la trabajadora social-. Ellos se mostraban nerviosos ante las preguntas. Uno hacía como que escribía en una carpeta y le temblaban un poco las manos. Fingieron una conversación telefónica por celular y dijeron que debían esperar a otra supuesta persona que contaba con el formulario que les solicité, teniendo en cuenta que decían ser adjudicadores de la TUS. Mientras esperábamos, solicitaron las cédulas de identidad a los jóvenes, que se las brindaron”.

En ese momento, uno de ellos tomó de la muñeca a Daniel y le dijo: “Esto es un procedimiento policial, queda detenido”. “Sin mediar ninguna identificación policial, ni mostrar orden judicial”, aclara Nauar, que les cuestionó esta forma de actuar, manifestando que el procedimiento de detención no era correcto.

El joven se quitó rápidamente las chancletas y salió corriendo, atravesando la esquina de la manzana donde está la policlínica y el merendero del INDA, hacia la feria de los miércoles. Dos de los hombres no identificados salieron corriendo detrás de Daniel. El auto arrancó y el conductor debió recordar a sus compañeros que se subieran al coche. Aceleraron el vehículo, aunque Cecilia se puso frente al capó. Yanina también salió corriendo tras el auto, pero llegó hasta la esquina, cayendo de rodillas, desvaneciéndose. Su hijo había quedado llorando en el suelo, testigo de la escena. Nauar lo alzó en brazos y lo llevó adentro de la policlínica. El niño fue contenido por dos funcionarias de ASSE y una de Uruguay Crece Contigo hasta que su madre volvió, angustiada y nerviosa por el destino de su hermano.

A lo lejos se sintieron cinco disparos que rozaron a Daniel. Decidió entregarse. Su familia no lo sabría sino hasta 12 horas después.

HACERSE PASAR. Mientras tanto, desde la policlínica llamaron a la Seccional 11 de Delta del Tigre, “tanto para denunciar lo acontecido, como para proteger al niño y a la joven”, contó Nauar, además de volver a preguntar en el Mides si tenían conocimiento de la situación. Desde la Oficina Territorial y la Dirección Departamental de Desarrollo Social respondieron que no sabían nada al respecto.

En la comisaría también les dijeron que no estaban al tanto del procedimiento. Unas horas después informaron “que se trató de un operativo vinculado a la Seccional 5 de Montevideo, y que no podían dar más datos”, señala la nota que el Socat le elevó dos días después al Mides, al Ministerio del Interior (MI) y al Ministerio de Salud Pública (MSP).

Pasadas doce horas del arresto, la familia de Daniel sería notificada de que se encontraba detenido en un calabozo y podían llevarle ropa y calzado. Sus pies estaban hinchados de correr y clavarse espinas. Su cuerpo magullado por golpes y machucones internos. “No me abraces que me duele”, le dijo a su hermana. Saben dónde pegar para no dejar marcas. Saben cuánto y cómo hacerlo para que empieces a hablar. Ahora vienen los gorilas, le advirtieron. Vinieron con un balde y le pasaron bien despacito la esponja por los brazos y piernas. Conectaron el cable pelado a un alargue y le dieron electricidad durante seis horas. Los choques le aceleraron el corazón.

Me dijeron que eran del Mides y en verdad eran policías. Me mintieron. ¿Por qué, si tenían una orden judicial y lo tuvieron cara a cara a mi hermano, en mi casa, no lo detuvieron ahí?”, cuestiona Yanina.

Se violó la privacidad de la familia, invocando la presencia del Mides. No se respetaron los procedimientos. Se vulneraron los derechos de esa familia y perjudicó nuestra intervención como equipo”, opinó Ariel Vázquez, coordinador del ETAF de Delta cuyo equipo recién comenzaba un vínculo con la familia que ingresaba a Cercanías. El plazo mínimo de trabajo, a través de encuentros semanales, se estima entre nueve meses y un año y medio “con metodología de proximidad, en un proceso de apoyo psico-social y educativo orientado por metas prefijadas para restituir derechos sociales y calidad de vida3.

El trabajo territorial de ETAF “implica estar en la vivienda de cada familia, lograr confianza para que te cuenten sus dificultades”, añadió Vázquez. “Este atropello retrasó la intervención. Parecía que nosotros habíamos generado eso”. El coordinador señaló que el procedimiento de ETAF es “netamente de inclusión social”.

 

Diez años de políticas sociales del Mides en ese territorio llevaron a que entre los sectores más vulnerables y vulnerados se legitimara a los trabajadores del ministerio para entrar a su mundo privado, evalúan desde el ETAF. La intervención de la Policía repercutió en el equipo del Socat que, desde entonces, ha mantenido numerosas reuniones en las que se cuestionan cómo se están pensando las políticas sociales y si estas prácticas no terminan quedado en mero control, en lugar de facilitar el acceso a los derechos.

El 13 de noviembre, el equipo de la ONG Instituto del Hombre (IDH) que gestiona el Socat elevó una nota dirigida al Mides, al Ministerio del Interior (MI) y al Ministerio de Salud Pública (MSP) en la que detallaban lo ocurrido y expresaban su “gran preocupación ante irregularidades en un procedimiento policial que involucró a las tres instituciones”.

Nos preguntamos si la policía maneja la información precisa sobre los procedimientos del MIDES y su articulación con Salud Pública. Asimismo, para la familia, se generó una asociación directa entre la visita del MIDES y la Policlínica con el accionar policial, lo cual es sumamente riesgoso ya que creemos que compromete el trabajo del MIDES y Salud Pública en el territorio, por la asociación generada entre el MIDES, Salud Pública y Ministerio del Interior”, dice la carta que llegó a la cúpula de Desarrollo Social; algunas fuentes señalan que Arismendi y Bonomi habrían dialogado al respecto en el siguiente Consejo de Ministros.

Si ante la presencia de una trabajadora del SOCAT IDH-MIDES, se modificó el accionar policial, presentando dudas y nervios en sus acciones, nos preguntamos: si proceden de esta manera tan arbitraria cuando estamos presentes, ¿cómo es cuándo no lo estamos? (…) Se trata de un procedimiento totalmente irregular, donde la policía invoca e involucra a otras instituciones públicas, con la gravedad que eso significa. Sin duda, nuestra presencia permitió que lo sucedido trascienda de la esfera cotidiana para conocerse en otros ámbitos institucionales, pero es sabido que para los jóvenes en el barrio las arbitrariedades policiales son situaciones cotidianas que es necesario transformar. Esa es la preocupación de fondo de quienes trabajamos en el territorio, y en lo que apostamos a trabajar día a día, desde un enfoque de derechos humanos, velando por el desarrollo pleno de todas las personas. Ante lo dicho, cabe esperar que las autoridades competentes puedan esclarecer lo sucedido y tomar las decisiones pertinentes con el personal policial involucrado en las irregularidades del procedimiento”, finalizaba la nota.

En noviembre, se radicó la denuncia en el 0800 5000 del MI para que se investigara el procedimiento policial. Al no recibir información, se reiteró la denuncia en marzo. Desde Asuntos Internos del MI ubicaron la denuncia de marzo y“pedimos información a la Jefatura Departamental de San José. Nos llegó esa información, pero no nos quedó claro (qué pasó) y esperamos nueva documentación para citar a declarar” a quienes presenciaron el hecho, indicó Estela González, responsable de esa área del ministerio.

En diálogo con Brecha, González detalló que solicitaron al Juzgado de Libertad una copia del expediente judicial y de “las actuaciones que se derivaron al Juzgado por las cuales se procesó” al joven. Mientras esperan que esta respuesta les llegue en el correr de la próxima semana, la funcionaria manifestó: “Aparentemente lo único que habrían hecho (los policías) es no identificarse debidamente en el procedimiento. Aparentemente el accionar fue correcto. No se sabe a ciencia cierta qué es lo que ocurrió”.

La ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, prefirió no hacer declaraciones sobre el caso, “para respetar las investigaciones que se están haciendo desde la Justicia que determinarán si el procedimiento de que la Policía pueda presentarse como si fueran del Mides es correcto”, explicaron fuentes de esa cartera.

REPETIDO. El Ministerio del Interior (MI) es el organismo con mayor porcentaje de denuncias en su contra (16,5%) registradas por la INDDHH en 20145. A su vez, si estos datos se cruzan con las denuncias por violaciones a la integridad personal, representan 20,5% del total.

En diciembre, trabajando lo ocurrido en la puerta de la Policlínica del Delta, el Nodo Familia decidió acompañar la presentación de una denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) por parte de los familiares del detenido, firmada por integrantes de la policlínica de ASSE y de los programas del Mides que trabajan en la zona (SOCAT, CAIF, ETAF, UCC, Jóvenes en Red), además del jefe de la Oficina Territorial del Mides. Todavía no han recibido notificaciones de avances por parte de la Institución.

Después del olor ácido y dulzón de la curtiembre de Nuevo París. Después de los humedales y el puente de la Barra de Santa Lucía. Entre casas bajas, parquecitos al frente con naranjos, calles de balastro y la Seccional 11 de San José, está la rotonda-plaza y más atrás el merendero del INDA y la Policlínica de ASSE. Avanzando tres cuadras más hacia el Canal, frente a una Santería y Agropecuaria, está la nueva sede del Socat IDH, que comparte el espacio con el Aula Comunitaria y con Jóvenes en Red.

Delta del Tigre es el ingreso a Ciudad del Plata, con 20 mil habitantes (según el Censo 2011) y más presencia policial desde diciembre del año pasado cuando oficiales irrumpieron en viviendas donde funcionaban bocas de pasta base, llevando a cabo al menos dos operativos mientras el equipo ETAF hacía la visita semanal a alguna familia. Por la tarde comienzan los patrullajes y el acoso a los jóvenes en el fondo de este barrio que se extiende por 15 cuadras, mientras decenas de familias clasifican la basura en el vertedero.

Las hermanas de Daniel cuentan que este lunes rechazaron al equipo de Uruguay Crece Contigo. Ya no les creen nada. Necesitan la “ayuda”, pero no confían en quien la provee o gestiona. “Hasta el día de hoy no sabemos bien qué pasó. ¿Cómo sabían los datos? ¿Cómo sabían que habíamos estado hablando sobre la Tarjeta?”, pregunta la hermana mayor de Yanina y Daniel.

Yanina todavía no tramitó su Tarjeta Uruguay Social. Cursa un embarazo de cinco meses y cada semana, cuando visita a su hermano en el Comcar, tiene miedo por las peleas entre presos de las que ha sido testigo, porque los guardias dejan que se hieran, que se maten, y recién después entran. Porque en la primera visita su hermano resultó con un puntazo en el pecho y en las últimas semanas vio muchas peleas como éstas por disputas de poder o porque no se comparten cigarros o panchos que les llevan sus familias en los paquetes.

Yanina se siente culpable porque su hermano cayó preso. Durante la semana siguiente a la detención, su hijo pedía en sueños por su tío, lloraba y gritaba su nombre. Ella también tiene pesadillas.

Frente a la parada de la plaza central del Delta, un caballo negro se suelta de la cuerda que tensaba el tronco y echa a andar. Huye de los ladridos de un cimarrón. Dos hombres lo corren. No lo alcanzan.

1Para preservar la identidad de los denunciantes, los nombres fueron cambiados.

2“La creación de la Estrategia Nacional de Fortalecimiento de las Capacidades Familiares, CERCANÍAS supone un esfuerzo interinstitucional para la atención prioritaria de familias en situación de extrema vulnerabilidad a través de la acción articulada de los organismos en el efectivo acceso a prestaciones, derechos y servicios. (…) participan MIDES, MVOTMA, ASSE, ANEP-CODICEN e INAU, que se propone en el marco de la Reforma Social, mejorar la eficiencia de las intervenciones del Estado ante situaciones de extrema vulnerabilidad social considerando a la familia como sujeto. Busca promover una gestión del cambio en las instituciones para superar fragmentaciones y superposiciones; mejorar la articulación de los servicios a nivel territorial promoviendo el trabajo en red y la integralidad en el primer nivel de atención; desarrollar un segundo nivel especializado en trabajo de proximidad con las familias que presenten mayor índice de carencias críticas y de vulnerabilidad socio-familiar; y garantizar un acceso rápido y eficiente a las prestaciones sociales básicas existentes.” Cartilla de Programas MIDES, Asesoría Nacional de Políticas Sociales, 2013. En: http://www.mides.gub.uy/innovaportal/file/22968/1/cartilla_programas_mides.pdf

3Mides, 2013, op. cit.

4Mides, 2013, op. cit.

5INDDHH, III Informe Anual a la Asamblea General, 30 abril 2015.

CUESTIÓN DE CERCANÍAS

¿Quiénes y cómo pueden acceder al PROGRAMA Cercanías? “Los grupos familiares invitados por los ETAF son seleccionados a partir de un índice acumulado que integra la situación de pobreza extrema (identificada por equipos de la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo del MIDES) y la situación de vulnerabilidad socio-familiar identificada a través del diagnóstico que realizan servicios sociales en territorio (Nodos/redes locales, Oficinas del MIDES, SOCAT, Centros de INAU, referentes de servicios sociales, etc). A partir del índice se genera un orden de prelación de situaciones por región, que es revisado por un Comité Local que confirma si hay otros equipos sociales acompañando la situación, cuidando la confidencialidad de la información”4.

El índice se produce con un puntaje sumado a partir de un formulario que deben completar sobre cada familia evaluada. En la planilla indagan nombre, apellido y otros datos personales de cada integrante del grupo familiar, referencias del hogar, la situación laboral de riesgo que pueden presentar, ausencia o debilidad de figuras parentales, problemas de desnutrición, desvinculación educativa, si hay adolescentes y jóvenes que no estudian ni trabajan, problemas de adaptación escolar, desempeño educativo e inasistencias, si hay integrantes que están en situación de calle y/o con consumo problemático de drogas, si hay sospechas o denuncias de violencia intrafamiliar y/o explotación sexual, cuál es la atención en salud (embarazos sin control, enfermedades crónicas, problemas de salud mental), si hay integrantes del hogar con discapacidad sin espacios de salud, socialización o educación, si la vivienda está afectada por un hábitat degradado, deficitario /o inundable, si hay integrantes que estén o hayan estado en conflicto con la ley, si se identifica algún adulto referente del hogar con el cual establecer alianza que permita sustentar una estrategia de abordaje con la familia y, por último, si la familia integra alguna red vecinal o institucional en la zona.

Desamparadas por la ley

¿Cómo se transita un aborto con más de tres meses de embarazo? La muerte de una joven en Maldonado producto de un aborto clandestino reabrió el debate sobre las barreras que presenta la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Feministas denuncian demoras en la atención y malos tratos en los servicios. Desde el Ministerio de Salud anunciaron un nuevo protocolo de actuación.

MUJER

Mujeres presentan una performance reclamando la legalidad del aborto, frente al Palacio Legislativo – 25 de setiembre de 2012 – Montevideo – Uruguay. Foto: Manuela Aldabe

Doce semanas no parece ser el mejor plazo para interrumpir un embarazo no deseado. Desde la implementación de la ley 18.987 (Ive), aprobada en octubre de 2012 por el Parlamento uruguayo, se multiplicaron los relatos de mujeres que acuden a los servicios de salud y encuentran como respuesta que si la gestación supera los tres meses, la ley no las ampara, y de querer seguir adelante, la responsabilidad y los métodos utilizados para lograr un aborto correrán por su cuenta.
Camila(1) tiene 16 años y abortó con 24 pastillas de misoprostol, que debió completar con un proceso de salinización, y acabó teniendo un parto inducido en su mutualista de Montevideo. A comienzos de febrero supo que estaba embarazada. Apoyada por su familia y por su novio, decidió llevar adelante el aborto. Según sus estimaciones, llevaba un embarazo de 11 semanas. Había menstruado hasta pocos días antes de confirmarlo. Su madre averiguó el teléfono del servicio IVE de la mutualista y consiguió turno para ese mismo día a la noche. Allí ambas fueron recibidas por una ginecóloga y una partera, quienes les explicaron que la ley ampara a mujeres con hasta 12 semanas de gestación y que, “si estaba dentro de esos parámetros, le iban a dar la medicación para que hiciera el tratamiento en casa pero que, si quedaba fuera del amparo de la ley, le iban a explicar cómo y con qué medicamento hacerlo pero no podían suministrárselo ni recetarlo”, contó la madre de Camila a Brecha. “Nunca nombraron alternativas por si no quería abortar”, remató. Luego, la adolescente fue derivada a otro consultorio donde habló con una psicóloga y una asistente social, cumpliendo con la reglamentación que establece la atención simultánea de un equipo interdisciplinario en el procedimiento IVE.
Al día siguiente, en una sede de la mutualista tuvo la extracción de sangre para saber el factor (cuyos resultados tendrían un día después), y en otra sede le realizaron la ecografía transvaginal. En la pantalla figuraba que era una “paciente IVE”. Según relata la mamá de Camila, la ecógrafa se puso nerviosa y expresó: “Esto ya está grande” y pasó las medidas a una técnica que realizaba el informe. Le pidió a la adolescente que saliera y habló con la madre para indicarle que estaba “pasada” del plazo porque estaba “de más de 14 semanas”.
Cuatro días después tuvieron una nueva consulta con otro ginecólogo, quien vió la ecografía y el factor sanguíneo y les informó que “la ley no nos amparaba, pero que podíamos hacer el procedimiento por nuestra cuenta”. Les indicó cómo tomar la medicación, aunque les aclaró que no se la podía recetar. Camila debía tomar 12 comprimidos de misoprostol, en tres dosis, luego de las cuales debería comenzar a sangrar y expulsar el saco gestacional. “Me aclaró que, si no expulsaba el feto, le podía dar otra dosis, tomando 16 pastillas en total”.
En los cinco días que habían pasado entre la primera y la segunda consulta al equipo médico, Camila y su mamá habían rastreado vía web distintos lugares de venta de misoprostol, ya que ninguno de los profesionales les haría una receta, y en las farmacias no venden sin prescripción. “Me llegaron a pedir 3500 pesos por cada pastilla”, señaló la mujer. “Desesperada fui al médico de familia y él se jugó por nosotros. Así fue que conseguí misoprostol. Debía comprar dos cajas (cada una contiene ocho pastillas). Pagamos $6890 por cada una”.
Camila comenzó el tratamiento el 15 de febrero. En las siguientes 48 horas temblaba, tenía contracciones y fiebre -síntomas previstos bajo el uso de misoprostol-, pero no hubo sangrado. Su madre buscó ayuda y consiguió el contacto de una partera, quien le dijo que esperara otras 48 horas y tomara 8 pastillas más. La mujer decidió esperar ese plazo y acudir a la mutualista. Se comunicó telefónicamente y pidió una nueva consulta para su hija con el equipo IVE. “Pero ya tuvo las dos entrevistas. ¿Para qué necesita otra?”, cuestionaron. “Les informé que no había pasado nada con el tratamiento y me dio a entender que hasta ahí llegaban ellos, pero igual me dijeron que fuera ese día”, explicó a Brecha.
Las recibieron aunque no las tenían agendadas. Ellas explicaron el proceso por el que estaba pasando Camila y una ginecóloga le dijo: “Ahora hay que seguir. Hay que tomar 8 más porque esto deja secuelas. ¿Nos entendemos, no? Secuelas y muchos riesgos. De esto no se vuelve. Si no pasa nada hay que comenzar los controles y recibir lo que quedó”. Sin explicarle cuáles serían las “secuelas”, las mandaron a la Urgencia con una receta que decía “Amenaza de aborto” y mandaron a hacer la ficha obstétrica y otra ecografía para los controles. “Nosotros ya no somos referentes de ustedes”, enfatizaron. En Urgencias la vio otra doctora que “cuando supo que era un caso IVE no la trató muy bien”, señaló la madre de Camila. Le contaron que había tenido contracciones. Revisó a la adolescente y le recetó óvulos. Hizo la nueva toma de misoprostol.
Como el aborto no se producía, acabaron recurriendo a un ginecólogo que una partera les había recomendado. Las atendió ese mismo día en su consultorio particular, donde le hizo una nueva ecografía a la joven, le preguntó si quería interrumpir el embarazo y le pinchó la bolsa de líquido amniótico. Este método se conoce como “inyección salina”: se introduce una aguja a través del abdomen hasta la bolsa amniótica y se inyecta una solución salina concentrada que produce deshidratación del feto en menos de 12 horas. El ginecólogo les aclaró que en menos de 24 horas debía llevarla de nuevo a Emergencia porque podía comenzar una infección. “Deciles que te mojaste toda caminando. Ahora andá a bailar, saltá, corré”, le indicó el médico a Camila. Y les cobró mil dólares.
A la mañana siguiente llegaron a la emergencia diciendo que la adolescente había despertado con la cama mojada y con dolores de panza. El ginecólogo que la atendió le dijo que no era nada y que se fueran tranquilas. Al ver la cara de angustia de Camila, le comenzó a explicar el procedimiento de la ley IVE, pero la madre lo interrumpió y le dijo que su hija ya había tomado 24 pastillas de misoprostol. Al médico le llamó la atención la ausencia de sangrado. La mujer solicitó una nueva ecografía. Esperaron a la ecógrafa porque los sábados está de retén. Cuando ésta llegó tuvo un trato amable “hasta que se le dijo que Camila estaba por IVE”. “Ahí el trato fue muy prejuicioso. Puso en tela de juicio mi rol de madre, dijo que si sabía lo del misoprostol no venía, y prendió el volumen para hacerle escuchar a Cami los latidos del corazón del feto. Nos trató muy mal e intentó poner palos en la rueda en el resto del procedimiento”.
La ecografía determinó que Camila estaba de 19 semanas. “En eso también falló la mutualista. Desde el principio no supimos qué fecha exacta de gestación estábamos manejando. Sólo les importaba recalcar que estaba fuera del amparo de la ley”, se quejó la mujer. “Tenemos un sistema de salud al que sólo le preocupa que estábamos fuera de la ley. No podemos padecer todo esto por una cuestión de plazos. Si el fundamento de la ley es que no se muera ninguna mujer, el sistema no te puede expulsar a la clandestinidad”.
Camila terminó su embarazo no deseado con un parto inducido. “Mi hija no murió porque teníamos de donde sacar algo de dinero y creo que también tuvo mucha suerte. Es un caso gemelo con el de la muchacha que murió en Maldonado. No nos olvidamos de quienes hoy están llorando”, reflexionó respecto del caso de la joven de 21 años que murió luego de que un médico en la localidad de Nico Pérez, departamento de Florida, le practicara un aborto inseguro con una sonda.
La mujer, de iniciales A A N S, había solicitado interrumpir su embarazo, pero fue rechazada en el servicio de salud de Maldonado, bajo el argumento de que llevaba 13 semanas de embarazo. Tras el procedimiento clandestino, regresó con fiebre alta al hospital fernandino. Fue intervenida, permaneció internada en CTI durante 21 días, y falleció el 20 de febrero como consecuencia de una insuficiencia respiratoria.
Tanto el médico como la pareja de la mujer fueron procesados con prisión por la jueza penal de 1º Turno de Florida, María Fernanda Morales, en calidad de autor y coautor respectivamente, siguiendo el artículo 326 del Código Penal. Pueden recibir penas de entre tres y seis años de cárcel.
ABORTO ES SALUD. El caso de Maldonado es la segunda muerte por aborto clandestino que se produce desde la aprobación de la ley IVE. Para la organización Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) es “inconcebible” que estas muertes sigan ocurriendo “en un país que ha modificado su marco legal y cuenta con servicios legales para la interrupción voluntaria del embarazo”.
Para Lilián Abracinskas, directora de MYSU, esa “muerte evitable” se debe a que “Uruguay no ha dado respuesta adecuada a las interrupciones del embarazo durante el segundo trimestre de gestación. La ley prevé que hasta las 14 semanas se debería poder interrumpir en los servicios legales cuando el embarazo es producto de una violación, y no hay plazo cuando es por causal salud. Sin embargo, los servicios no están dando estas respuestas, ni está debidamente reglamentado el causal salud”. El artículo 6° literal A de la ley 18.987 establece entre las excepciones al plazo de 12 semanas para IVE: “Cuando la gravidez implique un grave riesgo para la salud de la mujer”.
La salud es un derecho humano. Es “el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social”2. Se considera la salud como causal de aborto legal si al continuar la gestación pone en riesgo la vida o la salud física, mental o social de la mujer.
PEREGRINAS. El monitoreo realizado durante 2015 por el Observatorio de MYSU señala que la distribución de los servicios de salud sexual y reproductiva y aborto en Maldonado es “dispersa” y dificulta el acceso de las usuarias al sistema de salud. El departamento se caracteriza por una peregrinación de las usuarias por distintas policlínicas de su prestador de salud, sea éste público o privado. “La muerte de esta mujer en Maldonado era la crónica de una muerte anunciada. Debido a la ‘peregrinación’ que las mujeres tienen que hacer en ese sistema de salud, es muy probable que no lleguen a realizarse el aborto dentro de los plazos establecidos por la ley”, indicó Abracinskas. Para la activista, las barreras para el correcto cumplimiento de la ley IVE han tenido como consecuencia la vuelta no sólo al sistema clandestino, sino también a los métodos más precarios e inseguros para la mujer.
A nivel departamental, las fernandinas cuentan con siete prestadores de salud: seis del subsistema privado y uno de ASSE. “Hay poca difusión de los servicios y de las rutas para acceder a los mismos. Llegás para solicitar asesoramiento en IVE y no hay ni cartelería que indique adónde acudir, ni el listado de profesionales que están a cargo del servicio, ni teléfonos de derivación”, describe la politóloga Maru Casanova, integrante del Observatorio.
El informe preliminar de MYSU al que accedió Brecha señala que se identificaron “dificultades en la conformación de los equipos médicos” para la atención de abortos: “En muchos casos no se conocen entre sí. No están al tanto de las opciones que tienen para hacer derivaciones y acaban recurriendo siempre al mismo profesional”. Desde la organización se sugiere “crear un listado que recoja los nombres del personal médico que realiza atención en aborto (…) evitando sobrecargas innecesarias”, algo ya establecido en la ley (art. 5°, lit. D).
También identificaron que se somete a las mujeres que solicitan IVE a “consultas innecesarias, demoras y derivaciones incorrectas” que redundan en “dilatar los tiempos y sirven como formas de desestimular la práctica”, además de “imposiciones de valores y creencias” en función de la edad o la condición socioeconómica de la usuaria.
Si ya es complejo cumplir con los plazos que establece la ley cuando se llega sobre el filo de las 12 semanas, esta carrera a contrarreloj se acentúa “si la ecografía me la tengo que hacer en un lugar, el médico me ve en otro, la asistente social atiende sólo una vez a la semana en otra sede del prestador de salud… quedando de lado tu vida cotidiana en pos de la atención en IVE”, describe Casanova. Además, aunque en Maldonado no se registran altos porcentajes de ginecólogos objetores de conciencia -como ocurre en varios departamentos del litoral del país-(3), hay pocos profesionales para equipos interdisciplinarios (escasean las asistentes sociales), lo que restringe la atención en tiempo y forma. Las peregrinaciones pueden acabar en Montevideo, como ocurrió la semana pasada con una mujer que fue derivada desde Pan de Azúcar a la capital nacional para completar su proceso de aborto.
PARCHE. El ministro de Salud Pública, Jorge Basso, tiene sobre su escritorio el borrador de un nuevo protocolo de actuación que reemplazaría los 7 artículos de la reglamentación de la ley IVE anulados en agosto de 2015 por el Tribunal de los Contencioso Administrativo (TCA) que falló a favor de 20 ginecólogos objetores de conciencia.
El texto “se apega más al fallo del TCA que a la ley IVE”, señaló Casanova, en vistas de que permitiría que los médicos objeten conciencia en cualquiera de los pasos para interrumpir un embarazo: en la primera consulta de asesoramiento, o cuando es atendida por el equipo interdisciplinario, o para prescribir el medicamento abortivo. No obstante, establece que sólo aquellos profesionales que tienen que actuar directamente en el aborto son quienes pueden objetar conciencia.
A la vez, estipula que el plazo para acceder a los equipos interdisciplinarios no puede exceder un día y medio, lo que podría llevar a que las instituciones de salud realicen convenios público-privados para garantizar que todos los días haya equipos funcionando. La responsable de Salud Sexual y Reproductiva del MSP, Ana Visconti, asumió, en diálogo con El Observador que existen “déficit” de recursos humanos en estos servicios. “A veces es dificultoso que se pueda completar que el equipo integrado por tres especialistas pueda lograr la consulta, más en el interior del país porque no hay tantos técnicos y especialistas”, reconoció Visconti. “Si todas (las instituciones) plantearan que no pueden cumplir se verá cómo hacer”, dijo.
El colectivo Mujeres en el Horno identificó “grandes dificultades en los distintos servicios de atención”: no se respeta lo establecido en las normas; algunos centros asistenciales no disponen de los servicios en todas sus policlínicas o directamente no los ofrecen, o carecen de protocolos para implementarlos(4). También se advirtieron maltratos a las usuarias por parte del personal de salud médico y no médico y “recriminaciones” de médicos objetores a la decisión tomada, llegando a negar la atención o la derivación correspondiente.
Y se suman obstáculos en esta carrera contrarreloj, siendo que el equipo “deberá entrevistarse con la usuaria en forma conjunta” y los cinco días de reflexión, que en la reglamentación actual corrían desde la primera consulta, con la modificación empezarían después de que la mujer sea recibida por dicho equipo.
Para sortear esta barrera, el diputado colorado Fernando Amado presentó esta semana unas modificaciones al proyecto de ley IVE. Plantea suprimir la conformación del equipo interdisciplinario, derogar el artículo 13 de la ley 18.987 que habilita el aborto para extranjeras que residan desde hace más de un año en Uruguay, y modifica el artículo 3 para que la mujer manifieste su decisión de abortar ante un médico y la ratifique tres días después.
Si bien la nueva reglamentación establece que la objeción de conciencia debe quedar declarada por escrito, desde MYSU enfatizan que el MSP debe “fiscalizar”, ya que se han encontrado ginecólogos que objetan conciencia en un prestador público pero no objetan en el sistema mutual.
A tres años de la ley que despenaliza el aborto con muchos corsé, el mercado clandestino sigue resolviendo en parte lo que el sistema de salud no asume. Una decisión que no debería ser cuestionada pasa por una carrera de postas. Entre búsquedas silenciosas se nos juega la vida.

Notas:
1. Nombre ficticio que utilizamos para proteger su identidad, ya que es menor de edad, y para conservar la confidencialidad del caso.
2. CIDH, Protocolo de San Salvador, Art. 10, 1988.
3. MYSU, Estado de situación de los Servicios de SSR y aborto en el departamento de Salto. Informe 2014; MYSU, Estado de Situación y Desafío en SSR y Aborto en Paysandú, Río Negro y Soriano, 2015. (www.mysu.org.uy)
4. Sistematización de las llamadas recibidas en el 08008843 Línea Aborto Información Segura en 2015, presentada este martes 15 de marzo.

Publicado en Brecha, 18 de marzo 2016