La marea está en movimiento

Más de 40 países se sumarán el próximo 8 de marzo al paro de mujeres, una iniciativa feminista que se multiplicará en cientos de ciudades. Desde Uruguay, las organizaciones llaman a parar “como puedas”: vistiendo de violeta, colgando carteles, marchando, haciendo asambleas, armando escobas para barrer desigualdades.

Entrevista a algunas organizadoras del Paro de Mujeres en Montevideo y en Varsovia.

“Veo este paro internacional como un feminismo muy popular que está surgiendo, se despierta la conciencia de las mujeres como tales, no tanto el feminismo como teoría. Hay vida y hay teoría. Ahora la teoría está bajando a la vida. Nos unen los asuntos de mujeres, empezando por el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, y llegando hasta el impacto de nuestra producción y reproducción en la economía. Eso despierta la esperanza para cambios reales de las mujeres.” [Klementyna Suchanow – PIM]

Lea la nota completa aquí: Azul Cordo – La marea está en movimiento

Una historia violenta

Cuatro décadas de relación acabaron apuñaladas. Se casaron cuando ella tenía 16 y él 19. Vecinos, familiares y activistas recordaron en el Cerrito a Susana Islas, a un mes de su femicidio. ¿En quién busca ayuda una mujer maltratada psicológica y físicamente durante años que, de golpe, debe cambiar su rutina, amenazada por el hombre con el que convivió tanto tiempo? ¿Cómo desandar la personalidad del ofensor? ¿Cómo cortar el círculo de la violencia?

Era muy coqueta. En esta foto no se nota tanto, pero cuando salía a trabajar no sabías si se iba al trabajo o de paseo. Pelo lacio, negro y largo hasta los hombros. Cerquillo peinado un poco hacia la izquierda. Acostumbraba llevar pantalones y caravanas de perlas.

Esa mañana salió, como todas las demás, a las 8 a trabajar. Jueves 15 de diciembre. Desde hacía dos semanas era acosada por su exmarido, aunque seguían casados. Él, que fue taximetrista, ya había probado en tirarle el auto por lo menos dos veces, a la vuelta del apartamento o en el cruce de General Flores. La esperaba a metros o en la puerta de sus lugares de trabajo. “No te hagás el vivo porque está Raquel atrás de la cortina. Te está viendo y si hacés algo, llama a la policía. Andate”, le dijo en la casa de la patrona donde cobraba por jornal.

“Me va a limpiar. Me va a limpiar”, le repetía a su sobrina Margot por teléfono, cuando hablaban a primera y a última hora del día.

Los lugares comunes se hacen carne: era una madre excelente, buena persona, alegre. Él era un cínico, manipulador, frío, calculador.

Los detalles suman: “hasta limpiaba con música”. Todos la conocían en el barrio, le gustaba mucho bailar. Lo último que puso en el Facebook fue un video de la Borinquen.

Antes de separarse –por decisión de él, que de un día para otro se llevó sus cosas a la casa de su nueva pareja– habían estado en su Flores natal, visitando parientes. Estaban tan bien. Parecía.

“En las últimas semanas ella andaba horrible”, dice grave Beatriz. “Venía corriendo y tocaba mi puerta”. Se resguardaba y juntas evaluaban si llamar a la policía.

Por esos días se había generado un sistema de alarma entre vecinos y vecinas. En el camino de vuelta hacia el apartamento, cerca de las 8 de la noche, algunos la mensajeaban y le avisaban por dónde estaba Silvio, para que ella pudiera tomar por otra calle. O la acompañaban hasta la parada. Y hasta la comisaría 12 a hacer la denuncia.

Además de increíble para quienes más la conocían, su muerte causa estupor en quienes van sabiendo lo ocurrido. Uno de sus patrones llegó hasta el apartamento de Susana para que le firme los papeles para la liquidación. Era el día del velorio. Allí le contaron. Y se descompuso.

Somos testigos de un disparate, dice una catequista que se anima a hacer uso de la palabra tras el minuto de silencio sugerido por la Coordinadora de Feminismos. Se acaba de enterar que hace un mes Susana, su compañera de fe, murió asesinada en el asfalto, a pocos pasos de su casa, y se estremece de arriba abajo. Pide a los presentes que no se olviden de los hijos de Susana, que los acompañemos, que recordemos lo que significa la solidaridad y pregunta: “¿Qué entendemos por ser personas de buena voluntad?”, para rematar diciendo que “la razón y la fe no se oponen” y que el marido de Susana seguro tenía algún problema psiquiátrico para haber hecho lo que hizo.

“Estaba tan aterrada que empezó a hablar”, dice Margot, dos años menor que Susana. Ella también es empleada doméstica.

El 14 de diciembre, un día antes de que Silvio le asestara un golpe al corazón y la degollara, Susana cambió su foto de perfil en Facebook. Está de entrecasa, pero impecable: viste jeans y una remera blanca que reza Beautiful en letras negras. Lleva lentes negros y el brazo derecho en asa sobre la cintura. A comienzos de mes había ido a ese cumpleaños de 15. A él le molestaba verla bien a pesar de que estaban separados. Eso lo enloqueció.

Después de acuchillarla, él también se lastimó. “Sólo se dio unos pinchacitos”, dice Alicia, una de las seis hermanas de Islas. “Se quiso autoeliminar”, opina otro sobrino.

***

El eco se hace fuerte en el Cerrito de la Victoria. La tarde cae crepuscular y el viento aumenta hacia el oeste. “Ni una muerta más. Ni una mujer menos”, gritan las presentes, en su mayoría jóvenes integrantes de la Coordinadora y varias vecinas de Susana que este miércoles 18 realizaron un acto en la explanada de la Iglesia, a un mes del crimen.

En el campito detrás de la Iglesia, los jóvenes han parado de jugar al fútbol. Tres, cuatro, cinco niños y niñas caminan sus primeros pasos torpes para escuchar qué son esas voces. “Una vez más: la noticia, la rabia, el dolor”, dice el coro femenino.

Alicia tiembla. Intenta seguir la lectura de la proclama escrita en volantes que repartieron a las autoconvocadas. Intenta leer. Su rostro es llanto. Intenta leer. Hace mímica.

***

“Era un amor enfermo. Yo le decía: ‘Susana, querete vos’”, rememora Beatriz, vecina confidente.

Estaba aterrada. El día antes de que pasara esto, de que él la matara, ella me dijo:

–Margot, tengo miedo.

–Pero cómo te va a matar…

–¿Cómo no me va a matar? Si él tuvo el coraje de tirarme por la ventana del apartamento y hacerles creer a todos que fui yo.

En ese momento no podían sospechar, dicen los familiares. Era normal que se quisiera matar, si había perdido a sus tres hijos en el incendio de su vivienda, allá por Camino Maldonado. Tenían 13, 11 y 9. El mayor cumpliría 38 años.

Él les decía que trancaba la puerta para que no me escapara, pero en verdad es que no me quería dejar salir.

Del no-sabíamos-que-pasaba-algo-entre-ellos, comienza a filtrarse el recuerdo de aquel golpe en un asado, frente a todos los comensales. Y generar peleas y entredichos para luego prohibirles que los viera. La memoria perdura, pero hay que entrenarla.

Algunas miradas perdidas en el horizonte recrean las escenas mudas. Cuando la ataba con esposas y la violaba. Cuando le pegaba a los niños. Cuando guardaba el arma reglamentaria bajo la almohada y el más chiquito jugó a que lo mataba, apuntándolo con el caño frío.

Los niños no se llevaban bien con su papá. Eso lo recuerdan todos.

Cenizas.

Mudarse a la cooperativa para comenzar de nuevo con 29 años.

***

El apartamento está en el segundo piso por escalera. 120 viviendas en todo el complejo, ubicado en la calle Bruno Méndez, a una cuadra del Santuario Nacional del Corazón de Jesús, conocido como la Iglesia del Cerrito de la Victoria en Montevideo.

La puerta del apartamento –como la mayoría de este edificio, al menos– tiene rejas. Dentro: una habitación, un living, una cocina. Dentro: Susana rearmó su hogar junto a Silvio y tres años después tuvieron un hijo; cuatro años después, otro.

El lunes 12 de diciembre, tres días antes de ser apuñalada por su marido, Susana fue a la seccional 12 a ampliar la denuncia por violencia doméstica. La radicó a las 20:25.

El jueves una vecina llegó a escuchar que gritaba que no la matara, que la dejara vivir por sus hijos. En el parte policial, los 54 años de vida de Susana se reducen a “fallecimiento paro respiratorio por herida de arma blanca”. De él no se dice ni el nombre. Apenas que tiene 57 y que presenta “herida de arma blanca, penetración leve de tórax”.

“Cuando una mujer denuncia, debería haber seguimiento”, opina Margot.

Vuela el pasto fresco recién cortado en la cooperativa. Alicia y Margot cuentan que el hijo más chico de Susana no pega un ojo en el apartamento. Que sólo puede dormir cuando las visita en Paso de la Arena. No habla. No llora. No duerme. Él también fue amenazado por su padre: “Voy a matar a tu madre. Y si te metés, a vos también”. El que avisa no traiciona.

Se despierta escuchando la voz de Susana. “No está mamá”, se da cuenta cuando la busca.

Por averiguaciones personales, saben que Silvio está preso. Pero desconocen dónde está el expediente de la causa, cómo seguir para pedir justicia. La feria judicial ha estado de por medio, no tienen abogado que los represente, tienen que averiguar si a los jóvenes les corresponde alguna pensión y demás etcéteras burocráticos vinculados a la economía de la parca.

“Que dios haga justicia. Esto fue con premeditación y alevosía”, dice una vecina al pasar.

***

Llego a mi casa tras la concentración en el Cerrito. Unos vecinos, la pareja que vive en el piso de enfrente, pelean en el balcón. Ella le sostiene la mirada hacia arriba y agita un poco sus manos. Él está de espaldas a mí; apoya sus manos sobre el balcón y habla bajo. Resoplan. Entran. Prenden el noticiero. Se dicen “amor”. En un rato tendrán sexo de reconciliación. Bufarán sabiéndose los malhumores y naturalizarán una vez más el empujoncito, el gritito, el destrato, el ninguneo.

¿Llegará el momento de pensar “cómo no lo vimos antes”? ¿O de resguardarnos en la justicia divina? ¿O de decir que en las cosas de pareja nadie se meta porque es privado?

Pregunto. Porque aquí se trata de rearmar una presencia.

Lea la versión publicada en Brecha el 20 de enero de 2017: Azul Cordo – Una historia violenta

Como techo el cielo

Como techo el cielo

La turbonada que afectó a los carolinos hace dos semanas arrasó con techos y estructuras de unas 700 casas. Dejó al descubierto la necesidad de pensar en nuevas soluciones habitacionales, en sistemas de alerta temprana y en tener mayor conocimiento sobre protocolos de actuación y prevención de riesgo. Los tres niveles de gobierno trabajan en forma coordinada, pero los tiempos burocráticos no se acompasan con las necesidades de la gente.

A la noche le sobrevino el impulso. Salir a ayudar. Socorrer entre ramas, escombros y cables caídos. Uno, dos, tres peligros, tras el viento fuerte que se llevó lo que. Desesperación. Estar en la ducha reponedora cuando acaba el día y tener que salir desnudo, corriendo por la acera porque el techo voló. Golpear pidiendo ayuda a los vecinos, hasta romper vidrios y lastimarse los brazos. El agua hasta las rodillas. El granizo hasta las rodillas. El invernáculo se deshizo. La cosecha de olivo echada a perder. La noche oscura. Y ni una linterna a mano.

Son algunas de las escenas que vivieron los habitantes de San Carlos el pasado 22 de diciembre.

¿Qué hacer? ¿Cómo actuar? Se preguntan los vecinos.

El Sistema Nacional de Emergencias (sinae) cuenta con un Protocolo de Coordinación General que establece el flujo de respuestas institucionales establecidas para emergencias y desastres súbitos, que van desde la respuesta a nivel primario (local, municipal), hasta la responsabilidad departamental y nacional respecto a recursos que deben ser asignados, llegando incluso a poder realizar un llamado internacional para obtener ayuda humanitaria.

Fernando Traversa, director nacional del Sinae, explicó a Brecha que al protocolo general de actuación se le agregan protocolos para cada departamento del país, considerando las particularidades de cada lugar. Cuando ocurren eventos climáticos adversos se dan mecanismos de activación de distintos actores locales para evaluar las acciones a desarrollar: desde la atención a damnificados y la atención sanitaria, a la revisión del cableado eléctrico y la reducción de riesgos –mediante la limpieza de árboles caídos, retirar basura, etcétera-.

Si bien no existen protocolos específicos sobre cómo debe actuar la ciudadanía en estos casos, “constantemente [desde el sinae] realizamos recomendaciones” al respecto, dice Traversa. “No importa cuántas veces sean dichas, importa que sean escuchadas. Recién cuando el tema pasó por nuestras vidas solemos escuchar este tipo de recomendaciones, también porque al crecer la población urbana hemos perdido costumbres como tener velas a mano por si ocurre un apagón, que ahora no son frecuentes como en otras épocas, o tomar precauciones -como sigue ocurriendo en campaña- de cerrar las ventanas si se levanta viento, para que no embolse la construcción y así evitar que se vuelen los techos”, agregó.

Consultado por quejas sobre percepciones de caos, desesperación y falta de respuesta institucional que suele haber a nivel ciudadano durante las primeras horas de un evento como la turbonada ocurrida en San Carlos, el titular del sinae consideró que, “si ningún vecino saliera a ayudar podrían ver que los protocolos funcionan. Hay que ser consciente de que por donde transitamos puede haber riesgos, aunque es muy valorable tanta ayuda, solidaridad y colaboración”. Traversa dijo que entiende que la gente pueda querer una respuesta “ya”, pero que se debe entender, por ejemplo, que UTE no podía actuar en las primeras horas de la madrugada, porque había riesgos de electrocución, y que el protocolo indica actuar primero en zona urbana de baja tensión, para luego avanzar sobre zonas rurales y de alta tensión.

“Tenemos poca cultura preventiva y más reactiva. Hay que aprender de las circunstancias para mejorar las cosas”, añadió.

A LAS CHAPAS. Los tiempos de las respuestas institucionales no suelen acompañar la velocidad con que desean resolver la situación quienes quedaron a la intemperie de un momento a otro. Así pasó con el cien por ciento de los techos de 33 casas que son parte de la cooperativa del Plan de Vivienda Sindical del PIT-CNT, linderas a la estación de servicio completamente destruida que se vio en diversas coberturas periodísticas. Diez minutos de viento, a 110 kilómetros por hora, arrancó techos y paredes de estas construcciones prefabricadas, destruyendo cinco completamente. La Agencia Nacional de Vivienda va a cubrir los gastos de materiales, pero “la gente se desanimó”, dice Martín Camacho, integrante de la cooperativa.

“Este proyecto de construcción debería haber durado un año. Llevamos más de dos y recién conseguíamos tener 33 casas prontas. Nos faltaban 17 para terminar. Arrancamos hace cuatro años con los trámites, pero son muchas las trabas burocráticas entre el Ministerio de Vivienda, la empresa que te tiene que entregar los materiales, los certificados de regularidad que te piden renovar cada año”, contó Camacho. Tras el temporal, “muchos compañeros ya perdieron el sueño de la casa propia y además se les voló el techo de la casa que estaban alquilando, o el contenedor en el que vivían”, agregó.

¿Por qué optar de nuevo por poner chapas? ¿Acaso no es el mismo material que se voló, que se dobló como una sábana sobre la piscina municipal?

Salvador Schelotto, director nacional de Vivienda, señaló que no hay que generalizar sobre bondades o dificultades de un sistema constructivo: “Un buen sistema de techo liviano, como en este caso, no tiene por qué responder mal”. Sobre los techos que se volaron en cooperativas de viviendas dijo: “Probablemente tenían déficit desde el punto de vista del anclaje”.

Schelotto recordó que Vivienda da respuesta “estructural” a este tipo de eventos, diferenciándola de la respuesta emergencial del sinae que es responsable del envío –y por tanto, de la calidad– de los materiales, en coordinación con la Intendencia.

Quince cuadrillas formadas por arquitectos y asistentes sociales van casa por casa para relevar los daños. Luego informan a la brigada solidaria del SUNCA que asigna obreros para la reconstrucción de la vivienda, si sus propietarios así lo quisieran. A diez días de la turbonada, hay zonas por donde las cuadrillas todavía no pasaron, dijeron vecinos a Brecha.

Obreros no faltan: a pesar de que en esta época del año es la licencia en la construcción, llegaron desde San José, Durazno, Rocha y Dolores a dar una mano; algunos sin los implementos de seguridad necesarios, ya que los habían dejado en la obra donde estaban empleados, ya que se iban de vacaciones, explicó el presidente del SUNCA en Maldonado, Alejandro Rodríguez.

El secretario general de la Intendencia de Maldonado y presidente del Comité de Emergencia Departamental, Diego Echeverría, informó a Brecha que más de 700 casas fueron afectadas en forma parcial, estructural o total.

En San Carlos, la fase de rehabilitación terminó la semana pasada, afirmó Traversa, con la entrega de unas 300 canastas con materiales (con unas 1800 chapas y bolsas con portland) enviadas por el sinae. Echeverría aclaró que la IDM “no tiene injerencia” en la calidad de las construcciones que se hagan: “cada vecino construye según sus posibilidades económicas”.

Para el proceso de recuperación, y pensando que fenómenos climáticos de este tipo pueden producirse más seguido, “hay que trabajar en aspectos constructivos e identificar mejores sistemas con el Ministerio de Vivienda”, sostuvo Traversa. De volverse más habituales estos eventos climáticos, para el jerarca cabría pensar si construir casas de madera en vez de material, para que se vuelen y rápidamente se construyan otras; contar con un sistema de alerta que prepare a la población para bajar a los sótanos, donde resguardarse con víveres y cosas necesarias, y tener seguros de propiedad que cubran el valor completo de la casa, como se implementa en varias zonas de Estados Unidos donde los tornados son habituales.

ORGANIZARSE. Una mujer murió. 45 personas fueron atendidas por heridas, 5 de ellas de gravedad. Mientras Traversa indicó que van retornando a sus casas, Marcelo Cabrera afirmó que todavía hay gente con traumatismos que no se atendió en los servicios de salud “para no abandonar su casa ni sus hijos”. Cabrera es médico y educador en el grupo scout San Carlos Borromeo. Ayudó de manera voluntaria en Dolores haciendo recreación, tareas de limpieza, clasificando y entregando donaciones. Ahora no podía dejar de hacer lo mismo en su ciudad.

“Aquí no hubo emergencia sanitaria, pero no se contempló la atención psicológica para quienes perdieron todo y sienten impotencia o depresión”, dice. Rodríguez, del SUNCA, también advierte que la gente quedó “muy afectada: sienten un ruido y se exaltan”.

Para Cabrera es clave aprender de quienes ya tuvieron una experiencia y brindar una respuesta colectiva. Toma el grupo “Reconstrucción de Dolores” como ejemplo de que la sociedad civil (profesionales, comerciantes, agroindustriales) se puede organizar para no superponer acciones con las instituciones de gobierno y brindar respuestas especialmente en los barrios “de la gente más modesta”.

En las próximas horas comenzarán las laboriosas tareas de reconstrucción en Maldonado. Jóvenes y obreros no han parado de ayudar, a pesar de la falta de agua y de comida en el gimnasio donde clasificaban ropa para donar (tantas veces sucia, tantas otras rota), a pesar de algunos cascos y tablones que faltaban.

Otra vez ha germinado la solidaridad expuesta a riesgos, con el cielo como testigo.

En condicional

A dos meses de la puesta en funcionamiento de la nueva Unidad número 9 “El Molino” en un predio lindero a la cárcel femenina más grande del país (Unidad número 5), organizaciones de derechos de la niñez señalan que no hay mejoras sustantivas respecto del anterior establecimiento, y les preocupa el alto número de sancionadas, las condiciones higiénicas, la calidad de la alimentación y la falta de actividades educativas y laborales.

Hay algo extraño en pasar más de 15 minutos hablando en el baño de una cárcel con una mujer presa: naturalizar que un bebé llora en el piso. Recostado sobre su lado izquierdo, llora. A gritos. No sé si quien está cerca es su mamá. Estoy segura de que uno de sus hijos es otro niño, en el cochecito, que la mira mientras ella lava su ropa interior en el lavatorio. También sé que es su hija una niña de 4 años, que vuelve a las tres de la tarde de la guardería. ¿De quién es el niño que llora y nadie arrulla?

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Cargar con la pena

El 40 por ciento de las mujeres presas en Uruguay lo están por causas vinculadas a delitos de drogas. Gran parte son primarias, madres solteras, jefas de hogar y rondan los 23 años de edad. La experta en políticas de drogas desde un enfoque de derechos Coletta Youngers dialogó con Brecha y reiteró su propuesta de que las medidas sustitutivas a la prisión sean parte de la solución del problema.

Las mujeres son el último eslabón en las cadenas del narcotráfico. El más reemplazable, descartable, olvidable. Tienen tareas de bajo nivel pero de alto riesgo. Se suele decir que son el componente “más débil”, aunque la debilidad –tan asociada, como característica, al género femenino– poco tiene que ver con mujeres que en toda América soportan penas de entre diez y veinte años de prisión por delitos de microtráfico o narcomenudeo.

Cargan con la pena muchas veces para encubrir (y, al hacerlo, salvar) a sus parejas varones, a primos o a hermanos envueltos en redes de narcotráfico, incluso inculpándose en hechos que no cometieron. Otras se vinculan al tráfico como “mulas”, en una estrategia de supervivencia del núcleo familiar, y su detención aumenta la vulnerabilidad personal y de sus familiares dependientes.

En ellas la condena es doble: por el delito de drogas que la justicia penal entiende que cometieron, castigándolas con penas desproporcionadas; y por ser mujeres y “correrse” de un rol hegemónico que culturalmente nos construye pasivas y en el hogar, al volverse “peligrosas”, “locas”, “drogadictas”, “delincuentes”, “violentas” –aspectos más asimilados como masculinos–.

A esto se suma que las cárceles para mujeres siguen siendo los lugares residuales del sistema penitenciario: edificios que no fueron siquiera diseñados para tal fin, como el antiguo hotel de alta rotatividad donde se ubicaba la Unidad 9, El Molino, o ex hospitales (la Unidad 5) y galpones. Y además la dificultad para acceder a una defensa justa y a tiempo. Según los últimos datos del Observatorio de Drogas, 40 por ciento de las mujeres presas tienen una causa vinculada a delitos de drogas –frente a un 8 por ciento de varones encarcelados por el mismo motivo–, 60 por ciento de ellas son jefas de hogar y, en el momento de su detención, vivían con sus hijos. Una de cada cinco tiene menos de 23 años.

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Encuentreras

Unas 70.000 mujeres participaron durante los días 8, 9 y 20 de octubre en el 31° Encuentro Nacional de Mujeres en Argentina, esta vez en la ciudad de Rosario, reflejo descarnado de la desigualdad en el país vecino. Por segundo año consecutivo, la policía reprimió cuando la marcha pasaba por la Catedral y hubo manifestantes y periodistas heridos.

Una ciudad tomada por mujeres. Desde hace 31 años confluyen en un punto del país para hablar de ellas, con ellas, entre ellas. Afirmaciones con tufillo a lugar común, se hacen carne y cuerpo, abrazo y emoción. Una forma femenina y feminista de hacer política: desde el amor, el cuidado y el reconocimiento a las otras.

Para Dahiana Belfiori, integrante de Socorristas en Red, que participa desde 2005 en el ENM, “cada encuentro es la posibilidad de encontrarme con compañeras de distintos lugares de Argentina y de Latinoamérica, en abrazos emocionados, en alegrías y luchas compartidas, y reafirmar la concreción de las luchas que vamos dando en estos años, reconociéndonos en quienes nos precedieron abriendo camino. Aquí se ve el movimiento amplio de mujeres, que se potencia con las diferencias y miradas diversas de la realidad. Hemos podido construir consignas claras en contra del heteropatriarcado, en contra de violencias cotidianas, en contra de aquello que nos molesta y nos hiere cotidianamente. Cada encuentro es la posiblidad de que una nueva mujer habite en este espacio; la posibilidad concreta de que participe. Es un gran evento político que nos habilita a seguir pensándonos. Es un ejercicio concreto de libertad”.

Cada ENM es único, inédito, pluralista, horizontal y pacífico. Y sigue cierta estructura: se realiza el fin de semana largo de octubre y tiene acto de apertura y talleres; una plaza feminista donde hay radios abiertas y feria de libros, vestimenta y stands de organizaciones políticas y sociales; marcha y fiesta lésbica el sábado; marcha y peña el domingo; acto de cierre el lunes. La Comisión Organizadora se conforma de manera independiente, abierta y autogestionada en cada ciudad donde se lleve adelante.

El escenario elegido para el 31 ENM fue a la vera de un río Paraná que sangra por las y los jóvenes que padecen la represión y la violencia institucional sistemáticamente, recrudecida en los últimos días con la llegada de Gendarmería a la ciudad y con la decisión del gobernador Miguel Lifschitz de unificar la tres direcciones policiales que investigan delitos complejos (casos de narcotráfico y narcomenudeo, trata de personas y la Policía de Investigaciones) para potenciar un grupo comando con presencia continua en los barrios estigmatizados como “violentos” y “peligrosos”; además se creará una Policía Judicial.

Es importante que recordemos qué significa Rosario en términos económicos y productivos para los poderosos del país -dijeron desde la Comisión Organizadora del Encuentro-. Por estos puertos de Rosario y su cordón, hoy en manos extranjeras, se llevan el 75% de la producción nacional. Por allí circula libremente el tráfico de armas y drogas y la trata de personas, que se han convertido en los negocios más redituables e impunes de los últimos años, para beneficiar a los ganadores de siempre: los grandes monopolios imperialistas, las patronales y los terratenientes. Mientras salen por los puertos de Rosario las riquezas que produce el pueblo, nuestra ciudad es el reflejo descarnado de un país donde, a la par de la concentración de la riqueza, crecen la desigualdad y el hambre. El Gran Rosario registró, en el segundo trimestre, el nivel más alto de desocupación: el 11,7%. Nuestra ciudad se ha vuelto territorio de operaciones de bandas narcocriminales, un negocio millonario del que participan y son protagonistas policías, políticos de todos los niveles del Estado y empresarios, con la complicidad del Poder Judicial, mientras nuestras barriadas populares padecen los efectos más brutales de la devastación neoliberal. Las madres y las hermanas, las jefas de hogar, las abuelas son quienes se hacen cargo de las familias destruidas por la lógica de reclutar soldaditos y bandas, quienes sufren las principales consecuencias de estas violencias. Pero también son quienes encabezan las luchas por justicia y los reclamos frente a la violencia institucional al ver asesinadas y asesinados a jóvenes en manos de la policía. Con Elsa Godoy como símbolo, fallecida este año, homenajeamos a todas esas valientes mujeres que luchan por justicia”.

De las 70.000 que participaron, siendo la convocatoria más grande hasta el momento, 35.000 estuvieron alojadas en 150 escuelas. Los 69 talleres propuestos se multiplicaron en 300 comisiones que desbordaron salones, pasillos, gimnasios y parques. Unas 140 actividades culturales se dieron en simultáneo durante la noche del sábado, y la marcha del domingo fue caminada durante 40 cuadras por casi 100.000 personas.

Por primera vez se realizaron talleres sobre Mujeres y Cannabis y Mujeres afrodescendientes. Como cuando se realizó en Rosario en 2003, este año el ENM volvió a tener un taller sobre Mujeres trabajadoras sexuales que hizo énfasis en la posición reglamentarista frente a la abolicionista. En su momento, el taller fue coordinado por Sandra Cabrera, referente de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), asesinada en 2004 por denunciar la corrupción policial en casos de explotación sexual de niños y niñas, trata de personas y violación de los derechos humanos contra las mujeres. Esta vez, el taller estuvo a cargo de activistas jóvenes como Georgina Orellano, quien destacó la capacidad de las trabajadoras sexuales de decidir, de poner sus propias condiciones, de defenderse -en especial, de la violencia policial, que las hostiga y coimea-: “Indigno es que nos detengan en comisarías por hasta 30 días por hacer uso del espacio público. No es indigno hacer uso de mi genitalidad y ponerle un precio. ¿Hasta cuándo vamos a discutir, si la que pone el cuerpo soy yo? Si seguimos pensando que la concha es sagrada difícilmente, compañeras, vayamos a combatir el patriarcado”, dijo Orellano.

El aborto es otra lucha que cada año convoca y nuclea más participantes. Durante el ENM de 2003 surgió como propuesta crear la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Ahora, el taller de Estrategias para el aborto se multiplicó por 14 comisiones, varias de ellas coordinadas por Socorristas en Red, superando tensiones que se daban en estos espacios en años anteriores, donde todavía algunas participantes cuestionaban si el aborto era o no un acto ilegal. Hoy miles usan el pañuelo verde, símbolo de la unidad para reclamar por la vida y la salud de mujeres como Belén de Tucumán o Yamila de Rosario, privadas de libertad por abortar. Desde el ENM se pidió el desprocesamiento, la anulación de la condena y la inmediata absolución de ambas.

Hijos de Macri. Quienes no dieron el brazo a torcer fueron los provocadores de siempre: grupos antiderechos, mayoritariamente de varones, que rezan a lo largo de la marcha, tiran “agua bendita”, y se parapetan frente a la Catedral a rezar en Padre Nuestro, cuando la movilización se hace presente y reclama que la Iglesia católica no intervenga en las decisiones que las mujeres tomamos sobre nuestros cuerpos.

Hubo algunos forcejeos y la policía con cascos y escudos se formó para defender el edificio, que tenía vallas y fenólicos impidiendo el ingreso. A pesar de que la Comisión Organizadora había acordado con el gobierno provincial que no hubiera presencia de policía armada, sino sólo policía local, la Guardia de Infantería utilizó a la policía comunitaria femenina como escudo humano y empezó a tirar balas de goma. Además de que a lo largo de la marcha casi no hubo el control de tránsito comprometido por la gobernación (que implicó cortar las calles con cordones humanos improvisados, a riesgo de ser atropelladas) el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro,“nos echó la culpa por la represión, siendo que hubo provocaciones previas y que los fenólicos fueron derribados por encapuchados infiltrados”, dijo a Brecha la integrante de la comisión organizadora, Mabel Gabarra. “Todo se desarrolló con normalidad hasta ese momento y, en adelante, tendremos que pensar más estrategias contra la represión”, que volvió a repetirse como en el ENM de 2015 en Mar del Plata. “Miles de mujeres hablaron de sus problemáticas durante dos días y tocamos puntos muy molestos para el status quo: marchamos contra los violadores, los feminicidios, la desocupación, queremos el aborto legal. Molesta que la marcha exprese el rechazo ante este sistema que no da para más”, añadió.

Entre las heridas por balas de goma hubo dos cordobesas, y seis periodistas, una de ellas es Johana, fotógrafa de La Garganta Poderosa, que escribió en ese medio periodístico villero: “Es la primera vez que participo del Encuentro de Mujeres. Estaba cubriendo lo que pasaba, y ahí nomás un policía empezó a reprimir. En un momento, empezaron a correr hacia nosotros, y con un grupo nos escondimos detrás de un auto. Me disparó a la cara, a dos metros de distancia”.

Color, alegría, calor, se empañaban entre dos horas de preocupación para quienes ya se habían desmovilizado y seguían los ataques por transmisiones en vivo a través de las redes sociales, para quienes seguían marchando y debían esquivar balas y gases, y para quienes organizaron durante un año lo que habían sido 48 horas de fiesta mujeril.

Mientras las recriminaciones por las pintadas y grafitis pretendían justificar una represión salvaje y discrecional, miles volvieron a reunirse el lunes en el cierre frente al Monumento a la Bandera, para sentir esa energía que desprende el Encuentro en carne propia, “al cruzar miradas por todos lados con tantas mujeres tan diversas, que estábamos ahí, reivindicando nuestras luchas todas juntas, emocionadas hasta las lágrimas, reivindicándonos fuertes y libres”, dice Alejandra Álvarez, uruguaya que asistió por primera vez junto a una delegación de cien mujeres. “Diversidad, alegría y firmeza”, así define ella este espacio, que el año que viene volverá a crecer en la provincia del Chaco, donde una vez más se montará un caldero para luchar y conquistar nuestros derechos.

Utopías de control

La “portación de rostro” es condición para cacheos y detenciones de jóvenes pobres que viven en barrios periféricos, interceptados mayoritariamente de noche en su vecindario o en el centro de la capital, amenazados con armas de fuego, picaneados o desnudados en la vía pública, en allanamientos o en comisarías. Brecha accedió en exclusiva al informe sobre violencia policial que se presentará la próxima semana.

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Foto: Mauro Tomasini, Montevideo, 2015.

El adolescente muere en capítulos. Antes (y después) de la muerte literal tendrá muertes simbólicas. Cada vez que fue señalado por el agente como sospechoso, cada vez que el policía se bajó del patrullero y le dijo: “Estás de vivo, mugriento de mierda”, cada vez que la Republicana entró a su casa y rompió algún recuerdo, lo desnudó, lo engrilló, lo mantuvo al menos cinco horas incomunicado en la comisaría, lo largó y le dijo que ni pensara en denunciar.

Las prácticas de control social mediante detenciones, cacheos y rondas policiales por ciertos barrios montevideanos convertidos en el “eje del mal”, se aplican en forma discrecional a adolescentes y jóvenes amparadas en leyes,1 en discursos y en medidas como el Programa de Alta Dedicación Operativa (Pado), que implica la presencia de 1.000 policías más en el área metropolitana.2

Adolescentes, jóvenes y violencia policial en Montevideo. Una aproximación descriptiva3 es un estudio casi único en el Uruguay posdictadura4 que analiza las distintas formas en que opera y se relaciona la Policía con personas de entre 13 y 29 años, según los territorios donde viven y/o circulan, y propone repensar las políticas de seguridad en un “clima social y político que demanda control y punición”.

La investigación empezó en 2011. “A partir del trabajo en el terreno que hacíamos en el Serpaj empezamos a visualizar que había más violencia policial y presencia policial en determinados barrios periféricos de Montevideo”, cuenta Mauro Tomasini, integrante de dicha organización de derechos humanos. “Comprobamos –dice también– que había más intervenciones policiales en estas zonas de nivel socioeconómico más bajo, y que no se ajustaban a ningún tipo de normativa. Para que la percepción no fuera tan individual, quisimos objetivar el modo de intervención del sistema policial en el espacio público, saber qué limites y alcances tenían estas intervenciones y describir las percepciones juveniles sobre la Policía en su conjunto y en la actuación en el territorio.”

El equipo de investigación creó un formulario especial para la Encuesta de Violencia Policial que aplicó a adolescentes y jóvenes montevideanos, dividiendo el terreno de estudio en cuatro zonas: Oeste-noroeste, Este-noreste, Sur-sureste y Centro-centro norte (véase recuadro “Cuatro zonas”).

Cada año, unos 13.560 jóvenes se ven involucrados en intervenciones policiales. La mayoría son varones. El 64 por ciento manifestó haber sido parado en la calle al menos una vez, y 21 por ciento más de seis veces en los últimos cuatro años.

Una de las principales conclusiones del estudio es que a los jóvenes de las zonas Oeste-noroeste y Este-noreste los detienen más en sus barrios de residencia y en el centro. ¿Este resultado fue una sorpresa? “Partimos de la base de que la sociedad ha construido un sujeto sospechoso, que es joven o adolescente, varón, y vive en esas zonas. Y eso fue lo que encontramos. Llaman la atención los números tan altos de detenciones o cacheos en zonas que no son las de residencia de los chiquilines, pero no nos sorprendió a qué sujetos paran. Hay determinada imagen de sujeto peligroso que maneja la Policía, que se condice con la imagen de sujeto peligroso que tiene la sociedad”, señala Tamara Samudio, investigadora que coordinó el trabajo de campo.

La zona Este-noreste concentra la mayor proporción de jóvenes que declaran haber sido parados por la Policía (38 por ciento), le siguen el Centro (29 por ciento) y la zona Oeste-noroeste (20 por ciento). El 45 por ciento de los jóvenes que tuvieron contacto con la Policía residen en cinco barrios de Montevideo5 y declaran haber sufrido el accionar policial tanto en sus barrios de residencia como en el Centro. El 69 por ciento del total fue cacheado en la calle, pero hay quienes también lo fueron en plazas, eventos deportivos y espectáculos artísticos.

“Está muy estudiado el tema de la selectividad policial. La Policía construye determinado perfil del detenido, en este caso, joven”, añade Tomasini. En su accionar reproduce ciertas operaciones simbólicas sociales que han construido “enemigos que se hacen carne en determinados cuerpos con ciertos perfiles vinculados a barrios de contexto crítico”, continúa.

Esta operación es una de las consecuencias más evidentes de décadas de fragmentación social en Uruguay, que ha dificultado la convivencia al profundizarse la segregación espacial y robustecerse un discurso conservador hegemónico en el que seguridad es sinónimo de “seguridad física”, amenazada por estos enemigos simbólicos sometidos a una sospecha metódica.

¿A quiénes detienen en forma rutinaria en el sur de Montevideo? A jóvenes de la zona Este-noreste que se trasladan a la Playa del Buceo, a barrios donde hay acceso a determinados bienes culturales y recreativos, a los que, se supone, los jóvenes del Centro y la periferia también deberían poder accederanaliza Tomasini.

Las relaciones entre jóvenes y policías se establecen mediante la violencia física, la vigilancia constante y el control de los funcionarios, con referentes ministeriales que entienden que la presencia del Estado en el territorio debe darse con más efectivos en los barrios marginales de la capital, y que justifican allanamientos nocturnos sin orden judicial.6

MUCHA TROPA RIENDO EN LA CALLE. El informe no habla sobre casos de gatillo fácil, sino de las lógicas policiales habilitadas por burocracias violentas construidas a través de abusos de poder hacia jóvenes de barrios periféricos. Ese “enemigo simbólico” construido por los discursos políticos, reforzado en inflaciones punitivas y sostenido día a día con procedimientos policiales en los que confluyen la violencia verbal –con descalificaciones constantes de policías hacia adolescentes, llamándolos “pichi”, “bobito”, “falopero”–, los golpes y la incomunicación durante su detención en las comisarías.

El estudio no habla de Sergio Lemos, ni de Ruben Martínez Mieres, ni de Bruno González. Habla de por qué Sergio Lemos y los demás jóvenes que visten con gorra, pantalones ajustados, championes enormes, vecinos de las zonas Este-noreste y Oeste-noroeste de Montevideo, fueron construidos por las fuerzas policiales como “seres matables”.7 El mal tiene cara de joven con ropas deportivas, presunto consumidor de pasta base que ni estudia ni trabaja.

El estudio pretende instalar la violencia institucional como categoría de análisis para abrir campos de investigación y pensamiento social que aborden las políticas de seguridad y convivencia democrática, abarcando en su definición no sólo las acciones violentas (físicas o verbales) sino también la desestimación de denuncias, las investigaciones no realizadas en tiempo y forma, la negación de medidas preventivas para las víctimas, los retrasos en el accionar judicial.

Los investigadores entienden que hay cierta resistencia a utilizar esta categoría porque “se sigue viendo a la violencia institucional como un problema de Argentina o Brasil, debido a la percepción de pasado idílico que sigue pesando en Uruguay”.

Sólo el 11 por ciento de los encuestados señaló que su caso derivó en un proceso judicial, lo que prueba que “no se detiene (a los jóvenes) por una cuestión preventiva, sino para el ejercicio del poder; para la legitimidad del Estado en términos de miedo, de sometimiento, de aplicar el control a través de la selectividad social y territorial”, analiza Tomasini. “Lo que sucede ahora es una variación de lo que sucedió siempre. Sólo que ahora el espacio público se achica mucho más, por dispositivos tecnológicos y mayor presencia policial que controla los territorios.”

EL PRIMER POLICÍA. En algunos casos en que murieron jóvenes sospechosos de haber cometido un delito aparecen policías implicados que no estaban en su horario de trabajo.8 ¿Cómo opera el ser policía las 24 horas? “Ese es el problema: al presentarse Bonomi como el primer policía, (el ministro) no está operando políticamente –opina Tomasini–. Se tendría que haber derogado eso de ser policía las 24 horas, porque gran parte de los agentes muertos acaban así en horarios en que no cumplían su función. Cuando un policía (fuera de funciones) opera en un conflicto social no tiene un marco de intervención, está solo. Es lo que pasó con el oficial de la Republicana que iba en bicicleta solo y lo mataron. Uno no puede intervenir en la calle con un arma como si fuera a rescatar un gatito de un árbol; tiene que medir la proporcionalidad, la progresividad y la racionalidad en su acción, medir la fuerza para que haya el menor daño posible entre las dos partes. A su vez, hay que revisar por qué determinadas áreas de la Policía sólo dependen directamente del ministro del Interior, así como las razones que llevaron a la expansión territorial de ciertos sectores más militarizados de la Policía en determinados barrios de la capital.”

El Ministerio del Interior es la repartición estatal con mayor porcentaje de denuncias en contra ante la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), por abusos de autoridad y violaciones a los derechos. Sin embargo, las máximas autoridades responden desde un refuerzo positivo del accionar policial violento, sin hacer autocrítica. Bonomi señala que “son casos aislados” y Alfredo Clavijo (director de la Guardia Republicana) se desentiende diciendo que son casos ocurridos “en la gestión anterior”.9 Con estas respuestas cabe preguntarse si hay un diálogo posible para reformar las políticas de seguridad. Los investigadores señalan que un punto clave es que “no hay una misma visión desde el Estado sobre cómo abordar la seguridad en el territorio” y que debería analizarse “cuánto retrasa, deforma o minimiza una política de seguridad a una política social que interviene en el territorio, si dentro de un centro juvenil se promueven derechos pero luego esos jóvenes salen a la calle y los para la Policía, los ningunea y les dice que son unos pichis que no tienen derechos”.

“La política de seguridad del FA ha sido represiva. Una política de seguridad es más que la respuesta represiva ante el delito, pero Bonomi siempre habla de cuestiones de seguridad solo, sin dejar que intervengan otros actores”, dice Samudio.

Preocupa que en esta década frenteamplista no se haya podido construir otro modelo de seguridad. Tomasini sostiene: “El Frente Amplio siguió una agenda de derecha, conservadora. Usa las mismas herramientas y mecanismos punitivos que otrora criticaba. La fuerza política no quiso construir una política de derechos. Los presidentes sostuvieron a ministros en determinados cargos. Acá no hay monstruos. La política de Estado ha tenido un giro punitivo: en 2005 el FA presentó su política de seguridad junto a un juez argentino de perfil garantista, Raúl Eugenio Zaffaroni; ahora traen a expertos en mano dura y tolerancia cero más cercanos al ex alcalde neoyorquino Rudolph Giuliani. A nadie se le podía ocurrir que la teoría de las ventanas rotas fuera usada para justificar la aprobación de la ley de faltas y, sin embargo, la usaron. El gobierno no quiere dar lugar a socializar un poco las decisiones en materia de seguridad”. 

  1. Ley de seguridad ciudadana (1995), ley de procedimiento policial (2008) y ley de faltas (2013).
  2. “Esta iniciativa surge como respuesta al incremento de los delitos violentos en ciertos puntos críticos de la capital y departamentos vecinos. Los 1.000 policías ejecutivos, que tienen como primer objetivo la prevención y disuasión del delito, recorrerán los distintos circuitos en móviles, motos o a pie”, señala la web del Ministerio del Interior (MI).
  3. Realizado por el Serpaj, el Ielsur, la Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar, el Instituto de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (Iesta) y el Mides. Se presentará el viernes 15 de julio, a las 11 horas, en la antesala del Senado.
  4. Un antecedente valioso es el estudio del Serpaj “Derechos civiles de la población, Encuesta de hogares. Actuación policial en barrios periféricos”, de 1990.
  5. La Paloma-Tomkinson (16 por ciento), Casavalle (8 por ciento), Villa García-Manga rural (8 por ciento), Paso de las Duranas (7 por ciento) y Tres Ombúes-Victoria (6 por ciento).
  6. Entrevista a Gustavo Leal, asesor del MI, en Arriba gente, “Otra mirada sobre lo acontecido en el Marconi”, en Canal 10 (2-VI-16).
  7. Basado en María Victoria Pita, Formas de morir y formas de vivir. El activismo contra la violencia policial. Ediciones del Puerto, Cels, Buenos Aires, 2010.
  8. Como el caso de Daniel Aguirre (19 años), que fue baleado el 21 de marzo por un policía que custodiaba un camión de reparto de cerveza en el barrio Las Acacias. El joven volvía del velorio de Agustín Aramburu, también de 19 años, que había sido asesinado por un policía en Manga.
  9. La Diaria, 21-VI-16.

Cuatro zonas

El estudio dividió el mapa de Montevideo en cuatro zonas para analizar los barrios donde ocurren las intervenciones policiales.

Centro-centro norte. Centro, Cordón, parque Rodó, Prado-Nueva Savona, Tres Cruces, La Comercial, Aguada, Capurro-Bella Vista, Paso de las Duranas, Parque Batlle, Villa Muñoz-Reducto, Jacinto Vera.

Este-noreste. Casavalle, Cerrito, Las Acacias, Manga-Toledo, Maroñas, Jardines del Hipódromo, Castro, Carrasco Norte, Malvín Norte, Colón-centro, Colón, Sayago, Villa Española, Unión, Punta de Rieles, Villa García, Manga, Manga rural.

Oeste-noroeste. La Paloma-Tomkinson, Cerro, Nuevo París, Casabó, La Teja, Belvedere, Paso de la Arena.

Sur-sureste. Buceo, Punta Carretas, Carrasco, Malvín, Pocitos.

Violencia policial en el espacio público

Motivos: entre 2011 y 2014, 16 por ciento de los jóvenes ha tenido al menos un contacto con la Policía. Sólo en el último año las intervenciones ascienden a 98 por día.

Agresiones: jóvenes de todos los barrios encuestados declaran haber recibido golpes y lenguaje inapropiado en el momento de la intervención policial.

En el momento de la detención la Policía apuntó con arma de fuego (16 por ciento), esposó (11 por ciento), golpeó con el bastón (8 por ciento), efectuó disparos intimidatorios (4 por ciento), picaneó (2 por ciento).

Violencia policial en allanamientos

  • Setenta y siete por ciento de los allanamientos en domicilios presenciados por jóvenes ocurrieron en las zonas Oeste (32 por ciento) y Este (45 por ciento), 68 por ciento de los allanamientos ocurrieron de noche.
  • El 32 por ciento de esos allanamientos ocurrió en la casa del joven encuestado y 68 por ciento en otro hogar en el que se encontraba en el momento del procedimiento.
  • En el 55 por ciento de los allanamientos la Policía no se identificó como tal.
  • Sólo en 34 por ciento de los casos los efectivos mostraron la orden del juez para ingresar al domicilio.
  • En 32 por ciento de las veces se rompió algo en el lugar.
  • Durante los allanamientos la Policía usó: balas de goma (15 por ciento), agresión física (12 por ciento), agresión verbal (9 por ciento), grilletes (10 por ciento) y esposas (8 por ciento), picana (2 por ciento), el “sospechoso” fue desnudado (2 por ciento).

Detrás de cada gorra…

“Empezamos a pensar este estudio en 2011 para analizar los efectos de la ley de procedimiento policial que modificó y reconfiguró las relaciones entre el sujeto y el Estado, más aun con adolescentes que ocupan el espacio público. No es menor que esa ley haya modificado las atribuciones que se toma la Policía para decidir parar a ciertos jóvenes, porque cuando uno tiene la posibilidad normativa de detener a alguien sin ningún tipo de razón, lo que hace es profundizar la violencia estatal hacia el sujeto”, señala Mauro Tomasini, quien ha dado seguimiento a varios casos de violencia policial que llegaron al Serpaj.

Las divisiones responsables de las intervenciones policiales callejeras que sufrieron los jóvenes fueron mayoritariamente Radio Patrulla y la Guardia Republicana. En casi la mitad de las oportunidades les dijeron que los paraban por “control de rutina”, pero también por “pedido de documentación”, por “averiguación de delito”, y en un 11 por ciento de los casos “sin motivo alguno”.

“Cómo interviene la Policía tiene que ver con una cuestión netamente política, en el sentido de una perspectiva de derechos, de normativa, de responsabilidad, de proporcionalidad del uso de la fuerza. Más allá de que uno pueda pensar ciertas cuestiones a nivel de reforma, tiene que ver con una cuestión política. Hay que recuperar el sentido político de la institución policial y no dejar la intervención bajo el criterio de que ciertas prácticas forman parte de la ‘naturaleza’ de dicha institución”, agrega el defensor de derechos humanos.

Estas consideraciones adquieren mayor relevancia si se registra que en el 79 por ciento de las intervenciones los policías no se identificaron como tales, sumado a que el 59 por ciento de los procedimientos en el último año fueron cometidos de noche, y que en el 17 por ciento de las veces los y las jóvenes fueron cacheados por agentes del sexo opuesto (contraviniendo el artículo 55 de la ley de procedimiento policial).

Tomasini sugiere que habría que hacer un estudio etnográfico sobre las personas que integran las fuerzas policiales: “Hay un montón de características que hacen pensar que no sólo la Policía selecciona el grupo de jóvenes sobre los cuales intervenir, sino que también selecciona qué tipo de personas integran su personal”.

 … HAY UN PIBE CON SU HISTORIA. ¿Qué estereotipos pesan a la hora de detener a un joven? Los encuestados respondieron: su vestimenta (83 por ciento), andar en grupo (69 por ciento), su situación económica (63 por ciento). E influye cómo la Policía percibe la relación joven-delito, por ejemplo identificando a aquellos que van en moto como presuntos sospechosos de un delito. “El tipo que va en moto va a tener más posibilidades de ser parado por la Policía”, dice Tomasini, recordando el caso del Marconi el pasado 27 de mayo, en el que dos agentes dispararon a dos jóvenes que iban en moto, a los que perseguían por sospechar que la habían robado. Mataron a uno de ellos y el otro, de 17 años, quedó internado varios días en el Cti con la mandíbula rota, un coágulo en el cerebro y un ojo destrozado, debido a las patadas propinadas por los policías.

La violencia verbal es la expresión más clara de la violencia simbólica ejercida por los policías hacia los jóvenes. Fue percibida por el 44 por ciento de los encuestados que tenían entre 18 y 23 años. A su vez, 40 por ciento de los varones encuestados y 12 por ciento de las mujeres dicen haber sufrido maltrato verbal por parte de la Policía. El 65 por ciento piensa que ésta los trata peor que a los adultos. La mitad opinó que la Policía no es efectiva en la prevención del delito.

A diferencia de los resultados de la Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud realizada en 2008 y 2013 que, a nivel nacional, indicaba que el 29 por ciento de los jóvenes tienen confianza en la Policía, la Encuesta de Violencia Policial en Montevideo señala que sólo el 18 por ciento confía en la institución policial y que, a medida que sube la edad, sube la desconfianza. Esto redunda en el bajo porcentaje de denuncias realizadas por jóvenes que no confían en el mecanismo y desconocen que pueden hacerlas ante la Institución Nacional de Derechos Humanos.

Violencia policial en comisarías

Siete por ciento de los jóvenes encuestados estuvo detenido en comisarías.

El 28 por ciento tuvo más de tres detenciones en los últimos cuatro años. El 10 por ciento tuvo diez detenciones entre 2011 y 2014.

El 36 por ciento fue trasladado con esposas (8 por ciento esposado a un objeto fijo dentro del patrullero, contraviniendo la ley 18.315).

Traslados: 19 por ciento fue trasladado a la Seccional 19, ubicada entre los barrios La Teja y Belvedere, comisaría que comparte los mayores porcentajes registrados de violencia junto a las seccionales 10, 11, 13 y 17.

El 48 por ciento no recibió atención médica tras recibir lesiones durante su traslado o detención.

En la comisaría:

  • 55 por ciento fue incomunicado durante su detención y el mismo porcentaje permaneció en un calabozo.
  • 42 por ciento estuvo incomunicado entre dos y cinco horas, 29 por ciento entre nueve y 12 horas.
  • 45 por ciento sufrió violencia verbal.
  • 27 por ciento sufrió violencia física.
  • 54 por ciento lo mantuvieron esposado durante su encierro en los calabozos.
  • 25 por ciento fue apuntado con un arma de fuego.
  • 21 por ciento fue desnudado.
  • 7 por ciento fue picaneado.

Sin ir más lejos

Esta semana un policía de Canelones fue procesado con prisión por homicidio. El domingo 4 había baleado a un joven de 22 años que iba en moto con un acompañante, a quien perseguía como sospechoso del robo en una parada de ómnibus.

El lunes 5 el Ministerio del Interior inició un sumario administrativo y separó preventivamente del cargo a dos integrantes de la Guardia Republicana por detener, agredir verbalmente y acosar por celular a dos mujeres jóvenes en la zona de Montevideo Shopping. “Intimidar a un ciudadano por fumar marihuana, solicitar un dato que no se justifica en el marco del procedimiento (celular, dirección) y usar esa información para uso personal constituyen faltas graves que no condicen con el accionar dispuesto en la ley de procedimiento policial 18.315”, declaró el ministerio en un comunicado. Por su parte, Alfredo Clavijo, director de la Guardia Republicana, consideró que “el accionar del oficial fue ‘muy romántico, la verdad, creo que no hay que dejar pasar esto, pero me parece que la Republicana tome un teléfono para mandar un mensaje es como muy romántico’”(El País, miércoles 6).

Publicado en Brecha el 08 de julio 2016