“En el aborto hay algo potente: rompe el control de la dominación masculina”

Casi diez años después de terminar el trabajo de campo, Susana Rostagnol parió 285 páginas que celebran su implicancia como antropóloga feminista y describen cómo el aborto “condensa relaciones de poder que corresponden a la dominación masculina”.

Esta doctora en Antropología estudia las prácticas y representaciones en torno al aborto voluntario, cómo éstas son el resultado de las relaciones de género y cómo actúan para modificar o perpetuar esos vínculos. Entre juezas de concepciones puras y objetores de conciencia, la académica no duda: el éxito será mantener el derecho conquistado.

Lea el artículo completo aquí: Entrevista a Susana Rostagnol – Brecha.

Encuentreras

Unas 70.000 mujeres participaron durante los días 8, 9 y 20 de octubre en el 31° Encuentro Nacional de Mujeres en Argentina, esta vez en la ciudad de Rosario, reflejo descarnado de la desigualdad en el país vecino. Por segundo año consecutivo, la policía reprimió cuando la marcha pasaba por la Catedral y hubo manifestantes y periodistas heridos.

Una ciudad tomada por mujeres. Desde hace 31 años confluyen en un punto del país para hablar de ellas, con ellas, entre ellas. Afirmaciones con tufillo a lugar común, se hacen carne y cuerpo, abrazo y emoción. Una forma femenina y feminista de hacer política: desde el amor, el cuidado y el reconocimiento a las otras.

Para Dahiana Belfiori, integrante de Socorristas en Red, que participa desde 2005 en el ENM, “cada encuentro es la posibilidad de encontrarme con compañeras de distintos lugares de Argentina y de Latinoamérica, en abrazos emocionados, en alegrías y luchas compartidas, y reafirmar la concreción de las luchas que vamos dando en estos años, reconociéndonos en quienes nos precedieron abriendo camino. Aquí se ve el movimiento amplio de mujeres, que se potencia con las diferencias y miradas diversas de la realidad. Hemos podido construir consignas claras en contra del heteropatriarcado, en contra de violencias cotidianas, en contra de aquello que nos molesta y nos hiere cotidianamente. Cada encuentro es la posiblidad de que una nueva mujer habite en este espacio; la posibilidad concreta de que participe. Es un gran evento político que nos habilita a seguir pensándonos. Es un ejercicio concreto de libertad”.

Cada ENM es único, inédito, pluralista, horizontal y pacífico. Y sigue cierta estructura: se realiza el fin de semana largo de octubre y tiene acto de apertura y talleres; una plaza feminista donde hay radios abiertas y feria de libros, vestimenta y stands de organizaciones políticas y sociales; marcha y fiesta lésbica el sábado; marcha y peña el domingo; acto de cierre el lunes. La Comisión Organizadora se conforma de manera independiente, abierta y autogestionada en cada ciudad donde se lleve adelante.

El escenario elegido para el 31 ENM fue a la vera de un río Paraná que sangra por las y los jóvenes que padecen la represión y la violencia institucional sistemáticamente, recrudecida en los últimos días con la llegada de Gendarmería a la ciudad y con la decisión del gobernador Miguel Lifschitz de unificar la tres direcciones policiales que investigan delitos complejos (casos de narcotráfico y narcomenudeo, trata de personas y la Policía de Investigaciones) para potenciar un grupo comando con presencia continua en los barrios estigmatizados como “violentos” y “peligrosos”; además se creará una Policía Judicial.

Es importante que recordemos qué significa Rosario en términos económicos y productivos para los poderosos del país -dijeron desde la Comisión Organizadora del Encuentro-. Por estos puertos de Rosario y su cordón, hoy en manos extranjeras, se llevan el 75% de la producción nacional. Por allí circula libremente el tráfico de armas y drogas y la trata de personas, que se han convertido en los negocios más redituables e impunes de los últimos años, para beneficiar a los ganadores de siempre: los grandes monopolios imperialistas, las patronales y los terratenientes. Mientras salen por los puertos de Rosario las riquezas que produce el pueblo, nuestra ciudad es el reflejo descarnado de un país donde, a la par de la concentración de la riqueza, crecen la desigualdad y el hambre. El Gran Rosario registró, en el segundo trimestre, el nivel más alto de desocupación: el 11,7%. Nuestra ciudad se ha vuelto territorio de operaciones de bandas narcocriminales, un negocio millonario del que participan y son protagonistas policías, políticos de todos los niveles del Estado y empresarios, con la complicidad del Poder Judicial, mientras nuestras barriadas populares padecen los efectos más brutales de la devastación neoliberal. Las madres y las hermanas, las jefas de hogar, las abuelas son quienes se hacen cargo de las familias destruidas por la lógica de reclutar soldaditos y bandas, quienes sufren las principales consecuencias de estas violencias. Pero también son quienes encabezan las luchas por justicia y los reclamos frente a la violencia institucional al ver asesinadas y asesinados a jóvenes en manos de la policía. Con Elsa Godoy como símbolo, fallecida este año, homenajeamos a todas esas valientes mujeres que luchan por justicia”.

De las 70.000 que participaron, siendo la convocatoria más grande hasta el momento, 35.000 estuvieron alojadas en 150 escuelas. Los 69 talleres propuestos se multiplicaron en 300 comisiones que desbordaron salones, pasillos, gimnasios y parques. Unas 140 actividades culturales se dieron en simultáneo durante la noche del sábado, y la marcha del domingo fue caminada durante 40 cuadras por casi 100.000 personas.

Por primera vez se realizaron talleres sobre Mujeres y Cannabis y Mujeres afrodescendientes. Como cuando se realizó en Rosario en 2003, este año el ENM volvió a tener un taller sobre Mujeres trabajadoras sexuales que hizo énfasis en la posición reglamentarista frente a la abolicionista. En su momento, el taller fue coordinado por Sandra Cabrera, referente de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), asesinada en 2004 por denunciar la corrupción policial en casos de explotación sexual de niños y niñas, trata de personas y violación de los derechos humanos contra las mujeres. Esta vez, el taller estuvo a cargo de activistas jóvenes como Georgina Orellano, quien destacó la capacidad de las trabajadoras sexuales de decidir, de poner sus propias condiciones, de defenderse -en especial, de la violencia policial, que las hostiga y coimea-: “Indigno es que nos detengan en comisarías por hasta 30 días por hacer uso del espacio público. No es indigno hacer uso de mi genitalidad y ponerle un precio. ¿Hasta cuándo vamos a discutir, si la que pone el cuerpo soy yo? Si seguimos pensando que la concha es sagrada difícilmente, compañeras, vayamos a combatir el patriarcado”, dijo Orellano.

El aborto es otra lucha que cada año convoca y nuclea más participantes. Durante el ENM de 2003 surgió como propuesta crear la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Ahora, el taller de Estrategias para el aborto se multiplicó por 14 comisiones, varias de ellas coordinadas por Socorristas en Red, superando tensiones que se daban en estos espacios en años anteriores, donde todavía algunas participantes cuestionaban si el aborto era o no un acto ilegal. Hoy miles usan el pañuelo verde, símbolo de la unidad para reclamar por la vida y la salud de mujeres como Belén de Tucumán o Yamila de Rosario, privadas de libertad por abortar. Desde el ENM se pidió el desprocesamiento, la anulación de la condena y la inmediata absolución de ambas.

Hijos de Macri. Quienes no dieron el brazo a torcer fueron los provocadores de siempre: grupos antiderechos, mayoritariamente de varones, que rezan a lo largo de la marcha, tiran “agua bendita”, y se parapetan frente a la Catedral a rezar en Padre Nuestro, cuando la movilización se hace presente y reclama que la Iglesia católica no intervenga en las decisiones que las mujeres tomamos sobre nuestros cuerpos.

Hubo algunos forcejeos y la policía con cascos y escudos se formó para defender el edificio, que tenía vallas y fenólicos impidiendo el ingreso. A pesar de que la Comisión Organizadora había acordado con el gobierno provincial que no hubiera presencia de policía armada, sino sólo policía local, la Guardia de Infantería utilizó a la policía comunitaria femenina como escudo humano y empezó a tirar balas de goma. Además de que a lo largo de la marcha casi no hubo el control de tránsito comprometido por la gobernación (que implicó cortar las calles con cordones humanos improvisados, a riesgo de ser atropelladas) el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro,“nos echó la culpa por la represión, siendo que hubo provocaciones previas y que los fenólicos fueron derribados por encapuchados infiltrados”, dijo a Brecha la integrante de la comisión organizadora, Mabel Gabarra. “Todo se desarrolló con normalidad hasta ese momento y, en adelante, tendremos que pensar más estrategias contra la represión”, que volvió a repetirse como en el ENM de 2015 en Mar del Plata. “Miles de mujeres hablaron de sus problemáticas durante dos días y tocamos puntos muy molestos para el status quo: marchamos contra los violadores, los feminicidios, la desocupación, queremos el aborto legal. Molesta que la marcha exprese el rechazo ante este sistema que no da para más”, añadió.

Entre las heridas por balas de goma hubo dos cordobesas, y seis periodistas, una de ellas es Johana, fotógrafa de La Garganta Poderosa, que escribió en ese medio periodístico villero: “Es la primera vez que participo del Encuentro de Mujeres. Estaba cubriendo lo que pasaba, y ahí nomás un policía empezó a reprimir. En un momento, empezaron a correr hacia nosotros, y con un grupo nos escondimos detrás de un auto. Me disparó a la cara, a dos metros de distancia”.

Color, alegría, calor, se empañaban entre dos horas de preocupación para quienes ya se habían desmovilizado y seguían los ataques por transmisiones en vivo a través de las redes sociales, para quienes seguían marchando y debían esquivar balas y gases, y para quienes organizaron durante un año lo que habían sido 48 horas de fiesta mujeril.

Mientras las recriminaciones por las pintadas y grafitis pretendían justificar una represión salvaje y discrecional, miles volvieron a reunirse el lunes en el cierre frente al Monumento a la Bandera, para sentir esa energía que desprende el Encuentro en carne propia, “al cruzar miradas por todos lados con tantas mujeres tan diversas, que estábamos ahí, reivindicando nuestras luchas todas juntas, emocionadas hasta las lágrimas, reivindicándonos fuertes y libres”, dice Alejandra Álvarez, uruguaya que asistió por primera vez junto a una delegación de cien mujeres. “Diversidad, alegría y firmeza”, así define ella este espacio, que el año que viene volverá a crecer en la provincia del Chaco, donde una vez más se montará un caldero para luchar y conquistar nuestros derechos.

Salvar al hijo a pesar de todo

El Salvador tiene una de las leyes más restrictivas sobre el aborto: no lo permite siquiera cuando el embarazo es producto de una violación, o pone en riesgo de vida a la mujer, o supone malformaciones fetales. Los médicos no respetan la confidencialidad de la consulta y los fiscales acusan con suposiciones. Defender el derecho a decidir sobre el cuerpo parece un horizonte lejano.

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La Casa de Todas. Foto: Azul Cordo, San Salvador, mayo 2016

En las orillas de San Salvador, donde la maraña de calles con nombre y sin cartel se entreteje y las casas-trinchera se multiplican, ahí están los bomberos.

Revuelven la mierda para encontrar un feto.

Son las 8.30 de la mañana.

Hace algunas horas la policía acordonó ambos ingresos del pasaje donde vive María Teresa Rivera y se han encargado de que todas las vecinas se enteren. Ella es a quien buscaban con nombre, apellido y cargo.

¡¿Dónde vive la mujer que abortó?!”, vociferaron. Las palomas volaron desde el palo de mango.

Murmuraciones.

Ana las mira y se indigna. “Es feo que, como mujer, se critique a otra mujer”, dice.

Ana es vecina de María Teresa, esa mujer de estatura mediana, algo regordeta, de pechos grandes y mirada cansina, a quien llevaron esposada junto a un muchacho todo tatuado con quien subió a la perrera, el furgoncito enrejado que la trasladó hacia la cárcel de Ilopango.

Desde hace cuatro años, Teresa comparte el espacio con otras 3.600 presas que duermen una encima de la otra en 400 literas, en colchones bajo la cama, en hamacas o en el suelo. Allí, las aborteras –lo hayan decidido o no– son asesinas. Comeniños.

Tienen que decir que están por otros delitos”, cuenta Sara García, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico que, junto a Colectiva Feminista, lanzó en 2014 la campaña Las 17.

Mirian. Maritza. Marina. Salvadora. Ena. Carmen. Teodora. Guadalupe. Mariana. Mirna. Cinthia. Verónica. Alba. Johana. Evelyn. Teresa. María.

En 1998, El Salvador aprobó un nuevo código penal que incorporó el aborto como delito, con penas de dos a ocho años de prisión. Desde entonces, 150 mujeres –70 por ciento de las cuales tienen entre 18 y 25 años de edad– fueron procesadas. Actualmente, unas 25 están condenadas a penas que van de 30 a 40 años de prisión por homicidio agravado por el vínculo. Como María Teresa.

Desde su aborto no hubo otros en colonia Mejicanos. O quién sabe. Las mujeres del barrio quedaron con miedo a denunciar y a ser denunciadas. Las mujeres prefieren desangrarse antes que ir a la cárcel.

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Ese instante no se olvida. El día de Teresa comenzaba a las cinco y terminaba, maquila mediante, a las diez de la noche. La energía apenas le alcanzaba para hacer alguna tarea del kinder con Osvaldo cuando llegaba a su casa y disfrutaba cómo había crecido en estos seis años.

Esa madrugada húmeda del 24 de noviembre de 2011, María Teresa se levantó y fue al baño. Se sentía mal. Supuso que era el dolor renal con el que convivía desde hacía ya varios de sus 32 años. Su suegra, con quien vivía, escuchó un golpe. La mujer estaba desmayada. Sangre. El feto en la letrina. No sabía que estaba embarazada.

Como la policía no encontraba el ‘producto’, llamó a los bomberos, y éstos venían gritando por la loma que dónde vivía la mujer que había abortado. Perdieron la ética”, dice Ana, que integra el área de género del Servicio Social Pasionista, en Mejicanos.

En 10 años ella sólo había cruzado algún saludo con María Teresa para ofrecerle apadrinar a Osvaldo. Ahora es casi su único contacto con el afuera, a través de llamadas telefónicas. María Teresa no puede recibir visitas: la nueva ley dice que los presos sólo pueden ver a personas con las que tienen un vínculo consanguíneo. Es huérfana. Su suegra está muy mayor y enferma como para trasladarse hasta la cárcel para llevarle al niño para que lo vea. Su ex pareja, el padre de Osvaldo, nunca vivió con ellos; prefirió una botella de alcohol.

Ana opina que la condena de Teresa “es como estar muerta en vida”.

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Evangelina del Pilar del Sol escucha voces. Dice que son los bebés“ultimados”. La integrante de la fundación Sí a la Vida y autora de Confabulación comunista ha devenido en médium de los bebés que perdieron –y ella entiende que asesinaron– las 17 mujeres encarceladas por aborto. Ha hecho suyas las palabras de Pedrito y sus secuaces, a través de una carta publicada en El Diario de Hoy el 9 de mayo de 2015, en vísperas del Día de la Madre.

Hola queridas mamis, somos los 17 bebés que nos fuimos al cielo cuando se nos impidió el derecho a vivir en nuestro país El Salvador”, comienza la epístola.

Gentes malas las engañan –continúa– y las empujan a mentir diciendo que morimos por aborto espontáneo. Pero mamitas, no dejen que las usen así, porque harán que más mamás maten a sus bebés. (…) Y si arrepentidas se portan bien en la cárcel y rezan mucho a Jesús y su divina misericordia, por buena conducta podrían recuperar su libertad y llegar un día al cielo. Eso dijo Dios. ¡Felicidades mamitas. Las queremos!”

Quedan tres minutos del Día de la Madre 2016. Ya no se escuchan bombazos que inviten a misa. El televisor ofrece alabanzas a quien nos dio la vida. La publicidad del canal de la iglesia católica recuerda al televidente que hay que agradecer a cada madre su amor a través de gestos y palabras, pero que, ante todo, debemos agradecer a Dios el haber creado a nuestras madres.

Unos 35 mil abortos se producen cada año en El Salvador. “Nuestros interlocutores siguen con la moral sexual instaurada por Juan Pablo II, con ideas anacrónicas –dice García–. Para ellos la educación sexual queda sólo a cargo del padre y la madre, los cuidados en las relaciones sexuales son por ciclo natural. Se idealiza la maternidad como un hecho heroico: la mujer debe salvar a su hijo a pesar de todo”.

Dios no es un dios de autómatas. Dios es enemigo de la esclavitud. No quiere que sus hijos y sus hijas sean esclavos de nada”, dice el pastor desde el televisor.

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11 de mayo. Ocho de la mañana. Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador. Comienza la época de lluvias. El forense brilla por su ausencia.

El juez Martín Rogel revisará la sentencia de María Teresa. El mismo magistrado liberó a Karina en 2009. Fue la primera vez que se indultó a una de las mujeres presas por abortar desde que cambió la ley en 1998.

Delgada, muy afectada de sus riñones, Teresa mira la sala. Escucha a los cuatro peritos que aportó su defensa y espera.

A las dos de la tarde Rogel suspende la audiencia. Continuará el 20 de mayo.
11 de mayo. Seis de la tarde. Centro Judicial de Sonsonate. Flor Sánchez agradece a Dios lo obvio: no ser culpable de que su cuerpo tuviera un aborto involuntario, algo que ocurre en el 20 por ciento de los embarazos. Como pasa en la mayoría de estos casos, el tiempo de gestación no está claro porque en pueblos y zonas rurales salvadoreños el acceso a los servicios de salud es dificultoso o inexistente.

Esperaba su sexta hija. Los demás tienen 20, 17, 15, 8 y 7 años de edad.

Decidió bañarse en el río, cerca de su casa, para que le bajara la fiebre. Unas horas después su hijo mayor la encontró inconsciente. Entre varias personas la cargaron en una hamaca y bajaron la cuesta hasta el pueblo. En el hospital de Sonsonate los doctores determinaron que había sufrido un aborto y llamaron a la policía. Permaneció esposada a la cama los tres días que estuvo en coma.

En la ribera los vecinos encontraron a una bebé con vida y con su cordón umbilical. “Relacionaron todo y entendieron que era de Flor”, dice Dennis Muñoz, su abogado, que pertenece a Agrupación Ciudadana. “La hija de Flor fue trasladada al hospital de Sonsonate y luego al Hospital de Niños Benjamín Bloom donde murió por ‘inmadurez fetal’, según consta en el expediente judicial.”

El 7 de julio de 2015 fue procesada por homicidio agravado. El 11 de mayo de este año, un juez la absolvió tras validar el argumento de la doctora Nancy Ramos: “En la inmadurez fetal no puede probarse una maniobra inductiva para abortar”, reprodujo Muñoz.

El 57 por ciento de las mujeres presas por aborto fueron denunciadas por médicos o enfermeras que las atendieron en hospitales públicos cuando llegaban con una emergencia obstétrica. “Las médicas denuncian porque entienden que todos los abortos están penalizados. Un hecho espontáneo no entra en la definición de delito, sin embargo en El Salvador hay un imaginario social de que el aborto espontáneo es un delito. Y los jueces fallan más desde lo que entienden es el “deber ser” de las mujeres. Les exigen que sean heroínas hasta en el momento de un parto prematuro, así sea desangrándose. Ante todo deben salvar a su hijo”, dice el abogado.

Ese instante, devuelto por las sombras, no se olvida.

Según Muñoz, Flor se reintegró a su comunidad sin mayores problemas. Con 35 años es abuela: su hijo de 17 ha tenido un bebé con su novia de 15 años.

Para Mirna ha sido más dificultoso restablecer el vínculo con su hija. La niña se crió con el relato social y mediático de que su madre la quiso matar.

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A las 17 y más se les violó el debido proceso y la presunción de inocencia.“La criminalización y la persecución hacia las mujeres es parte del ensañamiento de nuestra cultura machista y patriarcal”, dice García. Ante una emergencia obstétrica, ante un aborto espontáneo, toda mujer que llega a los servicios públicos de salud ya es culpable.

Morena Herrera, activista de la Colectiva Feminista, afirma que el sistema de salud ha mejorado desde que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln) está en el gobierno: “Hay más salud preventiva, más equipos comunitarios de salud, mayor acercamiento a las comunidades rurales”, pero se deben “fortalecer los mecanismos de secreto profesional”.

Este año, Amnistía Internacional (AI) documentó en su informe “El Estado como ‘aparato reproductor’ de la violencia contra las mujeres” que la confusión del personal médico en torno a la legislación y el temor a ser denunciados como cómplices del delito de aborto fomentaron las denuncias de estos casos ante la policía. “Te dicen que si no denuncias este tipo de situaciones formas parte del delito, eres cómplice y estás expuesto a perder tu trabajo. Nos hacen dejar de ser médicos y convertirnos en policías. Varias veces mis jefes me han llamado la atención, pero yo les digo que no puedo violar el secreto profesional que les debo a mis pacientes. Cuando conoces tus derechos nadie te puede intimidar”, declaraba el doctor Lemus ante AI.

La visión criminalizadora hacia las mujeres es mayor desde que cambió la ley en 1998”, indica Herrera. Volver, por lo menos, a despenalizar el aborto por tres causales es una decisión legislativa. Si bien el Fmln no tiene mayoría parlamentaria para promover por sí solo el cambio, “la puede construir negociando con otros partidos”. Autoridades del Estado“nos dicen en privado que sí tienen intenciones de cambiar la ley, que es un problema que heredaron de la derecha, pero lo cierto es que todavía no le están dando prioridad”, agrega la activista.

Hay que subir peldaños hacia la autonomía, comenta García. El primero es lograr que las mujeres presas por aborto recuperen su libertad. Luego recuperar los tres causales para que no se castigue el aborto: cuando se decida interrumpir un embarazo por violación, cuando la gestación suponga malformaciones fetales, o cuando ponga en riesgo la salud y la vida de la mujer. Lograr que no esté penalizada la interrupción del embarazo por decisión de la mujer es el horizonte.

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El 20 de mayo, el juez Martín Rogel reconoció que la condena de Teresa estuvo basada en errores judiciales y periciales demostrados en la audiencia extraordinaria, y anuló la sentencia a 40 años de prisión, de la que ya había cumplido cuatro tras las rejas.

Revertir esta condena draconiana, esta cadena perpetua a la que sometían a Teresa, es muy importante. Es mostrar que estas condenas se hacen sobre la base de prejuicios, de estereotipos”, comentó Herrera.

Aunque el juez de primera instancia no tenía pruebas que demostraran que ella metió al “producto” en la fosa séptica, o que no hizo nada para salvarlo, fue condenada a 40 años de cárcel. Se basó en las pruebas forenses del Instituto de Medicina Legal (Iml), para cuyas autopsias se continúan utilizando métodos de 1900, como la “docimasia hidrostática” (conocida también como “flotación pulmonar”).

En nueve de 18 autopsias a fetos, el Iml indicó que la causa de muerte es “indeterminada”. Eso bastó para cambiar la carátula de “intento de aborto” a “homicidio agravado”.

Teresa sostenía en sus manos la foto de Osvaldo e intentaba esbozar una sonrisa parecida a la ilusión. Escuchó el fallo. Se puso de pie. Se llevó la imagen de su hijo contra el pecho. Su pelo largo, suelto, negro y enrulado le cubría el rostro. Abrazó a su abogado, a Morena, a Ana. Lloró.

Cruzó el portón azul del Centro Judicial Isidro Menéndez. Ya no había murmullos, sino cánticos: ¡Aquí sí se hace lucha!

Ese instante no se olvida.

Qué libertad recupera Teresa.

Publicado en Brecha, viernes 27 de Mayo 2016

Loca como tu madre

Aquellas mujeres que decidieron abortar un embarazo no deseado también han terminado en algo parecido a una cárcel: en el hospital psiquiátrico o en una guardería. La primera opción fue determinada en 2015 por un juez, para evitar que la condenada tuviera un nuevo intento de suicidio en prisión. La segunda se ordenó a principios de 2016 por el juez Gilberto Ramírez Melara para “despertar el instinto maternal”: como parte de las medidas alternativas a la pena de un año de prisión por intento de aborto, la mujer debe dedicar ocho horas semanales a visitar una guardería.

Parirás con dolor

En 1999 la Asamblea Legislativa modificó el artículo 1 de la Constitución de 1983, dándole al embrión el estatus de persona desde el instante de la concepción.

Tres de cada diez embarazadas tienen entre 10 y 19 años de edad.

Cada 30 minutos una adolescente da a luz.

En 2015 la Policía Nacional Civil recibió 836 denuncias por violaciones sexuales en niñas y adolescentes; 593 casos de estupro (relaciones sexuales mediante engaño de una adolescente de 15 a 17 años con una persona adulta; datos que corresponden a 13 departamentos); 182 violaciones en mujeres de 18 a 30 años. Sólo en 2011, el Ministerio de Salud atendió 26.662 embarazos producto de abusos en niñas y adolescentes.

El suicidio es la primera causa de muerte entre adolescentes embarazadas y es la tercera causa de muerte materna en El Salvador.

Desamparadas por la ley

¿Cómo se transita un aborto con más de tres meses de embarazo? La muerte de una joven en Maldonado producto de un aborto clandestino reabrió el debate sobre las barreras que presenta la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Feministas denuncian demoras en la atención y malos tratos en los servicios. Desde el Ministerio de Salud anunciaron un nuevo protocolo de actuación.

MUJER

Mujeres presentan una performance reclamando la legalidad del aborto, frente al Palacio Legislativo – 25 de setiembre de 2012 – Montevideo – Uruguay. Foto: Manuela Aldabe

Doce semanas no parece ser el mejor plazo para interrumpir un embarazo no deseado. Desde la implementación de la ley 18.987 (Ive), aprobada en octubre de 2012 por el Parlamento uruguayo, se multiplicaron los relatos de mujeres que acuden a los servicios de salud y encuentran como respuesta que si la gestación supera los tres meses, la ley no las ampara, y de querer seguir adelante, la responsabilidad y los métodos utilizados para lograr un aborto correrán por su cuenta.
Camila(1) tiene 16 años y abortó con 24 pastillas de misoprostol, que debió completar con un proceso de salinización, y acabó teniendo un parto inducido en su mutualista de Montevideo. A comienzos de febrero supo que estaba embarazada. Apoyada por su familia y por su novio, decidió llevar adelante el aborto. Según sus estimaciones, llevaba un embarazo de 11 semanas. Había menstruado hasta pocos días antes de confirmarlo. Su madre averiguó el teléfono del servicio IVE de la mutualista y consiguió turno para ese mismo día a la noche. Allí ambas fueron recibidas por una ginecóloga y una partera, quienes les explicaron que la ley ampara a mujeres con hasta 12 semanas de gestación y que, “si estaba dentro de esos parámetros, le iban a dar la medicación para que hiciera el tratamiento en casa pero que, si quedaba fuera del amparo de la ley, le iban a explicar cómo y con qué medicamento hacerlo pero no podían suministrárselo ni recetarlo”, contó la madre de Camila a Brecha. “Nunca nombraron alternativas por si no quería abortar”, remató. Luego, la adolescente fue derivada a otro consultorio donde habló con una psicóloga y una asistente social, cumpliendo con la reglamentación que establece la atención simultánea de un equipo interdisciplinario en el procedimiento IVE.
Al día siguiente, en una sede de la mutualista tuvo la extracción de sangre para saber el factor (cuyos resultados tendrían un día después), y en otra sede le realizaron la ecografía transvaginal. En la pantalla figuraba que era una “paciente IVE”. Según relata la mamá de Camila, la ecógrafa se puso nerviosa y expresó: “Esto ya está grande” y pasó las medidas a una técnica que realizaba el informe. Le pidió a la adolescente que saliera y habló con la madre para indicarle que estaba “pasada” del plazo porque estaba “de más de 14 semanas”.
Cuatro días después tuvieron una nueva consulta con otro ginecólogo, quien vió la ecografía y el factor sanguíneo y les informó que “la ley no nos amparaba, pero que podíamos hacer el procedimiento por nuestra cuenta”. Les indicó cómo tomar la medicación, aunque les aclaró que no se la podía recetar. Camila debía tomar 12 comprimidos de misoprostol, en tres dosis, luego de las cuales debería comenzar a sangrar y expulsar el saco gestacional. “Me aclaró que, si no expulsaba el feto, le podía dar otra dosis, tomando 16 pastillas en total”.
En los cinco días que habían pasado entre la primera y la segunda consulta al equipo médico, Camila y su mamá habían rastreado vía web distintos lugares de venta de misoprostol, ya que ninguno de los profesionales les haría una receta, y en las farmacias no venden sin prescripción. “Me llegaron a pedir 3500 pesos por cada pastilla”, señaló la mujer. “Desesperada fui al médico de familia y él se jugó por nosotros. Así fue que conseguí misoprostol. Debía comprar dos cajas (cada una contiene ocho pastillas). Pagamos $6890 por cada una”.
Camila comenzó el tratamiento el 15 de febrero. En las siguientes 48 horas temblaba, tenía contracciones y fiebre -síntomas previstos bajo el uso de misoprostol-, pero no hubo sangrado. Su madre buscó ayuda y consiguió el contacto de una partera, quien le dijo que esperara otras 48 horas y tomara 8 pastillas más. La mujer decidió esperar ese plazo y acudir a la mutualista. Se comunicó telefónicamente y pidió una nueva consulta para su hija con el equipo IVE. “Pero ya tuvo las dos entrevistas. ¿Para qué necesita otra?”, cuestionaron. “Les informé que no había pasado nada con el tratamiento y me dio a entender que hasta ahí llegaban ellos, pero igual me dijeron que fuera ese día”, explicó a Brecha.
Las recibieron aunque no las tenían agendadas. Ellas explicaron el proceso por el que estaba pasando Camila y una ginecóloga le dijo: “Ahora hay que seguir. Hay que tomar 8 más porque esto deja secuelas. ¿Nos entendemos, no? Secuelas y muchos riesgos. De esto no se vuelve. Si no pasa nada hay que comenzar los controles y recibir lo que quedó”. Sin explicarle cuáles serían las “secuelas”, las mandaron a la Urgencia con una receta que decía “Amenaza de aborto” y mandaron a hacer la ficha obstétrica y otra ecografía para los controles. “Nosotros ya no somos referentes de ustedes”, enfatizaron. En Urgencias la vio otra doctora que “cuando supo que era un caso IVE no la trató muy bien”, señaló la madre de Camila. Le contaron que había tenido contracciones. Revisó a la adolescente y le recetó óvulos. Hizo la nueva toma de misoprostol.
Como el aborto no se producía, acabaron recurriendo a un ginecólogo que una partera les había recomendado. Las atendió ese mismo día en su consultorio particular, donde le hizo una nueva ecografía a la joven, le preguntó si quería interrumpir el embarazo y le pinchó la bolsa de líquido amniótico. Este método se conoce como “inyección salina”: se introduce una aguja a través del abdomen hasta la bolsa amniótica y se inyecta una solución salina concentrada que produce deshidratación del feto en menos de 12 horas. El ginecólogo les aclaró que en menos de 24 horas debía llevarla de nuevo a Emergencia porque podía comenzar una infección. “Deciles que te mojaste toda caminando. Ahora andá a bailar, saltá, corré”, le indicó el médico a Camila. Y les cobró mil dólares.
A la mañana siguiente llegaron a la emergencia diciendo que la adolescente había despertado con la cama mojada y con dolores de panza. El ginecólogo que la atendió le dijo que no era nada y que se fueran tranquilas. Al ver la cara de angustia de Camila, le comenzó a explicar el procedimiento de la ley IVE, pero la madre lo interrumpió y le dijo que su hija ya había tomado 24 pastillas de misoprostol. Al médico le llamó la atención la ausencia de sangrado. La mujer solicitó una nueva ecografía. Esperaron a la ecógrafa porque los sábados está de retén. Cuando ésta llegó tuvo un trato amable “hasta que se le dijo que Camila estaba por IVE”. “Ahí el trato fue muy prejuicioso. Puso en tela de juicio mi rol de madre, dijo que si sabía lo del misoprostol no venía, y prendió el volumen para hacerle escuchar a Cami los latidos del corazón del feto. Nos trató muy mal e intentó poner palos en la rueda en el resto del procedimiento”.
La ecografía determinó que Camila estaba de 19 semanas. “En eso también falló la mutualista. Desde el principio no supimos qué fecha exacta de gestación estábamos manejando. Sólo les importaba recalcar que estaba fuera del amparo de la ley”, se quejó la mujer. “Tenemos un sistema de salud al que sólo le preocupa que estábamos fuera de la ley. No podemos padecer todo esto por una cuestión de plazos. Si el fundamento de la ley es que no se muera ninguna mujer, el sistema no te puede expulsar a la clandestinidad”.
Camila terminó su embarazo no deseado con un parto inducido. “Mi hija no murió porque teníamos de donde sacar algo de dinero y creo que también tuvo mucha suerte. Es un caso gemelo con el de la muchacha que murió en Maldonado. No nos olvidamos de quienes hoy están llorando”, reflexionó respecto del caso de la joven de 21 años que murió luego de que un médico en la localidad de Nico Pérez, departamento de Florida, le practicara un aborto inseguro con una sonda.
La mujer, de iniciales A A N S, había solicitado interrumpir su embarazo, pero fue rechazada en el servicio de salud de Maldonado, bajo el argumento de que llevaba 13 semanas de embarazo. Tras el procedimiento clandestino, regresó con fiebre alta al hospital fernandino. Fue intervenida, permaneció internada en CTI durante 21 días, y falleció el 20 de febrero como consecuencia de una insuficiencia respiratoria.
Tanto el médico como la pareja de la mujer fueron procesados con prisión por la jueza penal de 1º Turno de Florida, María Fernanda Morales, en calidad de autor y coautor respectivamente, siguiendo el artículo 326 del Código Penal. Pueden recibir penas de entre tres y seis años de cárcel.
ABORTO ES SALUD. El caso de Maldonado es la segunda muerte por aborto clandestino que se produce desde la aprobación de la ley IVE. Para la organización Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) es “inconcebible” que estas muertes sigan ocurriendo “en un país que ha modificado su marco legal y cuenta con servicios legales para la interrupción voluntaria del embarazo”.
Para Lilián Abracinskas, directora de MYSU, esa “muerte evitable” se debe a que “Uruguay no ha dado respuesta adecuada a las interrupciones del embarazo durante el segundo trimestre de gestación. La ley prevé que hasta las 14 semanas se debería poder interrumpir en los servicios legales cuando el embarazo es producto de una violación, y no hay plazo cuando es por causal salud. Sin embargo, los servicios no están dando estas respuestas, ni está debidamente reglamentado el causal salud”. El artículo 6° literal A de la ley 18.987 establece entre las excepciones al plazo de 12 semanas para IVE: “Cuando la gravidez implique un grave riesgo para la salud de la mujer”.
La salud es un derecho humano. Es “el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social”2. Se considera la salud como causal de aborto legal si al continuar la gestación pone en riesgo la vida o la salud física, mental o social de la mujer.
PEREGRINAS. El monitoreo realizado durante 2015 por el Observatorio de MYSU señala que la distribución de los servicios de salud sexual y reproductiva y aborto en Maldonado es “dispersa” y dificulta el acceso de las usuarias al sistema de salud. El departamento se caracteriza por una peregrinación de las usuarias por distintas policlínicas de su prestador de salud, sea éste público o privado. “La muerte de esta mujer en Maldonado era la crónica de una muerte anunciada. Debido a la ‘peregrinación’ que las mujeres tienen que hacer en ese sistema de salud, es muy probable que no lleguen a realizarse el aborto dentro de los plazos establecidos por la ley”, indicó Abracinskas. Para la activista, las barreras para el correcto cumplimiento de la ley IVE han tenido como consecuencia la vuelta no sólo al sistema clandestino, sino también a los métodos más precarios e inseguros para la mujer.
A nivel departamental, las fernandinas cuentan con siete prestadores de salud: seis del subsistema privado y uno de ASSE. “Hay poca difusión de los servicios y de las rutas para acceder a los mismos. Llegás para solicitar asesoramiento en IVE y no hay ni cartelería que indique adónde acudir, ni el listado de profesionales que están a cargo del servicio, ni teléfonos de derivación”, describe la politóloga Maru Casanova, integrante del Observatorio.
El informe preliminar de MYSU al que accedió Brecha señala que se identificaron “dificultades en la conformación de los equipos médicos” para la atención de abortos: “En muchos casos no se conocen entre sí. No están al tanto de las opciones que tienen para hacer derivaciones y acaban recurriendo siempre al mismo profesional”. Desde la organización se sugiere “crear un listado que recoja los nombres del personal médico que realiza atención en aborto (…) evitando sobrecargas innecesarias”, algo ya establecido en la ley (art. 5°, lit. D).
También identificaron que se somete a las mujeres que solicitan IVE a “consultas innecesarias, demoras y derivaciones incorrectas” que redundan en “dilatar los tiempos y sirven como formas de desestimular la práctica”, además de “imposiciones de valores y creencias” en función de la edad o la condición socioeconómica de la usuaria.
Si ya es complejo cumplir con los plazos que establece la ley cuando se llega sobre el filo de las 12 semanas, esta carrera a contrarreloj se acentúa “si la ecografía me la tengo que hacer en un lugar, el médico me ve en otro, la asistente social atiende sólo una vez a la semana en otra sede del prestador de salud… quedando de lado tu vida cotidiana en pos de la atención en IVE”, describe Casanova. Además, aunque en Maldonado no se registran altos porcentajes de ginecólogos objetores de conciencia -como ocurre en varios departamentos del litoral del país-(3), hay pocos profesionales para equipos interdisciplinarios (escasean las asistentes sociales), lo que restringe la atención en tiempo y forma. Las peregrinaciones pueden acabar en Montevideo, como ocurrió la semana pasada con una mujer que fue derivada desde Pan de Azúcar a la capital nacional para completar su proceso de aborto.
PARCHE. El ministro de Salud Pública, Jorge Basso, tiene sobre su escritorio el borrador de un nuevo protocolo de actuación que reemplazaría los 7 artículos de la reglamentación de la ley IVE anulados en agosto de 2015 por el Tribunal de los Contencioso Administrativo (TCA) que falló a favor de 20 ginecólogos objetores de conciencia.
El texto “se apega más al fallo del TCA que a la ley IVE”, señaló Casanova, en vistas de que permitiría que los médicos objeten conciencia en cualquiera de los pasos para interrumpir un embarazo: en la primera consulta de asesoramiento, o cuando es atendida por el equipo interdisciplinario, o para prescribir el medicamento abortivo. No obstante, establece que sólo aquellos profesionales que tienen que actuar directamente en el aborto son quienes pueden objetar conciencia.
A la vez, estipula que el plazo para acceder a los equipos interdisciplinarios no puede exceder un día y medio, lo que podría llevar a que las instituciones de salud realicen convenios público-privados para garantizar que todos los días haya equipos funcionando. La responsable de Salud Sexual y Reproductiva del MSP, Ana Visconti, asumió, en diálogo con El Observador que existen “déficit” de recursos humanos en estos servicios. “A veces es dificultoso que se pueda completar que el equipo integrado por tres especialistas pueda lograr la consulta, más en el interior del país porque no hay tantos técnicos y especialistas”, reconoció Visconti. “Si todas (las instituciones) plantearan que no pueden cumplir se verá cómo hacer”, dijo.
El colectivo Mujeres en el Horno identificó “grandes dificultades en los distintos servicios de atención”: no se respeta lo establecido en las normas; algunos centros asistenciales no disponen de los servicios en todas sus policlínicas o directamente no los ofrecen, o carecen de protocolos para implementarlos(4). También se advirtieron maltratos a las usuarias por parte del personal de salud médico y no médico y “recriminaciones” de médicos objetores a la decisión tomada, llegando a negar la atención o la derivación correspondiente.
Y se suman obstáculos en esta carrera contrarreloj, siendo que el equipo “deberá entrevistarse con la usuaria en forma conjunta” y los cinco días de reflexión, que en la reglamentación actual corrían desde la primera consulta, con la modificación empezarían después de que la mujer sea recibida por dicho equipo.
Para sortear esta barrera, el diputado colorado Fernando Amado presentó esta semana unas modificaciones al proyecto de ley IVE. Plantea suprimir la conformación del equipo interdisciplinario, derogar el artículo 13 de la ley 18.987 que habilita el aborto para extranjeras que residan desde hace más de un año en Uruguay, y modifica el artículo 3 para que la mujer manifieste su decisión de abortar ante un médico y la ratifique tres días después.
Si bien la nueva reglamentación establece que la objeción de conciencia debe quedar declarada por escrito, desde MYSU enfatizan que el MSP debe “fiscalizar”, ya que se han encontrado ginecólogos que objetan conciencia en un prestador público pero no objetan en el sistema mutual.
A tres años de la ley que despenaliza el aborto con muchos corsé, el mercado clandestino sigue resolviendo en parte lo que el sistema de salud no asume. Una decisión que no debería ser cuestionada pasa por una carrera de postas. Entre búsquedas silenciosas se nos juega la vida.

Notas:
1. Nombre ficticio que utilizamos para proteger su identidad, ya que es menor de edad, y para conservar la confidencialidad del caso.
2. CIDH, Protocolo de San Salvador, Art. 10, 1988.
3. MYSU, Estado de situación de los Servicios de SSR y aborto en el departamento de Salto. Informe 2014; MYSU, Estado de Situación y Desafío en SSR y Aborto en Paysandú, Río Negro y Soriano, 2015. (www.mysu.org.uy)
4. Sistematización de las llamadas recibidas en el 08008843 Línea Aborto Información Segura en 2015, presentada este martes 15 de marzo.

Publicado en Brecha, 18 de marzo 2016