Derechos Humanos en el Uruguay

En 2015 y 2016 fui invitada por el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) de Uruguay a participar en la redacción de algunos artículos para sus informes anuales en los que dan cuenta del estado de situación de los derechos humanos en este país.

Comparto aquí ambos informes completos.

Ni Una Menos 2015 - Montevideo

Fotografía: Mauro Tomasini

En el Informe 2015 escribí dos artículos: uno sobre políticas de memoria (“Políticas de memoria en Uruguay: entre el control, la acción y la pasión”, p.39, en co-autoría con Carlos Marín) y otro sobre violencias de género (“Vivas nos queremos. Violencias de género en Uruguay”. p.349).

Derechos Humanos en el Uruguay – Informe 2015

En el Informe 2016 escribí otros dos artículos: sobre personas en situación de calle (“La calle no es hogar para nadie. Personas en situación de calle en Montevideo”, p.137) y sobre el acceso al aborto (“La práctica legal del aborto en Uruguay: Un derecho aún en construcción” p. 165).

Derechos Humanos en el Uruguay – Informe 2016

 

Utopías de control

La “portación de rostro” es condición para cacheos y detenciones de jóvenes pobres que viven en barrios periféricos, interceptados mayoritariamente de noche en su vecindario o en el centro de la capital, amenazados con armas de fuego, picaneados o desnudados en la vía pública, en allanamientos o en comisarías. Brecha accedió en exclusiva al informe sobre violencia policial que se presentará la próxima semana.

zona de exclusion_MT

Foto: Mauro Tomasini, Montevideo, 2015.

El adolescente muere en capítulos. Antes (y después) de la muerte literal tendrá muertes simbólicas. Cada vez que fue señalado por el agente como sospechoso, cada vez que el policía se bajó del patrullero y le dijo: “Estás de vivo, mugriento de mierda”, cada vez que la Republicana entró a su casa y rompió algún recuerdo, lo desnudó, lo engrilló, lo mantuvo al menos cinco horas incomunicado en la comisaría, lo largó y le dijo que ni pensara en denunciar.

Las prácticas de control social mediante detenciones, cacheos y rondas policiales por ciertos barrios montevideanos convertidos en el “eje del mal”, se aplican en forma discrecional a adolescentes y jóvenes amparadas en leyes,1 en discursos y en medidas como el Programa de Alta Dedicación Operativa (Pado), que implica la presencia de 1.000 policías más en el área metropolitana.2

Adolescentes, jóvenes y violencia policial en Montevideo. Una aproximación descriptiva3 es un estudio casi único en el Uruguay posdictadura4 que analiza las distintas formas en que opera y se relaciona la Policía con personas de entre 13 y 29 años, según los territorios donde viven y/o circulan, y propone repensar las políticas de seguridad en un “clima social y político que demanda control y punición”.

La investigación empezó en 2011. “A partir del trabajo en el terreno que hacíamos en el Serpaj empezamos a visualizar que había más violencia policial y presencia policial en determinados barrios periféricos de Montevideo”, cuenta Mauro Tomasini, integrante de dicha organización de derechos humanos. “Comprobamos –dice también– que había más intervenciones policiales en estas zonas de nivel socioeconómico más bajo, y que no se ajustaban a ningún tipo de normativa. Para que la percepción no fuera tan individual, quisimos objetivar el modo de intervención del sistema policial en el espacio público, saber qué limites y alcances tenían estas intervenciones y describir las percepciones juveniles sobre la Policía en su conjunto y en la actuación en el territorio.”

El equipo de investigación creó un formulario especial para la Encuesta de Violencia Policial que aplicó a adolescentes y jóvenes montevideanos, dividiendo el terreno de estudio en cuatro zonas: Oeste-noroeste, Este-noreste, Sur-sureste y Centro-centro norte (véase recuadro “Cuatro zonas”).

Cada año, unos 13.560 jóvenes se ven involucrados en intervenciones policiales. La mayoría son varones. El 64 por ciento manifestó haber sido parado en la calle al menos una vez, y 21 por ciento más de seis veces en los últimos cuatro años.

Una de las principales conclusiones del estudio es que a los jóvenes de las zonas Oeste-noroeste y Este-noreste los detienen más en sus barrios de residencia y en el centro. ¿Este resultado fue una sorpresa? “Partimos de la base de que la sociedad ha construido un sujeto sospechoso, que es joven o adolescente, varón, y vive en esas zonas. Y eso fue lo que encontramos. Llaman la atención los números tan altos de detenciones o cacheos en zonas que no son las de residencia de los chiquilines, pero no nos sorprendió a qué sujetos paran. Hay determinada imagen de sujeto peligroso que maneja la Policía, que se condice con la imagen de sujeto peligroso que tiene la sociedad”, señala Tamara Samudio, investigadora que coordinó el trabajo de campo.

La zona Este-noreste concentra la mayor proporción de jóvenes que declaran haber sido parados por la Policía (38 por ciento), le siguen el Centro (29 por ciento) y la zona Oeste-noroeste (20 por ciento). El 45 por ciento de los jóvenes que tuvieron contacto con la Policía residen en cinco barrios de Montevideo5 y declaran haber sufrido el accionar policial tanto en sus barrios de residencia como en el Centro. El 69 por ciento del total fue cacheado en la calle, pero hay quienes también lo fueron en plazas, eventos deportivos y espectáculos artísticos.

“Está muy estudiado el tema de la selectividad policial. La Policía construye determinado perfil del detenido, en este caso, joven”, añade Tomasini. En su accionar reproduce ciertas operaciones simbólicas sociales que han construido “enemigos que se hacen carne en determinados cuerpos con ciertos perfiles vinculados a barrios de contexto crítico”, continúa.

Esta operación es una de las consecuencias más evidentes de décadas de fragmentación social en Uruguay, que ha dificultado la convivencia al profundizarse la segregación espacial y robustecerse un discurso conservador hegemónico en el que seguridad es sinónimo de “seguridad física”, amenazada por estos enemigos simbólicos sometidos a una sospecha metódica.

¿A quiénes detienen en forma rutinaria en el sur de Montevideo? A jóvenes de la zona Este-noreste que se trasladan a la Playa del Buceo, a barrios donde hay acceso a determinados bienes culturales y recreativos, a los que, se supone, los jóvenes del Centro y la periferia también deberían poder accederanaliza Tomasini.

Las relaciones entre jóvenes y policías se establecen mediante la violencia física, la vigilancia constante y el control de los funcionarios, con referentes ministeriales que entienden que la presencia del Estado en el territorio debe darse con más efectivos en los barrios marginales de la capital, y que justifican allanamientos nocturnos sin orden judicial.6

MUCHA TROPA RIENDO EN LA CALLE. El informe no habla sobre casos de gatillo fácil, sino de las lógicas policiales habilitadas por burocracias violentas construidas a través de abusos de poder hacia jóvenes de barrios periféricos. Ese “enemigo simbólico” construido por los discursos políticos, reforzado en inflaciones punitivas y sostenido día a día con procedimientos policiales en los que confluyen la violencia verbal –con descalificaciones constantes de policías hacia adolescentes, llamándolos “pichi”, “bobito”, “falopero”–, los golpes y la incomunicación durante su detención en las comisarías.

El estudio no habla de Sergio Lemos, ni de Ruben Martínez Mieres, ni de Bruno González. Habla de por qué Sergio Lemos y los demás jóvenes que visten con gorra, pantalones ajustados, championes enormes, vecinos de las zonas Este-noreste y Oeste-noroeste de Montevideo, fueron construidos por las fuerzas policiales como “seres matables”.7 El mal tiene cara de joven con ropas deportivas, presunto consumidor de pasta base que ni estudia ni trabaja.

El estudio pretende instalar la violencia institucional como categoría de análisis para abrir campos de investigación y pensamiento social que aborden las políticas de seguridad y convivencia democrática, abarcando en su definición no sólo las acciones violentas (físicas o verbales) sino también la desestimación de denuncias, las investigaciones no realizadas en tiempo y forma, la negación de medidas preventivas para las víctimas, los retrasos en el accionar judicial.

Los investigadores entienden que hay cierta resistencia a utilizar esta categoría porque “se sigue viendo a la violencia institucional como un problema de Argentina o Brasil, debido a la percepción de pasado idílico que sigue pesando en Uruguay”.

Sólo el 11 por ciento de los encuestados señaló que su caso derivó en un proceso judicial, lo que prueba que “no se detiene (a los jóvenes) por una cuestión preventiva, sino para el ejercicio del poder; para la legitimidad del Estado en términos de miedo, de sometimiento, de aplicar el control a través de la selectividad social y territorial”, analiza Tomasini. “Lo que sucede ahora es una variación de lo que sucedió siempre. Sólo que ahora el espacio público se achica mucho más, por dispositivos tecnológicos y mayor presencia policial que controla los territorios.”

EL PRIMER POLICÍA. En algunos casos en que murieron jóvenes sospechosos de haber cometido un delito aparecen policías implicados que no estaban en su horario de trabajo.8 ¿Cómo opera el ser policía las 24 horas? “Ese es el problema: al presentarse Bonomi como el primer policía, (el ministro) no está operando políticamente –opina Tomasini–. Se tendría que haber derogado eso de ser policía las 24 horas, porque gran parte de los agentes muertos acaban así en horarios en que no cumplían su función. Cuando un policía (fuera de funciones) opera en un conflicto social no tiene un marco de intervención, está solo. Es lo que pasó con el oficial de la Republicana que iba en bicicleta solo y lo mataron. Uno no puede intervenir en la calle con un arma como si fuera a rescatar un gatito de un árbol; tiene que medir la proporcionalidad, la progresividad y la racionalidad en su acción, medir la fuerza para que haya el menor daño posible entre las dos partes. A su vez, hay que revisar por qué determinadas áreas de la Policía sólo dependen directamente del ministro del Interior, así como las razones que llevaron a la expansión territorial de ciertos sectores más militarizados de la Policía en determinados barrios de la capital.”

El Ministerio del Interior es la repartición estatal con mayor porcentaje de denuncias en contra ante la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), por abusos de autoridad y violaciones a los derechos. Sin embargo, las máximas autoridades responden desde un refuerzo positivo del accionar policial violento, sin hacer autocrítica. Bonomi señala que “son casos aislados” y Alfredo Clavijo (director de la Guardia Republicana) se desentiende diciendo que son casos ocurridos “en la gestión anterior”.9 Con estas respuestas cabe preguntarse si hay un diálogo posible para reformar las políticas de seguridad. Los investigadores señalan que un punto clave es que “no hay una misma visión desde el Estado sobre cómo abordar la seguridad en el territorio” y que debería analizarse “cuánto retrasa, deforma o minimiza una política de seguridad a una política social que interviene en el territorio, si dentro de un centro juvenil se promueven derechos pero luego esos jóvenes salen a la calle y los para la Policía, los ningunea y les dice que son unos pichis que no tienen derechos”.

“La política de seguridad del FA ha sido represiva. Una política de seguridad es más que la respuesta represiva ante el delito, pero Bonomi siempre habla de cuestiones de seguridad solo, sin dejar que intervengan otros actores”, dice Samudio.

Preocupa que en esta década frenteamplista no se haya podido construir otro modelo de seguridad. Tomasini sostiene: “El Frente Amplio siguió una agenda de derecha, conservadora. Usa las mismas herramientas y mecanismos punitivos que otrora criticaba. La fuerza política no quiso construir una política de derechos. Los presidentes sostuvieron a ministros en determinados cargos. Acá no hay monstruos. La política de Estado ha tenido un giro punitivo: en 2005 el FA presentó su política de seguridad junto a un juez argentino de perfil garantista, Raúl Eugenio Zaffaroni; ahora traen a expertos en mano dura y tolerancia cero más cercanos al ex alcalde neoyorquino Rudolph Giuliani. A nadie se le podía ocurrir que la teoría de las ventanas rotas fuera usada para justificar la aprobación de la ley de faltas y, sin embargo, la usaron. El gobierno no quiere dar lugar a socializar un poco las decisiones en materia de seguridad”. 

  1. Ley de seguridad ciudadana (1995), ley de procedimiento policial (2008) y ley de faltas (2013).
  2. “Esta iniciativa surge como respuesta al incremento de los delitos violentos en ciertos puntos críticos de la capital y departamentos vecinos. Los 1.000 policías ejecutivos, que tienen como primer objetivo la prevención y disuasión del delito, recorrerán los distintos circuitos en móviles, motos o a pie”, señala la web del Ministerio del Interior (MI).
  3. Realizado por el Serpaj, el Ielsur, la Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar, el Instituto de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (Iesta) y el Mides. Se presentará el viernes 15 de julio, a las 11 horas, en la antesala del Senado.
  4. Un antecedente valioso es el estudio del Serpaj “Derechos civiles de la población, Encuesta de hogares. Actuación policial en barrios periféricos”, de 1990.
  5. La Paloma-Tomkinson (16 por ciento), Casavalle (8 por ciento), Villa García-Manga rural (8 por ciento), Paso de las Duranas (7 por ciento) y Tres Ombúes-Victoria (6 por ciento).
  6. Entrevista a Gustavo Leal, asesor del MI, en Arriba gente, “Otra mirada sobre lo acontecido en el Marconi”, en Canal 10 (2-VI-16).
  7. Basado en María Victoria Pita, Formas de morir y formas de vivir. El activismo contra la violencia policial. Ediciones del Puerto, Cels, Buenos Aires, 2010.
  8. Como el caso de Daniel Aguirre (19 años), que fue baleado el 21 de marzo por un policía que custodiaba un camión de reparto de cerveza en el barrio Las Acacias. El joven volvía del velorio de Agustín Aramburu, también de 19 años, que había sido asesinado por un policía en Manga.
  9. La Diaria, 21-VI-16.

Cuatro zonas

El estudio dividió el mapa de Montevideo en cuatro zonas para analizar los barrios donde ocurren las intervenciones policiales.

Centro-centro norte. Centro, Cordón, parque Rodó, Prado-Nueva Savona, Tres Cruces, La Comercial, Aguada, Capurro-Bella Vista, Paso de las Duranas, Parque Batlle, Villa Muñoz-Reducto, Jacinto Vera.

Este-noreste. Casavalle, Cerrito, Las Acacias, Manga-Toledo, Maroñas, Jardines del Hipódromo, Castro, Carrasco Norte, Malvín Norte, Colón-centro, Colón, Sayago, Villa Española, Unión, Punta de Rieles, Villa García, Manga, Manga rural.

Oeste-noroeste. La Paloma-Tomkinson, Cerro, Nuevo París, Casabó, La Teja, Belvedere, Paso de la Arena.

Sur-sureste. Buceo, Punta Carretas, Carrasco, Malvín, Pocitos.

Violencia policial en el espacio público

Motivos: entre 2011 y 2014, 16 por ciento de los jóvenes ha tenido al menos un contacto con la Policía. Sólo en el último año las intervenciones ascienden a 98 por día.

Agresiones: jóvenes de todos los barrios encuestados declaran haber recibido golpes y lenguaje inapropiado en el momento de la intervención policial.

En el momento de la detención la Policía apuntó con arma de fuego (16 por ciento), esposó (11 por ciento), golpeó con el bastón (8 por ciento), efectuó disparos intimidatorios (4 por ciento), picaneó (2 por ciento).

Violencia policial en allanamientos

  • Setenta y siete por ciento de los allanamientos en domicilios presenciados por jóvenes ocurrieron en las zonas Oeste (32 por ciento) y Este (45 por ciento), 68 por ciento de los allanamientos ocurrieron de noche.
  • El 32 por ciento de esos allanamientos ocurrió en la casa del joven encuestado y 68 por ciento en otro hogar en el que se encontraba en el momento del procedimiento.
  • En el 55 por ciento de los allanamientos la Policía no se identificó como tal.
  • Sólo en 34 por ciento de los casos los efectivos mostraron la orden del juez para ingresar al domicilio.
  • En 32 por ciento de las veces se rompió algo en el lugar.
  • Durante los allanamientos la Policía usó: balas de goma (15 por ciento), agresión física (12 por ciento), agresión verbal (9 por ciento), grilletes (10 por ciento) y esposas (8 por ciento), picana (2 por ciento), el “sospechoso” fue desnudado (2 por ciento).

Detrás de cada gorra…

“Empezamos a pensar este estudio en 2011 para analizar los efectos de la ley de procedimiento policial que modificó y reconfiguró las relaciones entre el sujeto y el Estado, más aun con adolescentes que ocupan el espacio público. No es menor que esa ley haya modificado las atribuciones que se toma la Policía para decidir parar a ciertos jóvenes, porque cuando uno tiene la posibilidad normativa de detener a alguien sin ningún tipo de razón, lo que hace es profundizar la violencia estatal hacia el sujeto”, señala Mauro Tomasini, quien ha dado seguimiento a varios casos de violencia policial que llegaron al Serpaj.

Las divisiones responsables de las intervenciones policiales callejeras que sufrieron los jóvenes fueron mayoritariamente Radio Patrulla y la Guardia Republicana. En casi la mitad de las oportunidades les dijeron que los paraban por “control de rutina”, pero también por “pedido de documentación”, por “averiguación de delito”, y en un 11 por ciento de los casos “sin motivo alguno”.

“Cómo interviene la Policía tiene que ver con una cuestión netamente política, en el sentido de una perspectiva de derechos, de normativa, de responsabilidad, de proporcionalidad del uso de la fuerza. Más allá de que uno pueda pensar ciertas cuestiones a nivel de reforma, tiene que ver con una cuestión política. Hay que recuperar el sentido político de la institución policial y no dejar la intervención bajo el criterio de que ciertas prácticas forman parte de la ‘naturaleza’ de dicha institución”, agrega el defensor de derechos humanos.

Estas consideraciones adquieren mayor relevancia si se registra que en el 79 por ciento de las intervenciones los policías no se identificaron como tales, sumado a que el 59 por ciento de los procedimientos en el último año fueron cometidos de noche, y que en el 17 por ciento de las veces los y las jóvenes fueron cacheados por agentes del sexo opuesto (contraviniendo el artículo 55 de la ley de procedimiento policial).

Tomasini sugiere que habría que hacer un estudio etnográfico sobre las personas que integran las fuerzas policiales: “Hay un montón de características que hacen pensar que no sólo la Policía selecciona el grupo de jóvenes sobre los cuales intervenir, sino que también selecciona qué tipo de personas integran su personal”.

 … HAY UN PIBE CON SU HISTORIA. ¿Qué estereotipos pesan a la hora de detener a un joven? Los encuestados respondieron: su vestimenta (83 por ciento), andar en grupo (69 por ciento), su situación económica (63 por ciento). E influye cómo la Policía percibe la relación joven-delito, por ejemplo identificando a aquellos que van en moto como presuntos sospechosos de un delito. “El tipo que va en moto va a tener más posibilidades de ser parado por la Policía”, dice Tomasini, recordando el caso del Marconi el pasado 27 de mayo, en el que dos agentes dispararon a dos jóvenes que iban en moto, a los que perseguían por sospechar que la habían robado. Mataron a uno de ellos y el otro, de 17 años, quedó internado varios días en el Cti con la mandíbula rota, un coágulo en el cerebro y un ojo destrozado, debido a las patadas propinadas por los policías.

La violencia verbal es la expresión más clara de la violencia simbólica ejercida por los policías hacia los jóvenes. Fue percibida por el 44 por ciento de los encuestados que tenían entre 18 y 23 años. A su vez, 40 por ciento de los varones encuestados y 12 por ciento de las mujeres dicen haber sufrido maltrato verbal por parte de la Policía. El 65 por ciento piensa que ésta los trata peor que a los adultos. La mitad opinó que la Policía no es efectiva en la prevención del delito.

A diferencia de los resultados de la Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud realizada en 2008 y 2013 que, a nivel nacional, indicaba que el 29 por ciento de los jóvenes tienen confianza en la Policía, la Encuesta de Violencia Policial en Montevideo señala que sólo el 18 por ciento confía en la institución policial y que, a medida que sube la edad, sube la desconfianza. Esto redunda en el bajo porcentaje de denuncias realizadas por jóvenes que no confían en el mecanismo y desconocen que pueden hacerlas ante la Institución Nacional de Derechos Humanos.

Violencia policial en comisarías

Siete por ciento de los jóvenes encuestados estuvo detenido en comisarías.

El 28 por ciento tuvo más de tres detenciones en los últimos cuatro años. El 10 por ciento tuvo diez detenciones entre 2011 y 2014.

El 36 por ciento fue trasladado con esposas (8 por ciento esposado a un objeto fijo dentro del patrullero, contraviniendo la ley 18.315).

Traslados: 19 por ciento fue trasladado a la Seccional 19, ubicada entre los barrios La Teja y Belvedere, comisaría que comparte los mayores porcentajes registrados de violencia junto a las seccionales 10, 11, 13 y 17.

El 48 por ciento no recibió atención médica tras recibir lesiones durante su traslado o detención.

En la comisaría:

  • 55 por ciento fue incomunicado durante su detención y el mismo porcentaje permaneció en un calabozo.
  • 42 por ciento estuvo incomunicado entre dos y cinco horas, 29 por ciento entre nueve y 12 horas.
  • 45 por ciento sufrió violencia verbal.
  • 27 por ciento sufrió violencia física.
  • 54 por ciento lo mantuvieron esposado durante su encierro en los calabozos.
  • 25 por ciento fue apuntado con un arma de fuego.
  • 21 por ciento fue desnudado.
  • 7 por ciento fue picaneado.

Sin ir más lejos

Esta semana un policía de Canelones fue procesado con prisión por homicidio. El domingo 4 había baleado a un joven de 22 años que iba en moto con un acompañante, a quien perseguía como sospechoso del robo en una parada de ómnibus.

El lunes 5 el Ministerio del Interior inició un sumario administrativo y separó preventivamente del cargo a dos integrantes de la Guardia Republicana por detener, agredir verbalmente y acosar por celular a dos mujeres jóvenes en la zona de Montevideo Shopping. “Intimidar a un ciudadano por fumar marihuana, solicitar un dato que no se justifica en el marco del procedimiento (celular, dirección) y usar esa información para uso personal constituyen faltas graves que no condicen con el accionar dispuesto en la ley de procedimiento policial 18.315”, declaró el ministerio en un comunicado. Por su parte, Alfredo Clavijo, director de la Guardia Republicana, consideró que “el accionar del oficial fue ‘muy romántico, la verdad, creo que no hay que dejar pasar esto, pero me parece que la Republicana tome un teléfono para mandar un mensaje es como muy romántico’”(El País, miércoles 6).

Publicado en Brecha el 08 de julio 2016

Promesas incumplidas

Investigadoras sociales destacan la presencia de programas interinstitucionales en los territorios más vulnerables, pero advierten que la inclusión social se ve trancada, suspendida o incompleta porque se estigmatiza a la “población Mides” y el mercado laboral sigue siendo hostil, precario y fragmentario.

Jóvenes en Red y Cercanías son dos programas interinstitucionales que implementa y coordina el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) desde el año 2012. El primero ha trabajado con 5.600 adolescentes y jóvenes de entre 14 y 24 años, “desvinculados” del mercado de trabajo y del sistema educativo. Su objetivo es que los jóvenes retomen alguna actividad educativa, conozcan y participen en programas de inclusión sociolaboral, y accedan a los servicios de salud en su comunidad,entre otras opciones.
Cercanías(1) está “dirigido a 30 mil hogaresen situación crítica, de pobreza extrema, para garantizarles las prestaciones que lescorresponden, a partir de la información recogida por la Dirección de Evaluación y Monitoreo (Dinem) (…) o de las redes territoriales departamentales”, señala la web del Mides. Este programa comenzó con 45 equipos
territoriales que deben brindar una “respuesta inmediata que continúa en el tiempo”.
Cuatro años atrás, las autoridades del ministerio indicaban que era “necesario ‘rescatar’ a estas familiase incluirlas, pero no con un asistencialismo aislado”.
Bajo este paradigma de transición de las políticas sociales asistencialistas hacia políticas universales de acceso a los derechoses que el ministerio lanzó ambos programas, que suponen acuerdosmúltiplescon losministerios de Vivienda, Trabajo y Seguridad Social, Educación y Cultura, de Defensa Nacional, Turismo y Deporte; con Utu, el Consejo de Educación Secundaria, Inau, Anep y Asse.2
Para evaluar la implementación de Cercanías y de Jóvenesen Red, la Dinem firmó un convenio con la Facultad de CienciasSociales de la Universidad de la República, que indagó sobre las “trayectorias de inclusión de familiasy jóvenes” que participaron en ambos programas.
El equipo de investigadores dirigido por Sandra Leopold, docente e investigadora del Departamento de Trabajo Social (Fcs, Udelar), realizó entrevistas a autoridades nacionales, a operadores territoriales y a participantes de los programasen el Cerro (Montevideo), Colonia Nicolich (Canelones), Melo (Cerro Largo) y Bella Unión (Artigas).
EVALUADOS. Los principales resultados3 señalan que los trabajadores “desconocen” qué tipos de acuerdosexisten entre las instituciones, “suponen” que debe de haberlos, “pero no parecen conocersu contenido ni los alcances que tienen”, dijo Leopold, por lo que se realizan acuerdos a nivel territorial, y entre laseducadoras que integran los diversos equipos implementan las políticas sociales. Esos acuerdosresuelven lo cotidiano, pero “no son potentes para transitar de la asistencia a un acceso universal de prestaciones y servicios”.
“Algunas instituciones no aceptan a sujetos que provienen de programas asistenciales, que se han constituido en ‘población Mides’”, indicó también la investigadora. Por ejemplo, cuando un joven que lleva el “amuleto culpabilizante” –al decir del sociólogo Denis Merklen– de ser un ni-ni, con el que se trabaja su reinserción educativa en el liceo o la Utu de la zona, con quien se diseña un proyecto socioeducativo y se indaga sobre sus gustos y deseos respecto de lo que quiere ser o lo que quiere hacer, vuelve al liceo, es rechazado o estigmatizado por las autoridades, por los docentes, por los adscriptos. Es el problemático que vuelve a las aulas.
Si bien “no hay un patrón homogéneo (de respuesta) en lasinstituciones” y se supone que los jóvenes de estos programascuentan con “cupos” y “priorización”, se registra una “carga de estigmatización importante” hacia ellos, además de que muchas veces acaban realizando el curso de formación o estudio en el que hay lugar (generalmente en formación técnica), y no el que habían elegido: “Más que terminar haciendo lo que deseaban, hacen lo que está disponible en el centro educativo más próximo”, describió la investigadora.
A su vez, los sujetos identifican respuestas insuficientesen lo que refiere a servicios de vivienda, salud mental y violencia doméstica (con fuertescarenciasen el abordaje y conceptualización en torno a la figura del varón).
Por su parte, losefectores de políticas públicas “reconocen que la oferta de políticas sociales se incrementó, pero señalan la distribución desigual, insuficientey desajustada a la que requieren las poblaciones de cada lugar”, agregó Leopold.
Pareciera entonces que estos “programas puente” resultan una metáfora frustrada. Los equipos acompañan en el territorio, buscando casi a tientas las respuestas interinstitucionales, pero cuando creen haber finalizado el cruce junto al beneficiario del programa, muchas veces se encuentran con abismos, con la interrupción abrupta del proceso de acompañamiento, con dificultades para que las instituciones de alcance universal acojan y continúen apoyando esos trayectos de inclusión social.
Se registran dificultades para el ingreso formal al mercado de trabajo de jóvenes que resultan “poco atractivos para emplearlos” por su “limitada formación y/o habilidades”.
“No recogimos procesosreflexivos en los que lasinstituciones asuman qué grado de responsabilidad tienen sobre esto.Se asumen como eficientesy ordenadas.”
Hay una “distancia institucional” entre la propuesta y la respuesta. Las políticas sociales devienen en “políticas de individuación” que acaban poniendo en la persona toda la carga de responsabilidad por la frustración de la implementación de la política social. La “salida” de la situación de exclusión “recae”en lo que el sujeto pueda hacer. El mensaje que recibe de las instituciones es algo como “te dimos este abanico de oportunidades y no las supiste aprovechar”. “La noción del ‘mal pobre’ vuelve una y otra vez sobre la política asistencial, y el fracaso se desplaza hacia el sujeto, que continuará transitando en una ‘movilidad lateral’”, dice Leopold. Es decir, las personas que viven en la pobreza extrema seguirán teniendo respuestas laborales precarias,en un mercado laboral formal/informal,en situaciones de legalidad/ilegalidad. Aquella valoración positiva de los sujetos sobre los programas en los que se sintieron escuchados, atendidos, reconocidos, se diluye cuando acaba la intervención territorial sobre ellos. “No hay que desechar esta dimensión afectiva de la intervención, pero no essuficiente para propiciarloscanales de una efectiva inclusión social”, concluyó Leopold.
LA MANO DERECHA DEL ESTADO. “La igualdad debe serla matriz de nuestros horizontes de intervención”, remarcó Merklen al comenzar su conferencia. El sociólogo de la Sorbona parisina, discípulo de Robert Castel, problematiza en sus trabajos la desinstitucionalización del presente y cómo se cruzan nociones de precariedad con individuación e inseguridad.
“Para que una república sea digna de su nombre debe recibir a susjóvenescon los brazos abiertos, decirles: ‘Bienvenidos. Este mundo nuestro también esel tuyo’–sentenció–. Debemos combatirla desconfianza hacia losjóvenes pobres, combatir aquellas políticas que pretenden mantener a la juventud bajo controly que le exigen la adaptación al mercado”.
Retomando losconceptos de Pierre Bourdieu sobre “la mano izquierda y la mano derecha del Estado”, una aplicando políticas de protección social y la otra castigando, Merklen sostuvo que durante años la mano izquierda del Estado uruguayo pensó que redistribuir la riqueza y brindar transferenciasmonetarias a los más pobres repercutiría en la reducción de la pobreza. “Ahora ya sabemos que las transferencias monetarias son insuficientes y que el mundo del trabajo sigue siendo un espacio de opresión que tritura lasformascontemporáneas de integración social.”
Hoy el mundo del trabajo es “intenso, mal pago, ilegal”, caracterizó Merklen. Y cuestionó: “Este trabajo no esfactor de integración.¿Estamosseguros de que el estudio y el empleo son plataformas seguras hacia la integración social de jóvenessobre quienesrecae el estigma de ser vagos y haraganes?”.
Además de subrayar la importancia de recuperar la solidaridad en el barrio, la solidaridad de proximidad entre familias y vecinos, la solidaridad intrafamiliar, Merklen instó a crear instituciones sólidas que reduzcan los márgenes de exposición al riesgo, “crear espacios de socialización más allá de lasformasespontáneas de la sociedad civil”, para que la política social no apunte sólo a los vulnerables sino a toda la sociedad.
Enfatizó la necesidad de definir y delimitar el campo de acción de las políticas sociales, qué hace el Estado y qué podemosesperar o no de los sujetos intervenidos por los múltiples programas; ademásremarcó que “no podemos descargar en los trabajadores sociales la responsabilidad de resolverlas situaciones de las familias y jóvenes. Es un trabajo duro y difícil que debemosreconocery homenajear”, dijo ante el auditorio en el que se mezclaban jerarcascomo la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, con decenas de operadores territoriales.
Al cerrar el acto,el titular de la Dinem, Juan Pablo Labat, reconoció que en esa hora y media se había hablado de “grandes promesasincumplidas”. Éstas “son las que producen fragmentación social”, dijo. “Tenemos que pensarcómo seguir. Reflexionarsobre los fundamentos de las políticassocialesy hablar de la dimensión social de las políticas para universalizarlos derechos.”
1. Los equipos de trabajadores sociales están presentes en Artigas, Canelones, Cerro Largo, Montevideo,San José,Salto, Paysandú, Rivera y Tacuarembó.
2. Se lanzó como la Estrategia Nacional de Fortalecimiento de las Capacidades Familiares.
3. Presentados el pasado martes 14 por Sandra Leopold ycomentados por el sociólogo francoargentino-uruguayo Denis Merklen.

Con el sociólogo Denis Merklen
“La política social no puede correr detrás del mercado”

—Tras una década de gobierno frenteamplista estamos en un punto de inflexión y reflexión respecto de las políticas asistencialistas, y en tránsito hacia políticas más universales, a través de programas o dispositivos“puente”, como Jóvenes en Red y Cercanías.¿Cómo se puede cambiar el abordaje para lograr inclusión social?
—Pensamos mucho en las personas que tienen esos problemas, y pensamos poco en los problemas que hacen que las personas estén en esa situación. No disponemos de recetas, pero hay que mirar un poquito para ese lado. No podemos seguir pensando en resolver el problema del desempleo pensando en los desempleados; hay algo en la estructura del mercado de trabajo,en la evolución de la actividad económica, que produce desempleo. Por supuesto que siempre hay algo que se puede hacer para acompañar a esa persona que está en una situación difícil, pero por eso la política social tiene que ser un espacio de creatividad, de reflexión y de movimiento, de creación de espacios nuevos de socialización. La política social no puede estar corriendo detrás del mercado, tiene que imaginar espacios de vida nuevos. En Uruguay y en la región se ha intentado reducir todo lo que se ha podido el trabajo “en negro”. Sin embargo, cada tanto aparece una circunstancia como la de Uber, que viene a desestabilizar –en este caso a los taxistas y coches de alquiler– y a mostrarnos que esa legislación y esos dispositivos sociales de protección no son suficientes. Ahora, este no es un problema sólo de Uruguay. Es el problema del final de un modelo de industrialización y la aparición de nuevas condiciones internacionales que están desestabilizando. Esto no quiere decir bajo ningún punto de vista que el modelo de la sociedad salarial caducó, que hay que tirarlo a la basura o que no sirve más. Es, en realidad, de lo único que disponemos. Pero para acompañarlo debemos hacerlo con nuevos espacios de creación, de protección, de sentimiento, con políticas de inserción y acompañamiento. No tendremos recetas mágicas, pero tenemos algunas pistas: no todo pasa por el ingreso; la educación y el trabajo son muy importantes; los procesos son más largos de lo que imaginamos; la inestabilidad y el cambio serán intrínsecos,entonces no debemos resignarnos a ellos sino que debemos construir espacios de estabilidad para aquellos que están más expuestos al riesgo de la incertidumbre.

—En su conferencia dijo que quería “homenajear” a los técnicos y trabajadores sociales que llevan adelante las políticas en el territorio, a quienes también hay que cuidar proteger. ¿No es paradójico que ellos, que trabajan con personas en extrema pobreza para lograr su inclusión sociolaboral, también sufran cierta inestabilidad y precarización laboral, con proyectos que duran ocho o nueve meses, porque no saben si se renovará el convenio de su Ong con el Mides?
—Esto es muy importante. Una parte de la precariedad la genera el propio Estado, con empleos de este tipo para sus trabajadores; no sólo por el contrato de trabajo(de corta duración y mal pago), sino porque la tarea que tienen que realizar es extremadamente dura: es un trabajo penoso, que conlleva sufrimiento, que puede provocar mucho daño. Esta precariedad de los trabajadores sociales debe ser objeto de nuestra reflexión. Tenemos que ser capaces de crear formas de protección social para estos trabajadores precarios que llevan adelante las políticas sociales. Asimismo tenemos que recordar que muchas de las familiasmás vulnerables han conseguido empleo, tradicionalmente, a través de trabajos sociales, como enfermeras o trabajadores sociales. En esto hay un fuerte corte de género: jóvenes mujeres que acaban resolviendo problemas de las familias con su empleo, y haciéndose cargo en su hogar de los cuidados de jóvenes, niños y viejos.

—En mayo se conoció el caso de tres policías que se hicieron pasar portrabajadores del Mides para detener a un joven investigado por una rapiña en Delta del Tigre (véase Brecha, 6-V-16).¿Qué implica que la Policía use la figura de un trabajador social para un arresto?
—Es un modo de atropello que no puede tolerarse. Las políticas sociales sólo se pueden llevar adelante si hay una relación de confianza. Del mismo modo que un enfermero o un médico no puede preguntarle a un paciente si es o no un delincuente antes de atenderlo en forma debida, los trabajadores sociales no están allí para reprimir el delito, ni para perseguir, espiar o condenar. Esa función de control del trabajo social, afortunadamente, ha quedado atrásen la historia de las políticas sociales. Lo que se llamó “la policía de las familias”. Sin dudas debe despegarse una institución de la otra. Pueden colaborar, pero sobre otro terreno: el de la prevención del delito, del acompañamiento. De ninguna manera en el terreno de la represión.

—Programas“de proximidad”, como Cercanías, cuentan con formularios que los trabajadores sociales hacen llenar a los potenciales destinatarios del programa para evaluar si sus condiciones de vida son lo suficientemente precarias o vulnerables como para ser “beneficiarios”. ¿Qué opina de esta modalidad?

—Hemos trabajado sobre esto en Francia. Pedirle al otro que me cuente su vida, que me devele su sufrimiento para ser el beneficiario de un programa es una especie de reedición de la figura de ese inválido que tiene que mostrar su herida, o si no es un estafador. Es un terreno en el que es muy fácil desplazarse hacia la relación afectiva, invasiva de la privacidad del otro, y ese es un terreno muy delicado. En este tipo de programas, como Cercanías, que se aproximan a la subjetividad de las personas, aplicar estos formularios es parte de la buena intención. Está bien tener la dimensión subjetiva de cada quien, en lugar de tratarlo como si fuera un número, pero con esa intención puede invadirse un espacio personal, y allí hay que poner mucho más cuidado.

Caballos de Troya

Policías realizaron arresto fingiendo ser trabajadores del MIDES

Vengo porque en el día de hoy personas extrañas se llevaron a mi hermano”, declaró Yanina1 en la Seccional 11 en Delta del Tigre, departamento de San José, el 11 de noviembre de 2015 a las 13:15 horas.

Dos horas y media antes había recibido en el patio de su casa la visita de un hombre alto, pelado, de buzo gris y pantalón marrón, que se bajó de un auto blanco con vidrios polarizados, con una carpeta de color celeste en sus manos, les preguntó sus nombres y si ambos eran mayores de edad.

Ella tenía 18 años y él 19. Estaban tomando mate, mientras el hijo de la joven daba sus primeros pasos en el fondo del terreno. El hombre dijo que lo habían mandado del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Yanina y su hermano supusieron que venía a “inspeccionar” la casa; el día anterior una dupla de trabajadoras del Equipo Territorial de Atención Familiar (ETAF) había mantenido una entrevista con ellos en el interior de la vivienda para evaluar su posible ingreso al programa Cercanías2.

El calvo les preguntó por su situación familiar y por los materiales de construcción de la casa.

-Voy a poner como que se llueve todo.

-No pongas “como que”. Poné que se llueve todo -dijo ella.

-¿Querés pasar a inspeccionar? -ofreció Daniel.

-¿Ninguno de los dos está trabajando, no? -continuó el hombre en diálogo con Yanina-. Ya que él no está trabajando, a vos te va a ayudar que te acompañe a pedir la ayuda del Mides -dijo, en referencia a, según entendieron los jóvenes, conseguir la Tarjeta Uruguay Social (TUS), conocida en los barrios como “la tarjeta del Mides”. Le pidió el número de teléfono de la casa para estar en comunicación con ellos y se fue en el auto.

Diez minutos después Yanina atendió un llamado telefónico. Era una señora que preguntaba por ella y le consultaba si había estado Luis en la casa. “Yo le dije que había estado el muchacho del Mides”.

-Tenés que presentarte en la policlínica y tu hermano tiene que ir sí o sí para que puedan recibir más ayuda, siendo dos los que no están en caja. Si está él, eso te puede ayudar. Tienen que llevar las cédulas.

Yanina recuerda que su hermano le advirtió: Acordáte, éstos son milicos. “Yo no le quise creer e insistí en ir a la policlínica a buscar la tarjeta”. Él agarró la bicicleta y junto al niño de ella, de un año y medio, caminaron en diagonal hacia la policlínica de paredes externas grises y descascaradas, y techo a dos aguas de chapa color mostaza, donde entonces funcionaba el Socat de 10 a 12 de la mañana. Cuando llegaron, vieron al auto blanco estacionado en la puerta del centro de salud de ASSE. Entraron y preguntaron por las muchachas del Mides. Los recibió Cecilia Nauar, trabajadora social del Socat. Yanina le dijo que los mandaban del Mides por la tarjeta. Ante el desconocimiento de esa citación para el trámite, Nauar les preguntó si recordaban el nombre de quien los había convocado y la joven nombró a Luis. Nauar dijo que no tenía referencias y les propuso que esperaran a que ella averiguara con la Oficina Territorial del Mides, cuyo titular es Luis Gustavo Perlas, conocido en la zona por su segundo nombre. Pero el joven aclaró que el auto en el que el supuesto funcionario había ido a su casa estaba estacionado en la puerta. Entonces salieron a preguntar.

Se bajaron del auto tres hombres y uno de ellos les pidió los nombres. Nauar, a su vez, les preguntó los suyos y sólo respondió quien decía llamarse Luis y que eran funcionarios del Mides. Ella se presentó también como trabajadora del Socat Mides e indagó acerca del área específica de trabajo de los tres hombres. Luis respondió: “Estamos tan descoordinados que no te avisamos, coordinamos con el Mides y con Salud Pública”.

La situación me resultó sumamente extraña e irregular -recordó la trabajadora social-. Ellos se mostraban nerviosos ante las preguntas. Uno hacía como que escribía en una carpeta y le temblaban un poco las manos. Fingieron una conversación telefónica por celular y dijeron que debían esperar a otra supuesta persona que contaba con el formulario que les solicité, teniendo en cuenta que decían ser adjudicadores de la TUS. Mientras esperábamos, solicitaron las cédulas de identidad a los jóvenes, que se las brindaron”.

En ese momento, uno de ellos tomó de la muñeca a Daniel y le dijo: “Esto es un procedimiento policial, queda detenido”. “Sin mediar ninguna identificación policial, ni mostrar orden judicial”, aclara Nauar, que les cuestionó esta forma de actuar, manifestando que el procedimiento de detención no era correcto.

El joven se quitó rápidamente las chancletas y salió corriendo, atravesando la esquina de la manzana donde está la policlínica y el merendero del INDA, hacia la feria de los miércoles. Dos de los hombres no identificados salieron corriendo detrás de Daniel. El auto arrancó y el conductor debió recordar a sus compañeros que se subieran al coche. Aceleraron el vehículo, aunque Cecilia se puso frente al capó. Yanina también salió corriendo tras el auto, pero llegó hasta la esquina, cayendo de rodillas, desvaneciéndose. Su hijo había quedado llorando en el suelo, testigo de la escena. Nauar lo alzó en brazos y lo llevó adentro de la policlínica. El niño fue contenido por dos funcionarias de ASSE y una de Uruguay Crece Contigo hasta que su madre volvió, angustiada y nerviosa por el destino de su hermano.

A lo lejos se sintieron cinco disparos que rozaron a Daniel. Decidió entregarse. Su familia no lo sabría sino hasta 12 horas después.

HACERSE PASAR. Mientras tanto, desde la policlínica llamaron a la Seccional 11 de Delta del Tigre, “tanto para denunciar lo acontecido, como para proteger al niño y a la joven”, contó Nauar, además de volver a preguntar en el Mides si tenían conocimiento de la situación. Desde la Oficina Territorial y la Dirección Departamental de Desarrollo Social respondieron que no sabían nada al respecto.

En la comisaría también les dijeron que no estaban al tanto del procedimiento. Unas horas después informaron “que se trató de un operativo vinculado a la Seccional 5 de Montevideo, y que no podían dar más datos”, señala la nota que el Socat le elevó dos días después al Mides, al Ministerio del Interior (MI) y al Ministerio de Salud Pública (MSP).

Pasadas doce horas del arresto, la familia de Daniel sería notificada de que se encontraba detenido en un calabozo y podían llevarle ropa y calzado. Sus pies estaban hinchados de correr y clavarse espinas. Su cuerpo magullado por golpes y machucones internos. “No me abraces que me duele”, le dijo a su hermana. Saben dónde pegar para no dejar marcas. Saben cuánto y cómo hacerlo para que empieces a hablar. Ahora vienen los gorilas, le advirtieron. Vinieron con un balde y le pasaron bien despacito la esponja por los brazos y piernas. Conectaron el cable pelado a un alargue y le dieron electricidad durante seis horas. Los choques le aceleraron el corazón.

Me dijeron que eran del Mides y en verdad eran policías. Me mintieron. ¿Por qué, si tenían una orden judicial y lo tuvieron cara a cara a mi hermano, en mi casa, no lo detuvieron ahí?”, cuestiona Yanina.

Se violó la privacidad de la familia, invocando la presencia del Mides. No se respetaron los procedimientos. Se vulneraron los derechos de esa familia y perjudicó nuestra intervención como equipo”, opinó Ariel Vázquez, coordinador del ETAF de Delta cuyo equipo recién comenzaba un vínculo con la familia que ingresaba a Cercanías. El plazo mínimo de trabajo, a través de encuentros semanales, se estima entre nueve meses y un año y medio “con metodología de proximidad, en un proceso de apoyo psico-social y educativo orientado por metas prefijadas para restituir derechos sociales y calidad de vida3.

El trabajo territorial de ETAF “implica estar en la vivienda de cada familia, lograr confianza para que te cuenten sus dificultades”, añadió Vázquez. “Este atropello retrasó la intervención. Parecía que nosotros habíamos generado eso”. El coordinador señaló que el procedimiento de ETAF es “netamente de inclusión social”.

 

Diez años de políticas sociales del Mides en ese territorio llevaron a que entre los sectores más vulnerables y vulnerados se legitimara a los trabajadores del ministerio para entrar a su mundo privado, evalúan desde el ETAF. La intervención de la Policía repercutió en el equipo del Socat que, desde entonces, ha mantenido numerosas reuniones en las que se cuestionan cómo se están pensando las políticas sociales y si estas prácticas no terminan quedado en mero control, en lugar de facilitar el acceso a los derechos.

El 13 de noviembre, el equipo de la ONG Instituto del Hombre (IDH) que gestiona el Socat elevó una nota dirigida al Mides, al Ministerio del Interior (MI) y al Ministerio de Salud Pública (MSP) en la que detallaban lo ocurrido y expresaban su “gran preocupación ante irregularidades en un procedimiento policial que involucró a las tres instituciones”.

Nos preguntamos si la policía maneja la información precisa sobre los procedimientos del MIDES y su articulación con Salud Pública. Asimismo, para la familia, se generó una asociación directa entre la visita del MIDES y la Policlínica con el accionar policial, lo cual es sumamente riesgoso ya que creemos que compromete el trabajo del MIDES y Salud Pública en el territorio, por la asociación generada entre el MIDES, Salud Pública y Ministerio del Interior”, dice la carta que llegó a la cúpula de Desarrollo Social; algunas fuentes señalan que Arismendi y Bonomi habrían dialogado al respecto en el siguiente Consejo de Ministros.

Si ante la presencia de una trabajadora del SOCAT IDH-MIDES, se modificó el accionar policial, presentando dudas y nervios en sus acciones, nos preguntamos: si proceden de esta manera tan arbitraria cuando estamos presentes, ¿cómo es cuándo no lo estamos? (…) Se trata de un procedimiento totalmente irregular, donde la policía invoca e involucra a otras instituciones públicas, con la gravedad que eso significa. Sin duda, nuestra presencia permitió que lo sucedido trascienda de la esfera cotidiana para conocerse en otros ámbitos institucionales, pero es sabido que para los jóvenes en el barrio las arbitrariedades policiales son situaciones cotidianas que es necesario transformar. Esa es la preocupación de fondo de quienes trabajamos en el territorio, y en lo que apostamos a trabajar día a día, desde un enfoque de derechos humanos, velando por el desarrollo pleno de todas las personas. Ante lo dicho, cabe esperar que las autoridades competentes puedan esclarecer lo sucedido y tomar las decisiones pertinentes con el personal policial involucrado en las irregularidades del procedimiento”, finalizaba la nota.

En noviembre, se radicó la denuncia en el 0800 5000 del MI para que se investigara el procedimiento policial. Al no recibir información, se reiteró la denuncia en marzo. Desde Asuntos Internos del MI ubicaron la denuncia de marzo y“pedimos información a la Jefatura Departamental de San José. Nos llegó esa información, pero no nos quedó claro (qué pasó) y esperamos nueva documentación para citar a declarar” a quienes presenciaron el hecho, indicó Estela González, responsable de esa área del ministerio.

En diálogo con Brecha, González detalló que solicitaron al Juzgado de Libertad una copia del expediente judicial y de “las actuaciones que se derivaron al Juzgado por las cuales se procesó” al joven. Mientras esperan que esta respuesta les llegue en el correr de la próxima semana, la funcionaria manifestó: “Aparentemente lo único que habrían hecho (los policías) es no identificarse debidamente en el procedimiento. Aparentemente el accionar fue correcto. No se sabe a ciencia cierta qué es lo que ocurrió”.

La ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, prefirió no hacer declaraciones sobre el caso, “para respetar las investigaciones que se están haciendo desde la Justicia que determinarán si el procedimiento de que la Policía pueda presentarse como si fueran del Mides es correcto”, explicaron fuentes de esa cartera.

REPETIDO. El Ministerio del Interior (MI) es el organismo con mayor porcentaje de denuncias en su contra (16,5%) registradas por la INDDHH en 20145. A su vez, si estos datos se cruzan con las denuncias por violaciones a la integridad personal, representan 20,5% del total.

En diciembre, trabajando lo ocurrido en la puerta de la Policlínica del Delta, el Nodo Familia decidió acompañar la presentación de una denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) por parte de los familiares del detenido, firmada por integrantes de la policlínica de ASSE y de los programas del Mides que trabajan en la zona (SOCAT, CAIF, ETAF, UCC, Jóvenes en Red), además del jefe de la Oficina Territorial del Mides. Todavía no han recibido notificaciones de avances por parte de la Institución.

Después del olor ácido y dulzón de la curtiembre de Nuevo París. Después de los humedales y el puente de la Barra de Santa Lucía. Entre casas bajas, parquecitos al frente con naranjos, calles de balastro y la Seccional 11 de San José, está la rotonda-plaza y más atrás el merendero del INDA y la Policlínica de ASSE. Avanzando tres cuadras más hacia el Canal, frente a una Santería y Agropecuaria, está la nueva sede del Socat IDH, que comparte el espacio con el Aula Comunitaria y con Jóvenes en Red.

Delta del Tigre es el ingreso a Ciudad del Plata, con 20 mil habitantes (según el Censo 2011) y más presencia policial desde diciembre del año pasado cuando oficiales irrumpieron en viviendas donde funcionaban bocas de pasta base, llevando a cabo al menos dos operativos mientras el equipo ETAF hacía la visita semanal a alguna familia. Por la tarde comienzan los patrullajes y el acoso a los jóvenes en el fondo de este barrio que se extiende por 15 cuadras, mientras decenas de familias clasifican la basura en el vertedero.

Las hermanas de Daniel cuentan que este lunes rechazaron al equipo de Uruguay Crece Contigo. Ya no les creen nada. Necesitan la “ayuda”, pero no confían en quien la provee o gestiona. “Hasta el día de hoy no sabemos bien qué pasó. ¿Cómo sabían los datos? ¿Cómo sabían que habíamos estado hablando sobre la Tarjeta?”, pregunta la hermana mayor de Yanina y Daniel.

Yanina todavía no tramitó su Tarjeta Uruguay Social. Cursa un embarazo de cinco meses y cada semana, cuando visita a su hermano en el Comcar, tiene miedo por las peleas entre presos de las que ha sido testigo, porque los guardias dejan que se hieran, que se maten, y recién después entran. Porque en la primera visita su hermano resultó con un puntazo en el pecho y en las últimas semanas vio muchas peleas como éstas por disputas de poder o porque no se comparten cigarros o panchos que les llevan sus familias en los paquetes.

Yanina se siente culpable porque su hermano cayó preso. Durante la semana siguiente a la detención, su hijo pedía en sueños por su tío, lloraba y gritaba su nombre. Ella también tiene pesadillas.

Frente a la parada de la plaza central del Delta, un caballo negro se suelta de la cuerda que tensaba el tronco y echa a andar. Huye de los ladridos de un cimarrón. Dos hombres lo corren. No lo alcanzan.

1Para preservar la identidad de los denunciantes, los nombres fueron cambiados.

2“La creación de la Estrategia Nacional de Fortalecimiento de las Capacidades Familiares, CERCANÍAS supone un esfuerzo interinstitucional para la atención prioritaria de familias en situación de extrema vulnerabilidad a través de la acción articulada de los organismos en el efectivo acceso a prestaciones, derechos y servicios. (…) participan MIDES, MVOTMA, ASSE, ANEP-CODICEN e INAU, que se propone en el marco de la Reforma Social, mejorar la eficiencia de las intervenciones del Estado ante situaciones de extrema vulnerabilidad social considerando a la familia como sujeto. Busca promover una gestión del cambio en las instituciones para superar fragmentaciones y superposiciones; mejorar la articulación de los servicios a nivel territorial promoviendo el trabajo en red y la integralidad en el primer nivel de atención; desarrollar un segundo nivel especializado en trabajo de proximidad con las familias que presenten mayor índice de carencias críticas y de vulnerabilidad socio-familiar; y garantizar un acceso rápido y eficiente a las prestaciones sociales básicas existentes.” Cartilla de Programas MIDES, Asesoría Nacional de Políticas Sociales, 2013. En: http://www.mides.gub.uy/innovaportal/file/22968/1/cartilla_programas_mides.pdf

3Mides, 2013, op. cit.

4Mides, 2013, op. cit.

5INDDHH, III Informe Anual a la Asamblea General, 30 abril 2015.

CUESTIÓN DE CERCANÍAS

¿Quiénes y cómo pueden acceder al PROGRAMA Cercanías? “Los grupos familiares invitados por los ETAF son seleccionados a partir de un índice acumulado que integra la situación de pobreza extrema (identificada por equipos de la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo del MIDES) y la situación de vulnerabilidad socio-familiar identificada a través del diagnóstico que realizan servicios sociales en territorio (Nodos/redes locales, Oficinas del MIDES, SOCAT, Centros de INAU, referentes de servicios sociales, etc). A partir del índice se genera un orden de prelación de situaciones por región, que es revisado por un Comité Local que confirma si hay otros equipos sociales acompañando la situación, cuidando la confidencialidad de la información”4.

El índice se produce con un puntaje sumado a partir de un formulario que deben completar sobre cada familia evaluada. En la planilla indagan nombre, apellido y otros datos personales de cada integrante del grupo familiar, referencias del hogar, la situación laboral de riesgo que pueden presentar, ausencia o debilidad de figuras parentales, problemas de desnutrición, desvinculación educativa, si hay adolescentes y jóvenes que no estudian ni trabajan, problemas de adaptación escolar, desempeño educativo e inasistencias, si hay integrantes que están en situación de calle y/o con consumo problemático de drogas, si hay sospechas o denuncias de violencia intrafamiliar y/o explotación sexual, cuál es la atención en salud (embarazos sin control, enfermedades crónicas, problemas de salud mental), si hay integrantes del hogar con discapacidad sin espacios de salud, socialización o educación, si la vivienda está afectada por un hábitat degradado, deficitario /o inundable, si hay integrantes que estén o hayan estado en conflicto con la ley, si se identifica algún adulto referente del hogar con el cual establecer alianza que permita sustentar una estrategia de abordaje con la familia y, por último, si la familia integra alguna red vecinal o institucional en la zona.

Desamparadas por la ley

¿Cómo se transita un aborto con más de tres meses de embarazo? La muerte de una joven en Maldonado producto de un aborto clandestino reabrió el debate sobre las barreras que presenta la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Feministas denuncian demoras en la atención y malos tratos en los servicios. Desde el Ministerio de Salud anunciaron un nuevo protocolo de actuación.

MUJER

Mujeres presentan una performance reclamando la legalidad del aborto, frente al Palacio Legislativo – 25 de setiembre de 2012 – Montevideo – Uruguay. Foto: Manuela Aldabe

Doce semanas no parece ser el mejor plazo para interrumpir un embarazo no deseado. Desde la implementación de la ley 18.987 (Ive), aprobada en octubre de 2012 por el Parlamento uruguayo, se multiplicaron los relatos de mujeres que acuden a los servicios de salud y encuentran como respuesta que si la gestación supera los tres meses, la ley no las ampara, y de querer seguir adelante, la responsabilidad y los métodos utilizados para lograr un aborto correrán por su cuenta.
Camila(1) tiene 16 años y abortó con 24 pastillas de misoprostol, que debió completar con un proceso de salinización, y acabó teniendo un parto inducido en su mutualista de Montevideo. A comienzos de febrero supo que estaba embarazada. Apoyada por su familia y por su novio, decidió llevar adelante el aborto. Según sus estimaciones, llevaba un embarazo de 11 semanas. Había menstruado hasta pocos días antes de confirmarlo. Su madre averiguó el teléfono del servicio IVE de la mutualista y consiguió turno para ese mismo día a la noche. Allí ambas fueron recibidas por una ginecóloga y una partera, quienes les explicaron que la ley ampara a mujeres con hasta 12 semanas de gestación y que, “si estaba dentro de esos parámetros, le iban a dar la medicación para que hiciera el tratamiento en casa pero que, si quedaba fuera del amparo de la ley, le iban a explicar cómo y con qué medicamento hacerlo pero no podían suministrárselo ni recetarlo”, contó la madre de Camila a Brecha. “Nunca nombraron alternativas por si no quería abortar”, remató. Luego, la adolescente fue derivada a otro consultorio donde habló con una psicóloga y una asistente social, cumpliendo con la reglamentación que establece la atención simultánea de un equipo interdisciplinario en el procedimiento IVE.
Al día siguiente, en una sede de la mutualista tuvo la extracción de sangre para saber el factor (cuyos resultados tendrían un día después), y en otra sede le realizaron la ecografía transvaginal. En la pantalla figuraba que era una “paciente IVE”. Según relata la mamá de Camila, la ecógrafa se puso nerviosa y expresó: “Esto ya está grande” y pasó las medidas a una técnica que realizaba el informe. Le pidió a la adolescente que saliera y habló con la madre para indicarle que estaba “pasada” del plazo porque estaba “de más de 14 semanas”.
Cuatro días después tuvieron una nueva consulta con otro ginecólogo, quien vió la ecografía y el factor sanguíneo y les informó que “la ley no nos amparaba, pero que podíamos hacer el procedimiento por nuestra cuenta”. Les indicó cómo tomar la medicación, aunque les aclaró que no se la podía recetar. Camila debía tomar 12 comprimidos de misoprostol, en tres dosis, luego de las cuales debería comenzar a sangrar y expulsar el saco gestacional. “Me aclaró que, si no expulsaba el feto, le podía dar otra dosis, tomando 16 pastillas en total”.
En los cinco días que habían pasado entre la primera y la segunda consulta al equipo médico, Camila y su mamá habían rastreado vía web distintos lugares de venta de misoprostol, ya que ninguno de los profesionales les haría una receta, y en las farmacias no venden sin prescripción. “Me llegaron a pedir 3500 pesos por cada pastilla”, señaló la mujer. “Desesperada fui al médico de familia y él se jugó por nosotros. Así fue que conseguí misoprostol. Debía comprar dos cajas (cada una contiene ocho pastillas). Pagamos $6890 por cada una”.
Camila comenzó el tratamiento el 15 de febrero. En las siguientes 48 horas temblaba, tenía contracciones y fiebre -síntomas previstos bajo el uso de misoprostol-, pero no hubo sangrado. Su madre buscó ayuda y consiguió el contacto de una partera, quien le dijo que esperara otras 48 horas y tomara 8 pastillas más. La mujer decidió esperar ese plazo y acudir a la mutualista. Se comunicó telefónicamente y pidió una nueva consulta para su hija con el equipo IVE. “Pero ya tuvo las dos entrevistas. ¿Para qué necesita otra?”, cuestionaron. “Les informé que no había pasado nada con el tratamiento y me dio a entender que hasta ahí llegaban ellos, pero igual me dijeron que fuera ese día”, explicó a Brecha.
Las recibieron aunque no las tenían agendadas. Ellas explicaron el proceso por el que estaba pasando Camila y una ginecóloga le dijo: “Ahora hay que seguir. Hay que tomar 8 más porque esto deja secuelas. ¿Nos entendemos, no? Secuelas y muchos riesgos. De esto no se vuelve. Si no pasa nada hay que comenzar los controles y recibir lo que quedó”. Sin explicarle cuáles serían las “secuelas”, las mandaron a la Urgencia con una receta que decía “Amenaza de aborto” y mandaron a hacer la ficha obstétrica y otra ecografía para los controles. “Nosotros ya no somos referentes de ustedes”, enfatizaron. En Urgencias la vio otra doctora que “cuando supo que era un caso IVE no la trató muy bien”, señaló la madre de Camila. Le contaron que había tenido contracciones. Revisó a la adolescente y le recetó óvulos. Hizo la nueva toma de misoprostol.
Como el aborto no se producía, acabaron recurriendo a un ginecólogo que una partera les había recomendado. Las atendió ese mismo día en su consultorio particular, donde le hizo una nueva ecografía a la joven, le preguntó si quería interrumpir el embarazo y le pinchó la bolsa de líquido amniótico. Este método se conoce como “inyección salina”: se introduce una aguja a través del abdomen hasta la bolsa amniótica y se inyecta una solución salina concentrada que produce deshidratación del feto en menos de 12 horas. El ginecólogo les aclaró que en menos de 24 horas debía llevarla de nuevo a Emergencia porque podía comenzar una infección. “Deciles que te mojaste toda caminando. Ahora andá a bailar, saltá, corré”, le indicó el médico a Camila. Y les cobró mil dólares.
A la mañana siguiente llegaron a la emergencia diciendo que la adolescente había despertado con la cama mojada y con dolores de panza. El ginecólogo que la atendió le dijo que no era nada y que se fueran tranquilas. Al ver la cara de angustia de Camila, le comenzó a explicar el procedimiento de la ley IVE, pero la madre lo interrumpió y le dijo que su hija ya había tomado 24 pastillas de misoprostol. Al médico le llamó la atención la ausencia de sangrado. La mujer solicitó una nueva ecografía. Esperaron a la ecógrafa porque los sábados está de retén. Cuando ésta llegó tuvo un trato amable “hasta que se le dijo que Camila estaba por IVE”. “Ahí el trato fue muy prejuicioso. Puso en tela de juicio mi rol de madre, dijo que si sabía lo del misoprostol no venía, y prendió el volumen para hacerle escuchar a Cami los latidos del corazón del feto. Nos trató muy mal e intentó poner palos en la rueda en el resto del procedimiento”.
La ecografía determinó que Camila estaba de 19 semanas. “En eso también falló la mutualista. Desde el principio no supimos qué fecha exacta de gestación estábamos manejando. Sólo les importaba recalcar que estaba fuera del amparo de la ley”, se quejó la mujer. “Tenemos un sistema de salud al que sólo le preocupa que estábamos fuera de la ley. No podemos padecer todo esto por una cuestión de plazos. Si el fundamento de la ley es que no se muera ninguna mujer, el sistema no te puede expulsar a la clandestinidad”.
Camila terminó su embarazo no deseado con un parto inducido. “Mi hija no murió porque teníamos de donde sacar algo de dinero y creo que también tuvo mucha suerte. Es un caso gemelo con el de la muchacha que murió en Maldonado. No nos olvidamos de quienes hoy están llorando”, reflexionó respecto del caso de la joven de 21 años que murió luego de que un médico en la localidad de Nico Pérez, departamento de Florida, le practicara un aborto inseguro con una sonda.
La mujer, de iniciales A A N S, había solicitado interrumpir su embarazo, pero fue rechazada en el servicio de salud de Maldonado, bajo el argumento de que llevaba 13 semanas de embarazo. Tras el procedimiento clandestino, regresó con fiebre alta al hospital fernandino. Fue intervenida, permaneció internada en CTI durante 21 días, y falleció el 20 de febrero como consecuencia de una insuficiencia respiratoria.
Tanto el médico como la pareja de la mujer fueron procesados con prisión por la jueza penal de 1º Turno de Florida, María Fernanda Morales, en calidad de autor y coautor respectivamente, siguiendo el artículo 326 del Código Penal. Pueden recibir penas de entre tres y seis años de cárcel.
ABORTO ES SALUD. El caso de Maldonado es la segunda muerte por aborto clandestino que se produce desde la aprobación de la ley IVE. Para la organización Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) es “inconcebible” que estas muertes sigan ocurriendo “en un país que ha modificado su marco legal y cuenta con servicios legales para la interrupción voluntaria del embarazo”.
Para Lilián Abracinskas, directora de MYSU, esa “muerte evitable” se debe a que “Uruguay no ha dado respuesta adecuada a las interrupciones del embarazo durante el segundo trimestre de gestación. La ley prevé que hasta las 14 semanas se debería poder interrumpir en los servicios legales cuando el embarazo es producto de una violación, y no hay plazo cuando es por causal salud. Sin embargo, los servicios no están dando estas respuestas, ni está debidamente reglamentado el causal salud”. El artículo 6° literal A de la ley 18.987 establece entre las excepciones al plazo de 12 semanas para IVE: “Cuando la gravidez implique un grave riesgo para la salud de la mujer”.
La salud es un derecho humano. Es “el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social”2. Se considera la salud como causal de aborto legal si al continuar la gestación pone en riesgo la vida o la salud física, mental o social de la mujer.
PEREGRINAS. El monitoreo realizado durante 2015 por el Observatorio de MYSU señala que la distribución de los servicios de salud sexual y reproductiva y aborto en Maldonado es “dispersa” y dificulta el acceso de las usuarias al sistema de salud. El departamento se caracteriza por una peregrinación de las usuarias por distintas policlínicas de su prestador de salud, sea éste público o privado. “La muerte de esta mujer en Maldonado era la crónica de una muerte anunciada. Debido a la ‘peregrinación’ que las mujeres tienen que hacer en ese sistema de salud, es muy probable que no lleguen a realizarse el aborto dentro de los plazos establecidos por la ley”, indicó Abracinskas. Para la activista, las barreras para el correcto cumplimiento de la ley IVE han tenido como consecuencia la vuelta no sólo al sistema clandestino, sino también a los métodos más precarios e inseguros para la mujer.
A nivel departamental, las fernandinas cuentan con siete prestadores de salud: seis del subsistema privado y uno de ASSE. “Hay poca difusión de los servicios y de las rutas para acceder a los mismos. Llegás para solicitar asesoramiento en IVE y no hay ni cartelería que indique adónde acudir, ni el listado de profesionales que están a cargo del servicio, ni teléfonos de derivación”, describe la politóloga Maru Casanova, integrante del Observatorio.
El informe preliminar de MYSU al que accedió Brecha señala que se identificaron “dificultades en la conformación de los equipos médicos” para la atención de abortos: “En muchos casos no se conocen entre sí. No están al tanto de las opciones que tienen para hacer derivaciones y acaban recurriendo siempre al mismo profesional”. Desde la organización se sugiere “crear un listado que recoja los nombres del personal médico que realiza atención en aborto (…) evitando sobrecargas innecesarias”, algo ya establecido en la ley (art. 5°, lit. D).
También identificaron que se somete a las mujeres que solicitan IVE a “consultas innecesarias, demoras y derivaciones incorrectas” que redundan en “dilatar los tiempos y sirven como formas de desestimular la práctica”, además de “imposiciones de valores y creencias” en función de la edad o la condición socioeconómica de la usuaria.
Si ya es complejo cumplir con los plazos que establece la ley cuando se llega sobre el filo de las 12 semanas, esta carrera a contrarreloj se acentúa “si la ecografía me la tengo que hacer en un lugar, el médico me ve en otro, la asistente social atiende sólo una vez a la semana en otra sede del prestador de salud… quedando de lado tu vida cotidiana en pos de la atención en IVE”, describe Casanova. Además, aunque en Maldonado no se registran altos porcentajes de ginecólogos objetores de conciencia -como ocurre en varios departamentos del litoral del país-(3), hay pocos profesionales para equipos interdisciplinarios (escasean las asistentes sociales), lo que restringe la atención en tiempo y forma. Las peregrinaciones pueden acabar en Montevideo, como ocurrió la semana pasada con una mujer que fue derivada desde Pan de Azúcar a la capital nacional para completar su proceso de aborto.
PARCHE. El ministro de Salud Pública, Jorge Basso, tiene sobre su escritorio el borrador de un nuevo protocolo de actuación que reemplazaría los 7 artículos de la reglamentación de la ley IVE anulados en agosto de 2015 por el Tribunal de los Contencioso Administrativo (TCA) que falló a favor de 20 ginecólogos objetores de conciencia.
El texto “se apega más al fallo del TCA que a la ley IVE”, señaló Casanova, en vistas de que permitiría que los médicos objeten conciencia en cualquiera de los pasos para interrumpir un embarazo: en la primera consulta de asesoramiento, o cuando es atendida por el equipo interdisciplinario, o para prescribir el medicamento abortivo. No obstante, establece que sólo aquellos profesionales que tienen que actuar directamente en el aborto son quienes pueden objetar conciencia.
A la vez, estipula que el plazo para acceder a los equipos interdisciplinarios no puede exceder un día y medio, lo que podría llevar a que las instituciones de salud realicen convenios público-privados para garantizar que todos los días haya equipos funcionando. La responsable de Salud Sexual y Reproductiva del MSP, Ana Visconti, asumió, en diálogo con El Observador que existen “déficit” de recursos humanos en estos servicios. “A veces es dificultoso que se pueda completar que el equipo integrado por tres especialistas pueda lograr la consulta, más en el interior del país porque no hay tantos técnicos y especialistas”, reconoció Visconti. “Si todas (las instituciones) plantearan que no pueden cumplir se verá cómo hacer”, dijo.
El colectivo Mujeres en el Horno identificó “grandes dificultades en los distintos servicios de atención”: no se respeta lo establecido en las normas; algunos centros asistenciales no disponen de los servicios en todas sus policlínicas o directamente no los ofrecen, o carecen de protocolos para implementarlos(4). También se advirtieron maltratos a las usuarias por parte del personal de salud médico y no médico y “recriminaciones” de médicos objetores a la decisión tomada, llegando a negar la atención o la derivación correspondiente.
Y se suman obstáculos en esta carrera contrarreloj, siendo que el equipo “deberá entrevistarse con la usuaria en forma conjunta” y los cinco días de reflexión, que en la reglamentación actual corrían desde la primera consulta, con la modificación empezarían después de que la mujer sea recibida por dicho equipo.
Para sortear esta barrera, el diputado colorado Fernando Amado presentó esta semana unas modificaciones al proyecto de ley IVE. Plantea suprimir la conformación del equipo interdisciplinario, derogar el artículo 13 de la ley 18.987 que habilita el aborto para extranjeras que residan desde hace más de un año en Uruguay, y modifica el artículo 3 para que la mujer manifieste su decisión de abortar ante un médico y la ratifique tres días después.
Si bien la nueva reglamentación establece que la objeción de conciencia debe quedar declarada por escrito, desde MYSU enfatizan que el MSP debe “fiscalizar”, ya que se han encontrado ginecólogos que objetan conciencia en un prestador público pero no objetan en el sistema mutual.
A tres años de la ley que despenaliza el aborto con muchos corsé, el mercado clandestino sigue resolviendo en parte lo que el sistema de salud no asume. Una decisión que no debería ser cuestionada pasa por una carrera de postas. Entre búsquedas silenciosas se nos juega la vida.

Notas:
1. Nombre ficticio que utilizamos para proteger su identidad, ya que es menor de edad, y para conservar la confidencialidad del caso.
2. CIDH, Protocolo de San Salvador, Art. 10, 1988.
3. MYSU, Estado de situación de los Servicios de SSR y aborto en el departamento de Salto. Informe 2014; MYSU, Estado de Situación y Desafío en SSR y Aborto en Paysandú, Río Negro y Soriano, 2015. (www.mysu.org.uy)
4. Sistematización de las llamadas recibidas en el 08008843 Línea Aborto Información Segura en 2015, presentada este martes 15 de marzo.

Publicado en Brecha, 18 de marzo 2016

Sacarse la gorra

Tourné criticó proyecto que descentraliza el Sirpa y la injerencia de Interior en el sistema penal juvenil.

“¿Alguien me puede fundamentar, si se quiere lograr un proyecto alternativo [en privación de libertad adolescente], qué tiene que ver la Policía?”, cuestionó la senadora frenteamplista Daisy Tourné el viernes 30 de octubre en “Los desafíos de la victoria”, un ciclo de charlas organizado por la Juventud del Partido Socialista (PS) que tuvo lugar en la sede del PS y continuará en Durazno, Melo, Las Piedras y otras ciudades del país para analizar el sistema penal juvenil después de la ajustada victoria obtenida hace un año en el plebiscito que pretendía bajar la edad de imputabilidad.

La legisladora integra la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión de la cámara alta, que estudia el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para que el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) pase de estar bajo la órbita del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) a ser el Instituto Nacional de Construcción de Ciudadanía Adolescente (INCCA), un servicio descentralizado en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). La bancada del Frente Amplio introdujo algunos cambios al proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo.

Tourné criticó que el Ministerio del Interior (MI) forme parte del Consejo Honorario Nacional Consultivo del organismo. Dijo que intentó “sacar” a esa cartera gubernamental de dicha instancia y opinó que la creación de este tipo de comisiones asesoras “no sirve para nada. Es para delirar sobre la inmortalidad del cangrejo y para [obtener] un carguito”.

Consultada por el público presente en la charla, la senadora no pudo dar una fecha concreta en la que se podría aprobar la creación del INCCA, pero adelantó que seguramente no llevará ese nombre -“no podemos hablar de construcción de la ciudadanía dentro de una cárcel”- y criticó que el texto tuviera entre sus objetivos asistir “moral o materialmente” a los adolescentes “mientras se encuentran cumpliendo medidas socioeducativas dispuestas por la Justicia”. “¿Asistir según la moral de quién? ¿Qué pasó que en nuestro Ejecutivo hay alguien que me escribe este proyecto?”, cuestionó.

Para compensar la presencia de la Policía en el INCCA, justificada según Tourné porque “algunos dicen que ellos están en contacto con los menores delincuentes y otros dicen que así la Policía cambiará su lógica”, la parlamentaria detalló que propuso que entre los cometidos esté bajar el índice de reincidencia de los adolescentes.

“La primera impresión que tuve del proyecto es que era más cárcel para los jóvenes”. Por ello instó a priorizar las medidas alternativas a la privación de libertad: “Conversar y mediar es más positivo que encerrar y fragmentar gente”. Además, remarcó la necesidad de capacitar y evaluar en forma permanente a los funcionarios, que no sean sólo del INAU y “cuidar a los que cuidan”. “El proyecto no es malo, pero sigo preocupada por la gestión y la concepción política que está detrás. Que el Sirpa salga de la órbita del INAU para pasar al Mides puede ser para que tenga más grado de autonomía o para que el INAU se saque un problema de encima”, agregó. Por último, llamó a que la fuerza política de gobierno tome esto como un tema de agenda.

Tourné cerró la terna de oradores. Antes habían hablado Tatiana Antúnez por el PIT-CNT y Mauro Tomasini, coordinador del área de Seguridad Democrática y Derechos Humanos del Servicio Paz y Justicia (Serpaj). Antúnez recalcó el impacto que tuvo en la disminución de reincidencias cuando los adolescentes privados de libertad tuvieron oportunidades de trabajo mediante un convenio entre el Sirpa y la central de trabajadores. “Esos gurises nunca habían pasado por una experiencia laboral en su vida y lograron identificarse con un trabajador”, dijo, y subrayó que hay que modificar “la cantidad de horas que están encerrados con tan pocas actividades” y “atacar los problemas que tienen que ver con la exclusión y la pobreza” de estos jóvenes.

En discrepancia con el título de la charla, Tomasini planteó que el plebiscito en el que ganó el no a la baja “no fue una victoria”. “Se detuvo una de las formas más punitivas de controlar el delito. Ahora hay que discutir políticas de seguridad democráticas que reviertan la violencia institucional hacia niños, niñas y adolescentes”, sostuvo.

Asimismo, recordó que Serpaj tiene una postura minimalista y abolicionista respecto del sistema penal juvenil y adulto porque no cree en este tipo de resolución de conflicto, ya que el delito es una construcción, un devenir, y no un acto. Tomasini instó a analizar sociológica y políticamente el sistema penal, “quién entra y quién sale” de las cárceles, y buscar intervenciones comunitarias para resolver los conflictos, “juntar a víctima y ofensor” como trabajan en el proyecto Orejano de Cerro Largo.

“Quiero una intervención penal mínima en la resolución de los conflictos, y no creo que un chiquilín tenga que pasar por la privación de libertad para tener su primera experiencia laboral con un sindicato”, añadió, considerando en cambio que éstas deberían ser medidas sustitutivas a la prisión. Interpeló: “¿Estamos dispuestos a convivir con alguien que estuvo en privación de libertad?” y recordó que “producir comunidad es ser junto a otros”.

“Se puede y deberíamos cambiar. Si se agrandan las fuerzas punitivas, los derechos y lugares se reducen -continuó-. Debemos desterrar la enunciación de que ‘alguien tiene que sufrir o morir para que la sociedad viva’. La seguridad no tiene que ver sólo con el delito, sino con una narrativa social. El delito es una forma torpe de decir algo. Los niños que realizan un delito están intentando decirnos algo”.

Azul Cordo, La Diaria.

Protocolo del dolor

Joselo López se mira a sí mismo en horario central contemplando las golpizas y ahogos a jóvenes encerrados y afirma: “Acá no hay ningún uso de la fuerza desmedida”. Se vanagloria de su acción y llama a “redoblar” la lucha. Para él, abordar a adolescentes encarcelados bajo el paradigma de los derechos humanos es “lírico”, como dijo en 2013; la misma calificación que utilizó Fernando Pereira, presidente de la central de trabajadores, cuando afirmó era un lirismo decirles “Muchacho, siéntate” para controlar una situación dentro de una cárcel.

En la defensa del no-protocolo llevado adelante por sus compañeros contra los jóvenes amarrocados en su presencia tal vez se cometieron “excesos” aunque, consideran, eso lo determinará la Justicia. “Excesos”, un eufemismo utilizado cuatro décadas atrás por los represores del terrorismo de Estado en referencia a las torturas, herramienta política aplicada de manera sistemática a detenidos desaparecidos y a presos políticos que se repite hoy bajo ecos de “lealtad” al movimiento sindical porque “a los compañeros no se los delata”.

Como sostiene Pilar Calveiro, toda política se define por la tensión entre la violencia, producto de las relaciones de dominación propias del ejercicio del poder, y la ética, como polo inverso que instala la demanda de justicia. En las instituciones de encierro se viven situaciones-límite sostenidas por la violencia ejercida por aquellos que están de parte del sistema, sobre aquellos que se encuentran irremediablemente colocados bajo su dominio, donde existe una división de trabajo entre señor y siervo, dirigente y dirigido, que no es más que la separación entre quienes detentan el poder y los que no lo detentan. Los grados de aplicación de esta violencia y exclusión varían según las necesidades que aquel que detenta el poder tiene de ocultarlas o disfrazarlas, señala Franco Basaglia en La institución negada.

El video es una muestra más de las vejaciones que viven a diario los jóvenes privados de libertad, como lo fue la cartulina naranja que varios pusieron a fines del año pasado contra las cámaras de seguridad del CIEDD para que su director leyera: “Tenemo ambre Julio”. Es la banalidad del mal en su esencia. La espectacularización de la tortura en el noticiero del mediodía. Como cuestionaba Hannah Arendt en su obra Eichmann en Jerusalén:“Cuánto tiempo necesita una persona normal para vencer la innata repugnancia hacia el delito”.

Plano corto

Infancia adjetivada: son menores. Niños negados. Destinatarios de sanción y castigo social. Cuello de botella de nuestras frustraciones y conflictos. Encerrados sin cuna. Son los desconsolados, los destinados al dolor.

“Nos tenían 4 o 5 horas contra los perimetrales haciendo la estrellita o la motoneta, lleno de botones atrás de nosotros que donde bajaras los brazos o se te aflojaran las piernas te pegaban con los brazos o las cachiporras en los tobillos, las rodillas, los codos, los hombros o las muñecas. Nos tenían desnudos como dios nos trajo al mundo y en invierno, y encima muchas veces te ponían boca abajo en el piso del patio, afuera, del lado donde estaban las macetas viejas. Esa parte estaba llena de hormigueros y ellos sabían, por eso nos obligaban a acostarnos ahí encima de los hormigueros. (…) Después te metían a la pieza medicado o inyectado, contra nuestra voluntad claro…”, cuenta un joven que en marzo próximo cumplirá 22 años y está preso desde los 13.

Como analiza Graciela Frigerio en La división de las infancias, en el marco de las teorías de la minoridad, protección y castigo son dos caras de la misma moneda: se castiga/encierra para proteger a la infancia en peligro material o moral, “con la característica particular de que lo que se sancionaría no sería un delito, una falta o un crimen, sino un origen social, un estado de situación una presunción de potencial delictivo (asignación de peligrosidad predelictual), en los cuales la gestión punitiva hizo y hace de punto de partida y horizonte”.

“Me tuvieron desnudo en el calabozo y me dieron un par de cachetadas que, a estas alturas, no era algo grave para mí”, acostumbrado ya a lidiar con funcionarios alcoholizados que se presentaban como los que habían estado en Miguelete y La Tablada, y funcionarias que practicaban sexo oral a cambio de darles mejor comida o visitas.

Vimos las dimensiones de su encierro, tan reducido que es enorme. Vimos el patio al que salen en esa hora que están fuera de su celda. Es allí, en el mismo rectángulo del dolor, bajo una claraboya de plástico, entre paredes que sólo reflejan rejas. Vimos la condensación del ejercicio del poder sobre sus vidas; la respuesta institucional al karma conflictivo que les asignamos.

“El tema de las palizas en el [centro] Puertas era algo común, siempre te toreaban para que saltaras y así tener la excusa para pegarte”, en referencia al centro del SIRPA que se cerró en abril de este año y cuyos funcionarios fueron trasladados al CEPRILI. En el Piedras “era sistemático: dos veces por semana nos picaban a palos. Siempre arrancaban los funcionarios que tenían una cachiporra y gas pimienta. Te pulseaban, te provocaban, te insultaban a tu madre”.

No seamos ingenuos ni hipócritas. Aquí no hay un pueblo que hierva de indignación. Aquí hay una juntada de firmas motivada por la culpa y doble moral pequeñoburguesa luego de que nos enrostraran el trato que les damos y/o toleramos a los negados, y creemos que con la renuncia de Joselo se acabó el problema. “No son angelitos, pero de todas maneras no merecen ser tratados así”, se lee en redes sociales, se escucha en almuerzos y en conversaciones de pasillo, también en el almacén, mientras el vecino aclara que igual tiene un arma por si algún día lo roban.

Lo que vimos en el video es la denuncia que no escuchamos desde hace veinte años. Es el bollo de papel que un funcionario le hizo tragar a un joven, representando la denuncia penal que la madre de otro había presentado ante la justicia. La grabación es muda. Si tuviera sonido, acaso serviría de argumento para justificar la tortura. Si tuviera sonido, acaso los funcionarios le pondrían música a sus tratos crueles e inhumanos, como relatan quienes sobrevivieron a La Tablada, cuando allí funcionó un centro clandestino de detención.

No nos estamos haciendo las preguntas adecuadas. El encierro nunca puede ser la solución a los problemas sociales.

¿Cuándo vencimos nuestra innata repugnancia hacia la violencia? Si esta cárcel sigue así, se volverá una gran fosa común de nuestra juventud negada.

Azul Cordo – Montevideo, 10 de agosto 2015