Lo que soy lo llevo conmigo

La jornada de paro de mujeres en Uruguay fue tan diversa como las condiciones de vida: con paro activo en los lugares de trabajo, con paro total o parcial, según el sector, con intervenciones artísticas, asambleas, canto, volanteada. La marcha ya es un hito: decenas de miles de personas se movilizaron de la plaza Libertad hasta la explanada de la Universidad. Queda planteado el desafío de hacia dónde va ahora la marea femenina.

Un pulso distinto y la piel erizada. Poder sentir eso, sin pensar en una situación que tuviera que ver con caminar por una calle oscura, volviendo a casa a la medianoche. Estar rodeada de gente desconocida y no sentirse sola. Preguntarnos por qué vinimos e intentar sortear consignas que se vacían de su contenido, entre palabras como igualdad, patriarcado, equidad, hombres y mujeres, o frases repetidas como: “Esto es una causa súper importante que nos toca a todas”.

Crónica del histórico Paro de Mujeres en Montevideo y de la movilización que reunió a unas 300 mil personas en la principal avenida de la capital.

Lea la crónica completa aquí: Azul Cordo – Lo que soy lo llevo conmigo

La marea está en movimiento

Más de 40 países se sumarán el próximo 8 de marzo al paro de mujeres, una iniciativa feminista que se multiplicará en cientos de ciudades. Desde Uruguay, las organizaciones llaman a parar “como puedas”: vistiendo de violeta, colgando carteles, marchando, haciendo asambleas, armando escobas para barrer desigualdades.

Entrevista a algunas organizadoras del Paro de Mujeres en Montevideo y en Varsovia.

“Veo este paro internacional como un feminismo muy popular que está surgiendo, se despierta la conciencia de las mujeres como tales, no tanto el feminismo como teoría. Hay vida y hay teoría. Ahora la teoría está bajando a la vida. Nos unen los asuntos de mujeres, empezando por el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, y llegando hasta el impacto de nuestra producción y reproducción en la economía. Eso despierta la esperanza para cambios reales de las mujeres.” [Klementyna Suchanow – PIM]

Lea la nota completa aquí: Azul Cordo – La marea está en movimiento

Una historia violenta

Cuatro décadas de relación acabaron apuñaladas. Se casaron cuando ella tenía 16 y él 19. Vecinos, familiares y activistas recordaron en el Cerrito a Susana Islas, a un mes de su femicidio. ¿En quién busca ayuda una mujer maltratada psicológica y físicamente durante años que, de golpe, debe cambiar su rutina, amenazada por el hombre con el que convivió tanto tiempo? ¿Cómo desandar la personalidad del ofensor? ¿Cómo cortar el círculo de la violencia?

Era muy coqueta. En esta foto no se nota tanto, pero cuando salía a trabajar no sabías si se iba al trabajo o de paseo. Pelo lacio, negro y largo hasta los hombros. Cerquillo peinado un poco hacia la izquierda. Acostumbraba llevar pantalones y caravanas de perlas.

Esa mañana salió, como todas las demás, a las 8 a trabajar. Jueves 15 de diciembre. Desde hacía dos semanas era acosada por su exmarido, aunque seguían casados. Él, que fue taximetrista, ya había probado en tirarle el auto por lo menos dos veces, a la vuelta del apartamento o en el cruce de General Flores. La esperaba a metros o en la puerta de sus lugares de trabajo. “No te hagás el vivo porque está Raquel atrás de la cortina. Te está viendo y si hacés algo, llama a la policía. Andate”, le dijo en la casa de la patrona donde cobraba por jornal.

“Me va a limpiar. Me va a limpiar”, le repetía a su sobrina Margot por teléfono, cuando hablaban a primera y a última hora del día.

Los lugares comunes se hacen carne: era una madre excelente, buena persona, alegre. Él era un cínico, manipulador, frío, calculador.

Los detalles suman: “hasta limpiaba con música”. Todos la conocían en el barrio, le gustaba mucho bailar. Lo último que puso en el Facebook fue un video de la Borinquen.

Antes de separarse –por decisión de él, que de un día para otro se llevó sus cosas a la casa de su nueva pareja– habían estado en su Flores natal, visitando parientes. Estaban tan bien. Parecía.

“En las últimas semanas ella andaba horrible”, dice grave Beatriz. “Venía corriendo y tocaba mi puerta”. Se resguardaba y juntas evaluaban si llamar a la policía.

Por esos días se había generado un sistema de alarma entre vecinos y vecinas. En el camino de vuelta hacia el apartamento, cerca de las 8 de la noche, algunos la mensajeaban y le avisaban por dónde estaba Silvio, para que ella pudiera tomar por otra calle. O la acompañaban hasta la parada. Y hasta la comisaría 12 a hacer la denuncia.

Además de increíble para quienes más la conocían, su muerte causa estupor en quienes van sabiendo lo ocurrido. Uno de sus patrones llegó hasta el apartamento de Susana para que le firme los papeles para la liquidación. Era el día del velorio. Allí le contaron. Y se descompuso.

Somos testigos de un disparate, dice una catequista que se anima a hacer uso de la palabra tras el minuto de silencio sugerido por la Coordinadora de Feminismos. Se acaba de enterar que hace un mes Susana, su compañera de fe, murió asesinada en el asfalto, a pocos pasos de su casa, y se estremece de arriba abajo. Pide a los presentes que no se olviden de los hijos de Susana, que los acompañemos, que recordemos lo que significa la solidaridad y pregunta: “¿Qué entendemos por ser personas de buena voluntad?”, para rematar diciendo que “la razón y la fe no se oponen” y que el marido de Susana seguro tenía algún problema psiquiátrico para haber hecho lo que hizo.

“Estaba tan aterrada que empezó a hablar”, dice Margot, dos años menor que Susana. Ella también es empleada doméstica.

El 14 de diciembre, un día antes de que Silvio le asestara un golpe al corazón y la degollara, Susana cambió su foto de perfil en Facebook. Está de entrecasa, pero impecable: viste jeans y una remera blanca que reza Beautiful en letras negras. Lleva lentes negros y el brazo derecho en asa sobre la cintura. A comienzos de mes había ido a ese cumpleaños de 15. A él le molestaba verla bien a pesar de que estaban separados. Eso lo enloqueció.

Después de acuchillarla, él también se lastimó. “Sólo se dio unos pinchacitos”, dice Alicia, una de las seis hermanas de Islas. “Se quiso autoeliminar”, opina otro sobrino.

***

El eco se hace fuerte en el Cerrito de la Victoria. La tarde cae crepuscular y el viento aumenta hacia el oeste. “Ni una muerta más. Ni una mujer menos”, gritan las presentes, en su mayoría jóvenes integrantes de la Coordinadora y varias vecinas de Susana que este miércoles 18 realizaron un acto en la explanada de la Iglesia, a un mes del crimen.

En el campito detrás de la Iglesia, los jóvenes han parado de jugar al fútbol. Tres, cuatro, cinco niños y niñas caminan sus primeros pasos torpes para escuchar qué son esas voces. “Una vez más: la noticia, la rabia, el dolor”, dice el coro femenino.

Alicia tiembla. Intenta seguir la lectura de la proclama escrita en volantes que repartieron a las autoconvocadas. Intenta leer. Su rostro es llanto. Intenta leer. Hace mímica.

***

“Era un amor enfermo. Yo le decía: ‘Susana, querete vos’”, rememora Beatriz, vecina confidente.

Estaba aterrada. El día antes de que pasara esto, de que él la matara, ella me dijo:

–Margot, tengo miedo.

–Pero cómo te va a matar…

–¿Cómo no me va a matar? Si él tuvo el coraje de tirarme por la ventana del apartamento y hacerles creer a todos que fui yo.

En ese momento no podían sospechar, dicen los familiares. Era normal que se quisiera matar, si había perdido a sus tres hijos en el incendio de su vivienda, allá por Camino Maldonado. Tenían 13, 11 y 9. El mayor cumpliría 38 años.

Él les decía que trancaba la puerta para que no me escapara, pero en verdad es que no me quería dejar salir.

Del no-sabíamos-que-pasaba-algo-entre-ellos, comienza a filtrarse el recuerdo de aquel golpe en un asado, frente a todos los comensales. Y generar peleas y entredichos para luego prohibirles que los viera. La memoria perdura, pero hay que entrenarla.

Algunas miradas perdidas en el horizonte recrean las escenas mudas. Cuando la ataba con esposas y la violaba. Cuando le pegaba a los niños. Cuando guardaba el arma reglamentaria bajo la almohada y el más chiquito jugó a que lo mataba, apuntándolo con el caño frío.

Los niños no se llevaban bien con su papá. Eso lo recuerdan todos.

Cenizas.

Mudarse a la cooperativa para comenzar de nuevo con 29 años.

***

El apartamento está en el segundo piso por escalera. 120 viviendas en todo el complejo, ubicado en la calle Bruno Méndez, a una cuadra del Santuario Nacional del Corazón de Jesús, conocido como la Iglesia del Cerrito de la Victoria en Montevideo.

La puerta del apartamento –como la mayoría de este edificio, al menos– tiene rejas. Dentro: una habitación, un living, una cocina. Dentro: Susana rearmó su hogar junto a Silvio y tres años después tuvieron un hijo; cuatro años después, otro.

El lunes 12 de diciembre, tres días antes de ser apuñalada por su marido, Susana fue a la seccional 12 a ampliar la denuncia por violencia doméstica. La radicó a las 20:25.

El jueves una vecina llegó a escuchar que gritaba que no la matara, que la dejara vivir por sus hijos. En el parte policial, los 54 años de vida de Susana se reducen a “fallecimiento paro respiratorio por herida de arma blanca”. De él no se dice ni el nombre. Apenas que tiene 57 y que presenta “herida de arma blanca, penetración leve de tórax”.

“Cuando una mujer denuncia, debería haber seguimiento”, opina Margot.

Vuela el pasto fresco recién cortado en la cooperativa. Alicia y Margot cuentan que el hijo más chico de Susana no pega un ojo en el apartamento. Que sólo puede dormir cuando las visita en Paso de la Arena. No habla. No llora. No duerme. Él también fue amenazado por su padre: “Voy a matar a tu madre. Y si te metés, a vos también”. El que avisa no traiciona.

Se despierta escuchando la voz de Susana. “No está mamá”, se da cuenta cuando la busca.

Por averiguaciones personales, saben que Silvio está preso. Pero desconocen dónde está el expediente de la causa, cómo seguir para pedir justicia. La feria judicial ha estado de por medio, no tienen abogado que los represente, tienen que averiguar si a los jóvenes les corresponde alguna pensión y demás etcéteras burocráticos vinculados a la economía de la parca.

“Que dios haga justicia. Esto fue con premeditación y alevosía”, dice una vecina al pasar.

***

Llego a mi casa tras la concentración en el Cerrito. Unos vecinos, la pareja que vive en el piso de enfrente, pelean en el balcón. Ella le sostiene la mirada hacia arriba y agita un poco sus manos. Él está de espaldas a mí; apoya sus manos sobre el balcón y habla bajo. Resoplan. Entran. Prenden el noticiero. Se dicen “amor”. En un rato tendrán sexo de reconciliación. Bufarán sabiéndose los malhumores y naturalizarán una vez más el empujoncito, el gritito, el destrato, el ninguneo.

¿Llegará el momento de pensar “cómo no lo vimos antes”? ¿O de resguardarnos en la justicia divina? ¿O de decir que en las cosas de pareja nadie se meta porque es privado?

Pregunto. Porque aquí se trata de rearmar una presencia.

Lea la versión publicada en Brecha el 20 de enero de 2017: Azul Cordo – Una historia violenta

Utopías de control

La “portación de rostro” es condición para cacheos y detenciones de jóvenes pobres que viven en barrios periféricos, interceptados mayoritariamente de noche en su vecindario o en el centro de la capital, amenazados con armas de fuego, picaneados o desnudados en la vía pública, en allanamientos o en comisarías. Brecha accedió en exclusiva al informe sobre violencia policial que se presentará la próxima semana.

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Foto: Mauro Tomasini, Montevideo, 2015.

El adolescente muere en capítulos. Antes (y después) de la muerte literal tendrá muertes simbólicas. Cada vez que fue señalado por el agente como sospechoso, cada vez que el policía se bajó del patrullero y le dijo: “Estás de vivo, mugriento de mierda”, cada vez que la Republicana entró a su casa y rompió algún recuerdo, lo desnudó, lo engrilló, lo mantuvo al menos cinco horas incomunicado en la comisaría, lo largó y le dijo que ni pensara en denunciar.

Las prácticas de control social mediante detenciones, cacheos y rondas policiales por ciertos barrios montevideanos convertidos en el “eje del mal”, se aplican en forma discrecional a adolescentes y jóvenes amparadas en leyes,1 en discursos y en medidas como el Programa de Alta Dedicación Operativa (Pado), que implica la presencia de 1.000 policías más en el área metropolitana.2

Adolescentes, jóvenes y violencia policial en Montevideo. Una aproximación descriptiva3 es un estudio casi único en el Uruguay posdictadura4 que analiza las distintas formas en que opera y se relaciona la Policía con personas de entre 13 y 29 años, según los territorios donde viven y/o circulan, y propone repensar las políticas de seguridad en un “clima social y político que demanda control y punición”.

La investigación empezó en 2011. “A partir del trabajo en el terreno que hacíamos en el Serpaj empezamos a visualizar que había más violencia policial y presencia policial en determinados barrios periféricos de Montevideo”, cuenta Mauro Tomasini, integrante de dicha organización de derechos humanos. “Comprobamos –dice también– que había más intervenciones policiales en estas zonas de nivel socioeconómico más bajo, y que no se ajustaban a ningún tipo de normativa. Para que la percepción no fuera tan individual, quisimos objetivar el modo de intervención del sistema policial en el espacio público, saber qué limites y alcances tenían estas intervenciones y describir las percepciones juveniles sobre la Policía en su conjunto y en la actuación en el territorio.”

El equipo de investigación creó un formulario especial para la Encuesta de Violencia Policial que aplicó a adolescentes y jóvenes montevideanos, dividiendo el terreno de estudio en cuatro zonas: Oeste-noroeste, Este-noreste, Sur-sureste y Centro-centro norte (véase recuadro “Cuatro zonas”).

Cada año, unos 13.560 jóvenes se ven involucrados en intervenciones policiales. La mayoría son varones. El 64 por ciento manifestó haber sido parado en la calle al menos una vez, y 21 por ciento más de seis veces en los últimos cuatro años.

Una de las principales conclusiones del estudio es que a los jóvenes de las zonas Oeste-noroeste y Este-noreste los detienen más en sus barrios de residencia y en el centro. ¿Este resultado fue una sorpresa? “Partimos de la base de que la sociedad ha construido un sujeto sospechoso, que es joven o adolescente, varón, y vive en esas zonas. Y eso fue lo que encontramos. Llaman la atención los números tan altos de detenciones o cacheos en zonas que no son las de residencia de los chiquilines, pero no nos sorprendió a qué sujetos paran. Hay determinada imagen de sujeto peligroso que maneja la Policía, que se condice con la imagen de sujeto peligroso que tiene la sociedad”, señala Tamara Samudio, investigadora que coordinó el trabajo de campo.

La zona Este-noreste concentra la mayor proporción de jóvenes que declaran haber sido parados por la Policía (38 por ciento), le siguen el Centro (29 por ciento) y la zona Oeste-noroeste (20 por ciento). El 45 por ciento de los jóvenes que tuvieron contacto con la Policía residen en cinco barrios de Montevideo5 y declaran haber sufrido el accionar policial tanto en sus barrios de residencia como en el Centro. El 69 por ciento del total fue cacheado en la calle, pero hay quienes también lo fueron en plazas, eventos deportivos y espectáculos artísticos.

“Está muy estudiado el tema de la selectividad policial. La Policía construye determinado perfil del detenido, en este caso, joven”, añade Tomasini. En su accionar reproduce ciertas operaciones simbólicas sociales que han construido “enemigos que se hacen carne en determinados cuerpos con ciertos perfiles vinculados a barrios de contexto crítico”, continúa.

Esta operación es una de las consecuencias más evidentes de décadas de fragmentación social en Uruguay, que ha dificultado la convivencia al profundizarse la segregación espacial y robustecerse un discurso conservador hegemónico en el que seguridad es sinónimo de “seguridad física”, amenazada por estos enemigos simbólicos sometidos a una sospecha metódica.

¿A quiénes detienen en forma rutinaria en el sur de Montevideo? A jóvenes de la zona Este-noreste que se trasladan a la Playa del Buceo, a barrios donde hay acceso a determinados bienes culturales y recreativos, a los que, se supone, los jóvenes del Centro y la periferia también deberían poder accederanaliza Tomasini.

Las relaciones entre jóvenes y policías se establecen mediante la violencia física, la vigilancia constante y el control de los funcionarios, con referentes ministeriales que entienden que la presencia del Estado en el territorio debe darse con más efectivos en los barrios marginales de la capital, y que justifican allanamientos nocturnos sin orden judicial.6

MUCHA TROPA RIENDO EN LA CALLE. El informe no habla sobre casos de gatillo fácil, sino de las lógicas policiales habilitadas por burocracias violentas construidas a través de abusos de poder hacia jóvenes de barrios periféricos. Ese “enemigo simbólico” construido por los discursos políticos, reforzado en inflaciones punitivas y sostenido día a día con procedimientos policiales en los que confluyen la violencia verbal –con descalificaciones constantes de policías hacia adolescentes, llamándolos “pichi”, “bobito”, “falopero”–, los golpes y la incomunicación durante su detención en las comisarías.

El estudio no habla de Sergio Lemos, ni de Ruben Martínez Mieres, ni de Bruno González. Habla de por qué Sergio Lemos y los demás jóvenes que visten con gorra, pantalones ajustados, championes enormes, vecinos de las zonas Este-noreste y Oeste-noroeste de Montevideo, fueron construidos por las fuerzas policiales como “seres matables”.7 El mal tiene cara de joven con ropas deportivas, presunto consumidor de pasta base que ni estudia ni trabaja.

El estudio pretende instalar la violencia institucional como categoría de análisis para abrir campos de investigación y pensamiento social que aborden las políticas de seguridad y convivencia democrática, abarcando en su definición no sólo las acciones violentas (físicas o verbales) sino también la desestimación de denuncias, las investigaciones no realizadas en tiempo y forma, la negación de medidas preventivas para las víctimas, los retrasos en el accionar judicial.

Los investigadores entienden que hay cierta resistencia a utilizar esta categoría porque “se sigue viendo a la violencia institucional como un problema de Argentina o Brasil, debido a la percepción de pasado idílico que sigue pesando en Uruguay”.

Sólo el 11 por ciento de los encuestados señaló que su caso derivó en un proceso judicial, lo que prueba que “no se detiene (a los jóvenes) por una cuestión preventiva, sino para el ejercicio del poder; para la legitimidad del Estado en términos de miedo, de sometimiento, de aplicar el control a través de la selectividad social y territorial”, analiza Tomasini. “Lo que sucede ahora es una variación de lo que sucedió siempre. Sólo que ahora el espacio público se achica mucho más, por dispositivos tecnológicos y mayor presencia policial que controla los territorios.”

EL PRIMER POLICÍA. En algunos casos en que murieron jóvenes sospechosos de haber cometido un delito aparecen policías implicados que no estaban en su horario de trabajo.8 ¿Cómo opera el ser policía las 24 horas? “Ese es el problema: al presentarse Bonomi como el primer policía, (el ministro) no está operando políticamente –opina Tomasini–. Se tendría que haber derogado eso de ser policía las 24 horas, porque gran parte de los agentes muertos acaban así en horarios en que no cumplían su función. Cuando un policía (fuera de funciones) opera en un conflicto social no tiene un marco de intervención, está solo. Es lo que pasó con el oficial de la Republicana que iba en bicicleta solo y lo mataron. Uno no puede intervenir en la calle con un arma como si fuera a rescatar un gatito de un árbol; tiene que medir la proporcionalidad, la progresividad y la racionalidad en su acción, medir la fuerza para que haya el menor daño posible entre las dos partes. A su vez, hay que revisar por qué determinadas áreas de la Policía sólo dependen directamente del ministro del Interior, así como las razones que llevaron a la expansión territorial de ciertos sectores más militarizados de la Policía en determinados barrios de la capital.”

El Ministerio del Interior es la repartición estatal con mayor porcentaje de denuncias en contra ante la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), por abusos de autoridad y violaciones a los derechos. Sin embargo, las máximas autoridades responden desde un refuerzo positivo del accionar policial violento, sin hacer autocrítica. Bonomi señala que “son casos aislados” y Alfredo Clavijo (director de la Guardia Republicana) se desentiende diciendo que son casos ocurridos “en la gestión anterior”.9 Con estas respuestas cabe preguntarse si hay un diálogo posible para reformar las políticas de seguridad. Los investigadores señalan que un punto clave es que “no hay una misma visión desde el Estado sobre cómo abordar la seguridad en el territorio” y que debería analizarse “cuánto retrasa, deforma o minimiza una política de seguridad a una política social que interviene en el territorio, si dentro de un centro juvenil se promueven derechos pero luego esos jóvenes salen a la calle y los para la Policía, los ningunea y les dice que son unos pichis que no tienen derechos”.

“La política de seguridad del FA ha sido represiva. Una política de seguridad es más que la respuesta represiva ante el delito, pero Bonomi siempre habla de cuestiones de seguridad solo, sin dejar que intervengan otros actores”, dice Samudio.

Preocupa que en esta década frenteamplista no se haya podido construir otro modelo de seguridad. Tomasini sostiene: “El Frente Amplio siguió una agenda de derecha, conservadora. Usa las mismas herramientas y mecanismos punitivos que otrora criticaba. La fuerza política no quiso construir una política de derechos. Los presidentes sostuvieron a ministros en determinados cargos. Acá no hay monstruos. La política de Estado ha tenido un giro punitivo: en 2005 el FA presentó su política de seguridad junto a un juez argentino de perfil garantista, Raúl Eugenio Zaffaroni; ahora traen a expertos en mano dura y tolerancia cero más cercanos al ex alcalde neoyorquino Rudolph Giuliani. A nadie se le podía ocurrir que la teoría de las ventanas rotas fuera usada para justificar la aprobación de la ley de faltas y, sin embargo, la usaron. El gobierno no quiere dar lugar a socializar un poco las decisiones en materia de seguridad”. 

  1. Ley de seguridad ciudadana (1995), ley de procedimiento policial (2008) y ley de faltas (2013).
  2. “Esta iniciativa surge como respuesta al incremento de los delitos violentos en ciertos puntos críticos de la capital y departamentos vecinos. Los 1.000 policías ejecutivos, que tienen como primer objetivo la prevención y disuasión del delito, recorrerán los distintos circuitos en móviles, motos o a pie”, señala la web del Ministerio del Interior (MI).
  3. Realizado por el Serpaj, el Ielsur, la Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar, el Instituto de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (Iesta) y el Mides. Se presentará el viernes 15 de julio, a las 11 horas, en la antesala del Senado.
  4. Un antecedente valioso es el estudio del Serpaj “Derechos civiles de la población, Encuesta de hogares. Actuación policial en barrios periféricos”, de 1990.
  5. La Paloma-Tomkinson (16 por ciento), Casavalle (8 por ciento), Villa García-Manga rural (8 por ciento), Paso de las Duranas (7 por ciento) y Tres Ombúes-Victoria (6 por ciento).
  6. Entrevista a Gustavo Leal, asesor del MI, en Arriba gente, “Otra mirada sobre lo acontecido en el Marconi”, en Canal 10 (2-VI-16).
  7. Basado en María Victoria Pita, Formas de morir y formas de vivir. El activismo contra la violencia policial. Ediciones del Puerto, Cels, Buenos Aires, 2010.
  8. Como el caso de Daniel Aguirre (19 años), que fue baleado el 21 de marzo por un policía que custodiaba un camión de reparto de cerveza en el barrio Las Acacias. El joven volvía del velorio de Agustín Aramburu, también de 19 años, que había sido asesinado por un policía en Manga.
  9. La Diaria, 21-VI-16.

Cuatro zonas

El estudio dividió el mapa de Montevideo en cuatro zonas para analizar los barrios donde ocurren las intervenciones policiales.

Centro-centro norte. Centro, Cordón, parque Rodó, Prado-Nueva Savona, Tres Cruces, La Comercial, Aguada, Capurro-Bella Vista, Paso de las Duranas, Parque Batlle, Villa Muñoz-Reducto, Jacinto Vera.

Este-noreste. Casavalle, Cerrito, Las Acacias, Manga-Toledo, Maroñas, Jardines del Hipódromo, Castro, Carrasco Norte, Malvín Norte, Colón-centro, Colón, Sayago, Villa Española, Unión, Punta de Rieles, Villa García, Manga, Manga rural.

Oeste-noroeste. La Paloma-Tomkinson, Cerro, Nuevo París, Casabó, La Teja, Belvedere, Paso de la Arena.

Sur-sureste. Buceo, Punta Carretas, Carrasco, Malvín, Pocitos.

Violencia policial en el espacio público

Motivos: entre 2011 y 2014, 16 por ciento de los jóvenes ha tenido al menos un contacto con la Policía. Sólo en el último año las intervenciones ascienden a 98 por día.

Agresiones: jóvenes de todos los barrios encuestados declaran haber recibido golpes y lenguaje inapropiado en el momento de la intervención policial.

En el momento de la detención la Policía apuntó con arma de fuego (16 por ciento), esposó (11 por ciento), golpeó con el bastón (8 por ciento), efectuó disparos intimidatorios (4 por ciento), picaneó (2 por ciento).

Violencia policial en allanamientos

  • Setenta y siete por ciento de los allanamientos en domicilios presenciados por jóvenes ocurrieron en las zonas Oeste (32 por ciento) y Este (45 por ciento), 68 por ciento de los allanamientos ocurrieron de noche.
  • El 32 por ciento de esos allanamientos ocurrió en la casa del joven encuestado y 68 por ciento en otro hogar en el que se encontraba en el momento del procedimiento.
  • En el 55 por ciento de los allanamientos la Policía no se identificó como tal.
  • Sólo en 34 por ciento de los casos los efectivos mostraron la orden del juez para ingresar al domicilio.
  • En 32 por ciento de las veces se rompió algo en el lugar.
  • Durante los allanamientos la Policía usó: balas de goma (15 por ciento), agresión física (12 por ciento), agresión verbal (9 por ciento), grilletes (10 por ciento) y esposas (8 por ciento), picana (2 por ciento), el “sospechoso” fue desnudado (2 por ciento).

Detrás de cada gorra…

“Empezamos a pensar este estudio en 2011 para analizar los efectos de la ley de procedimiento policial que modificó y reconfiguró las relaciones entre el sujeto y el Estado, más aun con adolescentes que ocupan el espacio público. No es menor que esa ley haya modificado las atribuciones que se toma la Policía para decidir parar a ciertos jóvenes, porque cuando uno tiene la posibilidad normativa de detener a alguien sin ningún tipo de razón, lo que hace es profundizar la violencia estatal hacia el sujeto”, señala Mauro Tomasini, quien ha dado seguimiento a varios casos de violencia policial que llegaron al Serpaj.

Las divisiones responsables de las intervenciones policiales callejeras que sufrieron los jóvenes fueron mayoritariamente Radio Patrulla y la Guardia Republicana. En casi la mitad de las oportunidades les dijeron que los paraban por “control de rutina”, pero también por “pedido de documentación”, por “averiguación de delito”, y en un 11 por ciento de los casos “sin motivo alguno”.

“Cómo interviene la Policía tiene que ver con una cuestión netamente política, en el sentido de una perspectiva de derechos, de normativa, de responsabilidad, de proporcionalidad del uso de la fuerza. Más allá de que uno pueda pensar ciertas cuestiones a nivel de reforma, tiene que ver con una cuestión política. Hay que recuperar el sentido político de la institución policial y no dejar la intervención bajo el criterio de que ciertas prácticas forman parte de la ‘naturaleza’ de dicha institución”, agrega el defensor de derechos humanos.

Estas consideraciones adquieren mayor relevancia si se registra que en el 79 por ciento de las intervenciones los policías no se identificaron como tales, sumado a que el 59 por ciento de los procedimientos en el último año fueron cometidos de noche, y que en el 17 por ciento de las veces los y las jóvenes fueron cacheados por agentes del sexo opuesto (contraviniendo el artículo 55 de la ley de procedimiento policial).

Tomasini sugiere que habría que hacer un estudio etnográfico sobre las personas que integran las fuerzas policiales: “Hay un montón de características que hacen pensar que no sólo la Policía selecciona el grupo de jóvenes sobre los cuales intervenir, sino que también selecciona qué tipo de personas integran su personal”.

 … HAY UN PIBE CON SU HISTORIA. ¿Qué estereotipos pesan a la hora de detener a un joven? Los encuestados respondieron: su vestimenta (83 por ciento), andar en grupo (69 por ciento), su situación económica (63 por ciento). E influye cómo la Policía percibe la relación joven-delito, por ejemplo identificando a aquellos que van en moto como presuntos sospechosos de un delito. “El tipo que va en moto va a tener más posibilidades de ser parado por la Policía”, dice Tomasini, recordando el caso del Marconi el pasado 27 de mayo, en el que dos agentes dispararon a dos jóvenes que iban en moto, a los que perseguían por sospechar que la habían robado. Mataron a uno de ellos y el otro, de 17 años, quedó internado varios días en el Cti con la mandíbula rota, un coágulo en el cerebro y un ojo destrozado, debido a las patadas propinadas por los policías.

La violencia verbal es la expresión más clara de la violencia simbólica ejercida por los policías hacia los jóvenes. Fue percibida por el 44 por ciento de los encuestados que tenían entre 18 y 23 años. A su vez, 40 por ciento de los varones encuestados y 12 por ciento de las mujeres dicen haber sufrido maltrato verbal por parte de la Policía. El 65 por ciento piensa que ésta los trata peor que a los adultos. La mitad opinó que la Policía no es efectiva en la prevención del delito.

A diferencia de los resultados de la Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud realizada en 2008 y 2013 que, a nivel nacional, indicaba que el 29 por ciento de los jóvenes tienen confianza en la Policía, la Encuesta de Violencia Policial en Montevideo señala que sólo el 18 por ciento confía en la institución policial y que, a medida que sube la edad, sube la desconfianza. Esto redunda en el bajo porcentaje de denuncias realizadas por jóvenes que no confían en el mecanismo y desconocen que pueden hacerlas ante la Institución Nacional de Derechos Humanos.

Violencia policial en comisarías

Siete por ciento de los jóvenes encuestados estuvo detenido en comisarías.

El 28 por ciento tuvo más de tres detenciones en los últimos cuatro años. El 10 por ciento tuvo diez detenciones entre 2011 y 2014.

El 36 por ciento fue trasladado con esposas (8 por ciento esposado a un objeto fijo dentro del patrullero, contraviniendo la ley 18.315).

Traslados: 19 por ciento fue trasladado a la Seccional 19, ubicada entre los barrios La Teja y Belvedere, comisaría que comparte los mayores porcentajes registrados de violencia junto a las seccionales 10, 11, 13 y 17.

El 48 por ciento no recibió atención médica tras recibir lesiones durante su traslado o detención.

En la comisaría:

  • 55 por ciento fue incomunicado durante su detención y el mismo porcentaje permaneció en un calabozo.
  • 42 por ciento estuvo incomunicado entre dos y cinco horas, 29 por ciento entre nueve y 12 horas.
  • 45 por ciento sufrió violencia verbal.
  • 27 por ciento sufrió violencia física.
  • 54 por ciento lo mantuvieron esposado durante su encierro en los calabozos.
  • 25 por ciento fue apuntado con un arma de fuego.
  • 21 por ciento fue desnudado.
  • 7 por ciento fue picaneado.

Sin ir más lejos

Esta semana un policía de Canelones fue procesado con prisión por homicidio. El domingo 4 había baleado a un joven de 22 años que iba en moto con un acompañante, a quien perseguía como sospechoso del robo en una parada de ómnibus.

El lunes 5 el Ministerio del Interior inició un sumario administrativo y separó preventivamente del cargo a dos integrantes de la Guardia Republicana por detener, agredir verbalmente y acosar por celular a dos mujeres jóvenes en la zona de Montevideo Shopping. “Intimidar a un ciudadano por fumar marihuana, solicitar un dato que no se justifica en el marco del procedimiento (celular, dirección) y usar esa información para uso personal constituyen faltas graves que no condicen con el accionar dispuesto en la ley de procedimiento policial 18.315”, declaró el ministerio en un comunicado. Por su parte, Alfredo Clavijo, director de la Guardia Republicana, consideró que “el accionar del oficial fue ‘muy romántico, la verdad, creo que no hay que dejar pasar esto, pero me parece que la Republicana tome un teléfono para mandar un mensaje es como muy romántico’”(El País, miércoles 6).

Publicado en Brecha el 08 de julio 2016

Sana Locura

Este jueves 30 de junio se realizó el lanzamiento oficial de la Comisión Nacional por una Ley de Salud Mental en la antesala del Senado. La integran más de 45 organizaciones de derechos humanos, derechos de las mujeres, de comunicación comunitaria, de estudiantes universitarios y profesionales de la academia, del sindicalismo y muchas otras. Tiene por objetivo que la sociedad civil organizada encabece, a través de este espacio político no partidario, el debate público sobre el proyecto de ley de Salud Mental que en diciembre pasado ingresó al Parlamento, elevado por el Ministerio de Salud Pública (MSP).

La convocatoria tiende a poder pensar la salud mental en forma colectiva”, señaló a Brecha la psicóloga Cecilia Baroni, coordinadora del proyecto comunicacional Radio Vilardevoz que integra la Comisión y desde 2011 lleva adelante una campaña sostenida por una ley “justa, inclusiva, humanizadora, con perspectiva de derechos humanos”.

El plan de trabajo de la Comisión incluye articular con el Parlamento a lo largo del segundo semestre, cuando el texto se debata en la Cámara de Senadores, para negociar algunos ajustes al proyecto de ley. Las organizaciones pondrán especial énfasis en su propuesta de crear un órgano de revisión y supervisión que sea “independiente y autónomo” del MSP, que vele por el cumplimiento de la ley.

La Comisión también tendrá diversas actividades de incidencia, tanto en el Parlamento como en la opinión pública, a través de campañas y actividades que promuevan la desmanicomialización –que es mucho más que “cerrar” los manicomios–.

De hecho, uno de los 11 puntos de la plataforma que la Comisión presentó ayer, exige el “cierre de todas las instituciones asilares y hospitales monovalentes públicos y privados a nivel nacional, con un cronograma y plan de cierre”, y propone la “creación de unidades de Salud Mental en Hospitales Generales y de dispositivos sustitutivos y alternativos a los abordajes tradicionales”.

El proyecto del MSP remitido al Parlamento, establece en sus artículos 37 y 38 el cierre progresivo de las colonias psiquiátricas, con el objetivo de pasar “de internaciones de larga duración a propuestas no asilares, tales como centros comunitarios, casas de medio camino y hogares asistidos, con la idea de que los tratamientos no signifiquen el aislamiento de quienes padecen trastornos mentales y sus vínculos afectivos”, como informó en su momento el ministro Jorge Basso.

Para sortear o vencer ciertas resistencias de algunos trabajadores y profesionales de la salud, que han presentado objeciones al “cierre” de nosocomios como el Hospital Vilardebó y preocupación sobre qué hacer con los pacientes internados por alguna causa judicial, la Comisión propone la “participación activa de los trabajadores, que incluya espacios de formación y cuidado, desde una perspectiva de derechos humanos”.

Como el uso de terapias electroconvulsivas sigue siendo la regla en vez de una excepción, la plataforma exige “garantías y plazos para internaciones involuntarias” y “revisión de todas las terapéuticas iatrogénicas y coercitivas, como el uso indiscriminado de electrochoques, medidas de sujeción y sobremedicación, entre otras”.

Asimismo, exhortan a que usuarios del sistema de salud y sus familiares participen en el diseño, la aplicación y el seguimiento de las políticas de salud mental, y que éstas se rijan “por un modelo no sanitarista de abordaje integral e interdisciplinario”.

Después de 80 años de abordajes avalados por la vetusta Ley Psicópatas (N° 9.581), la Comisión destaca la necesidad de que se lleven a cabo políticas intersectoriales e interinstitucionales de educación, comunicación, cultura, vivienda y trabajo que promuevan procesos de “desestigmatización y despatologización” de las personas con padecimientos psíquicos. Para que, como diría Adhemar Seara, participante de radio Vilardevoz fallecido hace un mes, los locos dejen de ser “extranjeros en la tierra de los cuerdos”.

Publicado en Brecha el 01 de julio 2016

Promesas incumplidas

Investigadoras sociales destacan la presencia de programas interinstitucionales en los territorios más vulnerables, pero advierten que la inclusión social se ve trancada, suspendida o incompleta porque se estigmatiza a la “población Mides” y el mercado laboral sigue siendo hostil, precario y fragmentario.

Jóvenes en Red y Cercanías son dos programas interinstitucionales que implementa y coordina el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) desde el año 2012. El primero ha trabajado con 5.600 adolescentes y jóvenes de entre 14 y 24 años, “desvinculados” del mercado de trabajo y del sistema educativo. Su objetivo es que los jóvenes retomen alguna actividad educativa, conozcan y participen en programas de inclusión sociolaboral, y accedan a los servicios de salud en su comunidad,entre otras opciones.
Cercanías(1) está “dirigido a 30 mil hogaresen situación crítica, de pobreza extrema, para garantizarles las prestaciones que lescorresponden, a partir de la información recogida por la Dirección de Evaluación y Monitoreo (Dinem) (…) o de las redes territoriales departamentales”, señala la web del Mides. Este programa comenzó con 45 equipos
territoriales que deben brindar una “respuesta inmediata que continúa en el tiempo”.
Cuatro años atrás, las autoridades del ministerio indicaban que era “necesario ‘rescatar’ a estas familiase incluirlas, pero no con un asistencialismo aislado”.
Bajo este paradigma de transición de las políticas sociales asistencialistas hacia políticas universales de acceso a los derechoses que el ministerio lanzó ambos programas, que suponen acuerdosmúltiplescon losministerios de Vivienda, Trabajo y Seguridad Social, Educación y Cultura, de Defensa Nacional, Turismo y Deporte; con Utu, el Consejo de Educación Secundaria, Inau, Anep y Asse.2
Para evaluar la implementación de Cercanías y de Jóvenesen Red, la Dinem firmó un convenio con la Facultad de CienciasSociales de la Universidad de la República, que indagó sobre las “trayectorias de inclusión de familiasy jóvenes” que participaron en ambos programas.
El equipo de investigadores dirigido por Sandra Leopold, docente e investigadora del Departamento de Trabajo Social (Fcs, Udelar), realizó entrevistas a autoridades nacionales, a operadores territoriales y a participantes de los programasen el Cerro (Montevideo), Colonia Nicolich (Canelones), Melo (Cerro Largo) y Bella Unión (Artigas).
EVALUADOS. Los principales resultados3 señalan que los trabajadores “desconocen” qué tipos de acuerdosexisten entre las instituciones, “suponen” que debe de haberlos, “pero no parecen conocersu contenido ni los alcances que tienen”, dijo Leopold, por lo que se realizan acuerdos a nivel territorial, y entre laseducadoras que integran los diversos equipos implementan las políticas sociales. Esos acuerdosresuelven lo cotidiano, pero “no son potentes para transitar de la asistencia a un acceso universal de prestaciones y servicios”.
“Algunas instituciones no aceptan a sujetos que provienen de programas asistenciales, que se han constituido en ‘población Mides’”, indicó también la investigadora. Por ejemplo, cuando un joven que lleva el “amuleto culpabilizante” –al decir del sociólogo Denis Merklen– de ser un ni-ni, con el que se trabaja su reinserción educativa en el liceo o la Utu de la zona, con quien se diseña un proyecto socioeducativo y se indaga sobre sus gustos y deseos respecto de lo que quiere ser o lo que quiere hacer, vuelve al liceo, es rechazado o estigmatizado por las autoridades, por los docentes, por los adscriptos. Es el problemático que vuelve a las aulas.
Si bien “no hay un patrón homogéneo (de respuesta) en lasinstituciones” y se supone que los jóvenes de estos programascuentan con “cupos” y “priorización”, se registra una “carga de estigmatización importante” hacia ellos, además de que muchas veces acaban realizando el curso de formación o estudio en el que hay lugar (generalmente en formación técnica), y no el que habían elegido: “Más que terminar haciendo lo que deseaban, hacen lo que está disponible en el centro educativo más próximo”, describió la investigadora.
A su vez, los sujetos identifican respuestas insuficientesen lo que refiere a servicios de vivienda, salud mental y violencia doméstica (con fuertescarenciasen el abordaje y conceptualización en torno a la figura del varón).
Por su parte, losefectores de políticas públicas “reconocen que la oferta de políticas sociales se incrementó, pero señalan la distribución desigual, insuficientey desajustada a la que requieren las poblaciones de cada lugar”, agregó Leopold.
Pareciera entonces que estos “programas puente” resultan una metáfora frustrada. Los equipos acompañan en el territorio, buscando casi a tientas las respuestas interinstitucionales, pero cuando creen haber finalizado el cruce junto al beneficiario del programa, muchas veces se encuentran con abismos, con la interrupción abrupta del proceso de acompañamiento, con dificultades para que las instituciones de alcance universal acojan y continúen apoyando esos trayectos de inclusión social.
Se registran dificultades para el ingreso formal al mercado de trabajo de jóvenes que resultan “poco atractivos para emplearlos” por su “limitada formación y/o habilidades”.
“No recogimos procesosreflexivos en los que lasinstituciones asuman qué grado de responsabilidad tienen sobre esto.Se asumen como eficientesy ordenadas.”
Hay una “distancia institucional” entre la propuesta y la respuesta. Las políticas sociales devienen en “políticas de individuación” que acaban poniendo en la persona toda la carga de responsabilidad por la frustración de la implementación de la política social. La “salida” de la situación de exclusión “recae”en lo que el sujeto pueda hacer. El mensaje que recibe de las instituciones es algo como “te dimos este abanico de oportunidades y no las supiste aprovechar”. “La noción del ‘mal pobre’ vuelve una y otra vez sobre la política asistencial, y el fracaso se desplaza hacia el sujeto, que continuará transitando en una ‘movilidad lateral’”, dice Leopold. Es decir, las personas que viven en la pobreza extrema seguirán teniendo respuestas laborales precarias,en un mercado laboral formal/informal,en situaciones de legalidad/ilegalidad. Aquella valoración positiva de los sujetos sobre los programas en los que se sintieron escuchados, atendidos, reconocidos, se diluye cuando acaba la intervención territorial sobre ellos. “No hay que desechar esta dimensión afectiva de la intervención, pero no essuficiente para propiciarloscanales de una efectiva inclusión social”, concluyó Leopold.
LA MANO DERECHA DEL ESTADO. “La igualdad debe serla matriz de nuestros horizontes de intervención”, remarcó Merklen al comenzar su conferencia. El sociólogo de la Sorbona parisina, discípulo de Robert Castel, problematiza en sus trabajos la desinstitucionalización del presente y cómo se cruzan nociones de precariedad con individuación e inseguridad.
“Para que una república sea digna de su nombre debe recibir a susjóvenescon los brazos abiertos, decirles: ‘Bienvenidos. Este mundo nuestro también esel tuyo’–sentenció–. Debemos combatirla desconfianza hacia losjóvenes pobres, combatir aquellas políticas que pretenden mantener a la juventud bajo controly que le exigen la adaptación al mercado”.
Retomando losconceptos de Pierre Bourdieu sobre “la mano izquierda y la mano derecha del Estado”, una aplicando políticas de protección social y la otra castigando, Merklen sostuvo que durante años la mano izquierda del Estado uruguayo pensó que redistribuir la riqueza y brindar transferenciasmonetarias a los más pobres repercutiría en la reducción de la pobreza. “Ahora ya sabemos que las transferencias monetarias son insuficientes y que el mundo del trabajo sigue siendo un espacio de opresión que tritura lasformascontemporáneas de integración social.”
Hoy el mundo del trabajo es “intenso, mal pago, ilegal”, caracterizó Merklen. Y cuestionó: “Este trabajo no esfactor de integración.¿Estamosseguros de que el estudio y el empleo son plataformas seguras hacia la integración social de jóvenessobre quienesrecae el estigma de ser vagos y haraganes?”.
Además de subrayar la importancia de recuperar la solidaridad en el barrio, la solidaridad de proximidad entre familias y vecinos, la solidaridad intrafamiliar, Merklen instó a crear instituciones sólidas que reduzcan los márgenes de exposición al riesgo, “crear espacios de socialización más allá de lasformasespontáneas de la sociedad civil”, para que la política social no apunte sólo a los vulnerables sino a toda la sociedad.
Enfatizó la necesidad de definir y delimitar el campo de acción de las políticas sociales, qué hace el Estado y qué podemosesperar o no de los sujetos intervenidos por los múltiples programas; ademásremarcó que “no podemos descargar en los trabajadores sociales la responsabilidad de resolverlas situaciones de las familias y jóvenes. Es un trabajo duro y difícil que debemosreconocery homenajear”, dijo ante el auditorio en el que se mezclaban jerarcascomo la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, con decenas de operadores territoriales.
Al cerrar el acto,el titular de la Dinem, Juan Pablo Labat, reconoció que en esa hora y media se había hablado de “grandes promesasincumplidas”. Éstas “son las que producen fragmentación social”, dijo. “Tenemos que pensarcómo seguir. Reflexionarsobre los fundamentos de las políticassocialesy hablar de la dimensión social de las políticas para universalizarlos derechos.”
1. Los equipos de trabajadores sociales están presentes en Artigas, Canelones, Cerro Largo, Montevideo,San José,Salto, Paysandú, Rivera y Tacuarembó.
2. Se lanzó como la Estrategia Nacional de Fortalecimiento de las Capacidades Familiares.
3. Presentados el pasado martes 14 por Sandra Leopold ycomentados por el sociólogo francoargentino-uruguayo Denis Merklen.

Con el sociólogo Denis Merklen
“La política social no puede correr detrás del mercado”

—Tras una década de gobierno frenteamplista estamos en un punto de inflexión y reflexión respecto de las políticas asistencialistas, y en tránsito hacia políticas más universales, a través de programas o dispositivos“puente”, como Jóvenes en Red y Cercanías.¿Cómo se puede cambiar el abordaje para lograr inclusión social?
—Pensamos mucho en las personas que tienen esos problemas, y pensamos poco en los problemas que hacen que las personas estén en esa situación. No disponemos de recetas, pero hay que mirar un poquito para ese lado. No podemos seguir pensando en resolver el problema del desempleo pensando en los desempleados; hay algo en la estructura del mercado de trabajo,en la evolución de la actividad económica, que produce desempleo. Por supuesto que siempre hay algo que se puede hacer para acompañar a esa persona que está en una situación difícil, pero por eso la política social tiene que ser un espacio de creatividad, de reflexión y de movimiento, de creación de espacios nuevos de socialización. La política social no puede estar corriendo detrás del mercado, tiene que imaginar espacios de vida nuevos. En Uruguay y en la región se ha intentado reducir todo lo que se ha podido el trabajo “en negro”. Sin embargo, cada tanto aparece una circunstancia como la de Uber, que viene a desestabilizar –en este caso a los taxistas y coches de alquiler– y a mostrarnos que esa legislación y esos dispositivos sociales de protección no son suficientes. Ahora, este no es un problema sólo de Uruguay. Es el problema del final de un modelo de industrialización y la aparición de nuevas condiciones internacionales que están desestabilizando. Esto no quiere decir bajo ningún punto de vista que el modelo de la sociedad salarial caducó, que hay que tirarlo a la basura o que no sirve más. Es, en realidad, de lo único que disponemos. Pero para acompañarlo debemos hacerlo con nuevos espacios de creación, de protección, de sentimiento, con políticas de inserción y acompañamiento. No tendremos recetas mágicas, pero tenemos algunas pistas: no todo pasa por el ingreso; la educación y el trabajo son muy importantes; los procesos son más largos de lo que imaginamos; la inestabilidad y el cambio serán intrínsecos,entonces no debemos resignarnos a ellos sino que debemos construir espacios de estabilidad para aquellos que están más expuestos al riesgo de la incertidumbre.

—En su conferencia dijo que quería “homenajear” a los técnicos y trabajadores sociales que llevan adelante las políticas en el territorio, a quienes también hay que cuidar proteger. ¿No es paradójico que ellos, que trabajan con personas en extrema pobreza para lograr su inclusión sociolaboral, también sufran cierta inestabilidad y precarización laboral, con proyectos que duran ocho o nueve meses, porque no saben si se renovará el convenio de su Ong con el Mides?
—Esto es muy importante. Una parte de la precariedad la genera el propio Estado, con empleos de este tipo para sus trabajadores; no sólo por el contrato de trabajo(de corta duración y mal pago), sino porque la tarea que tienen que realizar es extremadamente dura: es un trabajo penoso, que conlleva sufrimiento, que puede provocar mucho daño. Esta precariedad de los trabajadores sociales debe ser objeto de nuestra reflexión. Tenemos que ser capaces de crear formas de protección social para estos trabajadores precarios que llevan adelante las políticas sociales. Asimismo tenemos que recordar que muchas de las familiasmás vulnerables han conseguido empleo, tradicionalmente, a través de trabajos sociales, como enfermeras o trabajadores sociales. En esto hay un fuerte corte de género: jóvenes mujeres que acaban resolviendo problemas de las familias con su empleo, y haciéndose cargo en su hogar de los cuidados de jóvenes, niños y viejos.

—En mayo se conoció el caso de tres policías que se hicieron pasar portrabajadores del Mides para detener a un joven investigado por una rapiña en Delta del Tigre (véase Brecha, 6-V-16).¿Qué implica que la Policía use la figura de un trabajador social para un arresto?
—Es un modo de atropello que no puede tolerarse. Las políticas sociales sólo se pueden llevar adelante si hay una relación de confianza. Del mismo modo que un enfermero o un médico no puede preguntarle a un paciente si es o no un delincuente antes de atenderlo en forma debida, los trabajadores sociales no están allí para reprimir el delito, ni para perseguir, espiar o condenar. Esa función de control del trabajo social, afortunadamente, ha quedado atrásen la historia de las políticas sociales. Lo que se llamó “la policía de las familias”. Sin dudas debe despegarse una institución de la otra. Pueden colaborar, pero sobre otro terreno: el de la prevención del delito, del acompañamiento. De ninguna manera en el terreno de la represión.

—Programas“de proximidad”, como Cercanías, cuentan con formularios que los trabajadores sociales hacen llenar a los potenciales destinatarios del programa para evaluar si sus condiciones de vida son lo suficientemente precarias o vulnerables como para ser “beneficiarios”. ¿Qué opina de esta modalidad?

—Hemos trabajado sobre esto en Francia. Pedirle al otro que me cuente su vida, que me devele su sufrimiento para ser el beneficiario de un programa es una especie de reedición de la figura de ese inválido que tiene que mostrar su herida, o si no es un estafador. Es un terreno en el que es muy fácil desplazarse hacia la relación afectiva, invasiva de la privacidad del otro, y ese es un terreno muy delicado. En este tipo de programas, como Cercanías, que se aproximan a la subjetividad de las personas, aplicar estos formularios es parte de la buena intención. Está bien tener la dimensión subjetiva de cada quien, en lugar de tratarlo como si fuera un número, pero con esa intención puede invadirse un espacio personal, y allí hay que poner mucho más cuidado.

Salvar al hijo a pesar de todo

El Salvador tiene una de las leyes más restrictivas sobre el aborto: no lo permite siquiera cuando el embarazo es producto de una violación, o pone en riesgo de vida a la mujer, o supone malformaciones fetales. Los médicos no respetan la confidencialidad de la consulta y los fiscales acusan con suposiciones. Defender el derecho a decidir sobre el cuerpo parece un horizonte lejano.

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La Casa de Todas. Foto: Azul Cordo, San Salvador, mayo 2016

En las orillas de San Salvador, donde la maraña de calles con nombre y sin cartel se entreteje y las casas-trinchera se multiplican, ahí están los bomberos.

Revuelven la mierda para encontrar un feto.

Son las 8.30 de la mañana.

Hace algunas horas la policía acordonó ambos ingresos del pasaje donde vive María Teresa Rivera y se han encargado de que todas las vecinas se enteren. Ella es a quien buscaban con nombre, apellido y cargo.

¡¿Dónde vive la mujer que abortó?!”, vociferaron. Las palomas volaron desde el palo de mango.

Murmuraciones.

Ana las mira y se indigna. “Es feo que, como mujer, se critique a otra mujer”, dice.

Ana es vecina de María Teresa, esa mujer de estatura mediana, algo regordeta, de pechos grandes y mirada cansina, a quien llevaron esposada junto a un muchacho todo tatuado con quien subió a la perrera, el furgoncito enrejado que la trasladó hacia la cárcel de Ilopango.

Desde hace cuatro años, Teresa comparte el espacio con otras 3.600 presas que duermen una encima de la otra en 400 literas, en colchones bajo la cama, en hamacas o en el suelo. Allí, las aborteras –lo hayan decidido o no– son asesinas. Comeniños.

Tienen que decir que están por otros delitos”, cuenta Sara García, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico que, junto a Colectiva Feminista, lanzó en 2014 la campaña Las 17.

Mirian. Maritza. Marina. Salvadora. Ena. Carmen. Teodora. Guadalupe. Mariana. Mirna. Cinthia. Verónica. Alba. Johana. Evelyn. Teresa. María.

En 1998, El Salvador aprobó un nuevo código penal que incorporó el aborto como delito, con penas de dos a ocho años de prisión. Desde entonces, 150 mujeres –70 por ciento de las cuales tienen entre 18 y 25 años de edad– fueron procesadas. Actualmente, unas 25 están condenadas a penas que van de 30 a 40 años de prisión por homicidio agravado por el vínculo. Como María Teresa.

Desde su aborto no hubo otros en colonia Mejicanos. O quién sabe. Las mujeres del barrio quedaron con miedo a denunciar y a ser denunciadas. Las mujeres prefieren desangrarse antes que ir a la cárcel.

***

Ese instante no se olvida. El día de Teresa comenzaba a las cinco y terminaba, maquila mediante, a las diez de la noche. La energía apenas le alcanzaba para hacer alguna tarea del kinder con Osvaldo cuando llegaba a su casa y disfrutaba cómo había crecido en estos seis años.

Esa madrugada húmeda del 24 de noviembre de 2011, María Teresa se levantó y fue al baño. Se sentía mal. Supuso que era el dolor renal con el que convivía desde hacía ya varios de sus 32 años. Su suegra, con quien vivía, escuchó un golpe. La mujer estaba desmayada. Sangre. El feto en la letrina. No sabía que estaba embarazada.

Como la policía no encontraba el ‘producto’, llamó a los bomberos, y éstos venían gritando por la loma que dónde vivía la mujer que había abortado. Perdieron la ética”, dice Ana, que integra el área de género del Servicio Social Pasionista, en Mejicanos.

En 10 años ella sólo había cruzado algún saludo con María Teresa para ofrecerle apadrinar a Osvaldo. Ahora es casi su único contacto con el afuera, a través de llamadas telefónicas. María Teresa no puede recibir visitas: la nueva ley dice que los presos sólo pueden ver a personas con las que tienen un vínculo consanguíneo. Es huérfana. Su suegra está muy mayor y enferma como para trasladarse hasta la cárcel para llevarle al niño para que lo vea. Su ex pareja, el padre de Osvaldo, nunca vivió con ellos; prefirió una botella de alcohol.

Ana opina que la condena de Teresa “es como estar muerta en vida”.

***

Evangelina del Pilar del Sol escucha voces. Dice que son los bebés“ultimados”. La integrante de la fundación Sí a la Vida y autora de Confabulación comunista ha devenido en médium de los bebés que perdieron –y ella entiende que asesinaron– las 17 mujeres encarceladas por aborto. Ha hecho suyas las palabras de Pedrito y sus secuaces, a través de una carta publicada en El Diario de Hoy el 9 de mayo de 2015, en vísperas del Día de la Madre.

Hola queridas mamis, somos los 17 bebés que nos fuimos al cielo cuando se nos impidió el derecho a vivir en nuestro país El Salvador”, comienza la epístola.

Gentes malas las engañan –continúa– y las empujan a mentir diciendo que morimos por aborto espontáneo. Pero mamitas, no dejen que las usen así, porque harán que más mamás maten a sus bebés. (…) Y si arrepentidas se portan bien en la cárcel y rezan mucho a Jesús y su divina misericordia, por buena conducta podrían recuperar su libertad y llegar un día al cielo. Eso dijo Dios. ¡Felicidades mamitas. Las queremos!”

Quedan tres minutos del Día de la Madre 2016. Ya no se escuchan bombazos que inviten a misa. El televisor ofrece alabanzas a quien nos dio la vida. La publicidad del canal de la iglesia católica recuerda al televidente que hay que agradecer a cada madre su amor a través de gestos y palabras, pero que, ante todo, debemos agradecer a Dios el haber creado a nuestras madres.

Unos 35 mil abortos se producen cada año en El Salvador. “Nuestros interlocutores siguen con la moral sexual instaurada por Juan Pablo II, con ideas anacrónicas –dice García–. Para ellos la educación sexual queda sólo a cargo del padre y la madre, los cuidados en las relaciones sexuales son por ciclo natural. Se idealiza la maternidad como un hecho heroico: la mujer debe salvar a su hijo a pesar de todo”.

Dios no es un dios de autómatas. Dios es enemigo de la esclavitud. No quiere que sus hijos y sus hijas sean esclavos de nada”, dice el pastor desde el televisor.

***

11 de mayo. Ocho de la mañana. Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador. Comienza la época de lluvias. El forense brilla por su ausencia.

El juez Martín Rogel revisará la sentencia de María Teresa. El mismo magistrado liberó a Karina en 2009. Fue la primera vez que se indultó a una de las mujeres presas por abortar desde que cambió la ley en 1998.

Delgada, muy afectada de sus riñones, Teresa mira la sala. Escucha a los cuatro peritos que aportó su defensa y espera.

A las dos de la tarde Rogel suspende la audiencia. Continuará el 20 de mayo.
11 de mayo. Seis de la tarde. Centro Judicial de Sonsonate. Flor Sánchez agradece a Dios lo obvio: no ser culpable de que su cuerpo tuviera un aborto involuntario, algo que ocurre en el 20 por ciento de los embarazos. Como pasa en la mayoría de estos casos, el tiempo de gestación no está claro porque en pueblos y zonas rurales salvadoreños el acceso a los servicios de salud es dificultoso o inexistente.

Esperaba su sexta hija. Los demás tienen 20, 17, 15, 8 y 7 años de edad.

Decidió bañarse en el río, cerca de su casa, para que le bajara la fiebre. Unas horas después su hijo mayor la encontró inconsciente. Entre varias personas la cargaron en una hamaca y bajaron la cuesta hasta el pueblo. En el hospital de Sonsonate los doctores determinaron que había sufrido un aborto y llamaron a la policía. Permaneció esposada a la cama los tres días que estuvo en coma.

En la ribera los vecinos encontraron a una bebé con vida y con su cordón umbilical. “Relacionaron todo y entendieron que era de Flor”, dice Dennis Muñoz, su abogado, que pertenece a Agrupación Ciudadana. “La hija de Flor fue trasladada al hospital de Sonsonate y luego al Hospital de Niños Benjamín Bloom donde murió por ‘inmadurez fetal’, según consta en el expediente judicial.”

El 7 de julio de 2015 fue procesada por homicidio agravado. El 11 de mayo de este año, un juez la absolvió tras validar el argumento de la doctora Nancy Ramos: “En la inmadurez fetal no puede probarse una maniobra inductiva para abortar”, reprodujo Muñoz.

El 57 por ciento de las mujeres presas por aborto fueron denunciadas por médicos o enfermeras que las atendieron en hospitales públicos cuando llegaban con una emergencia obstétrica. “Las médicas denuncian porque entienden que todos los abortos están penalizados. Un hecho espontáneo no entra en la definición de delito, sin embargo en El Salvador hay un imaginario social de que el aborto espontáneo es un delito. Y los jueces fallan más desde lo que entienden es el “deber ser” de las mujeres. Les exigen que sean heroínas hasta en el momento de un parto prematuro, así sea desangrándose. Ante todo deben salvar a su hijo”, dice el abogado.

Ese instante, devuelto por las sombras, no se olvida.

Según Muñoz, Flor se reintegró a su comunidad sin mayores problemas. Con 35 años es abuela: su hijo de 17 ha tenido un bebé con su novia de 15 años.

Para Mirna ha sido más dificultoso restablecer el vínculo con su hija. La niña se crió con el relato social y mediático de que su madre la quiso matar.

***

A las 17 y más se les violó el debido proceso y la presunción de inocencia.“La criminalización y la persecución hacia las mujeres es parte del ensañamiento de nuestra cultura machista y patriarcal”, dice García. Ante una emergencia obstétrica, ante un aborto espontáneo, toda mujer que llega a los servicios públicos de salud ya es culpable.

Morena Herrera, activista de la Colectiva Feminista, afirma que el sistema de salud ha mejorado desde que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln) está en el gobierno: “Hay más salud preventiva, más equipos comunitarios de salud, mayor acercamiento a las comunidades rurales”, pero se deben “fortalecer los mecanismos de secreto profesional”.

Este año, Amnistía Internacional (AI) documentó en su informe “El Estado como ‘aparato reproductor’ de la violencia contra las mujeres” que la confusión del personal médico en torno a la legislación y el temor a ser denunciados como cómplices del delito de aborto fomentaron las denuncias de estos casos ante la policía. “Te dicen que si no denuncias este tipo de situaciones formas parte del delito, eres cómplice y estás expuesto a perder tu trabajo. Nos hacen dejar de ser médicos y convertirnos en policías. Varias veces mis jefes me han llamado la atención, pero yo les digo que no puedo violar el secreto profesional que les debo a mis pacientes. Cuando conoces tus derechos nadie te puede intimidar”, declaraba el doctor Lemus ante AI.

La visión criminalizadora hacia las mujeres es mayor desde que cambió la ley en 1998”, indica Herrera. Volver, por lo menos, a despenalizar el aborto por tres causales es una decisión legislativa. Si bien el Fmln no tiene mayoría parlamentaria para promover por sí solo el cambio, “la puede construir negociando con otros partidos”. Autoridades del Estado“nos dicen en privado que sí tienen intenciones de cambiar la ley, que es un problema que heredaron de la derecha, pero lo cierto es que todavía no le están dando prioridad”, agrega la activista.

Hay que subir peldaños hacia la autonomía, comenta García. El primero es lograr que las mujeres presas por aborto recuperen su libertad. Luego recuperar los tres causales para que no se castigue el aborto: cuando se decida interrumpir un embarazo por violación, cuando la gestación suponga malformaciones fetales, o cuando ponga en riesgo la salud y la vida de la mujer. Lograr que no esté penalizada la interrupción del embarazo por decisión de la mujer es el horizonte.

***

El 20 de mayo, el juez Martín Rogel reconoció que la condena de Teresa estuvo basada en errores judiciales y periciales demostrados en la audiencia extraordinaria, y anuló la sentencia a 40 años de prisión, de la que ya había cumplido cuatro tras las rejas.

Revertir esta condena draconiana, esta cadena perpetua a la que sometían a Teresa, es muy importante. Es mostrar que estas condenas se hacen sobre la base de prejuicios, de estereotipos”, comentó Herrera.

Aunque el juez de primera instancia no tenía pruebas que demostraran que ella metió al “producto” en la fosa séptica, o que no hizo nada para salvarlo, fue condenada a 40 años de cárcel. Se basó en las pruebas forenses del Instituto de Medicina Legal (Iml), para cuyas autopsias se continúan utilizando métodos de 1900, como la “docimasia hidrostática” (conocida también como “flotación pulmonar”).

En nueve de 18 autopsias a fetos, el Iml indicó que la causa de muerte es “indeterminada”. Eso bastó para cambiar la carátula de “intento de aborto” a “homicidio agravado”.

Teresa sostenía en sus manos la foto de Osvaldo e intentaba esbozar una sonrisa parecida a la ilusión. Escuchó el fallo. Se puso de pie. Se llevó la imagen de su hijo contra el pecho. Su pelo largo, suelto, negro y enrulado le cubría el rostro. Abrazó a su abogado, a Morena, a Ana. Lloró.

Cruzó el portón azul del Centro Judicial Isidro Menéndez. Ya no había murmullos, sino cánticos: ¡Aquí sí se hace lucha!

Ese instante no se olvida.

Qué libertad recupera Teresa.

Publicado en Brecha, viernes 27 de Mayo 2016

Loca como tu madre

Aquellas mujeres que decidieron abortar un embarazo no deseado también han terminado en algo parecido a una cárcel: en el hospital psiquiátrico o en una guardería. La primera opción fue determinada en 2015 por un juez, para evitar que la condenada tuviera un nuevo intento de suicidio en prisión. La segunda se ordenó a principios de 2016 por el juez Gilberto Ramírez Melara para “despertar el instinto maternal”: como parte de las medidas alternativas a la pena de un año de prisión por intento de aborto, la mujer debe dedicar ocho horas semanales a visitar una guardería.

Parirás con dolor

En 1999 la Asamblea Legislativa modificó el artículo 1 de la Constitución de 1983, dándole al embrión el estatus de persona desde el instante de la concepción.

Tres de cada diez embarazadas tienen entre 10 y 19 años de edad.

Cada 30 minutos una adolescente da a luz.

En 2015 la Policía Nacional Civil recibió 836 denuncias por violaciones sexuales en niñas y adolescentes; 593 casos de estupro (relaciones sexuales mediante engaño de una adolescente de 15 a 17 años con una persona adulta; datos que corresponden a 13 departamentos); 182 violaciones en mujeres de 18 a 30 años. Sólo en 2011, el Ministerio de Salud atendió 26.662 embarazos producto de abusos en niñas y adolescentes.

El suicidio es la primera causa de muerte entre adolescentes embarazadas y es la tercera causa de muerte materna en El Salvador.