Derechos Humanos en el Uruguay

En 2015 y 2016 fui invitada por el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) de Uruguay a participar en la redacción de algunos artículos para sus informes anuales en los que dan cuenta del estado de situación de los derechos humanos en este país.

Comparto aquí ambos informes completos.

Ni Una Menos 2015 - Montevideo

Fotografía: Mauro Tomasini

En el Informe 2015 escribí dos artículos: uno sobre políticas de memoria (“Políticas de memoria en Uruguay: entre el control, la acción y la pasión”, p.39, en co-autoría con Carlos Marín) y otro sobre violencias de género (“Vivas nos queremos. Violencias de género en Uruguay”. p.349).

Derechos Humanos en el Uruguay – Informe 2015

En el Informe 2016 escribí otros dos artículos: sobre personas en situación de calle (“La calle no es hogar para nadie. Personas en situación de calle en Montevideo”, p.137) y sobre el acceso al aborto (“La práctica legal del aborto en Uruguay: Un derecho aún en construcción” p. 165).

Derechos Humanos en el Uruguay – Informe 2016

 

Cargar con la pena

El 40 por ciento de las mujeres presas en Uruguay lo están por causas vinculadas a delitos de drogas. Gran parte son primarias, madres solteras, jefas de hogar y rondan los 23 años de edad. La experta en políticas de drogas desde un enfoque de derechos Coletta Youngers dialogó con Brecha y reiteró su propuesta de que las medidas sustitutivas a la prisión sean parte de la solución del problema.

Las mujeres son el último eslabón en las cadenas del narcotráfico. El más reemplazable, descartable, olvidable. Tienen tareas de bajo nivel pero de alto riesgo. Se suele decir que son el componente “más débil”, aunque la debilidad –tan asociada, como característica, al género femenino– poco tiene que ver con mujeres que en toda América soportan penas de entre diez y veinte años de prisión por delitos de microtráfico o narcomenudeo.

Cargan con la pena muchas veces para encubrir (y, al hacerlo, salvar) a sus parejas varones, a primos o a hermanos envueltos en redes de narcotráfico, incluso inculpándose en hechos que no cometieron. Otras se vinculan al tráfico como “mulas”, en una estrategia de supervivencia del núcleo familiar, y su detención aumenta la vulnerabilidad personal y de sus familiares dependientes.

En ellas la condena es doble: por el delito de drogas que la justicia penal entiende que cometieron, castigándolas con penas desproporcionadas; y por ser mujeres y “correrse” de un rol hegemónico que culturalmente nos construye pasivas y en el hogar, al volverse “peligrosas”, “locas”, “drogadictas”, “delincuentes”, “violentas” –aspectos más asimilados como masculinos–.

A esto se suma que las cárceles para mujeres siguen siendo los lugares residuales del sistema penitenciario: edificios que no fueron siquiera diseñados para tal fin, como el antiguo hotel de alta rotatividad donde se ubicaba la Unidad 9, El Molino, o ex hospitales (la Unidad 5) y galpones. Y además la dificultad para acceder a una defensa justa y a tiempo. Según los últimos datos del Observatorio de Drogas, 40 por ciento de las mujeres presas tienen una causa vinculada a delitos de drogas –frente a un 8 por ciento de varones encarcelados por el mismo motivo–, 60 por ciento de ellas son jefas de hogar y, en el momento de su detención, vivían con sus hijos. Una de cada cinco tiene menos de 23 años.

Lea el resto del artículo aquí: Azul Cordo – Cargar con la pena