Sujeta de derecho

Entrevista a Patricia Laurenzo, catedrática de derecho penal de la Universidad de Málaga

Opinó que el proyecto de ley sobre femicidio que presentó el Poder Ejecutivo es “simbólico” y pretende dar una respuesta rápida y punitiva “para tranquilizar” a quienes pedían que se creara la figura delictiva. Sostuvo que el femicidio debe ser un agravante del homicidio, y subrayó que no se puede buscar la solución de los problemas sociales en el derecho penal.

De visita en su país natal, Laurenzo estuvo esta semana en Montevideo invitada por la Escuela de Gobierno del Parlamento para la jornada con expertos internacionales sobre reforma penal, que se llevó adelante el 25 de febrero (de 2016). Allí se refirió a la “Problemática y estado actual de la discusión en torno a la tipificación del femicidio/feminicidio”. En esta entrevista advierte tanto sobre las trampas en las que pueden caer los movimientos de mujeres al pedir nuevas figuras penales para visibilizar situaciones estructurales de discriminación de género, como sobre las respuestas de populismo punitivo que suelen brindar los gobiernos, que acaban no modificando las estructuras de poder que sustentan la violencia de género.

La catedrática exhortó a que el debate en torno al femicidio no sea un “parche”, sino parte de una discusión más global sobre cómo se va a introducir la perspectiva de género en esta reforma profunda del Código Penal, cuyo último proyecto –frenado en diciembre de 2014– mantenía la figura de “atentado violento al pudor”. “Aquí todavía hay mentalidad machista”, afirmó Laurenzo.

Consultada sobre el proyecto de ley referente a la penalización del femicidio, que el Poder Ejecutivo elevó a la Asamblea General el pasado 28 de diciembre, opinó:

—Creo que tiene un perfil simbólico, creando una figura de femicidio que, por las características del texto, me parece muy difícil de poner en la práctica (penal). La redacción ha intentado incorporar todo lo que hay escrito sobre feminicidio, más como un mensaje para tranquilizar a quienes están demandando la figura, que pensando en una prevención eficaz. Como estrategia no es buena: (lo redactado) es un modelo muy fácil de criticar. En derecho penal no se trabaja por presunciones ni intentando probar sentimientos, no interesan las causas que motivaron el crimen, sino el bien jurídico a proteger. Es ilegítimo darle un uso simbólico al derecho penal, porque éste trabaja sobre la prevención del delito. El proyecto entiende que hubo femicidio “si se causare la muerte de una mujer, mediando motivos de odio o menosprecio”. Es difícil que un juez pruebe, en el proceso técnico, que existió un sentimiento de odio a la víctima. En derecho penal las presunciones están vedadas; se deben probar circunstancias objetivas que se reconocen como violencia de género. Una cosa es lo que se puede pensar que es feminicidio, y otra es lo que debe decir la ley. Hay confusiones, por ejemplo (en el literal E, donde se establece como circunstancia de femicidio): “Cuando el homicidio se cometiere en presencia de las hijas o hijos menores de edad de la víctima o del autor”. Aquí se está pensando en un ejemplo clásico de femicidio: cuando la pareja varón mata a su esposa. Pero, vaya, ¿qué pasa si un ladrón entra a la casa y se encuentra con una mujer y la mata frente a sus hijos? Se tipificaría como femicidio, según el proyecto.

—En Uruguay ha habido resistencias a tipificar el feminicidio, bajo argumentos de la Suprema Corte de Justicia –que planteó que el Código Penal ya contempla la figura de “homicidio agravado por el vínculo” (circunscribiendo estos crímenes sólo al ámbito privado)–, o del Ministerio del Interior, que se manifestó a favor de una figura con una “pena diferente” al homicidio, pero que no responsabilice al Estado.

—Existen resistencias desde la ciencia penal y la judicatura, utilizando los mismos argumentos en cada país donde se ha planteado este tema, desde España hasta aquí, con debates muy similares sobre si esto afecta el principio de igualdad, que es un derecho penal de autor, y que las mujeres ya están contempladas en la legislación de minusválidos, ancianos, niños, y otros colectivos considerados “vulnerables”.

Otro riesgo es cuando algunos movimientos de mujeres posicionan sus argumentos desde la “vulnerabilidad femenina”, quedando entrampadas en un paternalismo punitivo donde desaparece cualquier reivindicación de autonomía y se refuerza el estereotipo de mujer débil que necesita protección. Hay una especie de fascinación en torno al derecho penal, como si éste pudiera resolver los problemas de la violencia de género, y no es así. Aquí no se trata de eso, sino de visibilizar el lugar de vulnerabilidad en el que la sociedad pone a las mujeres. Yo formo parte del feminismo crítico que dice: “Ojo, que el derecho penal es muy tramposo”, y no todas pedimos intervenciones punitivas.

—De allí que en su obra advierta sobre el “punitivismo excesivo” que llega a saturar al sistema penal, generando efectos contraproducentes, como que, al recibir tantas denuncias por situaciones de malos tratos, sin los adecuados canales de derivación, queden invisibilizadas situaciones gravísimas con desenlaces fatales.

—Si se van a remitir al derecho penal, hay que aceptar su lenguaje y sus lógicas. El feminicidio es un delito contra la vida. Es una conducta de quitarle la vida a otro, y tiene la particularidad de que ese otro es una persona de género femenino y que la mata por el hecho de ser mujer, y eso, a su vez, atenta sobre otros derechos: el de la dignidad, el de vivir una vida libre de violencia, etcétera. Cuesta referirse al homicidio por su raíz masculina, pero esto significa “matar a otro”; bueno, femicidio es matar a otro en circunstancias y condiciones determinadas. Por lo tanto esto no puede suponer la creación de una figura autónoma. Yo no soy muy partidiaria de la figura autónoma. Si se quiere pensar que para empezar a abordar esta problemática hay que ir por la vía penal –yo no lo tengo muy claro todavía–, me inclinaría por que el feminicidio fuera un agravante del homicidio. En lo que sí sirve tener un delito específico es para cuantificar la violencia y mejorar el registro de casos. Pero para acabar con estos hechos se deben cambiar pautas de comportamiento. Esto tiene un problema de fondo muy grande: los esquemas de subordinación femenina y la discriminación de género, y no se resuelve con una figura penal, sino con campañas de formación en género para el funcionariado policial y judicial, creación de juzgados específicos, recursos económicos y de vivienda para mujeres víctimas de violencia, abordaje a maltratadores; en suma, con mejor educación para toda la sociedad.

Publicado en Brecha, 26 de febrero de 2016.

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En “Apuntes sobre el feminicidio”, Laurenzo remarca la motivación sexista que tienen los autores de estos crímenes, y plantea que estas muertes son “consecuencia de la subordinación de los roles femeninos que impone el patriarcado”. Si bien la considera una categoría analítica que ayuda a “desvelar los factores discriminatorios en las muertes violentas de las mujeres”, reconoce que aún le falta mayor consenso en la criminología.
Como figura penal, distingue entre las clases de femicidio a las muertes violentas de mujeres por conductas delictivas, en el ámbito privado (femicidio íntimo) o público (agresiones sexuales, asesinatos en serie, estrategia de guerra); así como a las muertes evitables no criminalizadas (partos inseguros, abortos caseros en países donde está prohibida la interrupción voluntaria de un embarazo, infecciones de trasmisión sexual y sida –cuando la mujer no puede negociar el uso del preservativo–, la alimentación selectiva en culturas donde las niñas son consideradas inferiores a los niños). Además subraya que debe tomarse en cuenta el incumplimiento de los estados en cuanto a sus deberes referidos a la protección de las víctimas: el tratamiento policial, judicial, investigativo y de reparación influye en la construcción de patrones de género. Si los casos quedan en la impunidad, se está enviando a la sociedad un mensaje de que la violencia contra la mujer “puede ser tolerada y aceptada en el diario vivir”. [En Revista de Derecho Penal y Criminología, tercera época, número 8. Uned, 2012.]

 

Puro humo

El Ejecutivo uruguayo presentó un proyecto de ley para incorporar al femicidio como agravante del homicidio en el Código Penal. La violencia machista no es una novedad en el país vecino –fue denunciada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2010 y recordada cada mes por Mujeres de Negro a través de una performance en la Intendencia de Montevideo–, pero se instaló en la agenda mediática en 2015 gracias a la visibilidad que adquirió en el espacio público a través de las “Alertas”, marchas convocadas por Feministas en Alerta y en las Calles cada vez que los medios de comunicación informan sobre un nuevo caso, algo similar a lo ocurrido en nuestro país con Ni Una Menos.

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Ni Una Menos. Foto: Mauro Tomasini

Después de 14 puñaladas, Tabaré Vázquez lo pensó mejor. Quizá el patriarcado mate más que el cigarrillo. Dudó, pero no lo iba a hacer público. Un reconocido oncólogo como él no podía reconocer que había sido por lo menos desafortunado decir el 8 de marzo del año pasado, cuando ya se contaban 15 femicidios en Uruguay, que a las mujeres no las mata la violencia doméstica como las mata el tabaco. Pero sí podía dar una respuesta política típica ante la alarma social.

El 30 de noviembre, cinco días después de que el Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica presentara su Plan de Acción 2016-2019 (que incluye el diseño de una ley integral contra la violencia basada en género para reemplazar la actual ley contra la violencia doméstica), el Prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, anunciaba el último deseo del Presidente: redactar en forma urgente un proyecto de ley para tipificar femicidio. El texto elevado al Parlamento el 28 de diciembre define al femicidio como “producto de la desigualdad estructural entre mujeres y hombres, que encuentra en la violencia de género un mecanismo de reproducción de la opresión hacia las mujeres”. Se aleja de lo exigido durante años por organizaciones feministas y se acerca mucho a un consuelo de tontos: en lugar de crear una figura penal autónoma y no aumentar penas, propone modificar el artículo 312 del Código Penal, que establece los agravantes muy especiales al homicidio, con dos numerales nuevos: el femicidio y los actos de discriminación por orientación sexual, identidad de género, raza u origen étnico, discapacidad o otra característica de la víctima, con penas de 15 a 30 años de prisión, “lo cual es acorde con las características propias de esta forma de dar muerte a las mujeres”, señala el proyecto. En este sentido, se asemeja a la figura aprobada en Argentina en 2012, cuando se introdujo femicidio a partir de dos incisos en el artículo 80 del Código Penal, con la pena máxima de prisión perpetua y sin crear una figura penal autónoma.

El femicidio no es un numeral

Aunque el Instituto de las Mujeres, órgano rector de las políticas de género en el país, apoyaba la formulación de una ley integral contra la violencia basada en género que incorporara la figura de femicidio porque, dijo su directora Mariella Mazzotti al periódico La Diaria el 3 de junio, “implica el compromiso del Estado en la lucha contra esta violencia y que se asuman las falencias en las respuestas estatales, también en lo que refiere a la reparación de las víctimas”, el Ejecutivo optó por seguir la postura de la Suprema Corte de Justicia y del Fiscal de Corte, Jorge Díaz, que entendían que la tipificación de femicidio ya existía en el Código Penal como homicidio agravado por el vínculo y, a lo sumo, era necesario nombrarlo para “reflejar la muerte de una mujer por su condición”. Asimismo, el director de Secretaría del Ministerio del Interior (MI), Charles Carrera, abonaba la figura de femicidio para “castigar con mayor severidad” estas conductas, pero deslindando la responsabilidad de los tres poderes del Estado en las respuestas insuficientes que tienen las mujeres víctimas de violencia machista, con denuncias policiales que no son tomadas en cuenta, leyes que siguen poniendo el foco en la esfera doméstica y jueces que culpabilizan y demoran en tomar decisiones.

El movimiento de mujeres no se ha pronunciado públicamente tras la presentación del proyecto, aunque algunas activistas dejaron en claro en las redes sociales que el texto no era lo esperado y que anhelaban un debate más profundo. La abogada Marina Morelli, integrante de Mujer Ahora, apuesta a que en el debate legislativo el contenido se pueda modificar para “dar cumplimiento a las obligaciones asumidas en la materia, y reconocer las razones estructurales que sustentan la violencia que afecta a las mujeres”.

“Cuando hablamos de femicidio nunca nos referimos a esta figura como un agravante del homicidio porque constituye un error. Nunca planteamos que los hombres sean las únicas personas penalmente responsables de cometer el delito. No es correcto entender -como se expone en los motivos del proyecto-, que el sujeto activo del delito sólo puede ser un hombre y que además debe existir una relación de parentesco o afectiva entre ofensor y víctima”, criticó Morelli.

Alertas y en las calles

El 4 de enero, Silvana recibió un tiro en la cabeza. Provenía del arma reglamentaria de su pareja, un oficial de policía que alegó que se le había disparado accidentalmente. Era el primer femicidio del año, el primero de tres cometidos por policías -el segundo ocurrió en pleno centro de la ciudad de Minas y el tercero frente a la puerta de una escuela en Florida-. El último caso fue el 30 de diciembre, en Curtinas, cuando María Victoria fue apuñalada por su concubino. Fue el cuarto caso registrado en Tacuarembó: tres tenían denuncias previas por violencia doméstica.

Siete de cada diez mujeres uruguayas mayores de 15 años manifestaron haber tenido alguna situación de violencia de género a lo largo de su vida. Feministas en Alerta y en las Calles lleva un registro independiente que contabilizó 39 femicidios en 2015, mientras que el Observatorio de Violencia y Criminalidad del MI registró 30 asesinatos de mujeres cuyo agresor tenía algún tipo de vínculo (pareja, ex pareja o familiar). La multiplicidad de registros explicita la necesidad de contar con una sistematización oficial de estos casos, que tenga como unidad de análisis común el femicidio, para dar cuenta de la magnitud del fenómeno e incorpore la responsabilidad del Estado en la comisión del delito y/o en su prevención, investigación y reparación del daño, con el diseño de políticas públicas integrales que aborden la violencia contra las mujeres y trabajen resoluciones comunitarias del conflicto, no sólo fortaleciendo el trabajo con varones violentos, sino deconstruyendo modelos hegemónicos en las relaciones.

Azul Cordo | Las 12, Página 12 | 8 enero 2016

El feminicidio no es un numeral

El anuncio de Juan Andrés Roballo cinco días después de que se conmemorara el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres fue tomado con cautela. En el portal web de Presidencia de la República no se decidían por femicidio o feminicidio. Así de intermitentes aparecían los términos según se mirara el artículo o el video que notificaba la decisión del Poder Ejecutivo de enviar un proyecto de ley que tipificara como delito los asesinatos de mujeres por razones de género, una problemática social que desborda el Código Penal pero que -viviendo en una sociedad que necesita del mensaje simbólico penal para entender los límites de lo permitido y lo intolerable en una convivencia comunitaria- requería una figura específica, independiente. Un mes después, el feminicidio se vuelve un numeral.

Siete de cada diez mujeres en Uruguay declararon haber vivido situaciones de violencia basada en género en algún momento de la vida. Una de cada cuatro mujeres de 15 años y más ha vivido situaciones de violencia por parte de su pareja o ex pareja en los últimos 12 meses. Una de cada tres mujeres de 15 años y más ha vivido situaciones de violencia durante la infancia, al tiempo que entre las mujeres de 65 y más 9,5% reporta haber vivido violencia por parte de su familia actual. La cifra de mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas en los primeros seis meses de 2015 supera al total de homicidios por razones de género cometidos en todo 2014. Sin embargo, el Ejecutivo entiende que el femicidio debe agregarse como un numeral al artículo 312 del Código Penal vetusto, vergonzante, higienista y moralino cuya reforma está en debate parlamentario.

El presidente Tabaré Vázquez decide que debe redactar un proyecto de ley para tipificar el feminicidio y ordena a su prosecretario que lo anuncie, sin articular respuestas, cinco días después de que el Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica presentara su Plan de Acción 2016-2019 “Por una vida libre de violencia de género con mirada generacional”, que incluye el diseño de una ley integral contra la violencia basada en género.

Un mes después del anuncio, el Ejecutivo presenta un proyecto de ley que dista de crear una nueva figura penal que contemple seriamente las múltiples y complejas aristas que suponen las relaciones de poder patriarcales entre géneros que acaban en la muerte de las mujeres, y que busque profundizar una respuesta estatal y social articulada y reflexiva. No es nada inocente que se haya optado por “femicidio” en lugar de “feminicidio”.

Si bien lo personal es político, la esfera privada puede ser utilizada política, electoral y mediáticamente en forma abusiva, al banalizar, revictimizar y catalogar como un hecho de (in)seguridad una problemática compleja. Desde algunos discursos políticos se utiliza la alarma social para priorizar respuestas punitivistas.

Con este proyecto de ley, una vez más, en Uruguay los conflictos sociales no se abordan desde la integralidad ni la interdisciplinariedad que requieren, sino desde una perspectiva patriarcal y androcéntrica. Una vez más, la fórmula es el castigo, entendiendo por éste siempre más prisión, en lugar de otro tipo de sanción penal. Esta propuesta no supone un abordaje realmente completo, que implique la detección de situaciones de riesgo, la prevención de desenlaces trágicos y el trabajo en resoluciones comunitarias del conflicto, no sólo fortaleciendo el trabajo con varones violentos, sino deconstruyendo modelos hegemónicos patriarcales en las relaciones entre los géneros.

Como señala la criminóloga española Elena Larrauri: “Es obvio que la reforma legal no solucionará los problemas de las mujeres, pero uno de los problemas de las mujeres es precisamente el contenido de determinadas leyes, y por eso hay que modificarlas”, y añade: “Ya que el derecho penal no cumple su función instrumental de evitar los delitos, lo mínimo que se le puede exigir es que cumpla la función simbólica: que envíe el mensaje a la sociedad de que dichas conductas son delitos y que no deben ser toleradas”. Advierte, no obstante, que el mensaje simbólico de acudir al derecho penal resultará equívoco si se considera que el problema real estará solucionado por la sola promulgación de la ley, siendo que ésta será aplicada por una Justicia que dista mucho de tener perspectiva de género y cuya balanza suele estar más a favor de la reconstrucción de una familia heteropatriarcal que de fortalecer la autonomía de las mujeres.

El proyecto del Ejecutivo mezcla de manera arbitraria definiciones de teóricas feministas con recomendaciones de organismos internacionales, no visibiliza la especificidad del delito, y le saca la cuota de responsabilidad que el Estado tiene (tanto en la comisión de feminicidios como en la prevención, el abordaje y la reparación del daño social que causa cada uno de estos casos). Se agrega al femicidio como agravante del homicidio, como agregan actos de discriminación por orientación sexual, identidad de género, raza u origen étnico, discapacidad u otra característica de la víctima.

En 2015 contamos 39 asesinatos de mujeres. El feminicidio no es un numeral.

Azul Cordo | Columna de opinión, La Diaria, 4 de enero 2016

De otro mundo

La economista y feminista india Gita Sen afirma que existe un desafío de crear nuevos contratos sociales en “un mundo feroz”.

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Gita Sen. Foto: Federico Gutiérrez, la diaria

Pionera en investigaciones sobre género y desarrollo, Gita Sen es coordinadora general de la red Mujeres por un Desarrollo Alternativo para una Nueva Era (DAWN, por sus siglas en inglés), organización dedicada a la investigación desde una perspectiva feminista. El lunes encabezó un foro sobre desarrollo sostenible en el Ministerio de Relaciones Exteriores y presentó el libro “Refundando los contratos sociales. Feministas en un mundo feroz”, editado por ella y Marina Durano para DAWN. Profesora en Harvard, tiene una trayectoria de 30 años dedicada al activismo y al análisis feminista de la economía política.

La cita era en el hall de un hotel que ese día estaba particularmente concurrido por dos convenciones simultáneas. Salió del ascensor con su pelo cano recogido en un rodete, sus lentes ovalados, una túnica bordó y sandalias de cuero marrón. Gita, quien por su extenso currículum podría haber vivido varias vidas, sonrió al ubicar a las periodistas y entre el bullicio dijo: “Mejor hablamos en la habitación”. Ya en el sillón de su cuarto, con la rambla y el atardecer como horizonte, la experta conversó reflexiva y apasionada, y sólo se detuvo cuando la llamaron para avisarle que era la hora de cenar.

-¿Cómo definiría al “mundo feroz” abordado en el libro?

-Fue [Josefa] Gigi Francisco [ex coordinadora general de DAWN], fallecida recientemente por cáncer, quien trajo el término a la red, y pensamos que era muy apropiado porque el mundo es más feroz que antes. Por un lado, si bien hubo un período en los años 90 -con las conferencias internacionales de Viena, El Cairo y Pekín- en el que hubo grandes avances respecto de los derechos humanos de las mujeres, en la última década hubo muchos contragolpes y reacciones negativas ante la igualdad de género. Por otro lado, alcanza con mirar a nuestro alrededor para saber que el mundo está más feroz que antes. Si bien después de la crisis de 2008 la agenda neoliberal perdió su poder hegemónico, no han dejado de presionar [con medidas de ajuste y deudas bancarias] y de controlar no sólo a los países del sur, sino también a Grecia y Portugal, por ejemplo, lo que se traduce en más inequidad de género, de empleo y de condiciones de vida en el mundo, situaciones que están empeorando. Asimismo, vale mirar el alto número de refugiados a consecuencia del aumento de conflictos armados, económicos y problemas ambientales, y considerar que la mitad de estos refugiados son niños que están creciendo sin familia, que no están viviendo, sino apenas sobreviviendo. También se ha incrementado la violencia contra las mujeres, y no se han cumplido los compromisos internacionales para frenar el cambio climático: el clima se ha vuelto impredecible, y esto afecta directamente la agricultura y otras formas de producción, lo que repercute en un problema de alimentación a nivel mundial. De pronto, la ferocidad de este mundo se volvió más clara.

-¿A qué se refiere con “refundar un nuevo contrato social”?

-Aunque la raíz del término “contrato social” es patriarcal, dado que las mujeres no habían sido consideradas como parte de ese contrato entre hombres, DAWN resignifica el término para captar cómo ocurre el cambio social. Éste ocurre de manera constante y en dos partes: en el plano de las acciones concretas, con una mixtura de movimientos económicos, políticos, sociales y tecnologías de la información; y con lo que ocurre en el plano de las ideas, normas y definiciones que rigen nuestras acciones. Refundar los contratos sociales requiere una gran disputa entre actos e ideas. Necesitamos entender esto para comprender qué peleas damos y daremos en el ámbito ideológico. El contrato social tiene esos dos planos, y los dos cambian, aunque no siempre es positivo. El contrato social tiene potencial de cambio, es flexible, fluye y, a la vez, tiene períodos de estabilidad. Un nuevo contrato social debe estar basado en la justicia social y en la igualdad de género, pero se ve cercado por “secularizaciones” religiosas como el hinduismo, el cristianismo y el islamismo.

-En el libro se registran críticas a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se replantea si sirve como espacio multilateral para la participación de los estados y de la sociedad civil.

-Debemos ser cuidadosas con criticar a la ONU. Es un organismo que ha estado bajo numerosos ataques de las mismas fuerzas que critican a los estados bajo el paradigma neoliberal de que hay que achicar el Estado, fortaleciendo la idea de que los estados son corruptos e ineficientes -pero, ¿quién corrompe a los estados?- y la idea de que la financiación por parte de los sectores privados es mejor. Hay una tendencia a privatizar la ONU por parte de países del norte, que anhelan que esta organización se ocupe sólo de procesos de paz y seguridad, y no que les ponga un rostro humano a las políticas sociales. Quieren crear una división de trabajo que supone quitar el diseño de políticas económicas a la ONU, en pos de privatizarlas bajo organismos macroeconómicos y neoliberales que les dan poder a las transnacionales. Considerando que la ONU sigue siendo el único espacio donde un país es un voto, necesitamos que sea realmente un organismo multilateral con incidencia de los movimientos sociales, para frenar el avance del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la Organización Mundial del Comercio o iniciativas como UN Global Compact [una rama de la ONU que trabaja en forma conjunta con empresas].

-También habla de la sexualidad como un “arma de la biopolítica”.

-Eso está ocurriendo ahora en América Latina. Cuanto más se separa y profundiza la brecha entre sexualidad y reproducción, esto se traduce en más autonomía para las mujeres. Sucede que la maternidad sigue siendo deificada, lo que supone que las mujeres sigan subordinadas. Mientras sexualidad y reproducción estuvieron muy unidas o cercanas, la liberación sexual -expresada especialmente desde los grupos LGBT- no era considerada “peligrosa”. En la medida en que la reproducción se separa de la sexualidad, la maternidad se vuelve cada vez más una elección, por lo tanto se aleja del rol tradicional de mujer-madre. Hombres y mujeres pueden tener sexo sin pensar en la reproducción. Esto va en contra de las normas religiosas patriarcales. El control tradicional de los cuerpos ha sido sacudido, y esto repercute también en cuál debe ser el rol de las mujeres en la Iglesia.

-¿Cómo luchan las feministas en este mundo feroz?

-Como siempre lo hicimos y con algunas maneras nuevas. Las mujeres jóvenes crecieron con avances en derechos, con más posibilidades -incluyendo jóvenes de clase media en la India-, y piensan que no necesitan el feminismo, que es algo viejo, que es una batalla que terminó porque sus condiciones de vida son buenas: pueden elegir si casarse o no, si tener hijos o no, etcétera. He escuchado a mujeres jóvenes decir: “El feminismo no es mi problema”. Creo que es un buen momento para recuperar en las nuevas generaciones el reconocimiento a las luchas, reunirnos y movilizarnos para cambios políticos. El hecho de que las reacciones o contragolpes a los derechos hayan ocurrido tan rápido en los últimos años ha hecho que las nuevas generaciones de mujeres se encuentren con viejas feministas, aúnen las luchas y puedan reaprender cómo organizarse, cómo movilizarse, cómo salir a las calles, cómo articular con los gobiernos, transmitiéndose conocimientos mutuamente. Para ello, los movimientos sociales deben entender la importancia de trabajar desde la interseccionalidad, no sólo entre clase y género o étnico-racial, sino cómo estas cuestiones se cruzan con asuntos económicos, derechos laborales, derechos sexuales y reproductivos. Algo que siempre ha hecho DAWN es trabajar desde esta perspectiva. Esto no significa que todas tengamos que saber de todos los temas, pero sí tenemos que entender de qué se trata para poder luchar. Hay que recordar que ninguno de los avances en derechos se hubiera logrado sin la movilización social.

-¿Qué les diría a varones y mujeres jóvenes que afirman que el feminismo está acabado?

-Les diría que miren a su alrededor. Feminismo no es sólo poder caminar libremente por las calles. ¿Acaso la violencia contra las mujeres se ha reducido a tal punto que podamos decir que no necesitamos el feminismo? No lo creo. La mayoría de las situaciones de violencia contra las mujeres ocurre dentro de sus casas. El trabajo doméstico y de cuidados sigue siendo una responsabilidad de las mujeres, y esto se profundiza cuando tienen hijos. Además, persisten las resistencias a la paridad política porque tiene que ver con quién controla el poder, la política, el dinero, a qué se destina el presupuesto, cómo controlar el sistema. Los hombres lo saben.

Azul Cordo – Stephanie Demirdjian para La Diaria, 11 de noviembre de 2015

Puede leer la entrevista en portugués aquí.