Sujeta de derecho

Entrevista a Patricia Laurenzo, catedrática de derecho penal de la Universidad de Málaga

Opinó que el proyecto de ley sobre femicidio que presentó el Poder Ejecutivo es “simbólico” y pretende dar una respuesta rápida y punitiva “para tranquilizar” a quienes pedían que se creara la figura delictiva. Sostuvo que el femicidio debe ser un agravante del homicidio, y subrayó que no se puede buscar la solución de los problemas sociales en el derecho penal.

De visita en su país natal, Laurenzo estuvo esta semana en Montevideo invitada por la Escuela de Gobierno del Parlamento para la jornada con expertos internacionales sobre reforma penal, que se llevó adelante el 25 de febrero (de 2016). Allí se refirió a la “Problemática y estado actual de la discusión en torno a la tipificación del femicidio/feminicidio”. En esta entrevista advierte tanto sobre las trampas en las que pueden caer los movimientos de mujeres al pedir nuevas figuras penales para visibilizar situaciones estructurales de discriminación de género, como sobre las respuestas de populismo punitivo que suelen brindar los gobiernos, que acaban no modificando las estructuras de poder que sustentan la violencia de género.

La catedrática exhortó a que el debate en torno al femicidio no sea un “parche”, sino parte de una discusión más global sobre cómo se va a introducir la perspectiva de género en esta reforma profunda del Código Penal, cuyo último proyecto –frenado en diciembre de 2014– mantenía la figura de “atentado violento al pudor”. “Aquí todavía hay mentalidad machista”, afirmó Laurenzo.

Consultada sobre el proyecto de ley referente a la penalización del femicidio, que el Poder Ejecutivo elevó a la Asamblea General el pasado 28 de diciembre, opinó:

—Creo que tiene un perfil simbólico, creando una figura de femicidio que, por las características del texto, me parece muy difícil de poner en la práctica (penal). La redacción ha intentado incorporar todo lo que hay escrito sobre feminicidio, más como un mensaje para tranquilizar a quienes están demandando la figura, que pensando en una prevención eficaz. Como estrategia no es buena: (lo redactado) es un modelo muy fácil de criticar. En derecho penal no se trabaja por presunciones ni intentando probar sentimientos, no interesan las causas que motivaron el crimen, sino el bien jurídico a proteger. Es ilegítimo darle un uso simbólico al derecho penal, porque éste trabaja sobre la prevención del delito. El proyecto entiende que hubo femicidio “si se causare la muerte de una mujer, mediando motivos de odio o menosprecio”. Es difícil que un juez pruebe, en el proceso técnico, que existió un sentimiento de odio a la víctima. En derecho penal las presunciones están vedadas; se deben probar circunstancias objetivas que se reconocen como violencia de género. Una cosa es lo que se puede pensar que es feminicidio, y otra es lo que debe decir la ley. Hay confusiones, por ejemplo (en el literal E, donde se establece como circunstancia de femicidio): “Cuando el homicidio se cometiere en presencia de las hijas o hijos menores de edad de la víctima o del autor”. Aquí se está pensando en un ejemplo clásico de femicidio: cuando la pareja varón mata a su esposa. Pero, vaya, ¿qué pasa si un ladrón entra a la casa y se encuentra con una mujer y la mata frente a sus hijos? Se tipificaría como femicidio, según el proyecto.

—En Uruguay ha habido resistencias a tipificar el feminicidio, bajo argumentos de la Suprema Corte de Justicia –que planteó que el Código Penal ya contempla la figura de “homicidio agravado por el vínculo” (circunscribiendo estos crímenes sólo al ámbito privado)–, o del Ministerio del Interior, que se manifestó a favor de una figura con una “pena diferente” al homicidio, pero que no responsabilice al Estado.

—Existen resistencias desde la ciencia penal y la judicatura, utilizando los mismos argumentos en cada país donde se ha planteado este tema, desde España hasta aquí, con debates muy similares sobre si esto afecta el principio de igualdad, que es un derecho penal de autor, y que las mujeres ya están contempladas en la legislación de minusválidos, ancianos, niños, y otros colectivos considerados “vulnerables”.

Otro riesgo es cuando algunos movimientos de mujeres posicionan sus argumentos desde la “vulnerabilidad femenina”, quedando entrampadas en un paternalismo punitivo donde desaparece cualquier reivindicación de autonomía y se refuerza el estereotipo de mujer débil que necesita protección. Hay una especie de fascinación en torno al derecho penal, como si éste pudiera resolver los problemas de la violencia de género, y no es así. Aquí no se trata de eso, sino de visibilizar el lugar de vulnerabilidad en el que la sociedad pone a las mujeres. Yo formo parte del feminismo crítico que dice: “Ojo, que el derecho penal es muy tramposo”, y no todas pedimos intervenciones punitivas.

—De allí que en su obra advierta sobre el “punitivismo excesivo” que llega a saturar al sistema penal, generando efectos contraproducentes, como que, al recibir tantas denuncias por situaciones de malos tratos, sin los adecuados canales de derivación, queden invisibilizadas situaciones gravísimas con desenlaces fatales.

—Si se van a remitir al derecho penal, hay que aceptar su lenguaje y sus lógicas. El feminicidio es un delito contra la vida. Es una conducta de quitarle la vida a otro, y tiene la particularidad de que ese otro es una persona de género femenino y que la mata por el hecho de ser mujer, y eso, a su vez, atenta sobre otros derechos: el de la dignidad, el de vivir una vida libre de violencia, etcétera. Cuesta referirse al homicidio por su raíz masculina, pero esto significa “matar a otro”; bueno, femicidio es matar a otro en circunstancias y condiciones determinadas. Por lo tanto esto no puede suponer la creación de una figura autónoma. Yo no soy muy partidiaria de la figura autónoma. Si se quiere pensar que para empezar a abordar esta problemática hay que ir por la vía penal –yo no lo tengo muy claro todavía–, me inclinaría por que el feminicidio fuera un agravante del homicidio. En lo que sí sirve tener un delito específico es para cuantificar la violencia y mejorar el registro de casos. Pero para acabar con estos hechos se deben cambiar pautas de comportamiento. Esto tiene un problema de fondo muy grande: los esquemas de subordinación femenina y la discriminación de género, y no se resuelve con una figura penal, sino con campañas de formación en género para el funcionariado policial y judicial, creación de juzgados específicos, recursos económicos y de vivienda para mujeres víctimas de violencia, abordaje a maltratadores; en suma, con mejor educación para toda la sociedad.

Publicado en Brecha, 26 de febrero de 2016.

ES
En “Apuntes sobre el feminicidio”, Laurenzo remarca la motivación sexista que tienen los autores de estos crímenes, y plantea que estas muertes son “consecuencia de la subordinación de los roles femeninos que impone el patriarcado”. Si bien la considera una categoría analítica que ayuda a “desvelar los factores discriminatorios en las muertes violentas de las mujeres”, reconoce que aún le falta mayor consenso en la criminología.
Como figura penal, distingue entre las clases de femicidio a las muertes violentas de mujeres por conductas delictivas, en el ámbito privado (femicidio íntimo) o público (agresiones sexuales, asesinatos en serie, estrategia de guerra); así como a las muertes evitables no criminalizadas (partos inseguros, abortos caseros en países donde está prohibida la interrupción voluntaria de un embarazo, infecciones de trasmisión sexual y sida –cuando la mujer no puede negociar el uso del preservativo–, la alimentación selectiva en culturas donde las niñas son consideradas inferiores a los niños). Además subraya que debe tomarse en cuenta el incumplimiento de los estados en cuanto a sus deberes referidos a la protección de las víctimas: el tratamiento policial, judicial, investigativo y de reparación influye en la construcción de patrones de género. Si los casos quedan en la impunidad, se está enviando a la sociedad un mensaje de que la violencia contra la mujer “puede ser tolerada y aceptada en el diario vivir”. [En Revista de Derecho Penal y Criminología, tercera época, número 8. Uned, 2012.]

 

Derechos Humanos en el Uruguay

En 2015 y 2016 fui invitada por el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) de Uruguay a participar en la redacción de algunos artículos para sus informes anuales en los que dan cuenta del estado de situación de los derechos humanos en este país.

Comparto aquí ambos informes completos.

Ni Una Menos 2015 - Montevideo

Fotografía: Mauro Tomasini

En el Informe 2015 escribí dos artículos: uno sobre políticas de memoria (“Políticas de memoria en Uruguay: entre el control, la acción y la pasión”, p.39, en co-autoría con Carlos Marín) y otro sobre violencias de género (“Vivas nos queremos. Violencias de género en Uruguay”. p.349).

Derechos Humanos en el Uruguay – Informe 2015

En el Informe 2016 escribí otros dos artículos: sobre personas en situación de calle (“La calle no es hogar para nadie. Personas en situación de calle en Montevideo”, p.137) y sobre el acceso al aborto (“La práctica legal del aborto en Uruguay: Un derecho aún en construcción” p. 165).

Derechos Humanos en el Uruguay – Informe 2016

 

Una historia violenta

Cuatro décadas de relación acabaron apuñaladas. Se casaron cuando ella tenía 16 y él 19. Vecinos, familiares y activistas recordaron en el Cerrito a Susana Islas, a un mes de su femicidio. ¿En quién busca ayuda una mujer maltratada psicológica y físicamente durante años que, de golpe, debe cambiar su rutina, amenazada por el hombre con el que convivió tanto tiempo? ¿Cómo desandar la personalidad del ofensor? ¿Cómo cortar el círculo de la violencia?

Era muy coqueta. En esta foto no se nota tanto, pero cuando salía a trabajar no sabías si se iba al trabajo o de paseo. Pelo lacio, negro y largo hasta los hombros. Cerquillo peinado un poco hacia la izquierda. Acostumbraba llevar pantalones y caravanas de perlas.

Esa mañana salió, como todas las demás, a las 8 a trabajar. Jueves 15 de diciembre. Desde hacía dos semanas era acosada por su exmarido, aunque seguían casados. Él, que fue taximetrista, ya había probado en tirarle el auto por lo menos dos veces, a la vuelta del apartamento o en el cruce de General Flores. La esperaba a metros o en la puerta de sus lugares de trabajo. “No te hagás el vivo porque está Raquel atrás de la cortina. Te está viendo y si hacés algo, llama a la policía. Andate”, le dijo en la casa de la patrona donde cobraba por jornal.

“Me va a limpiar. Me va a limpiar”, le repetía a su sobrina Margot por teléfono, cuando hablaban a primera y a última hora del día.

Los lugares comunes se hacen carne: era una madre excelente, buena persona, alegre. Él era un cínico, manipulador, frío, calculador.

Los detalles suman: “hasta limpiaba con música”. Todos la conocían en el barrio, le gustaba mucho bailar. Lo último que puso en el Facebook fue un video de la Borinquen.

Antes de separarse –por decisión de él, que de un día para otro se llevó sus cosas a la casa de su nueva pareja– habían estado en su Flores natal, visitando parientes. Estaban tan bien. Parecía.

“En las últimas semanas ella andaba horrible”, dice grave Beatriz. “Venía corriendo y tocaba mi puerta”. Se resguardaba y juntas evaluaban si llamar a la policía.

Por esos días se había generado un sistema de alarma entre vecinos y vecinas. En el camino de vuelta hacia el apartamento, cerca de las 8 de la noche, algunos la mensajeaban y le avisaban por dónde estaba Silvio, para que ella pudiera tomar por otra calle. O la acompañaban hasta la parada. Y hasta la comisaría 12 a hacer la denuncia.

Además de increíble para quienes más la conocían, su muerte causa estupor en quienes van sabiendo lo ocurrido. Uno de sus patrones llegó hasta el apartamento de Susana para que le firme los papeles para la liquidación. Era el día del velorio. Allí le contaron. Y se descompuso.

Somos testigos de un disparate, dice una catequista que se anima a hacer uso de la palabra tras el minuto de silencio sugerido por la Coordinadora de Feminismos. Se acaba de enterar que hace un mes Susana, su compañera de fe, murió asesinada en el asfalto, a pocos pasos de su casa, y se estremece de arriba abajo. Pide a los presentes que no se olviden de los hijos de Susana, que los acompañemos, que recordemos lo que significa la solidaridad y pregunta: “¿Qué entendemos por ser personas de buena voluntad?”, para rematar diciendo que “la razón y la fe no se oponen” y que el marido de Susana seguro tenía algún problema psiquiátrico para haber hecho lo que hizo.

“Estaba tan aterrada que empezó a hablar”, dice Margot, dos años menor que Susana. Ella también es empleada doméstica.

El 14 de diciembre, un día antes de que Silvio le asestara un golpe al corazón y la degollara, Susana cambió su foto de perfil en Facebook. Está de entrecasa, pero impecable: viste jeans y una remera blanca que reza Beautiful en letras negras. Lleva lentes negros y el brazo derecho en asa sobre la cintura. A comienzos de mes había ido a ese cumpleaños de 15. A él le molestaba verla bien a pesar de que estaban separados. Eso lo enloqueció.

Después de acuchillarla, él también se lastimó. “Sólo se dio unos pinchacitos”, dice Alicia, una de las seis hermanas de Islas. “Se quiso autoeliminar”, opina otro sobrino.

***

El eco se hace fuerte en el Cerrito de la Victoria. La tarde cae crepuscular y el viento aumenta hacia el oeste. “Ni una muerta más. Ni una mujer menos”, gritan las presentes, en su mayoría jóvenes integrantes de la Coordinadora y varias vecinas de Susana que este miércoles 18 realizaron un acto en la explanada de la Iglesia, a un mes del crimen.

En el campito detrás de la Iglesia, los jóvenes han parado de jugar al fútbol. Tres, cuatro, cinco niños y niñas caminan sus primeros pasos torpes para escuchar qué son esas voces. “Una vez más: la noticia, la rabia, el dolor”, dice el coro femenino.

Alicia tiembla. Intenta seguir la lectura de la proclama escrita en volantes que repartieron a las autoconvocadas. Intenta leer. Su rostro es llanto. Intenta leer. Hace mímica.

***

“Era un amor enfermo. Yo le decía: ‘Susana, querete vos’”, rememora Beatriz, vecina confidente.

Estaba aterrada. El día antes de que pasara esto, de que él la matara, ella me dijo:

–Margot, tengo miedo.

–Pero cómo te va a matar…

–¿Cómo no me va a matar? Si él tuvo el coraje de tirarme por la ventana del apartamento y hacerles creer a todos que fui yo.

En ese momento no podían sospechar, dicen los familiares. Era normal que se quisiera matar, si había perdido a sus tres hijos en el incendio de su vivienda, allá por Camino Maldonado. Tenían 13, 11 y 9. El mayor cumpliría 38 años.

Él les decía que trancaba la puerta para que no me escapara, pero en verdad es que no me quería dejar salir.

Del no-sabíamos-que-pasaba-algo-entre-ellos, comienza a filtrarse el recuerdo de aquel golpe en un asado, frente a todos los comensales. Y generar peleas y entredichos para luego prohibirles que los viera. La memoria perdura, pero hay que entrenarla.

Algunas miradas perdidas en el horizonte recrean las escenas mudas. Cuando la ataba con esposas y la violaba. Cuando le pegaba a los niños. Cuando guardaba el arma reglamentaria bajo la almohada y el más chiquito jugó a que lo mataba, apuntándolo con el caño frío.

Los niños no se llevaban bien con su papá. Eso lo recuerdan todos.

Cenizas.

Mudarse a la cooperativa para comenzar de nuevo con 29 años.

***

El apartamento está en el segundo piso por escalera. 120 viviendas en todo el complejo, ubicado en la calle Bruno Méndez, a una cuadra del Santuario Nacional del Corazón de Jesús, conocido como la Iglesia del Cerrito de la Victoria en Montevideo.

La puerta del apartamento –como la mayoría de este edificio, al menos– tiene rejas. Dentro: una habitación, un living, una cocina. Dentro: Susana rearmó su hogar junto a Silvio y tres años después tuvieron un hijo; cuatro años después, otro.

El lunes 12 de diciembre, tres días antes de ser apuñalada por su marido, Susana fue a la seccional 12 a ampliar la denuncia por violencia doméstica. La radicó a las 20:25.

El jueves una vecina llegó a escuchar que gritaba que no la matara, que la dejara vivir por sus hijos. En el parte policial, los 54 años de vida de Susana se reducen a “fallecimiento paro respiratorio por herida de arma blanca”. De él no se dice ni el nombre. Apenas que tiene 57 y que presenta “herida de arma blanca, penetración leve de tórax”.

“Cuando una mujer denuncia, debería haber seguimiento”, opina Margot.

Vuela el pasto fresco recién cortado en la cooperativa. Alicia y Margot cuentan que el hijo más chico de Susana no pega un ojo en el apartamento. Que sólo puede dormir cuando las visita en Paso de la Arena. No habla. No llora. No duerme. Él también fue amenazado por su padre: “Voy a matar a tu madre. Y si te metés, a vos también”. El que avisa no traiciona.

Se despierta escuchando la voz de Susana. “No está mamá”, se da cuenta cuando la busca.

Por averiguaciones personales, saben que Silvio está preso. Pero desconocen dónde está el expediente de la causa, cómo seguir para pedir justicia. La feria judicial ha estado de por medio, no tienen abogado que los represente, tienen que averiguar si a los jóvenes les corresponde alguna pensión y demás etcéteras burocráticos vinculados a la economía de la parca.

“Que dios haga justicia. Esto fue con premeditación y alevosía”, dice una vecina al pasar.

***

Llego a mi casa tras la concentración en el Cerrito. Unos vecinos, la pareja que vive en el piso de enfrente, pelean en el balcón. Ella le sostiene la mirada hacia arriba y agita un poco sus manos. Él está de espaldas a mí; apoya sus manos sobre el balcón y habla bajo. Resoplan. Entran. Prenden el noticiero. Se dicen “amor”. En un rato tendrán sexo de reconciliación. Bufarán sabiéndose los malhumores y naturalizarán una vez más el empujoncito, el gritito, el destrato, el ninguneo.

¿Llegará el momento de pensar “cómo no lo vimos antes”? ¿O de resguardarnos en la justicia divina? ¿O de decir que en las cosas de pareja nadie se meta porque es privado?

Pregunto. Porque aquí se trata de rearmar una presencia.

Lea la versión publicada en Brecha el 20 de enero de 2017: Azul Cordo – Una historia violenta

Puro humo

El Ejecutivo uruguayo presentó un proyecto de ley para incorporar al femicidio como agravante del homicidio en el Código Penal. La violencia machista no es una novedad en el país vecino –fue denunciada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2010 y recordada cada mes por Mujeres de Negro a través de una performance en la Intendencia de Montevideo–, pero se instaló en la agenda mediática en 2015 gracias a la visibilidad que adquirió en el espacio público a través de las “Alertas”, marchas convocadas por Feministas en Alerta y en las Calles cada vez que los medios de comunicación informan sobre un nuevo caso, algo similar a lo ocurrido en nuestro país con Ni Una Menos.

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Ni Una Menos. Foto: Mauro Tomasini

Después de 14 puñaladas, Tabaré Vázquez lo pensó mejor. Quizá el patriarcado mate más que el cigarrillo. Dudó, pero no lo iba a hacer público. Un reconocido oncólogo como él no podía reconocer que había sido por lo menos desafortunado decir el 8 de marzo del año pasado, cuando ya se contaban 15 femicidios en Uruguay, que a las mujeres no las mata la violencia doméstica como las mata el tabaco. Pero sí podía dar una respuesta política típica ante la alarma social.

El 30 de noviembre, cinco días después de que el Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica presentara su Plan de Acción 2016-2019 (que incluye el diseño de una ley integral contra la violencia basada en género para reemplazar la actual ley contra la violencia doméstica), el Prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, anunciaba el último deseo del Presidente: redactar en forma urgente un proyecto de ley para tipificar femicidio. El texto elevado al Parlamento el 28 de diciembre define al femicidio como “producto de la desigualdad estructural entre mujeres y hombres, que encuentra en la violencia de género un mecanismo de reproducción de la opresión hacia las mujeres”. Se aleja de lo exigido durante años por organizaciones feministas y se acerca mucho a un consuelo de tontos: en lugar de crear una figura penal autónoma y no aumentar penas, propone modificar el artículo 312 del Código Penal, que establece los agravantes muy especiales al homicidio, con dos numerales nuevos: el femicidio y los actos de discriminación por orientación sexual, identidad de género, raza u origen étnico, discapacidad o otra característica de la víctima, con penas de 15 a 30 años de prisión, “lo cual es acorde con las características propias de esta forma de dar muerte a las mujeres”, señala el proyecto. En este sentido, se asemeja a la figura aprobada en Argentina en 2012, cuando se introdujo femicidio a partir de dos incisos en el artículo 80 del Código Penal, con la pena máxima de prisión perpetua y sin crear una figura penal autónoma.

El femicidio no es un numeral

Aunque el Instituto de las Mujeres, órgano rector de las políticas de género en el país, apoyaba la formulación de una ley integral contra la violencia basada en género que incorporara la figura de femicidio porque, dijo su directora Mariella Mazzotti al periódico La Diaria el 3 de junio, “implica el compromiso del Estado en la lucha contra esta violencia y que se asuman las falencias en las respuestas estatales, también en lo que refiere a la reparación de las víctimas”, el Ejecutivo optó por seguir la postura de la Suprema Corte de Justicia y del Fiscal de Corte, Jorge Díaz, que entendían que la tipificación de femicidio ya existía en el Código Penal como homicidio agravado por el vínculo y, a lo sumo, era necesario nombrarlo para “reflejar la muerte de una mujer por su condición”. Asimismo, el director de Secretaría del Ministerio del Interior (MI), Charles Carrera, abonaba la figura de femicidio para “castigar con mayor severidad” estas conductas, pero deslindando la responsabilidad de los tres poderes del Estado en las respuestas insuficientes que tienen las mujeres víctimas de violencia machista, con denuncias policiales que no son tomadas en cuenta, leyes que siguen poniendo el foco en la esfera doméstica y jueces que culpabilizan y demoran en tomar decisiones.

El movimiento de mujeres no se ha pronunciado públicamente tras la presentación del proyecto, aunque algunas activistas dejaron en claro en las redes sociales que el texto no era lo esperado y que anhelaban un debate más profundo. La abogada Marina Morelli, integrante de Mujer Ahora, apuesta a que en el debate legislativo el contenido se pueda modificar para “dar cumplimiento a las obligaciones asumidas en la materia, y reconocer las razones estructurales que sustentan la violencia que afecta a las mujeres”.

“Cuando hablamos de femicidio nunca nos referimos a esta figura como un agravante del homicidio porque constituye un error. Nunca planteamos que los hombres sean las únicas personas penalmente responsables de cometer el delito. No es correcto entender -como se expone en los motivos del proyecto-, que el sujeto activo del delito sólo puede ser un hombre y que además debe existir una relación de parentesco o afectiva entre ofensor y víctima”, criticó Morelli.

Alertas y en las calles

El 4 de enero, Silvana recibió un tiro en la cabeza. Provenía del arma reglamentaria de su pareja, un oficial de policía que alegó que se le había disparado accidentalmente. Era el primer femicidio del año, el primero de tres cometidos por policías -el segundo ocurrió en pleno centro de la ciudad de Minas y el tercero frente a la puerta de una escuela en Florida-. El último caso fue el 30 de diciembre, en Curtinas, cuando María Victoria fue apuñalada por su concubino. Fue el cuarto caso registrado en Tacuarembó: tres tenían denuncias previas por violencia doméstica.

Siete de cada diez mujeres uruguayas mayores de 15 años manifestaron haber tenido alguna situación de violencia de género a lo largo de su vida. Feministas en Alerta y en las Calles lleva un registro independiente que contabilizó 39 femicidios en 2015, mientras que el Observatorio de Violencia y Criminalidad del MI registró 30 asesinatos de mujeres cuyo agresor tenía algún tipo de vínculo (pareja, ex pareja o familiar). La multiplicidad de registros explicita la necesidad de contar con una sistematización oficial de estos casos, que tenga como unidad de análisis común el femicidio, para dar cuenta de la magnitud del fenómeno e incorpore la responsabilidad del Estado en la comisión del delito y/o en su prevención, investigación y reparación del daño, con el diseño de políticas públicas integrales que aborden la violencia contra las mujeres y trabajen resoluciones comunitarias del conflicto, no sólo fortaleciendo el trabajo con varones violentos, sino deconstruyendo modelos hegemónicos en las relaciones.

Azul Cordo | Las 12, Página 12 | 8 enero 2016

El feminicidio no es un numeral

El anuncio de Juan Andrés Roballo cinco días después de que se conmemorara el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres fue tomado con cautela. En el portal web de Presidencia de la República no se decidían por femicidio o feminicidio. Así de intermitentes aparecían los términos según se mirara el artículo o el video que notificaba la decisión del Poder Ejecutivo de enviar un proyecto de ley que tipificara como delito los asesinatos de mujeres por razones de género, una problemática social que desborda el Código Penal pero que -viviendo en una sociedad que necesita del mensaje simbólico penal para entender los límites de lo permitido y lo intolerable en una convivencia comunitaria- requería una figura específica, independiente. Un mes después, el feminicidio se vuelve un numeral.

Siete de cada diez mujeres en Uruguay declararon haber vivido situaciones de violencia basada en género en algún momento de la vida. Una de cada cuatro mujeres de 15 años y más ha vivido situaciones de violencia por parte de su pareja o ex pareja en los últimos 12 meses. Una de cada tres mujeres de 15 años y más ha vivido situaciones de violencia durante la infancia, al tiempo que entre las mujeres de 65 y más 9,5% reporta haber vivido violencia por parte de su familia actual. La cifra de mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas en los primeros seis meses de 2015 supera al total de homicidios por razones de género cometidos en todo 2014. Sin embargo, el Ejecutivo entiende que el femicidio debe agregarse como un numeral al artículo 312 del Código Penal vetusto, vergonzante, higienista y moralino cuya reforma está en debate parlamentario.

El presidente Tabaré Vázquez decide que debe redactar un proyecto de ley para tipificar el feminicidio y ordena a su prosecretario que lo anuncie, sin articular respuestas, cinco días después de que el Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica presentara su Plan de Acción 2016-2019 “Por una vida libre de violencia de género con mirada generacional”, que incluye el diseño de una ley integral contra la violencia basada en género.

Un mes después del anuncio, el Ejecutivo presenta un proyecto de ley que dista de crear una nueva figura penal que contemple seriamente las múltiples y complejas aristas que suponen las relaciones de poder patriarcales entre géneros que acaban en la muerte de las mujeres, y que busque profundizar una respuesta estatal y social articulada y reflexiva. No es nada inocente que se haya optado por “femicidio” en lugar de “feminicidio”.

Si bien lo personal es político, la esfera privada puede ser utilizada política, electoral y mediáticamente en forma abusiva, al banalizar, revictimizar y catalogar como un hecho de (in)seguridad una problemática compleja. Desde algunos discursos políticos se utiliza la alarma social para priorizar respuestas punitivistas.

Con este proyecto de ley, una vez más, en Uruguay los conflictos sociales no se abordan desde la integralidad ni la interdisciplinariedad que requieren, sino desde una perspectiva patriarcal y androcéntrica. Una vez más, la fórmula es el castigo, entendiendo por éste siempre más prisión, en lugar de otro tipo de sanción penal. Esta propuesta no supone un abordaje realmente completo, que implique la detección de situaciones de riesgo, la prevención de desenlaces trágicos y el trabajo en resoluciones comunitarias del conflicto, no sólo fortaleciendo el trabajo con varones violentos, sino deconstruyendo modelos hegemónicos patriarcales en las relaciones entre los géneros.

Como señala la criminóloga española Elena Larrauri: “Es obvio que la reforma legal no solucionará los problemas de las mujeres, pero uno de los problemas de las mujeres es precisamente el contenido de determinadas leyes, y por eso hay que modificarlas”, y añade: “Ya que el derecho penal no cumple su función instrumental de evitar los delitos, lo mínimo que se le puede exigir es que cumpla la función simbólica: que envíe el mensaje a la sociedad de que dichas conductas son delitos y que no deben ser toleradas”. Advierte, no obstante, que el mensaje simbólico de acudir al derecho penal resultará equívoco si se considera que el problema real estará solucionado por la sola promulgación de la ley, siendo que ésta será aplicada por una Justicia que dista mucho de tener perspectiva de género y cuya balanza suele estar más a favor de la reconstrucción de una familia heteropatriarcal que de fortalecer la autonomía de las mujeres.

El proyecto del Ejecutivo mezcla de manera arbitraria definiciones de teóricas feministas con recomendaciones de organismos internacionales, no visibiliza la especificidad del delito, y le saca la cuota de responsabilidad que el Estado tiene (tanto en la comisión de feminicidios como en la prevención, el abordaje y la reparación del daño social que causa cada uno de estos casos). Se agrega al femicidio como agravante del homicidio, como agregan actos de discriminación por orientación sexual, identidad de género, raza u origen étnico, discapacidad u otra característica de la víctima.

En 2015 contamos 39 asesinatos de mujeres. El feminicidio no es un numeral.

Azul Cordo | Columna de opinión, La Diaria, 4 de enero 2016

La monstruosa radio

La violencia machista no es una fórmula matemática, “un simple análisis costo-beneficio”. El director del Centro de Economía, Sociedad y Empresa de la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo (UM), Ignacio Munyo, presentó el 8 de abril los resultados de una reciente investigación suya en la que aborda “un aspecto puntual de las causas de la violencia doméstica: la dependencia económica”. “Presentamos evidencia sobre la relación causal entre la brecha de ingresos por género y la agresión contra las mujeres en el hogar”, contó al público en el Auditorio del SODRE. Si bien señaló que “estamos en presencia de un fenómeno multicausal”, enseguida esgrimió que “sería imposible pensar en analizar todas sus determinantes en un solo estudio”. Ah, ¿sí? No parece una dificultad que hayan tenido economistas feministas como Silvia Berger o Alma Espino, por citar dos referentes casi de manera azarosa. Se trata de poder conjugar las multicausalidades de esta problemática que, en su versión extrema, tuvo como resultado 15 feminicidios en las primeras 16 semanas del año en Uruguay.

En su presentación, Munyo invisibiliza años de economía feminista. Ni hablar de cruzar categorías como feminismo, género y clase. Aunque en un principio cita datos recientes de la Organización Mundial de la Salud, del Ministerio de Salud Pública y del Instituto Nacional de Estadística -que consideran esto como un problema “global”-, ¿el economista leyó a Nancy Fraser o a Silvia Federici (que hoy brinda una conferencia en el Paraninfo sobre “La violencia hacia las mujeres y el despojo de los bienes comunes”)? Si lo hizo, no se nota. No las cita. Su estudio carece de perspectiva de género.

Nos cuenta que “la potencial independencia económica de la mujer disuade al hombre de incurrir a la violencia en el hogar” y se vanagloria de haber partido del “sentido común” y probar esta afirmación que “parece bastante obvia” por medio de una “compleja metodología”. Su resultado central es que “el valor del dólar, en algún sentido, tiene el poder de anticipar la cantidad de incidentes de violencia doméstica”.

A esta altura de la historia de los feminismos no se puede hacer referencia a la violencia hacia las mujeres en términos de “natural” o barajar el “sentido común”. Hay que promover la desnaturalización de relaciones entre los géneros que reifican la opresión, la sumisión; desnaturalizar relaciones desiguales de poder. “Los problemas de desigualdad no se resuelven sólo con mayor educación, se requieren políticas que atiendan los cuidados en el hogar, promuevan la distribución de roles entre los sexos y transformen los estereotipos de género del mercado laboral”, afirma un estudio del Ciedur que se difundirá hoy y que agrega: “La mayor brecha de género en el empleo se da entre hombres y mujeres que viven en pareja”.

Munyo hace referencia a “hogares donde las mujeres no trabajan”. ¿Sabe dónde quedan? Es una afirmación temeraria en un país que está en pleno diseño del Sistema Nacional de Cuidados para niños, personas con discapacidad y adultos mayores, que visibiliza el trabajo no remunerado realizado por mujeres. La invisibilización de las mujeres en la economía es otra forma de violencia machista.

“Lamentablemente, la violencia doméstica está en los titulares de los diarios”, afirma el economista de la UM. ¿Lamentablemente? En buena hora aparece esta problemática en la tapa de los diarios; ojalá que, con suerte y viento a favor, se dejen de ver estos casos como parte de la crónica roja y se entienda que son un problema social, cultural y de seguridad. También de economía, claro: en la medida en que no se logre redistribuir el poder, no habrá cambio posible.

Un cuento del estadounidense John Cheever se titula “La monstruosa radio”. Es la historia de un matrimonio de jóvenes universitarios, con dos hijos, que viven en un edificio de apartamentos. Jim Westcott, el marido de Irene, le regala una moderna radio a su mujer, pero del aparato se filtran conversaciones de los vecinos, entre las que escuchan “intimidades ajenas” como “una agria disputa doméstica a propósito de unos números rojos en un banco”, gritos entre parejas, golpes del señor Osborn a su mujer. “Todos tienen problemas de dinero”, resume Irene a su cónyuge sobre las historias que escucha. “La vida es tan terrible, tan sórdida y espantosa”, acaba por concluir. Una tarde, al llegar Jim del trabajo, ellos también discuten: “Tienes que aprender a emplear el dinero que te doy de un modo un poco más inteligente, Irene”, le dice él. Munyo no sintonizó ese dial.

Publicado en La Diaria, 14 de abril 2015