Derechos Humanos en el Uruguay

En 2015 y 2016 fui invitada por el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) de Uruguay a participar en la redacción de algunos artículos para sus informes anuales en los que dan cuenta del estado de situación de los derechos humanos en este país.

Comparto aquí ambos informes completos.

Ni Una Menos 2015 - Montevideo

Fotografía: Mauro Tomasini

En el Informe 2015 escribí dos artículos: uno sobre políticas de memoria (“Políticas de memoria en Uruguay: entre el control, la acción y la pasión”, p.39, en co-autoría con Carlos Marín) y otro sobre violencias de género (“Vivas nos queremos. Violencias de género en Uruguay”. p.349).

Derechos Humanos en el Uruguay – Informe 2015

En el Informe 2016 escribí otros dos artículos: sobre personas en situación de calle (“La calle no es hogar para nadie. Personas en situación de calle en Montevideo”, p.137) y sobre el acceso al aborto (“La práctica legal del aborto en Uruguay: Un derecho aún en construcción” p. 165).

Derechos Humanos en el Uruguay – Informe 2016

 

Utopías de control

La “portación de rostro” es condición para cacheos y detenciones de jóvenes pobres que viven en barrios periféricos, interceptados mayoritariamente de noche en su vecindario o en el centro de la capital, amenazados con armas de fuego, picaneados o desnudados en la vía pública, en allanamientos o en comisarías. Brecha accedió en exclusiva al informe sobre violencia policial que se presentará la próxima semana.

zona de exclusion_MT

Foto: Mauro Tomasini, Montevideo, 2015.

El adolescente muere en capítulos. Antes (y después) de la muerte literal tendrá muertes simbólicas. Cada vez que fue señalado por el agente como sospechoso, cada vez que el policía se bajó del patrullero y le dijo: “Estás de vivo, mugriento de mierda”, cada vez que la Republicana entró a su casa y rompió algún recuerdo, lo desnudó, lo engrilló, lo mantuvo al menos cinco horas incomunicado en la comisaría, lo largó y le dijo que ni pensara en denunciar.

Las prácticas de control social mediante detenciones, cacheos y rondas policiales por ciertos barrios montevideanos convertidos en el “eje del mal”, se aplican en forma discrecional a adolescentes y jóvenes amparadas en leyes,1 en discursos y en medidas como el Programa de Alta Dedicación Operativa (Pado), que implica la presencia de 1.000 policías más en el área metropolitana.2

Adolescentes, jóvenes y violencia policial en Montevideo. Una aproximación descriptiva3 es un estudio casi único en el Uruguay posdictadura4 que analiza las distintas formas en que opera y se relaciona la Policía con personas de entre 13 y 29 años, según los territorios donde viven y/o circulan, y propone repensar las políticas de seguridad en un “clima social y político que demanda control y punición”.

La investigación empezó en 2011. “A partir del trabajo en el terreno que hacíamos en el Serpaj empezamos a visualizar que había más violencia policial y presencia policial en determinados barrios periféricos de Montevideo”, cuenta Mauro Tomasini, integrante de dicha organización de derechos humanos. “Comprobamos –dice también– que había más intervenciones policiales en estas zonas de nivel socioeconómico más bajo, y que no se ajustaban a ningún tipo de normativa. Para que la percepción no fuera tan individual, quisimos objetivar el modo de intervención del sistema policial en el espacio público, saber qué limites y alcances tenían estas intervenciones y describir las percepciones juveniles sobre la Policía en su conjunto y en la actuación en el territorio.”

El equipo de investigación creó un formulario especial para la Encuesta de Violencia Policial que aplicó a adolescentes y jóvenes montevideanos, dividiendo el terreno de estudio en cuatro zonas: Oeste-noroeste, Este-noreste, Sur-sureste y Centro-centro norte (véase recuadro “Cuatro zonas”).

Cada año, unos 13.560 jóvenes se ven involucrados en intervenciones policiales. La mayoría son varones. El 64 por ciento manifestó haber sido parado en la calle al menos una vez, y 21 por ciento más de seis veces en los últimos cuatro años.

Una de las principales conclusiones del estudio es que a los jóvenes de las zonas Oeste-noroeste y Este-noreste los detienen más en sus barrios de residencia y en el centro. ¿Este resultado fue una sorpresa? “Partimos de la base de que la sociedad ha construido un sujeto sospechoso, que es joven o adolescente, varón, y vive en esas zonas. Y eso fue lo que encontramos. Llaman la atención los números tan altos de detenciones o cacheos en zonas que no son las de residencia de los chiquilines, pero no nos sorprendió a qué sujetos paran. Hay determinada imagen de sujeto peligroso que maneja la Policía, que se condice con la imagen de sujeto peligroso que tiene la sociedad”, señala Tamara Samudio, investigadora que coordinó el trabajo de campo.

La zona Este-noreste concentra la mayor proporción de jóvenes que declaran haber sido parados por la Policía (38 por ciento), le siguen el Centro (29 por ciento) y la zona Oeste-noroeste (20 por ciento). El 45 por ciento de los jóvenes que tuvieron contacto con la Policía residen en cinco barrios de Montevideo5 y declaran haber sufrido el accionar policial tanto en sus barrios de residencia como en el Centro. El 69 por ciento del total fue cacheado en la calle, pero hay quienes también lo fueron en plazas, eventos deportivos y espectáculos artísticos.

“Está muy estudiado el tema de la selectividad policial. La Policía construye determinado perfil del detenido, en este caso, joven”, añade Tomasini. En su accionar reproduce ciertas operaciones simbólicas sociales que han construido “enemigos que se hacen carne en determinados cuerpos con ciertos perfiles vinculados a barrios de contexto crítico”, continúa.

Esta operación es una de las consecuencias más evidentes de décadas de fragmentación social en Uruguay, que ha dificultado la convivencia al profundizarse la segregación espacial y robustecerse un discurso conservador hegemónico en el que seguridad es sinónimo de “seguridad física”, amenazada por estos enemigos simbólicos sometidos a una sospecha metódica.

¿A quiénes detienen en forma rutinaria en el sur de Montevideo? A jóvenes de la zona Este-noreste que se trasladan a la Playa del Buceo, a barrios donde hay acceso a determinados bienes culturales y recreativos, a los que, se supone, los jóvenes del Centro y la periferia también deberían poder accederanaliza Tomasini.

Las relaciones entre jóvenes y policías se establecen mediante la violencia física, la vigilancia constante y el control de los funcionarios, con referentes ministeriales que entienden que la presencia del Estado en el territorio debe darse con más efectivos en los barrios marginales de la capital, y que justifican allanamientos nocturnos sin orden judicial.6

MUCHA TROPA RIENDO EN LA CALLE. El informe no habla sobre casos de gatillo fácil, sino de las lógicas policiales habilitadas por burocracias violentas construidas a través de abusos de poder hacia jóvenes de barrios periféricos. Ese “enemigo simbólico” construido por los discursos políticos, reforzado en inflaciones punitivas y sostenido día a día con procedimientos policiales en los que confluyen la violencia verbal –con descalificaciones constantes de policías hacia adolescentes, llamándolos “pichi”, “bobito”, “falopero”–, los golpes y la incomunicación durante su detención en las comisarías.

El estudio no habla de Sergio Lemos, ni de Ruben Martínez Mieres, ni de Bruno González. Habla de por qué Sergio Lemos y los demás jóvenes que visten con gorra, pantalones ajustados, championes enormes, vecinos de las zonas Este-noreste y Oeste-noroeste de Montevideo, fueron construidos por las fuerzas policiales como “seres matables”.7 El mal tiene cara de joven con ropas deportivas, presunto consumidor de pasta base que ni estudia ni trabaja.

El estudio pretende instalar la violencia institucional como categoría de análisis para abrir campos de investigación y pensamiento social que aborden las políticas de seguridad y convivencia democrática, abarcando en su definición no sólo las acciones violentas (físicas o verbales) sino también la desestimación de denuncias, las investigaciones no realizadas en tiempo y forma, la negación de medidas preventivas para las víctimas, los retrasos en el accionar judicial.

Los investigadores entienden que hay cierta resistencia a utilizar esta categoría porque “se sigue viendo a la violencia institucional como un problema de Argentina o Brasil, debido a la percepción de pasado idílico que sigue pesando en Uruguay”.

Sólo el 11 por ciento de los encuestados señaló que su caso derivó en un proceso judicial, lo que prueba que “no se detiene (a los jóvenes) por una cuestión preventiva, sino para el ejercicio del poder; para la legitimidad del Estado en términos de miedo, de sometimiento, de aplicar el control a través de la selectividad social y territorial”, analiza Tomasini. “Lo que sucede ahora es una variación de lo que sucedió siempre. Sólo que ahora el espacio público se achica mucho más, por dispositivos tecnológicos y mayor presencia policial que controla los territorios.”

EL PRIMER POLICÍA. En algunos casos en que murieron jóvenes sospechosos de haber cometido un delito aparecen policías implicados que no estaban en su horario de trabajo.8 ¿Cómo opera el ser policía las 24 horas? “Ese es el problema: al presentarse Bonomi como el primer policía, (el ministro) no está operando políticamente –opina Tomasini–. Se tendría que haber derogado eso de ser policía las 24 horas, porque gran parte de los agentes muertos acaban así en horarios en que no cumplían su función. Cuando un policía (fuera de funciones) opera en un conflicto social no tiene un marco de intervención, está solo. Es lo que pasó con el oficial de la Republicana que iba en bicicleta solo y lo mataron. Uno no puede intervenir en la calle con un arma como si fuera a rescatar un gatito de un árbol; tiene que medir la proporcionalidad, la progresividad y la racionalidad en su acción, medir la fuerza para que haya el menor daño posible entre las dos partes. A su vez, hay que revisar por qué determinadas áreas de la Policía sólo dependen directamente del ministro del Interior, así como las razones que llevaron a la expansión territorial de ciertos sectores más militarizados de la Policía en determinados barrios de la capital.”

El Ministerio del Interior es la repartición estatal con mayor porcentaje de denuncias en contra ante la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), por abusos de autoridad y violaciones a los derechos. Sin embargo, las máximas autoridades responden desde un refuerzo positivo del accionar policial violento, sin hacer autocrítica. Bonomi señala que “son casos aislados” y Alfredo Clavijo (director de la Guardia Republicana) se desentiende diciendo que son casos ocurridos “en la gestión anterior”.9 Con estas respuestas cabe preguntarse si hay un diálogo posible para reformar las políticas de seguridad. Los investigadores señalan que un punto clave es que “no hay una misma visión desde el Estado sobre cómo abordar la seguridad en el territorio” y que debería analizarse “cuánto retrasa, deforma o minimiza una política de seguridad a una política social que interviene en el territorio, si dentro de un centro juvenil se promueven derechos pero luego esos jóvenes salen a la calle y los para la Policía, los ningunea y les dice que son unos pichis que no tienen derechos”.

“La política de seguridad del FA ha sido represiva. Una política de seguridad es más que la respuesta represiva ante el delito, pero Bonomi siempre habla de cuestiones de seguridad solo, sin dejar que intervengan otros actores”, dice Samudio.

Preocupa que en esta década frenteamplista no se haya podido construir otro modelo de seguridad. Tomasini sostiene: “El Frente Amplio siguió una agenda de derecha, conservadora. Usa las mismas herramientas y mecanismos punitivos que otrora criticaba. La fuerza política no quiso construir una política de derechos. Los presidentes sostuvieron a ministros en determinados cargos. Acá no hay monstruos. La política de Estado ha tenido un giro punitivo: en 2005 el FA presentó su política de seguridad junto a un juez argentino de perfil garantista, Raúl Eugenio Zaffaroni; ahora traen a expertos en mano dura y tolerancia cero más cercanos al ex alcalde neoyorquino Rudolph Giuliani. A nadie se le podía ocurrir que la teoría de las ventanas rotas fuera usada para justificar la aprobación de la ley de faltas y, sin embargo, la usaron. El gobierno no quiere dar lugar a socializar un poco las decisiones en materia de seguridad”. 

  1. Ley de seguridad ciudadana (1995), ley de procedimiento policial (2008) y ley de faltas (2013).
  2. “Esta iniciativa surge como respuesta al incremento de los delitos violentos en ciertos puntos críticos de la capital y departamentos vecinos. Los 1.000 policías ejecutivos, que tienen como primer objetivo la prevención y disuasión del delito, recorrerán los distintos circuitos en móviles, motos o a pie”, señala la web del Ministerio del Interior (MI).
  3. Realizado por el Serpaj, el Ielsur, la Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar, el Instituto de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (Iesta) y el Mides. Se presentará el viernes 15 de julio, a las 11 horas, en la antesala del Senado.
  4. Un antecedente valioso es el estudio del Serpaj “Derechos civiles de la población, Encuesta de hogares. Actuación policial en barrios periféricos”, de 1990.
  5. La Paloma-Tomkinson (16 por ciento), Casavalle (8 por ciento), Villa García-Manga rural (8 por ciento), Paso de las Duranas (7 por ciento) y Tres Ombúes-Victoria (6 por ciento).
  6. Entrevista a Gustavo Leal, asesor del MI, en Arriba gente, “Otra mirada sobre lo acontecido en el Marconi”, en Canal 10 (2-VI-16).
  7. Basado en María Victoria Pita, Formas de morir y formas de vivir. El activismo contra la violencia policial. Ediciones del Puerto, Cels, Buenos Aires, 2010.
  8. Como el caso de Daniel Aguirre (19 años), que fue baleado el 21 de marzo por un policía que custodiaba un camión de reparto de cerveza en el barrio Las Acacias. El joven volvía del velorio de Agustín Aramburu, también de 19 años, que había sido asesinado por un policía en Manga.
  9. La Diaria, 21-VI-16.

Cuatro zonas

El estudio dividió el mapa de Montevideo en cuatro zonas para analizar los barrios donde ocurren las intervenciones policiales.

Centro-centro norte. Centro, Cordón, parque Rodó, Prado-Nueva Savona, Tres Cruces, La Comercial, Aguada, Capurro-Bella Vista, Paso de las Duranas, Parque Batlle, Villa Muñoz-Reducto, Jacinto Vera.

Este-noreste. Casavalle, Cerrito, Las Acacias, Manga-Toledo, Maroñas, Jardines del Hipódromo, Castro, Carrasco Norte, Malvín Norte, Colón-centro, Colón, Sayago, Villa Española, Unión, Punta de Rieles, Villa García, Manga, Manga rural.

Oeste-noroeste. La Paloma-Tomkinson, Cerro, Nuevo París, Casabó, La Teja, Belvedere, Paso de la Arena.

Sur-sureste. Buceo, Punta Carretas, Carrasco, Malvín, Pocitos.

Violencia policial en el espacio público

Motivos: entre 2011 y 2014, 16 por ciento de los jóvenes ha tenido al menos un contacto con la Policía. Sólo en el último año las intervenciones ascienden a 98 por día.

Agresiones: jóvenes de todos los barrios encuestados declaran haber recibido golpes y lenguaje inapropiado en el momento de la intervención policial.

En el momento de la detención la Policía apuntó con arma de fuego (16 por ciento), esposó (11 por ciento), golpeó con el bastón (8 por ciento), efectuó disparos intimidatorios (4 por ciento), picaneó (2 por ciento).

Violencia policial en allanamientos

  • Setenta y siete por ciento de los allanamientos en domicilios presenciados por jóvenes ocurrieron en las zonas Oeste (32 por ciento) y Este (45 por ciento), 68 por ciento de los allanamientos ocurrieron de noche.
  • El 32 por ciento de esos allanamientos ocurrió en la casa del joven encuestado y 68 por ciento en otro hogar en el que se encontraba en el momento del procedimiento.
  • En el 55 por ciento de los allanamientos la Policía no se identificó como tal.
  • Sólo en 34 por ciento de los casos los efectivos mostraron la orden del juez para ingresar al domicilio.
  • En 32 por ciento de las veces se rompió algo en el lugar.
  • Durante los allanamientos la Policía usó: balas de goma (15 por ciento), agresión física (12 por ciento), agresión verbal (9 por ciento), grilletes (10 por ciento) y esposas (8 por ciento), picana (2 por ciento), el “sospechoso” fue desnudado (2 por ciento).

Detrás de cada gorra…

“Empezamos a pensar este estudio en 2011 para analizar los efectos de la ley de procedimiento policial que modificó y reconfiguró las relaciones entre el sujeto y el Estado, más aun con adolescentes que ocupan el espacio público. No es menor que esa ley haya modificado las atribuciones que se toma la Policía para decidir parar a ciertos jóvenes, porque cuando uno tiene la posibilidad normativa de detener a alguien sin ningún tipo de razón, lo que hace es profundizar la violencia estatal hacia el sujeto”, señala Mauro Tomasini, quien ha dado seguimiento a varios casos de violencia policial que llegaron al Serpaj.

Las divisiones responsables de las intervenciones policiales callejeras que sufrieron los jóvenes fueron mayoritariamente Radio Patrulla y la Guardia Republicana. En casi la mitad de las oportunidades les dijeron que los paraban por “control de rutina”, pero también por “pedido de documentación”, por “averiguación de delito”, y en un 11 por ciento de los casos “sin motivo alguno”.

“Cómo interviene la Policía tiene que ver con una cuestión netamente política, en el sentido de una perspectiva de derechos, de normativa, de responsabilidad, de proporcionalidad del uso de la fuerza. Más allá de que uno pueda pensar ciertas cuestiones a nivel de reforma, tiene que ver con una cuestión política. Hay que recuperar el sentido político de la institución policial y no dejar la intervención bajo el criterio de que ciertas prácticas forman parte de la ‘naturaleza’ de dicha institución”, agrega el defensor de derechos humanos.

Estas consideraciones adquieren mayor relevancia si se registra que en el 79 por ciento de las intervenciones los policías no se identificaron como tales, sumado a que el 59 por ciento de los procedimientos en el último año fueron cometidos de noche, y que en el 17 por ciento de las veces los y las jóvenes fueron cacheados por agentes del sexo opuesto (contraviniendo el artículo 55 de la ley de procedimiento policial).

Tomasini sugiere que habría que hacer un estudio etnográfico sobre las personas que integran las fuerzas policiales: “Hay un montón de características que hacen pensar que no sólo la Policía selecciona el grupo de jóvenes sobre los cuales intervenir, sino que también selecciona qué tipo de personas integran su personal”.

 … HAY UN PIBE CON SU HISTORIA. ¿Qué estereotipos pesan a la hora de detener a un joven? Los encuestados respondieron: su vestimenta (83 por ciento), andar en grupo (69 por ciento), su situación económica (63 por ciento). E influye cómo la Policía percibe la relación joven-delito, por ejemplo identificando a aquellos que van en moto como presuntos sospechosos de un delito. “El tipo que va en moto va a tener más posibilidades de ser parado por la Policía”, dice Tomasini, recordando el caso del Marconi el pasado 27 de mayo, en el que dos agentes dispararon a dos jóvenes que iban en moto, a los que perseguían por sospechar que la habían robado. Mataron a uno de ellos y el otro, de 17 años, quedó internado varios días en el Cti con la mandíbula rota, un coágulo en el cerebro y un ojo destrozado, debido a las patadas propinadas por los policías.

La violencia verbal es la expresión más clara de la violencia simbólica ejercida por los policías hacia los jóvenes. Fue percibida por el 44 por ciento de los encuestados que tenían entre 18 y 23 años. A su vez, 40 por ciento de los varones encuestados y 12 por ciento de las mujeres dicen haber sufrido maltrato verbal por parte de la Policía. El 65 por ciento piensa que ésta los trata peor que a los adultos. La mitad opinó que la Policía no es efectiva en la prevención del delito.

A diferencia de los resultados de la Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud realizada en 2008 y 2013 que, a nivel nacional, indicaba que el 29 por ciento de los jóvenes tienen confianza en la Policía, la Encuesta de Violencia Policial en Montevideo señala que sólo el 18 por ciento confía en la institución policial y que, a medida que sube la edad, sube la desconfianza. Esto redunda en el bajo porcentaje de denuncias realizadas por jóvenes que no confían en el mecanismo y desconocen que pueden hacerlas ante la Institución Nacional de Derechos Humanos.

Violencia policial en comisarías

Siete por ciento de los jóvenes encuestados estuvo detenido en comisarías.

El 28 por ciento tuvo más de tres detenciones en los últimos cuatro años. El 10 por ciento tuvo diez detenciones entre 2011 y 2014.

El 36 por ciento fue trasladado con esposas (8 por ciento esposado a un objeto fijo dentro del patrullero, contraviniendo la ley 18.315).

Traslados: 19 por ciento fue trasladado a la Seccional 19, ubicada entre los barrios La Teja y Belvedere, comisaría que comparte los mayores porcentajes registrados de violencia junto a las seccionales 10, 11, 13 y 17.

El 48 por ciento no recibió atención médica tras recibir lesiones durante su traslado o detención.

En la comisaría:

  • 55 por ciento fue incomunicado durante su detención y el mismo porcentaje permaneció en un calabozo.
  • 42 por ciento estuvo incomunicado entre dos y cinco horas, 29 por ciento entre nueve y 12 horas.
  • 45 por ciento sufrió violencia verbal.
  • 27 por ciento sufrió violencia física.
  • 54 por ciento lo mantuvieron esposado durante su encierro en los calabozos.
  • 25 por ciento fue apuntado con un arma de fuego.
  • 21 por ciento fue desnudado.
  • 7 por ciento fue picaneado.

Sin ir más lejos

Esta semana un policía de Canelones fue procesado con prisión por homicidio. El domingo 4 había baleado a un joven de 22 años que iba en moto con un acompañante, a quien perseguía como sospechoso del robo en una parada de ómnibus.

El lunes 5 el Ministerio del Interior inició un sumario administrativo y separó preventivamente del cargo a dos integrantes de la Guardia Republicana por detener, agredir verbalmente y acosar por celular a dos mujeres jóvenes en la zona de Montevideo Shopping. “Intimidar a un ciudadano por fumar marihuana, solicitar un dato que no se justifica en el marco del procedimiento (celular, dirección) y usar esa información para uso personal constituyen faltas graves que no condicen con el accionar dispuesto en la ley de procedimiento policial 18.315”, declaró el ministerio en un comunicado. Por su parte, Alfredo Clavijo, director de la Guardia Republicana, consideró que “el accionar del oficial fue ‘muy romántico, la verdad, creo que no hay que dejar pasar esto, pero me parece que la Republicana tome un teléfono para mandar un mensaje es como muy romántico’”(El País, miércoles 6).

Publicado en Brecha el 08 de julio 2016

Caballos de Troya

Policías realizaron arresto fingiendo ser trabajadores del MIDES

Vengo porque en el día de hoy personas extrañas se llevaron a mi hermano”, declaró Yanina1 en la Seccional 11 en Delta del Tigre, departamento de San José, el 11 de noviembre de 2015 a las 13:15 horas.

Dos horas y media antes había recibido en el patio de su casa la visita de un hombre alto, pelado, de buzo gris y pantalón marrón, que se bajó de un auto blanco con vidrios polarizados, con una carpeta de color celeste en sus manos, les preguntó sus nombres y si ambos eran mayores de edad.

Ella tenía 18 años y él 19. Estaban tomando mate, mientras el hijo de la joven daba sus primeros pasos en el fondo del terreno. El hombre dijo que lo habían mandado del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Yanina y su hermano supusieron que venía a “inspeccionar” la casa; el día anterior una dupla de trabajadoras del Equipo Territorial de Atención Familiar (ETAF) había mantenido una entrevista con ellos en el interior de la vivienda para evaluar su posible ingreso al programa Cercanías2.

El calvo les preguntó por su situación familiar y por los materiales de construcción de la casa.

-Voy a poner como que se llueve todo.

-No pongas “como que”. Poné que se llueve todo -dijo ella.

-¿Querés pasar a inspeccionar? -ofreció Daniel.

-¿Ninguno de los dos está trabajando, no? -continuó el hombre en diálogo con Yanina-. Ya que él no está trabajando, a vos te va a ayudar que te acompañe a pedir la ayuda del Mides -dijo, en referencia a, según entendieron los jóvenes, conseguir la Tarjeta Uruguay Social (TUS), conocida en los barrios como “la tarjeta del Mides”. Le pidió el número de teléfono de la casa para estar en comunicación con ellos y se fue en el auto.

Diez minutos después Yanina atendió un llamado telefónico. Era una señora que preguntaba por ella y le consultaba si había estado Luis en la casa. “Yo le dije que había estado el muchacho del Mides”.

-Tenés que presentarte en la policlínica y tu hermano tiene que ir sí o sí para que puedan recibir más ayuda, siendo dos los que no están en caja. Si está él, eso te puede ayudar. Tienen que llevar las cédulas.

Yanina recuerda que su hermano le advirtió: Acordáte, éstos son milicos. “Yo no le quise creer e insistí en ir a la policlínica a buscar la tarjeta”. Él agarró la bicicleta y junto al niño de ella, de un año y medio, caminaron en diagonal hacia la policlínica de paredes externas grises y descascaradas, y techo a dos aguas de chapa color mostaza, donde entonces funcionaba el Socat de 10 a 12 de la mañana. Cuando llegaron, vieron al auto blanco estacionado en la puerta del centro de salud de ASSE. Entraron y preguntaron por las muchachas del Mides. Los recibió Cecilia Nauar, trabajadora social del Socat. Yanina le dijo que los mandaban del Mides por la tarjeta. Ante el desconocimiento de esa citación para el trámite, Nauar les preguntó si recordaban el nombre de quien los había convocado y la joven nombró a Luis. Nauar dijo que no tenía referencias y les propuso que esperaran a que ella averiguara con la Oficina Territorial del Mides, cuyo titular es Luis Gustavo Perlas, conocido en la zona por su segundo nombre. Pero el joven aclaró que el auto en el que el supuesto funcionario había ido a su casa estaba estacionado en la puerta. Entonces salieron a preguntar.

Se bajaron del auto tres hombres y uno de ellos les pidió los nombres. Nauar, a su vez, les preguntó los suyos y sólo respondió quien decía llamarse Luis y que eran funcionarios del Mides. Ella se presentó también como trabajadora del Socat Mides e indagó acerca del área específica de trabajo de los tres hombres. Luis respondió: “Estamos tan descoordinados que no te avisamos, coordinamos con el Mides y con Salud Pública”.

La situación me resultó sumamente extraña e irregular -recordó la trabajadora social-. Ellos se mostraban nerviosos ante las preguntas. Uno hacía como que escribía en una carpeta y le temblaban un poco las manos. Fingieron una conversación telefónica por celular y dijeron que debían esperar a otra supuesta persona que contaba con el formulario que les solicité, teniendo en cuenta que decían ser adjudicadores de la TUS. Mientras esperábamos, solicitaron las cédulas de identidad a los jóvenes, que se las brindaron”.

En ese momento, uno de ellos tomó de la muñeca a Daniel y le dijo: “Esto es un procedimiento policial, queda detenido”. “Sin mediar ninguna identificación policial, ni mostrar orden judicial”, aclara Nauar, que les cuestionó esta forma de actuar, manifestando que el procedimiento de detención no era correcto.

El joven se quitó rápidamente las chancletas y salió corriendo, atravesando la esquina de la manzana donde está la policlínica y el merendero del INDA, hacia la feria de los miércoles. Dos de los hombres no identificados salieron corriendo detrás de Daniel. El auto arrancó y el conductor debió recordar a sus compañeros que se subieran al coche. Aceleraron el vehículo, aunque Cecilia se puso frente al capó. Yanina también salió corriendo tras el auto, pero llegó hasta la esquina, cayendo de rodillas, desvaneciéndose. Su hijo había quedado llorando en el suelo, testigo de la escena. Nauar lo alzó en brazos y lo llevó adentro de la policlínica. El niño fue contenido por dos funcionarias de ASSE y una de Uruguay Crece Contigo hasta que su madre volvió, angustiada y nerviosa por el destino de su hermano.

A lo lejos se sintieron cinco disparos que rozaron a Daniel. Decidió entregarse. Su familia no lo sabría sino hasta 12 horas después.

HACERSE PASAR. Mientras tanto, desde la policlínica llamaron a la Seccional 11 de Delta del Tigre, “tanto para denunciar lo acontecido, como para proteger al niño y a la joven”, contó Nauar, además de volver a preguntar en el Mides si tenían conocimiento de la situación. Desde la Oficina Territorial y la Dirección Departamental de Desarrollo Social respondieron que no sabían nada al respecto.

En la comisaría también les dijeron que no estaban al tanto del procedimiento. Unas horas después informaron “que se trató de un operativo vinculado a la Seccional 5 de Montevideo, y que no podían dar más datos”, señala la nota que el Socat le elevó dos días después al Mides, al Ministerio del Interior (MI) y al Ministerio de Salud Pública (MSP).

Pasadas doce horas del arresto, la familia de Daniel sería notificada de que se encontraba detenido en un calabozo y podían llevarle ropa y calzado. Sus pies estaban hinchados de correr y clavarse espinas. Su cuerpo magullado por golpes y machucones internos. “No me abraces que me duele”, le dijo a su hermana. Saben dónde pegar para no dejar marcas. Saben cuánto y cómo hacerlo para que empieces a hablar. Ahora vienen los gorilas, le advirtieron. Vinieron con un balde y le pasaron bien despacito la esponja por los brazos y piernas. Conectaron el cable pelado a un alargue y le dieron electricidad durante seis horas. Los choques le aceleraron el corazón.

Me dijeron que eran del Mides y en verdad eran policías. Me mintieron. ¿Por qué, si tenían una orden judicial y lo tuvieron cara a cara a mi hermano, en mi casa, no lo detuvieron ahí?”, cuestiona Yanina.

Se violó la privacidad de la familia, invocando la presencia del Mides. No se respetaron los procedimientos. Se vulneraron los derechos de esa familia y perjudicó nuestra intervención como equipo”, opinó Ariel Vázquez, coordinador del ETAF de Delta cuyo equipo recién comenzaba un vínculo con la familia que ingresaba a Cercanías. El plazo mínimo de trabajo, a través de encuentros semanales, se estima entre nueve meses y un año y medio “con metodología de proximidad, en un proceso de apoyo psico-social y educativo orientado por metas prefijadas para restituir derechos sociales y calidad de vida3.

El trabajo territorial de ETAF “implica estar en la vivienda de cada familia, lograr confianza para que te cuenten sus dificultades”, añadió Vázquez. “Este atropello retrasó la intervención. Parecía que nosotros habíamos generado eso”. El coordinador señaló que el procedimiento de ETAF es “netamente de inclusión social”.

 

Diez años de políticas sociales del Mides en ese territorio llevaron a que entre los sectores más vulnerables y vulnerados se legitimara a los trabajadores del ministerio para entrar a su mundo privado, evalúan desde el ETAF. La intervención de la Policía repercutió en el equipo del Socat que, desde entonces, ha mantenido numerosas reuniones en las que se cuestionan cómo se están pensando las políticas sociales y si estas prácticas no terminan quedado en mero control, en lugar de facilitar el acceso a los derechos.

El 13 de noviembre, el equipo de la ONG Instituto del Hombre (IDH) que gestiona el Socat elevó una nota dirigida al Mides, al Ministerio del Interior (MI) y al Ministerio de Salud Pública (MSP) en la que detallaban lo ocurrido y expresaban su “gran preocupación ante irregularidades en un procedimiento policial que involucró a las tres instituciones”.

Nos preguntamos si la policía maneja la información precisa sobre los procedimientos del MIDES y su articulación con Salud Pública. Asimismo, para la familia, se generó una asociación directa entre la visita del MIDES y la Policlínica con el accionar policial, lo cual es sumamente riesgoso ya que creemos que compromete el trabajo del MIDES y Salud Pública en el territorio, por la asociación generada entre el MIDES, Salud Pública y Ministerio del Interior”, dice la carta que llegó a la cúpula de Desarrollo Social; algunas fuentes señalan que Arismendi y Bonomi habrían dialogado al respecto en el siguiente Consejo de Ministros.

Si ante la presencia de una trabajadora del SOCAT IDH-MIDES, se modificó el accionar policial, presentando dudas y nervios en sus acciones, nos preguntamos: si proceden de esta manera tan arbitraria cuando estamos presentes, ¿cómo es cuándo no lo estamos? (…) Se trata de un procedimiento totalmente irregular, donde la policía invoca e involucra a otras instituciones públicas, con la gravedad que eso significa. Sin duda, nuestra presencia permitió que lo sucedido trascienda de la esfera cotidiana para conocerse en otros ámbitos institucionales, pero es sabido que para los jóvenes en el barrio las arbitrariedades policiales son situaciones cotidianas que es necesario transformar. Esa es la preocupación de fondo de quienes trabajamos en el territorio, y en lo que apostamos a trabajar día a día, desde un enfoque de derechos humanos, velando por el desarrollo pleno de todas las personas. Ante lo dicho, cabe esperar que las autoridades competentes puedan esclarecer lo sucedido y tomar las decisiones pertinentes con el personal policial involucrado en las irregularidades del procedimiento”, finalizaba la nota.

En noviembre, se radicó la denuncia en el 0800 5000 del MI para que se investigara el procedimiento policial. Al no recibir información, se reiteró la denuncia en marzo. Desde Asuntos Internos del MI ubicaron la denuncia de marzo y“pedimos información a la Jefatura Departamental de San José. Nos llegó esa información, pero no nos quedó claro (qué pasó) y esperamos nueva documentación para citar a declarar” a quienes presenciaron el hecho, indicó Estela González, responsable de esa área del ministerio.

En diálogo con Brecha, González detalló que solicitaron al Juzgado de Libertad una copia del expediente judicial y de “las actuaciones que se derivaron al Juzgado por las cuales se procesó” al joven. Mientras esperan que esta respuesta les llegue en el correr de la próxima semana, la funcionaria manifestó: “Aparentemente lo único que habrían hecho (los policías) es no identificarse debidamente en el procedimiento. Aparentemente el accionar fue correcto. No se sabe a ciencia cierta qué es lo que ocurrió”.

La ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, prefirió no hacer declaraciones sobre el caso, “para respetar las investigaciones que se están haciendo desde la Justicia que determinarán si el procedimiento de que la Policía pueda presentarse como si fueran del Mides es correcto”, explicaron fuentes de esa cartera.

REPETIDO. El Ministerio del Interior (MI) es el organismo con mayor porcentaje de denuncias en su contra (16,5%) registradas por la INDDHH en 20145. A su vez, si estos datos se cruzan con las denuncias por violaciones a la integridad personal, representan 20,5% del total.

En diciembre, trabajando lo ocurrido en la puerta de la Policlínica del Delta, el Nodo Familia decidió acompañar la presentación de una denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) por parte de los familiares del detenido, firmada por integrantes de la policlínica de ASSE y de los programas del Mides que trabajan en la zona (SOCAT, CAIF, ETAF, UCC, Jóvenes en Red), además del jefe de la Oficina Territorial del Mides. Todavía no han recibido notificaciones de avances por parte de la Institución.

Después del olor ácido y dulzón de la curtiembre de Nuevo París. Después de los humedales y el puente de la Barra de Santa Lucía. Entre casas bajas, parquecitos al frente con naranjos, calles de balastro y la Seccional 11 de San José, está la rotonda-plaza y más atrás el merendero del INDA y la Policlínica de ASSE. Avanzando tres cuadras más hacia el Canal, frente a una Santería y Agropecuaria, está la nueva sede del Socat IDH, que comparte el espacio con el Aula Comunitaria y con Jóvenes en Red.

Delta del Tigre es el ingreso a Ciudad del Plata, con 20 mil habitantes (según el Censo 2011) y más presencia policial desde diciembre del año pasado cuando oficiales irrumpieron en viviendas donde funcionaban bocas de pasta base, llevando a cabo al menos dos operativos mientras el equipo ETAF hacía la visita semanal a alguna familia. Por la tarde comienzan los patrullajes y el acoso a los jóvenes en el fondo de este barrio que se extiende por 15 cuadras, mientras decenas de familias clasifican la basura en el vertedero.

Las hermanas de Daniel cuentan que este lunes rechazaron al equipo de Uruguay Crece Contigo. Ya no les creen nada. Necesitan la “ayuda”, pero no confían en quien la provee o gestiona. “Hasta el día de hoy no sabemos bien qué pasó. ¿Cómo sabían los datos? ¿Cómo sabían que habíamos estado hablando sobre la Tarjeta?”, pregunta la hermana mayor de Yanina y Daniel.

Yanina todavía no tramitó su Tarjeta Uruguay Social. Cursa un embarazo de cinco meses y cada semana, cuando visita a su hermano en el Comcar, tiene miedo por las peleas entre presos de las que ha sido testigo, porque los guardias dejan que se hieran, que se maten, y recién después entran. Porque en la primera visita su hermano resultó con un puntazo en el pecho y en las últimas semanas vio muchas peleas como éstas por disputas de poder o porque no se comparten cigarros o panchos que les llevan sus familias en los paquetes.

Yanina se siente culpable porque su hermano cayó preso. Durante la semana siguiente a la detención, su hijo pedía en sueños por su tío, lloraba y gritaba su nombre. Ella también tiene pesadillas.

Frente a la parada de la plaza central del Delta, un caballo negro se suelta de la cuerda que tensaba el tronco y echa a andar. Huye de los ladridos de un cimarrón. Dos hombres lo corren. No lo alcanzan.

1Para preservar la identidad de los denunciantes, los nombres fueron cambiados.

2“La creación de la Estrategia Nacional de Fortalecimiento de las Capacidades Familiares, CERCANÍAS supone un esfuerzo interinstitucional para la atención prioritaria de familias en situación de extrema vulnerabilidad a través de la acción articulada de los organismos en el efectivo acceso a prestaciones, derechos y servicios. (…) participan MIDES, MVOTMA, ASSE, ANEP-CODICEN e INAU, que se propone en el marco de la Reforma Social, mejorar la eficiencia de las intervenciones del Estado ante situaciones de extrema vulnerabilidad social considerando a la familia como sujeto. Busca promover una gestión del cambio en las instituciones para superar fragmentaciones y superposiciones; mejorar la articulación de los servicios a nivel territorial promoviendo el trabajo en red y la integralidad en el primer nivel de atención; desarrollar un segundo nivel especializado en trabajo de proximidad con las familias que presenten mayor índice de carencias críticas y de vulnerabilidad socio-familiar; y garantizar un acceso rápido y eficiente a las prestaciones sociales básicas existentes.” Cartilla de Programas MIDES, Asesoría Nacional de Políticas Sociales, 2013. En: http://www.mides.gub.uy/innovaportal/file/22968/1/cartilla_programas_mides.pdf

3Mides, 2013, op. cit.

4Mides, 2013, op. cit.

5INDDHH, III Informe Anual a la Asamblea General, 30 abril 2015.

CUESTIÓN DE CERCANÍAS

¿Quiénes y cómo pueden acceder al PROGRAMA Cercanías? “Los grupos familiares invitados por los ETAF son seleccionados a partir de un índice acumulado que integra la situación de pobreza extrema (identificada por equipos de la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo del MIDES) y la situación de vulnerabilidad socio-familiar identificada a través del diagnóstico que realizan servicios sociales en territorio (Nodos/redes locales, Oficinas del MIDES, SOCAT, Centros de INAU, referentes de servicios sociales, etc). A partir del índice se genera un orden de prelación de situaciones por región, que es revisado por un Comité Local que confirma si hay otros equipos sociales acompañando la situación, cuidando la confidencialidad de la información”4.

El índice se produce con un puntaje sumado a partir de un formulario que deben completar sobre cada familia evaluada. En la planilla indagan nombre, apellido y otros datos personales de cada integrante del grupo familiar, referencias del hogar, la situación laboral de riesgo que pueden presentar, ausencia o debilidad de figuras parentales, problemas de desnutrición, desvinculación educativa, si hay adolescentes y jóvenes que no estudian ni trabajan, problemas de adaptación escolar, desempeño educativo e inasistencias, si hay integrantes que están en situación de calle y/o con consumo problemático de drogas, si hay sospechas o denuncias de violencia intrafamiliar y/o explotación sexual, cuál es la atención en salud (embarazos sin control, enfermedades crónicas, problemas de salud mental), si hay integrantes del hogar con discapacidad sin espacios de salud, socialización o educación, si la vivienda está afectada por un hábitat degradado, deficitario /o inundable, si hay integrantes que estén o hayan estado en conflicto con la ley, si se identifica algún adulto referente del hogar con el cual establecer alianza que permita sustentar una estrategia de abordaje con la familia y, por último, si la familia integra alguna red vecinal o institucional en la zona.

Protocolo del dolor

Joselo López se mira a sí mismo en horario central contemplando las golpizas y ahogos a jóvenes encerrados y afirma: “Acá no hay ningún uso de la fuerza desmedida”. Se vanagloria de su acción y llama a “redoblar” la lucha. Para él, abordar a adolescentes encarcelados bajo el paradigma de los derechos humanos es “lírico”, como dijo en 2013; la misma calificación que utilizó Fernando Pereira, presidente de la central de trabajadores, cuando afirmó era un lirismo decirles “Muchacho, siéntate” para controlar una situación dentro de una cárcel.

En la defensa del no-protocolo llevado adelante por sus compañeros contra los jóvenes amarrocados en su presencia tal vez se cometieron “excesos” aunque, consideran, eso lo determinará la Justicia. “Excesos”, un eufemismo utilizado cuatro décadas atrás por los represores del terrorismo de Estado en referencia a las torturas, herramienta política aplicada de manera sistemática a detenidos desaparecidos y a presos políticos que se repite hoy bajo ecos de “lealtad” al movimiento sindical porque “a los compañeros no se los delata”.

Como sostiene Pilar Calveiro, toda política se define por la tensión entre la violencia, producto de las relaciones de dominación propias del ejercicio del poder, y la ética, como polo inverso que instala la demanda de justicia. En las instituciones de encierro se viven situaciones-límite sostenidas por la violencia ejercida por aquellos que están de parte del sistema, sobre aquellos que se encuentran irremediablemente colocados bajo su dominio, donde existe una división de trabajo entre señor y siervo, dirigente y dirigido, que no es más que la separación entre quienes detentan el poder y los que no lo detentan. Los grados de aplicación de esta violencia y exclusión varían según las necesidades que aquel que detenta el poder tiene de ocultarlas o disfrazarlas, señala Franco Basaglia en La institución negada.

El video es una muestra más de las vejaciones que viven a diario los jóvenes privados de libertad, como lo fue la cartulina naranja que varios pusieron a fines del año pasado contra las cámaras de seguridad del CIEDD para que su director leyera: “Tenemo ambre Julio”. Es la banalidad del mal en su esencia. La espectacularización de la tortura en el noticiero del mediodía. Como cuestionaba Hannah Arendt en su obra Eichmann en Jerusalén:“Cuánto tiempo necesita una persona normal para vencer la innata repugnancia hacia el delito”.

Plano corto

Infancia adjetivada: son menores. Niños negados. Destinatarios de sanción y castigo social. Cuello de botella de nuestras frustraciones y conflictos. Encerrados sin cuna. Son los desconsolados, los destinados al dolor.

“Nos tenían 4 o 5 horas contra los perimetrales haciendo la estrellita o la motoneta, lleno de botones atrás de nosotros que donde bajaras los brazos o se te aflojaran las piernas te pegaban con los brazos o las cachiporras en los tobillos, las rodillas, los codos, los hombros o las muñecas. Nos tenían desnudos como dios nos trajo al mundo y en invierno, y encima muchas veces te ponían boca abajo en el piso del patio, afuera, del lado donde estaban las macetas viejas. Esa parte estaba llena de hormigueros y ellos sabían, por eso nos obligaban a acostarnos ahí encima de los hormigueros. (…) Después te metían a la pieza medicado o inyectado, contra nuestra voluntad claro…”, cuenta un joven que en marzo próximo cumplirá 22 años y está preso desde los 13.

Como analiza Graciela Frigerio en La división de las infancias, en el marco de las teorías de la minoridad, protección y castigo son dos caras de la misma moneda: se castiga/encierra para proteger a la infancia en peligro material o moral, “con la característica particular de que lo que se sancionaría no sería un delito, una falta o un crimen, sino un origen social, un estado de situación una presunción de potencial delictivo (asignación de peligrosidad predelictual), en los cuales la gestión punitiva hizo y hace de punto de partida y horizonte”.

“Me tuvieron desnudo en el calabozo y me dieron un par de cachetadas que, a estas alturas, no era algo grave para mí”, acostumbrado ya a lidiar con funcionarios alcoholizados que se presentaban como los que habían estado en Miguelete y La Tablada, y funcionarias que practicaban sexo oral a cambio de darles mejor comida o visitas.

Vimos las dimensiones de su encierro, tan reducido que es enorme. Vimos el patio al que salen en esa hora que están fuera de su celda. Es allí, en el mismo rectángulo del dolor, bajo una claraboya de plástico, entre paredes que sólo reflejan rejas. Vimos la condensación del ejercicio del poder sobre sus vidas; la respuesta institucional al karma conflictivo que les asignamos.

“El tema de las palizas en el [centro] Puertas era algo común, siempre te toreaban para que saltaras y así tener la excusa para pegarte”, en referencia al centro del SIRPA que se cerró en abril de este año y cuyos funcionarios fueron trasladados al CEPRILI. En el Piedras “era sistemático: dos veces por semana nos picaban a palos. Siempre arrancaban los funcionarios que tenían una cachiporra y gas pimienta. Te pulseaban, te provocaban, te insultaban a tu madre”.

No seamos ingenuos ni hipócritas. Aquí no hay un pueblo que hierva de indignación. Aquí hay una juntada de firmas motivada por la culpa y doble moral pequeñoburguesa luego de que nos enrostraran el trato que les damos y/o toleramos a los negados, y creemos que con la renuncia de Joselo se acabó el problema. “No son angelitos, pero de todas maneras no merecen ser tratados así”, se lee en redes sociales, se escucha en almuerzos y en conversaciones de pasillo, también en el almacén, mientras el vecino aclara que igual tiene un arma por si algún día lo roban.

Lo que vimos en el video es la denuncia que no escuchamos desde hace veinte años. Es el bollo de papel que un funcionario le hizo tragar a un joven, representando la denuncia penal que la madre de otro había presentado ante la justicia. La grabación es muda. Si tuviera sonido, acaso serviría de argumento para justificar la tortura. Si tuviera sonido, acaso los funcionarios le pondrían música a sus tratos crueles e inhumanos, como relatan quienes sobrevivieron a La Tablada, cuando allí funcionó un centro clandestino de detención.

No nos estamos haciendo las preguntas adecuadas. El encierro nunca puede ser la solución a los problemas sociales.

¿Cuándo vencimos nuestra innata repugnancia hacia la violencia? Si esta cárcel sigue así, se volverá una gran fosa común de nuestra juventud negada.

Azul Cordo – Montevideo, 10 de agosto 2015

Reflejo del silencio

17° Marcha del Silencio por 18 de Julio. Montevideo, Uruguay. Matilde Campodónico.

17° Marcha del Silencio por 18 de Julio. Montevideo, Uruguay. Matilde Campodónico.

Hay personas con miedo. En sus ojos se ven pasillos vacíos.

Hay personas con fuerza. En sus ojos se refleja la vida de sus hijos, de sus hermanos, de sus compañeras.

Hay fotos carnet que son los mejores retratos. Y está la foto de la foto.

Hay charcos que reflejan luchas, pasos que chapotean en un asfalto gastado de impunidad, veredas que -en silencio- apenas claman por verdad y justicia.

La bandera, la consigna, al frente. Detrás, miles llorando por dentro. Indignados por dentro. Mudos de impotencia. Hartos de callar. Orgullosos de callar. Mudos de cansancio. No vencidos por el cansancio.

Esta fotografía de Matilde Campodónico forma parte de la muestra “Imágenes del silencio. 20 años de marchas” que se extiende del 16 de mayo al 15 de julio en la fotogalería a cielo abierto del Parque Rodó. 38 fotógrafos y fotógrafas zurcen la historia de la movilización más grande en Montevideo que se da por la avenida 18 de Julio cada 20 de mayo, desde 1996.

“No sé casi nada de ellos. Sé de sus caras”, dice Campodónico sobre su cobertura periodística en las Marchas del Silencio. Lleva un proceso “familiarizarme con esas fotos carnet. Empezar a conocerlos. Les miro con mucho detalle. Y cuanto más tiempo pasa, más les conozco e individualizo. Pero no por sus nombres o sus acciones pasadas, porque no sé casi nada de ellos. Sé de sus caras. Para mí, la foto carnet es la forma más perfecta del retrato”.

“Siempre elegí mirar las fotos y mirar a quienes las portan como un conjunto vivo, relacionados por el amor. Y lo que cada vez me resulta más insoportable de la situación es el limbo” en el que están las personas desaparecidas y la impunidad en la que se encuentran estos hechos.

“Me afecta en especial el dolor por esos seres queridos a los que no saben qué les ocurrió. Y esa falta de duelo o de desenlace hace que el tiempo no pueda seguir. Tengo esa sensación de que está todo suspendido y no puede avanzar. Es algo trancado, irresuelto y, por eso, intolerable. Y es intolerable para los involucrados, pero también, creo, para la sociedad toda. Eso también tiene que ver con la fotografía. La fotografía es un algo detenido. Es un instante único. Para mí siempre fue impactante la relación entre las marchas y la fotografía por todo este conjunto de cosas”.

“La memoria es muchas cosas. Y la memoria construye la realidad. De algún modo difundir esas caras y las caras de la gente que portaba esas caras ayudan a comprender el tema. Cuando camino de espaldas, mirando las fotos, siempre pienso en cómo alguien puede ignorar algo así. El recurso por el que se opta para las marchas es poner en contacto a las personas con los ojos de los desaparecidos. Enfrentar a quien mira a esos ojos que ya no están. Hacerles saber que esas miradas atrapadas en las fotos existieron. Es una marcha que pone a la fotografía como centro. Al valor explícito de la fotografía para desatar sentimientos. Mi trabajo en esas marchas es como un juego de cajas chinas. Es la foto de las fotos”.

En el charco, algo sucio y difuso, “esas miradas quedan pegadas a todo. Incluso al agua, al asfalto. No hay manera de escapar o ser indiferente. Y es, a pesar de todo y contra todo, sin importar el frío o la lluvia. Y pide que el tiempo pueda seguir. Que no siga suspendido. Que exista la posiblidad del futuro”.

Azul Cordo

Eufemismos

Que la oscuridad sea la luz del día para cientos de gurises y gurisas en nuestro país es impunidad.

Impunidad no es sólo que los represores estén libres. Es que nosotros continuemos presos del terror, del silencio, de la complicidad con las violaciones a los derechos humanos en tiempo presente.

Impunidad es que callemos ante las cosas que importan. Que minimicemos, o peor, justifiquemos, los abusos cotidianos. Que digamos: “malos tratos”, en vez de tortura; “paquetito” por plantón; “hogar” por cárcel; “cena” por fideo pegoteado en el fondo de una olla; “cama” por colchón en el suelo.

En el silencio abrumador repican los pasos contra el asfalto mojado. Las sombras se dibujan entre brumas. ¿Dónde es que estás?

Quizá la impunidad sea cada eufemismo que repetimos.

Azul Cordo

(*) 2015: ¡BASTA YA DE IMPUNIDAD! VERDAD Y JUSTICIA. Escrito para campaña 20 Marchas/20 Afiches, de la Coordinadora de Apoyo a la 20° Marcha del Silencio , Uruguay.-