Derechos Humanos en el Uruguay

En 2015 y 2016 fui invitada por el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) de Uruguay a participar en la redacción de algunos artículos para sus informes anuales en los que dan cuenta del estado de situación de los derechos humanos en este país.

Comparto aquí ambos informes completos.

Ni Una Menos 2015 - Montevideo

Fotografía: Mauro Tomasini

En el Informe 2015 escribí dos artículos: uno sobre políticas de memoria (“Políticas de memoria en Uruguay: entre el control, la acción y la pasión”, p.39, en co-autoría con Carlos Marín) y otro sobre violencias de género (“Vivas nos queremos. Violencias de género en Uruguay”. p.349).

Derechos Humanos en el Uruguay – Informe 2015

En el Informe 2016 escribí otros dos artículos: sobre personas en situación de calle (“La calle no es hogar para nadie. Personas en situación de calle en Montevideo”, p.137) y sobre el acceso al aborto (“La práctica legal del aborto en Uruguay: Un derecho aún en construcción” p. 165).

Derechos Humanos en el Uruguay – Informe 2016

 

Encuentreras

Unas 70.000 mujeres participaron durante los días 8, 9 y 20 de octubre en el 31° Encuentro Nacional de Mujeres en Argentina, esta vez en la ciudad de Rosario, reflejo descarnado de la desigualdad en el país vecino. Por segundo año consecutivo, la policía reprimió cuando la marcha pasaba por la Catedral y hubo manifestantes y periodistas heridos.

Una ciudad tomada por mujeres. Desde hace 31 años confluyen en un punto del país para hablar de ellas, con ellas, entre ellas. Afirmaciones con tufillo a lugar común, se hacen carne y cuerpo, abrazo y emoción. Una forma femenina y feminista de hacer política: desde el amor, el cuidado y el reconocimiento a las otras.

Para Dahiana Belfiori, integrante de Socorristas en Red, que participa desde 2005 en el ENM, “cada encuentro es la posibilidad de encontrarme con compañeras de distintos lugares de Argentina y de Latinoamérica, en abrazos emocionados, en alegrías y luchas compartidas, y reafirmar la concreción de las luchas que vamos dando en estos años, reconociéndonos en quienes nos precedieron abriendo camino. Aquí se ve el movimiento amplio de mujeres, que se potencia con las diferencias y miradas diversas de la realidad. Hemos podido construir consignas claras en contra del heteropatriarcado, en contra de violencias cotidianas, en contra de aquello que nos molesta y nos hiere cotidianamente. Cada encuentro es la posiblidad de que una nueva mujer habite en este espacio; la posibilidad concreta de que participe. Es un gran evento político que nos habilita a seguir pensándonos. Es un ejercicio concreto de libertad”.

Cada ENM es único, inédito, pluralista, horizontal y pacífico. Y sigue cierta estructura: se realiza el fin de semana largo de octubre y tiene acto de apertura y talleres; una plaza feminista donde hay radios abiertas y feria de libros, vestimenta y stands de organizaciones políticas y sociales; marcha y fiesta lésbica el sábado; marcha y peña el domingo; acto de cierre el lunes. La Comisión Organizadora se conforma de manera independiente, abierta y autogestionada en cada ciudad donde se lleve adelante.

El escenario elegido para el 31 ENM fue a la vera de un río Paraná que sangra por las y los jóvenes que padecen la represión y la violencia institucional sistemáticamente, recrudecida en los últimos días con la llegada de Gendarmería a la ciudad y con la decisión del gobernador Miguel Lifschitz de unificar la tres direcciones policiales que investigan delitos complejos (casos de narcotráfico y narcomenudeo, trata de personas y la Policía de Investigaciones) para potenciar un grupo comando con presencia continua en los barrios estigmatizados como “violentos” y “peligrosos”; además se creará una Policía Judicial.

Es importante que recordemos qué significa Rosario en términos económicos y productivos para los poderosos del país -dijeron desde la Comisión Organizadora del Encuentro-. Por estos puertos de Rosario y su cordón, hoy en manos extranjeras, se llevan el 75% de la producción nacional. Por allí circula libremente el tráfico de armas y drogas y la trata de personas, que se han convertido en los negocios más redituables e impunes de los últimos años, para beneficiar a los ganadores de siempre: los grandes monopolios imperialistas, las patronales y los terratenientes. Mientras salen por los puertos de Rosario las riquezas que produce el pueblo, nuestra ciudad es el reflejo descarnado de un país donde, a la par de la concentración de la riqueza, crecen la desigualdad y el hambre. El Gran Rosario registró, en el segundo trimestre, el nivel más alto de desocupación: el 11,7%. Nuestra ciudad se ha vuelto territorio de operaciones de bandas narcocriminales, un negocio millonario del que participan y son protagonistas policías, políticos de todos los niveles del Estado y empresarios, con la complicidad del Poder Judicial, mientras nuestras barriadas populares padecen los efectos más brutales de la devastación neoliberal. Las madres y las hermanas, las jefas de hogar, las abuelas son quienes se hacen cargo de las familias destruidas por la lógica de reclutar soldaditos y bandas, quienes sufren las principales consecuencias de estas violencias. Pero también son quienes encabezan las luchas por justicia y los reclamos frente a la violencia institucional al ver asesinadas y asesinados a jóvenes en manos de la policía. Con Elsa Godoy como símbolo, fallecida este año, homenajeamos a todas esas valientes mujeres que luchan por justicia”.

De las 70.000 que participaron, siendo la convocatoria más grande hasta el momento, 35.000 estuvieron alojadas en 150 escuelas. Los 69 talleres propuestos se multiplicaron en 300 comisiones que desbordaron salones, pasillos, gimnasios y parques. Unas 140 actividades culturales se dieron en simultáneo durante la noche del sábado, y la marcha del domingo fue caminada durante 40 cuadras por casi 100.000 personas.

Por primera vez se realizaron talleres sobre Mujeres y Cannabis y Mujeres afrodescendientes. Como cuando se realizó en Rosario en 2003, este año el ENM volvió a tener un taller sobre Mujeres trabajadoras sexuales que hizo énfasis en la posición reglamentarista frente a la abolicionista. En su momento, el taller fue coordinado por Sandra Cabrera, referente de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), asesinada en 2004 por denunciar la corrupción policial en casos de explotación sexual de niños y niñas, trata de personas y violación de los derechos humanos contra las mujeres. Esta vez, el taller estuvo a cargo de activistas jóvenes como Georgina Orellano, quien destacó la capacidad de las trabajadoras sexuales de decidir, de poner sus propias condiciones, de defenderse -en especial, de la violencia policial, que las hostiga y coimea-: “Indigno es que nos detengan en comisarías por hasta 30 días por hacer uso del espacio público. No es indigno hacer uso de mi genitalidad y ponerle un precio. ¿Hasta cuándo vamos a discutir, si la que pone el cuerpo soy yo? Si seguimos pensando que la concha es sagrada difícilmente, compañeras, vayamos a combatir el patriarcado”, dijo Orellano.

El aborto es otra lucha que cada año convoca y nuclea más participantes. Durante el ENM de 2003 surgió como propuesta crear la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Ahora, el taller de Estrategias para el aborto se multiplicó por 14 comisiones, varias de ellas coordinadas por Socorristas en Red, superando tensiones que se daban en estos espacios en años anteriores, donde todavía algunas participantes cuestionaban si el aborto era o no un acto ilegal. Hoy miles usan el pañuelo verde, símbolo de la unidad para reclamar por la vida y la salud de mujeres como Belén de Tucumán o Yamila de Rosario, privadas de libertad por abortar. Desde el ENM se pidió el desprocesamiento, la anulación de la condena y la inmediata absolución de ambas.

Hijos de Macri. Quienes no dieron el brazo a torcer fueron los provocadores de siempre: grupos antiderechos, mayoritariamente de varones, que rezan a lo largo de la marcha, tiran “agua bendita”, y se parapetan frente a la Catedral a rezar en Padre Nuestro, cuando la movilización se hace presente y reclama que la Iglesia católica no intervenga en las decisiones que las mujeres tomamos sobre nuestros cuerpos.

Hubo algunos forcejeos y la policía con cascos y escudos se formó para defender el edificio, que tenía vallas y fenólicos impidiendo el ingreso. A pesar de que la Comisión Organizadora había acordado con el gobierno provincial que no hubiera presencia de policía armada, sino sólo policía local, la Guardia de Infantería utilizó a la policía comunitaria femenina como escudo humano y empezó a tirar balas de goma. Además de que a lo largo de la marcha casi no hubo el control de tránsito comprometido por la gobernación (que implicó cortar las calles con cordones humanos improvisados, a riesgo de ser atropelladas) el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro,“nos echó la culpa por la represión, siendo que hubo provocaciones previas y que los fenólicos fueron derribados por encapuchados infiltrados”, dijo a Brecha la integrante de la comisión organizadora, Mabel Gabarra. “Todo se desarrolló con normalidad hasta ese momento y, en adelante, tendremos que pensar más estrategias contra la represión”, que volvió a repetirse como en el ENM de 2015 en Mar del Plata. “Miles de mujeres hablaron de sus problemáticas durante dos días y tocamos puntos muy molestos para el status quo: marchamos contra los violadores, los feminicidios, la desocupación, queremos el aborto legal. Molesta que la marcha exprese el rechazo ante este sistema que no da para más”, añadió.

Entre las heridas por balas de goma hubo dos cordobesas, y seis periodistas, una de ellas es Johana, fotógrafa de La Garganta Poderosa, que escribió en ese medio periodístico villero: “Es la primera vez que participo del Encuentro de Mujeres. Estaba cubriendo lo que pasaba, y ahí nomás un policía empezó a reprimir. En un momento, empezaron a correr hacia nosotros, y con un grupo nos escondimos detrás de un auto. Me disparó a la cara, a dos metros de distancia”.

Color, alegría, calor, se empañaban entre dos horas de preocupación para quienes ya se habían desmovilizado y seguían los ataques por transmisiones en vivo a través de las redes sociales, para quienes seguían marchando y debían esquivar balas y gases, y para quienes organizaron durante un año lo que habían sido 48 horas de fiesta mujeril.

Mientras las recriminaciones por las pintadas y grafitis pretendían justificar una represión salvaje y discrecional, miles volvieron a reunirse el lunes en el cierre frente al Monumento a la Bandera, para sentir esa energía que desprende el Encuentro en carne propia, “al cruzar miradas por todos lados con tantas mujeres tan diversas, que estábamos ahí, reivindicando nuestras luchas todas juntas, emocionadas hasta las lágrimas, reivindicándonos fuertes y libres”, dice Alejandra Álvarez, uruguaya que asistió por primera vez junto a una delegación de cien mujeres. “Diversidad, alegría y firmeza”, así define ella este espacio, que el año que viene volverá a crecer en la provincia del Chaco, donde una vez más se montará un caldero para luchar y conquistar nuestros derechos.

Utopías de control

La “portación de rostro” es condición para cacheos y detenciones de jóvenes pobres que viven en barrios periféricos, interceptados mayoritariamente de noche en su vecindario o en el centro de la capital, amenazados con armas de fuego, picaneados o desnudados en la vía pública, en allanamientos o en comisarías. Brecha accedió en exclusiva al informe sobre violencia policial que se presentará la próxima semana.

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Foto: Mauro Tomasini, Montevideo, 2015.

El adolescente muere en capítulos. Antes (y después) de la muerte literal tendrá muertes simbólicas. Cada vez que fue señalado por el agente como sospechoso, cada vez que el policía se bajó del patrullero y le dijo: “Estás de vivo, mugriento de mierda”, cada vez que la Republicana entró a su casa y rompió algún recuerdo, lo desnudó, lo engrilló, lo mantuvo al menos cinco horas incomunicado en la comisaría, lo largó y le dijo que ni pensara en denunciar.

Las prácticas de control social mediante detenciones, cacheos y rondas policiales por ciertos barrios montevideanos convertidos en el “eje del mal”, se aplican en forma discrecional a adolescentes y jóvenes amparadas en leyes,1 en discursos y en medidas como el Programa de Alta Dedicación Operativa (Pado), que implica la presencia de 1.000 policías más en el área metropolitana.2

Adolescentes, jóvenes y violencia policial en Montevideo. Una aproximación descriptiva3 es un estudio casi único en el Uruguay posdictadura4 que analiza las distintas formas en que opera y se relaciona la Policía con personas de entre 13 y 29 años, según los territorios donde viven y/o circulan, y propone repensar las políticas de seguridad en un “clima social y político que demanda control y punición”.

La investigación empezó en 2011. “A partir del trabajo en el terreno que hacíamos en el Serpaj empezamos a visualizar que había más violencia policial y presencia policial en determinados barrios periféricos de Montevideo”, cuenta Mauro Tomasini, integrante de dicha organización de derechos humanos. “Comprobamos –dice también– que había más intervenciones policiales en estas zonas de nivel socioeconómico más bajo, y que no se ajustaban a ningún tipo de normativa. Para que la percepción no fuera tan individual, quisimos objetivar el modo de intervención del sistema policial en el espacio público, saber qué limites y alcances tenían estas intervenciones y describir las percepciones juveniles sobre la Policía en su conjunto y en la actuación en el territorio.”

El equipo de investigación creó un formulario especial para la Encuesta de Violencia Policial que aplicó a adolescentes y jóvenes montevideanos, dividiendo el terreno de estudio en cuatro zonas: Oeste-noroeste, Este-noreste, Sur-sureste y Centro-centro norte (véase recuadro “Cuatro zonas”).

Cada año, unos 13.560 jóvenes se ven involucrados en intervenciones policiales. La mayoría son varones. El 64 por ciento manifestó haber sido parado en la calle al menos una vez, y 21 por ciento más de seis veces en los últimos cuatro años.

Una de las principales conclusiones del estudio es que a los jóvenes de las zonas Oeste-noroeste y Este-noreste los detienen más en sus barrios de residencia y en el centro. ¿Este resultado fue una sorpresa? “Partimos de la base de que la sociedad ha construido un sujeto sospechoso, que es joven o adolescente, varón, y vive en esas zonas. Y eso fue lo que encontramos. Llaman la atención los números tan altos de detenciones o cacheos en zonas que no son las de residencia de los chiquilines, pero no nos sorprendió a qué sujetos paran. Hay determinada imagen de sujeto peligroso que maneja la Policía, que se condice con la imagen de sujeto peligroso que tiene la sociedad”, señala Tamara Samudio, investigadora que coordinó el trabajo de campo.

La zona Este-noreste concentra la mayor proporción de jóvenes que declaran haber sido parados por la Policía (38 por ciento), le siguen el Centro (29 por ciento) y la zona Oeste-noroeste (20 por ciento). El 45 por ciento de los jóvenes que tuvieron contacto con la Policía residen en cinco barrios de Montevideo5 y declaran haber sufrido el accionar policial tanto en sus barrios de residencia como en el Centro. El 69 por ciento del total fue cacheado en la calle, pero hay quienes también lo fueron en plazas, eventos deportivos y espectáculos artísticos.

“Está muy estudiado el tema de la selectividad policial. La Policía construye determinado perfil del detenido, en este caso, joven”, añade Tomasini. En su accionar reproduce ciertas operaciones simbólicas sociales que han construido “enemigos que se hacen carne en determinados cuerpos con ciertos perfiles vinculados a barrios de contexto crítico”, continúa.

Esta operación es una de las consecuencias más evidentes de décadas de fragmentación social en Uruguay, que ha dificultado la convivencia al profundizarse la segregación espacial y robustecerse un discurso conservador hegemónico en el que seguridad es sinónimo de “seguridad física”, amenazada por estos enemigos simbólicos sometidos a una sospecha metódica.

¿A quiénes detienen en forma rutinaria en el sur de Montevideo? A jóvenes de la zona Este-noreste que se trasladan a la Playa del Buceo, a barrios donde hay acceso a determinados bienes culturales y recreativos, a los que, se supone, los jóvenes del Centro y la periferia también deberían poder accederanaliza Tomasini.

Las relaciones entre jóvenes y policías se establecen mediante la violencia física, la vigilancia constante y el control de los funcionarios, con referentes ministeriales que entienden que la presencia del Estado en el territorio debe darse con más efectivos en los barrios marginales de la capital, y que justifican allanamientos nocturnos sin orden judicial.6

MUCHA TROPA RIENDO EN LA CALLE. El informe no habla sobre casos de gatillo fácil, sino de las lógicas policiales habilitadas por burocracias violentas construidas a través de abusos de poder hacia jóvenes de barrios periféricos. Ese “enemigo simbólico” construido por los discursos políticos, reforzado en inflaciones punitivas y sostenido día a día con procedimientos policiales en los que confluyen la violencia verbal –con descalificaciones constantes de policías hacia adolescentes, llamándolos “pichi”, “bobito”, “falopero”–, los golpes y la incomunicación durante su detención en las comisarías.

El estudio no habla de Sergio Lemos, ni de Ruben Martínez Mieres, ni de Bruno González. Habla de por qué Sergio Lemos y los demás jóvenes que visten con gorra, pantalones ajustados, championes enormes, vecinos de las zonas Este-noreste y Oeste-noroeste de Montevideo, fueron construidos por las fuerzas policiales como “seres matables”.7 El mal tiene cara de joven con ropas deportivas, presunto consumidor de pasta base que ni estudia ni trabaja.

El estudio pretende instalar la violencia institucional como categoría de análisis para abrir campos de investigación y pensamiento social que aborden las políticas de seguridad y convivencia democrática, abarcando en su definición no sólo las acciones violentas (físicas o verbales) sino también la desestimación de denuncias, las investigaciones no realizadas en tiempo y forma, la negación de medidas preventivas para las víctimas, los retrasos en el accionar judicial.

Los investigadores entienden que hay cierta resistencia a utilizar esta categoría porque “se sigue viendo a la violencia institucional como un problema de Argentina o Brasil, debido a la percepción de pasado idílico que sigue pesando en Uruguay”.

Sólo el 11 por ciento de los encuestados señaló que su caso derivó en un proceso judicial, lo que prueba que “no se detiene (a los jóvenes) por una cuestión preventiva, sino para el ejercicio del poder; para la legitimidad del Estado en términos de miedo, de sometimiento, de aplicar el control a través de la selectividad social y territorial”, analiza Tomasini. “Lo que sucede ahora es una variación de lo que sucedió siempre. Sólo que ahora el espacio público se achica mucho más, por dispositivos tecnológicos y mayor presencia policial que controla los territorios.”

EL PRIMER POLICÍA. En algunos casos en que murieron jóvenes sospechosos de haber cometido un delito aparecen policías implicados que no estaban en su horario de trabajo.8 ¿Cómo opera el ser policía las 24 horas? “Ese es el problema: al presentarse Bonomi como el primer policía, (el ministro) no está operando políticamente –opina Tomasini–. Se tendría que haber derogado eso de ser policía las 24 horas, porque gran parte de los agentes muertos acaban así en horarios en que no cumplían su función. Cuando un policía (fuera de funciones) opera en un conflicto social no tiene un marco de intervención, está solo. Es lo que pasó con el oficial de la Republicana que iba en bicicleta solo y lo mataron. Uno no puede intervenir en la calle con un arma como si fuera a rescatar un gatito de un árbol; tiene que medir la proporcionalidad, la progresividad y la racionalidad en su acción, medir la fuerza para que haya el menor daño posible entre las dos partes. A su vez, hay que revisar por qué determinadas áreas de la Policía sólo dependen directamente del ministro del Interior, así como las razones que llevaron a la expansión territorial de ciertos sectores más militarizados de la Policía en determinados barrios de la capital.”

El Ministerio del Interior es la repartición estatal con mayor porcentaje de denuncias en contra ante la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), por abusos de autoridad y violaciones a los derechos. Sin embargo, las máximas autoridades responden desde un refuerzo positivo del accionar policial violento, sin hacer autocrítica. Bonomi señala que “son casos aislados” y Alfredo Clavijo (director de la Guardia Republicana) se desentiende diciendo que son casos ocurridos “en la gestión anterior”.9 Con estas respuestas cabe preguntarse si hay un diálogo posible para reformar las políticas de seguridad. Los investigadores señalan que un punto clave es que “no hay una misma visión desde el Estado sobre cómo abordar la seguridad en el territorio” y que debería analizarse “cuánto retrasa, deforma o minimiza una política de seguridad a una política social que interviene en el territorio, si dentro de un centro juvenil se promueven derechos pero luego esos jóvenes salen a la calle y los para la Policía, los ningunea y les dice que son unos pichis que no tienen derechos”.

“La política de seguridad del FA ha sido represiva. Una política de seguridad es más que la respuesta represiva ante el delito, pero Bonomi siempre habla de cuestiones de seguridad solo, sin dejar que intervengan otros actores”, dice Samudio.

Preocupa que en esta década frenteamplista no se haya podido construir otro modelo de seguridad. Tomasini sostiene: “El Frente Amplio siguió una agenda de derecha, conservadora. Usa las mismas herramientas y mecanismos punitivos que otrora criticaba. La fuerza política no quiso construir una política de derechos. Los presidentes sostuvieron a ministros en determinados cargos. Acá no hay monstruos. La política de Estado ha tenido un giro punitivo: en 2005 el FA presentó su política de seguridad junto a un juez argentino de perfil garantista, Raúl Eugenio Zaffaroni; ahora traen a expertos en mano dura y tolerancia cero más cercanos al ex alcalde neoyorquino Rudolph Giuliani. A nadie se le podía ocurrir que la teoría de las ventanas rotas fuera usada para justificar la aprobación de la ley de faltas y, sin embargo, la usaron. El gobierno no quiere dar lugar a socializar un poco las decisiones en materia de seguridad”. 

  1. Ley de seguridad ciudadana (1995), ley de procedimiento policial (2008) y ley de faltas (2013).
  2. “Esta iniciativa surge como respuesta al incremento de los delitos violentos en ciertos puntos críticos de la capital y departamentos vecinos. Los 1.000 policías ejecutivos, que tienen como primer objetivo la prevención y disuasión del delito, recorrerán los distintos circuitos en móviles, motos o a pie”, señala la web del Ministerio del Interior (MI).
  3. Realizado por el Serpaj, el Ielsur, la Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar, el Instituto de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (Iesta) y el Mides. Se presentará el viernes 15 de julio, a las 11 horas, en la antesala del Senado.
  4. Un antecedente valioso es el estudio del Serpaj “Derechos civiles de la población, Encuesta de hogares. Actuación policial en barrios periféricos”, de 1990.
  5. La Paloma-Tomkinson (16 por ciento), Casavalle (8 por ciento), Villa García-Manga rural (8 por ciento), Paso de las Duranas (7 por ciento) y Tres Ombúes-Victoria (6 por ciento).
  6. Entrevista a Gustavo Leal, asesor del MI, en Arriba gente, “Otra mirada sobre lo acontecido en el Marconi”, en Canal 10 (2-VI-16).
  7. Basado en María Victoria Pita, Formas de morir y formas de vivir. El activismo contra la violencia policial. Ediciones del Puerto, Cels, Buenos Aires, 2010.
  8. Como el caso de Daniel Aguirre (19 años), que fue baleado el 21 de marzo por un policía que custodiaba un camión de reparto de cerveza en el barrio Las Acacias. El joven volvía del velorio de Agustín Aramburu, también de 19 años, que había sido asesinado por un policía en Manga.
  9. La Diaria, 21-VI-16.

Cuatro zonas

El estudio dividió el mapa de Montevideo en cuatro zonas para analizar los barrios donde ocurren las intervenciones policiales.

Centro-centro norte. Centro, Cordón, parque Rodó, Prado-Nueva Savona, Tres Cruces, La Comercial, Aguada, Capurro-Bella Vista, Paso de las Duranas, Parque Batlle, Villa Muñoz-Reducto, Jacinto Vera.

Este-noreste. Casavalle, Cerrito, Las Acacias, Manga-Toledo, Maroñas, Jardines del Hipódromo, Castro, Carrasco Norte, Malvín Norte, Colón-centro, Colón, Sayago, Villa Española, Unión, Punta de Rieles, Villa García, Manga, Manga rural.

Oeste-noroeste. La Paloma-Tomkinson, Cerro, Nuevo París, Casabó, La Teja, Belvedere, Paso de la Arena.

Sur-sureste. Buceo, Punta Carretas, Carrasco, Malvín, Pocitos.

Violencia policial en el espacio público

Motivos: entre 2011 y 2014, 16 por ciento de los jóvenes ha tenido al menos un contacto con la Policía. Sólo en el último año las intervenciones ascienden a 98 por día.

Agresiones: jóvenes de todos los barrios encuestados declaran haber recibido golpes y lenguaje inapropiado en el momento de la intervención policial.

En el momento de la detención la Policía apuntó con arma de fuego (16 por ciento), esposó (11 por ciento), golpeó con el bastón (8 por ciento), efectuó disparos intimidatorios (4 por ciento), picaneó (2 por ciento).

Violencia policial en allanamientos

  • Setenta y siete por ciento de los allanamientos en domicilios presenciados por jóvenes ocurrieron en las zonas Oeste (32 por ciento) y Este (45 por ciento), 68 por ciento de los allanamientos ocurrieron de noche.
  • El 32 por ciento de esos allanamientos ocurrió en la casa del joven encuestado y 68 por ciento en otro hogar en el que se encontraba en el momento del procedimiento.
  • En el 55 por ciento de los allanamientos la Policía no se identificó como tal.
  • Sólo en 34 por ciento de los casos los efectivos mostraron la orden del juez para ingresar al domicilio.
  • En 32 por ciento de las veces se rompió algo en el lugar.
  • Durante los allanamientos la Policía usó: balas de goma (15 por ciento), agresión física (12 por ciento), agresión verbal (9 por ciento), grilletes (10 por ciento) y esposas (8 por ciento), picana (2 por ciento), el “sospechoso” fue desnudado (2 por ciento).

Detrás de cada gorra…

“Empezamos a pensar este estudio en 2011 para analizar los efectos de la ley de procedimiento policial que modificó y reconfiguró las relaciones entre el sujeto y el Estado, más aun con adolescentes que ocupan el espacio público. No es menor que esa ley haya modificado las atribuciones que se toma la Policía para decidir parar a ciertos jóvenes, porque cuando uno tiene la posibilidad normativa de detener a alguien sin ningún tipo de razón, lo que hace es profundizar la violencia estatal hacia el sujeto”, señala Mauro Tomasini, quien ha dado seguimiento a varios casos de violencia policial que llegaron al Serpaj.

Las divisiones responsables de las intervenciones policiales callejeras que sufrieron los jóvenes fueron mayoritariamente Radio Patrulla y la Guardia Republicana. En casi la mitad de las oportunidades les dijeron que los paraban por “control de rutina”, pero también por “pedido de documentación”, por “averiguación de delito”, y en un 11 por ciento de los casos “sin motivo alguno”.

“Cómo interviene la Policía tiene que ver con una cuestión netamente política, en el sentido de una perspectiva de derechos, de normativa, de responsabilidad, de proporcionalidad del uso de la fuerza. Más allá de que uno pueda pensar ciertas cuestiones a nivel de reforma, tiene que ver con una cuestión política. Hay que recuperar el sentido político de la institución policial y no dejar la intervención bajo el criterio de que ciertas prácticas forman parte de la ‘naturaleza’ de dicha institución”, agrega el defensor de derechos humanos.

Estas consideraciones adquieren mayor relevancia si se registra que en el 79 por ciento de las intervenciones los policías no se identificaron como tales, sumado a que el 59 por ciento de los procedimientos en el último año fueron cometidos de noche, y que en el 17 por ciento de las veces los y las jóvenes fueron cacheados por agentes del sexo opuesto (contraviniendo el artículo 55 de la ley de procedimiento policial).

Tomasini sugiere que habría que hacer un estudio etnográfico sobre las personas que integran las fuerzas policiales: “Hay un montón de características que hacen pensar que no sólo la Policía selecciona el grupo de jóvenes sobre los cuales intervenir, sino que también selecciona qué tipo de personas integran su personal”.

 … HAY UN PIBE CON SU HISTORIA. ¿Qué estereotipos pesan a la hora de detener a un joven? Los encuestados respondieron: su vestimenta (83 por ciento), andar en grupo (69 por ciento), su situación económica (63 por ciento). E influye cómo la Policía percibe la relación joven-delito, por ejemplo identificando a aquellos que van en moto como presuntos sospechosos de un delito. “El tipo que va en moto va a tener más posibilidades de ser parado por la Policía”, dice Tomasini, recordando el caso del Marconi el pasado 27 de mayo, en el que dos agentes dispararon a dos jóvenes que iban en moto, a los que perseguían por sospechar que la habían robado. Mataron a uno de ellos y el otro, de 17 años, quedó internado varios días en el Cti con la mandíbula rota, un coágulo en el cerebro y un ojo destrozado, debido a las patadas propinadas por los policías.

La violencia verbal es la expresión más clara de la violencia simbólica ejercida por los policías hacia los jóvenes. Fue percibida por el 44 por ciento de los encuestados que tenían entre 18 y 23 años. A su vez, 40 por ciento de los varones encuestados y 12 por ciento de las mujeres dicen haber sufrido maltrato verbal por parte de la Policía. El 65 por ciento piensa que ésta los trata peor que a los adultos. La mitad opinó que la Policía no es efectiva en la prevención del delito.

A diferencia de los resultados de la Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud realizada en 2008 y 2013 que, a nivel nacional, indicaba que el 29 por ciento de los jóvenes tienen confianza en la Policía, la Encuesta de Violencia Policial en Montevideo señala que sólo el 18 por ciento confía en la institución policial y que, a medida que sube la edad, sube la desconfianza. Esto redunda en el bajo porcentaje de denuncias realizadas por jóvenes que no confían en el mecanismo y desconocen que pueden hacerlas ante la Institución Nacional de Derechos Humanos.

Violencia policial en comisarías

Siete por ciento de los jóvenes encuestados estuvo detenido en comisarías.

El 28 por ciento tuvo más de tres detenciones en los últimos cuatro años. El 10 por ciento tuvo diez detenciones entre 2011 y 2014.

El 36 por ciento fue trasladado con esposas (8 por ciento esposado a un objeto fijo dentro del patrullero, contraviniendo la ley 18.315).

Traslados: 19 por ciento fue trasladado a la Seccional 19, ubicada entre los barrios La Teja y Belvedere, comisaría que comparte los mayores porcentajes registrados de violencia junto a las seccionales 10, 11, 13 y 17.

El 48 por ciento no recibió atención médica tras recibir lesiones durante su traslado o detención.

En la comisaría:

  • 55 por ciento fue incomunicado durante su detención y el mismo porcentaje permaneció en un calabozo.
  • 42 por ciento estuvo incomunicado entre dos y cinco horas, 29 por ciento entre nueve y 12 horas.
  • 45 por ciento sufrió violencia verbal.
  • 27 por ciento sufrió violencia física.
  • 54 por ciento lo mantuvieron esposado durante su encierro en los calabozos.
  • 25 por ciento fue apuntado con un arma de fuego.
  • 21 por ciento fue desnudado.
  • 7 por ciento fue picaneado.

Sin ir más lejos

Esta semana un policía de Canelones fue procesado con prisión por homicidio. El domingo 4 había baleado a un joven de 22 años que iba en moto con un acompañante, a quien perseguía como sospechoso del robo en una parada de ómnibus.

El lunes 5 el Ministerio del Interior inició un sumario administrativo y separó preventivamente del cargo a dos integrantes de la Guardia Republicana por detener, agredir verbalmente y acosar por celular a dos mujeres jóvenes en la zona de Montevideo Shopping. “Intimidar a un ciudadano por fumar marihuana, solicitar un dato que no se justifica en el marco del procedimiento (celular, dirección) y usar esa información para uso personal constituyen faltas graves que no condicen con el accionar dispuesto en la ley de procedimiento policial 18.315”, declaró el ministerio en un comunicado. Por su parte, Alfredo Clavijo, director de la Guardia Republicana, consideró que “el accionar del oficial fue ‘muy romántico, la verdad, creo que no hay que dejar pasar esto, pero me parece que la Republicana tome un teléfono para mandar un mensaje es como muy romántico’”(El País, miércoles 6).

Publicado en Brecha el 08 de julio 2016